Congo

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

En el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2026 se restringieron los derechos humanos, con medidas que incluían la prohibición de las manifestaciones públicas. Continuaba la detención arbitraria de dirigentes de la oposición. Las organizaciones de la sociedad civil condenaron las condiciones de reclusión inhumanas. Las mujeres y las niñas seguían sufriendo violencia de género, mientras los autores continuaban impunes. Las actividades empresariales amenazaban el derecho a un medioambiente saludable. La inseguridad alimentaria continuaba siendo un problema grave.

Información general

Las tensiones políticas aumentaron en el periodo previo a las elecciones presidenciales de marzo de 2026. La inflación se agravó debido al aumento de los precios impulsado por las importaciones. En junio, unas lluvias inusualmente intensas causaron al menos siete muertes en la capital, Brazzaville, lo que puso de relieve la vulnerabilidad de la ciudad ante este tipo de fenómenos. Las investigaciones científicas habían predicho un aumento de la probabilidad de que se produjeran precipitaciones superiores a la media y episodios de lluvias diarias extremas debido al cambio climático.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

El 11 de mayo, unos hombres armados y enmascarados secuestraron en Brazzaville a Lassy Mbouity, líder del partido político de oposición Socialistas Congoleños y candidato a las elecciones presidenciales de 2026. El 20 de mayo, Mbouity fue encontrado en estado crítico. En junio, la Federación Internacional de los Derechos Humanos y el Observatorio Congoleño de los Derechos Humanos condenaron las repetidas prohibiciones de las manifestaciones públicas convocadas por organizaciones de la sociedad civil y partidos de oposición, así como su falta de representación en los medios de comunicación estatales. Al finalizar el año, las autoridades seguían sin responder a las demandas de las organizaciones de la sociedad civil relativas a una ley que protegiera a los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Detención arbitraria

La detención arbitraria seguía siendo motivo de preocupación, en particular la relativa al encarcelamiento continuado de los excandidatos presidenciales Jean-Marie Michel Mokoko y André Okombi Salissa. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria había concluido en 2018 que la detención de ambos era arbitraria y había pedido a las autoridades que garantizaran su liberación inmediata y les proporcionaran reparación; sin embargo, estas recomendaciones seguían sin aplicarse.

Condiciones de reclusión inhumanas

El 23 de mayo, varias personas detenidas se fugaron del centro gubernamental CNSS Texaco la Tsiémé (edificio administrativo convertido en unidad de detención provisional en Brazzaville en el marco de una operación contra la delincuencia para combatir el bandidaje juvenil). La Fiscalía afirmó que se habían fugado algo más de 50 personas, que habían logrado escapar con ocasión de una fuerte lluvia. Según informes, seis personas murieron a manos de las fuerzas policiales y ocho fueron hospitalizadas. Las organizaciones de la sociedad civil —entre ellas la ONG congoleña Centro de Acciones para el Desarrollo y una coalición de organizaciones congoleñas— condenaron el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza letal y describieron el CNSS Texaco la Tsiémé como un centro de detención ilegal e inhumano. Pidieron una investigación independiente y el cierre del centro, pero las autoridades no atendieron esa solicitud.

En mayo, Ngayo Abed Négo murió bajo custodia en circunstancias sospechosas en el distrito de Ngo, departamento de Plateaux. Las autoridades describieron inicialmente su muerte como un suicidio por ahorcamiento bajo custodia policial y desplegaron refuerzos policiales para restablecer el orden después de que un grupo de manifestantes incendiara la comisaría de Ngo. No hubo ningún anuncio público relativo a una investigación independiente; en su lugar, se entregó rápidamente el cadáver de Ngayo Abed Négo a la familia sin proceder a la autopsia.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Durante su examen periódico, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su profunda preocupación por el gran número de mujeres y niñas afectadas por la violencia de género, entre ellas mujeres y niñas con discapacidad y mujeres indígenas. El Comité también destacó la cultura del silencio que rodeaba a la violencia, las barreras que impedían a las víctimas denunciar —como las creencias discriminatorias y las normas culturales— y la tendencia a resolver los casos en el seno de las familias o las comunidades mediante acuerdos informales, en lugar de procedimientos legales oficiales.

Derecho a un medioambiente saludable

En 2024, el ministro de Medioambiente, Desarrollo Sostenible y Cuenca del Congo cerró la planta de reciclaje de baterías Metssa Congo en el barrio de Vindoulou, en Pointe-Noire, después de que la población residente se quejara de los riesgos de contaminación, incluida la exposición al plomo. Durante una reunión con la población residente el 11 de enero, el ministro prometió más revisiones médicas y una indemnización. Sin embargo, al finalizar el año las autoridades no habían tomado ninguna medida adicional para proporcionar la atención médica o la reparación necesarias.

Según la Rainforest Foundation UK, Earth Insight y el Centro de Acciones para el Desarrollo, el gobierno aprobó la intensificación de las actividades de prospección petrolífera en el parque nacional de Conkouati-Douli. La concesión de Niambi se aprobó el 18 de abril, tras haberse otorgado la licencia del bloque de Conkouati el 8 de febrero de 2024. Las dos concesiones afectan a más de la mitad del territorio del parque y a casi el 90% de sus humedales. Las ONG advirtieron de que estas licencias ponían en peligro hábitats esenciales, violaban las leyes nacionales de conservación y los compromisos internacionales, y amenazaban los medios de subsistencia de aproximadamente 7.000 residentes del parque, por lo que pidieron la prohibición inmediata de las actividades extractivas en el parque y la revocación de las licencias.

Derecho a la alimentación

El Programa Mundial de Alimentos estimó que aproximadamente una de cada tres personas en el país sufría inseguridad alimentaria: un 29,3% que se enfrentaba a una inseguridad alimentaria moderada y un 4% a una inseguridad alimentaria grave. Entre los menores de cinco años, el 5,2% sufría desnutrición aguda, mientras que el 19,6% padecía desnutrición crónica. Estos datos pusieron de relieve las deficiencias existentes en la calidad de la alimentación y el acceso a los servicios esenciales.

La ayuda alimentaria en el país se enfrentaba a graves déficits de financiación; el Programa Mundial de Alimentos informó en marzo de déficits de hasta el 47% de sus necesidades. El ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, informó en julio de que sus operaciones sólo contaban con un 14% de financiación, lo que dejaba un déficit del 86% en la ayuda a la población refugiada y las comunidades de acogida.