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Ruanda

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Continuó la represión de la oposición política antes y después de las elecciones presidenciales: se impusieron duras restricciones a la libertad de expresión y de asociación, se cometieron homicidios ilegítimos y hubo casos de desaparición no resueltos.

En agosto se celebraron elecciones presidenciales. El presidente Kagame fue reelegido con el 98,79% de los votos, el Partido Verde Democrático de Ruanda obtuvo el 0,48% y el candidato independiente logró el 0,73%.

La Comisión Electoral Nacional consideró que tres personas que deseaban presentar candidaturas independientes no cumplían los requisitos de elegibilidad. Una de ellas, Diane Rwigara, fue acusada de presentar firmas falsificadas; el 14 de julio había dado a conocer el Movimiento Popular de Salvación, nuevo grupo activista.

Varias misiones diplomáticas y observadores de la sociedad civil consideraron que el proceso electoral había sido pacífico, pero expresaron preocupación por irregularidades en aspectos como el recuento de papeletas y su registro en las actas, entre otros.

Los partidos políticos de la oposición y las candidaturas independientes se enfrentaron a dificultades en el periodo previo a las elecciones de agosto y después de ellas.

Poco después de que Diane Rwigara anunciara su candidatura en mayo, se publicaron en las redes sociales unas fotos en las que, según se afirmaba, aparecía ella desnuda. Diane Rwigara denunció ante la policía y la Comisión Electoral Nacional que sus representantes eran intimidados en sus desplazamientos por el país para recoger las firmas necesarias para concurrir a los comicios como candidata independiente.

El 29 de agosto, la policía interrogó a Diane Rwigara y su familia en su domicilio de la capital, Kigali, y les impidió salir de la vivienda. El 30 de agosto, la policía confirmó que había una investigación en curso pero que la familia no estaba detenida. Durante varias semanas, la familia fue interrogada por la policía, tuvo restringida la libertad de circulación y no pudo comunicarse libremente. El 23 de septiembre, la policía detuvo a Diane Rwigara, a su madre Adeline y a su hermana Anne. El 3 de octubre, la fiscalía confirmó que presentaba contra ellas cargos de “incitación a la insurrección o a causar disturbios entre la población”, y que acusaría a Diane Rwigara de utilizar documentación falsa, y a su madre, de discriminación y prácticas sectarias. Anne Rwigara quedó en libertad bajo fianza el 23 de octubre; Diane y Adeline Rwigara fueron puestas bajo custodia y, al concluir el año, permanecían recluidas en espera de juicio.

El 26 de septiembre, se acusó a ocho líderes y miembros del partido político Fuerzas Democráticas Unidas-Inkingi —no inscrito en el registro oficial— de formar un grupo paramilitar y de delitos contra el presidente. Théophile Ntirutwa, representante del partido en Kigali, fue detenido el 6 de septiembre y estuvo recluido en régimen de incomunicación hasta el 23 del mismo mes. Más tarde se lo acusó de apoyar a un grupo armado.

Entre las personas detenidas en septiembre se encontraba Léonille Gasengayire, asistente de tesorería de Fuerzas Democráticas Unidas-Inkingi, a la que ya habían detenido en marzo de 2016, cuando permaneció varios días bajo custodia policial, y en agosto de ese mismo año, cuando fue enjuiciada por “incitación a la insurrección o a causar disturbios entre la población”. Fue absuelta y puesta en libertad el 23 de marzo de 2017.

En abril, la Comisión Electoral Nacional publicó unas normas electorales en las que se exigía a los candidatos presidenciales que sometieran a aprobación, con 48 horas de anticipación, los materiales de campaña que fueran a publicar en las redes sociales, lo que suscitó un importante debate en mayo. El 31 de mayo, la Autoridad Ruandesa Reguladora de los Servicios anunció que la Comisión Electoral Nacional “carec[ía] de atribuciones para regular o interrumpir el uso de las redes sociales por parte de la ciudadanía”. Al día siguiente, la Comisión anunció que ajustaría las normas basándose en la opinión de la población. El requisito no llegó a aplicarse.

Se tuvo constancia de posibles desapariciones forzadas. Continuaban sin resolverse varios casos de desaparición que podrían haber constituido desaparición forzada. No se tuvo noticia de la suerte o el paradero de Illuminée Iragena, miembro de Fuerzas Democráticas Unidas-Inkingi, que había desaparecido en Kigali en marzo de 2016.

Violette Uwamahoro, de nacionalidad británica y esposa de un miembro del grupo de oposición ilegalizado Congreso Nacional de Ruanda, desapareció a su llegada en autobús a Kigali el 14 de febrero. Había viajado desde Reino Unido para asistir al funeral de su padre. Las autoridades negaron inicialmente tener conocimiento de su paradero. Sin embargo, la ciudadana británica estuvo recluida en régimen de incomunicación hasta el 3 de marzo, cuando la policía anunció que se hallaba bajo su custodia. Ella y su primo, el agente de policía Jean Pierre Shumbusho, fueron acusados de divulgar secretos de Estado, de formar un grupo paramilitar y de cometer delitos contra el gobierno establecido o el presidente. Violette Uwamahoro negó todos los cargos y, el 27 de marzo, quedó en libertad provisional después de que una jueza resolviera que no había pruebas suficientes en su contra. Fue autorizada a regresar a Reino Unido el 12 de abril.

Léopold Munyakazi, profesor universitario deportado de Estados Unidos a Ruanda en 2016, fue declarado culpable del cargo de genocidio en julio. El Tribunal Intermedio de Muhanga lo condenó a cadena perpetua en régimen de aislamiento, práctica de detención condenada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU por constituir una violación de la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El exprofesor Jean Twagiramungu fue extraditado a Ruanda desde Alemania en agosto para comparecer en juicio. Estaba acusado de preparación y comisión de genocidio en la prefectura de Gikongoro (actualmente en la Provincia Sur).

Continuaba en la Sala de Crímenes Internacionales del Tribunal Superior ruandés el proceso por genocidio de Ladislas Ntaganzwa, cuya causa había sido remitida desde el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR). En diciembre, la Sala declaró a Emmanuel Mbarushimana —extraditado desde Dinamarca en 2014— culpable de genocidio y lo condenó a cadena perpetua.

Bernard Munyagishari, cuya causa había sido remitida desde el TPIR a Ruanda en 2013, fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua por genocidio y crímenes de lesa humanidad en abril.

El Tribunal Superior Militar negó en febrero la libertad bajo fianza a Henri Jean-Claude Seyoboka, que había sido deportado por Canadá en 2016 acusado de haber participado en el genocidio.

Enoch Ruhigira, que había sido detenido en Alemania en 2016 por cargos de genocidio, quedó en libertad en marzo. La Fiscalía General de Alemania anuló la orden de detención dictada contra él después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores informara de que era probable que el enjuiciamiento de Enoch Ruhigira en Ruanda estuviera influenciado por intereses políticos.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sometió a examen a Ruanda en febrero. El Comité acogió con satisfacción la legislación contra la discriminación, pero expresó preocupación por el hecho de que algunas disposiciones legales discriminatorias continuaran vigentes. Por ejemplo, aunque las sentencias condenatorias por violación normalmente conllevaban una pena de al menos cinco años de prisión, el castigo por violación conyugal era sólo de entre dos y seis meses de encarcelamiento y una multa. Al Comité también le preocupaba que se hubiera agravado la mortalidad materna a causa de los abortos peligrosos. El aborto sólo estaba permitido en casos excepcionales, y se requería una orden judicial en los casos de violación, incesto o matrimonio forzado y la autorización de dos médicos si la salud de la mujer embarazada o el feto corría peligro. Las modificaciones del Código Penal propuestas pondrían fin a la obligación de disponer de una orden judicial.

Ruanda continuó recibiendo y acogiendo a personas refugiadas procedentes de Burundi, que alcanzaron la cifra de 89.146 al final del año.

En octubre, el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura suspendió su visita a Ruanda aduciendo trabas por parte de las autoridades como, por ejemplo, limitaciones al acceso a lugares de detención y a la confidencialidad de algunas entrevistas. El jefe de la delegación informó de que muchas de las personas entrevistadas expresaron temor a represalias. En los últimos 10 años, el Subcomité sólo había suspendido visitas a tres países.

República de Ruanda
Jefe del Estado: Paul Kagame
Jefe del gobierno: Edouard Ngirente (sustituyó a Anastase Murekezi en agosto)
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