Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

Congo

Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

Se restringió la libertad de reunión, y las fuerzas de seguridad propinaron palizas a personas bajo custodia. El país aprobó una ley sobre violencia de género, pero la discriminación contra las mujeres seguía siendo generalizada. Continuaron los obstáculos para disponer de atención de la salud y acceder a ella, y se recibieron informes de degradación ambiental.

Información general

En julio, el partido gobernante obtuvo 111 de los 151 escaños en las elecciones parlamentarias, más de un año después de que el presidente Denis Sassou Nguesso fuera reelegido como jefe del Estado para cumplir su cuarto mandato consecutivo después de 36 años en el poder. El Tribunal Constitucional confirmó los resultados electorales en agosto, tras rechazar 30 recursos de anulación presentados por varias candidaturas. El 21 de enero, el Fondo Monetario Internacional concedió al Estado congoleño una línea de crédito ampliada de 455 millones de dólares estadounidenses, acompañada del requisito de llevar a cabo reformas en el país para mejorar la gobernanza de los fondos públicos. Varios miembros de la familia del presidente seguían siendo investigados por el sistema de justicia de Francia por denuncias de corrupción.

Libertad de expresión y de reunión

Unos activistas congoleños intentaron organizar una manifestación en la capital, Brazzaville, el 8 de abril para protestar por la mala calidad de los servicios de la compañía nacional de electricidad. El anuncio de la manifestación se hizo en Internet y se solicitó de antemano autorización a la prefectura. El 6 de abril, el prefecto del departamento prohibió la protesta por motivos de orden público. Desafiando esta prohibición, el 8 de abril el organizador acudió al lugar previsto para la manifestación, donde fue arrestado por la policía, que lo tuvo detenido durante varias horas antes de ponerlo en libertad. Este activista denunció que lo habían golpeado mientras estuvo bajo custodia.

Detención arbitraria, tortura y otros malos tratos

Jean-Marie Michel Mokoko, candidato en las elecciones presidenciales de 2016, continuaba detenido, a pesar de que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria consideraba arbitraria su detención. En 2018 había sido condenado a 20 años de prisión por “atentado contra la seguridad interna del Estado” y “posesión ilegal de armas y munición de guerra”.

Según el Centro de Acciones para el Desarrollo (CAD) y el Observatorio Congoleño de los Derechos Humanos, a principios de enero la policía congoleña apaleó a tres personas en Brazzaville y causó la muerte de una de ellas. Tras la publicación del vídeo del incidente en las redes sociales, el 9 de febrero 4 agentes de policía fueron condenados a 10 años de prisión y se ordenó al Estado que pagara daños y perjuicios.

Derechos de las mujeres

En marzo, Congo aprobó la “Ley Mouébara” para combatir la violencia contra las mujeres, incluida la violencia en el ámbito familiar. La ley incluía disposiciones sobre prevención, protección de las víctimas, apoyo médico, psicológico, social y jurídico a las víctimas, y penas de hasta 20 años de prisión para los autores de este tipo de actos. En particular, contenía disposiciones específicas para proteger los derechos de herencia de las viudas.

El informe Women, Business and the Law 2022, publicado por el Banco Mundial, que evaluaba las leyes que pudieran afectar a las oportunidades económicas para las mujeres, indicaba que el marco jurídico de Congo era perjudicial para los derechos económicos de las mujeres. El informe hacía hincapié en muchas áreas que necesitaban mejoras, entre ellas la desigualdad de género en lo referido a bienes y herencias.

Derecho a la salud

A principios de 2022 se declaró una epidemia sarampión en Congo. Según una declaración efectuada por el ministro de Salud en abril, el departamento de Pointe-Noire fue el epicentro de la epidemia, con 5.488 casos notificados y 112 muertes. El 15 de agosto se inició un plan nacional de vacunación contra el sarampión y la fiebre amarilla.

Según una declaración realizada por el ministro de Salud en marzo, las tasas de muerte materna, neonatal e infantil aumentaron debido a la pandemia de coronavirus y a las demoras en la vacunación contra el sarampión. La tasa de mortalidad materna ascendió en 2021 a 445 fallecimientos por cada 100.000 nacimientos, cuando en 2020 había sido de 378.

Según la ONG local CAD, la situación sanitaria en Congo seguía siendo frágil; la organización destacó la falta de camas en varios centros de salud y problemas de accesibilidad en ciertas zonas debido a lo alejado de algunas comunidades, la falta de transporte y/o el deficiente estado de las carreteras.

Degradación ambiental

Según una declaración de la Dirección Departamental de Medioambiente emitida en junio, la laguna de Loubi, en el departamento de Pointe-Noire, se había limpiado de conformidad con las normas congoleñas. Esta medida se había adoptado a raíz de una demanda presentada en 2016 contra una empresa petrolera por la asociación local Jóvenes por la Vida en Kouilou, que denunciaba dos vertidos de petróleo en la laguna de Loubi en 2004 y 2011, respectivamente. En marzo de 2019, el tribunal de justicia de Pointe-Noire ordenó que la empresa reanudara las operaciones de limpieza en la laguna y pagara 50 millones de francos CFA (aproximadamente 77.600 dólares estadounidenses) por “perjuicios morales” a Jóvenes por la Vida en Kouilou y 150 millones de francos CFA (aproximadamente 232.800 dólares) por daños ambientales. La empresa recurrió este fallo.

Las personas residentes en el barrio de Vindoulou, subprefectura de Loango, siguieron quejándose ante la autoridades de los daños ambientales causados por una empresa de reciclado de metales y baterías que operaba cerca de viviendas y escuelas de la zona desde 2012. Sostenían que la fábrica causaba una importante contaminación atmosférica y vertía grandes cantidades de aceite en las calles. En agosto de 2020, el prefecto de Kouilou había ordenado el cierre de la fábrica durante un periodo de tres meses por incumplimiento de la legislación ambiental. La empresa reanudó sus actividades en noviembre de 2020 tras haber llegado a un acuerdo con el Ministerio de Medioambiente, Desarrollo Sostenible y la Cuenca del Congo, pero sin haber llevado a cabo las mejoras necesarias, según la población local. La Dirección Departamental de Salud tomó muestras médicas durante el mismo periodo, pero no se publicaron sus resultados.

República del Congo
Jefe del Estado: Denis Sassou Nguesso
Jefe del gobierno: Anatole Collinet Makosso