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Ruanda

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Las autoridades adoptaron medidas para promover el derecho a la salud durante la pandemia de COVID-19 y prometieron que harían rendir cuentas por el uso excesivo de la fuerza por agentes de policía. Continuaron denunciándose desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, juicios injustos y restricciones de la libertad de expresión.

Derecho a la salud

En marzo, las autoridades respondieron con rapidez a la pandemia de COVID-19 con la imposición de un estricto confinamiento en todo el país y la suspensión de los vuelos comerciales. Proporcionaron tratamiento gratuito y pruebas masivas. El gobierno se hizo cargo hasta mediados de mayo de los gastos derivados de la cuarentena obligatoria para los viajeros que entraban en el país, y los subvencionó a partir de esa fecha.

Derechos de la infancia

En enero, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU examinó el informe del gobierno y encomió los avances de Ruanda en lo relativo a la reducción de la pobreza y las tasas de mortalidad infantil y juvenil, la mejora de los servicios de educación y salud y la lucha contra el VIH/sida. Al mismo tiempo, el Comité instó al gobierno a tomar medidas adicionales para hacer frente a la explotación y los abusos sexuales contra niños y niñas, garantizar que la protección de los menores con discapacidad incluía a los afectados por discapacidad intelectual y psicosocial y asegurarse de que la policía respetaba plenamente los derechos de los niños que vivían en la calle.

Derechos sexuales y reproductivos

En mayo, el presidente indultó a 36 mujeres condenadas por aborto. Todas ellas, excepto 8, habían sido detenidas y condenadas tras la revisión del Código Penal en 2018. Aunque el aborto seguía siendo ilegal en la mayoría de los supuestos, el Código Penal de 2018 había introducido excepciones legales para los casos de violación, incesto o matrimonio forzado.

Derecho a la vida

El 17 de febrero, la Policía Nacional de Ruanda anunció que el popular cantante Kizito Mihigo había aparecido muerto esa mañana en su celda de la comisaría de policía de Remera, en la capital (Kigali). Tres días antes, la Oficina Ruandesa de Investigación había confirmado su detención por cargos que incluían unirse a grupos “terroristas” e intento de cruzar la frontera ilegalmente. No se llevó a cabo ninguna investigación independiente sobre su muerte. El Ministerio Público determinó que se había suicidado y que no existía base alguna para presentar cargos penales, a juzgar por las pesquisas de la Oficina Ruandesa de Investigación y las conclusiones del Laboratorio Médico-Legal de Ruanda.1

Desapariciones forzadas

Continuaron las desapariciones forzadas de miembros de la oposición política, y seguían sin resolverse varios casos probables de años anteriores. En junio se informó de la desaparición de Venant Abayisenga, miembro de Desarrollo y Libertad para Todos (DALFA-Umurinzi) y exintegrante de Fuerzas Democráticas Unidas (FDU-Inkingi), partidos políticos de oposición no inscritos en el registro oficial. En enero había sido absuelto de formar un grupo armado irregular y excarcelado. Declaró ante los medios de comunicación que lo habían torturado bajo custodia. Al terminar el año seguía sin conocerse su paradero.

Ruanda no había ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.2

Uso excesivo de la fuerza

En septiembre, a raíz del clamor expresado en las redes sociales en respuesta al uso excesivo (y en ocasiones letal) de la fuerza por parte de la policía, entre otras cosas para responder a presuntas violaciones del toque de queda, el presidente y el ministro de Justicia condenaron las acciones de algunos agentes de policía. Ambos afirmaron que esas acciones infringían directrices operativas y prometieron que harían rendir cuentas a los responsables. El 9 de septiembre, un portavoz de la policía declaró que varios agentes estaban bajo custodia mientras se llevaban a cabo investigaciones y procesamientos.

Juicios injustos

El 31 de agosto, la Oficina Ruandesa de Investigación anunció la detención de Paul Rusesabagina, célebre director del Hôtel des Mille Collines donde se habían refugiado más de 1.200 personas durante el genocidio de 1994. Más tarde fue acusado, entre otros delitos, de terrorismo, incendio intencionado, secuestro y asesinato en relación con su apoyo a un grupo armado. Paul Rusesabagina había salido de Dubai durante la noche del 27 al 28 de agosto en extrañas circunstancias, y en noviembre declaró en sede judicial que lo habían secuestrado, vendado los ojos y atado de pies y manos. Las autoridades se negaron a explicar cómo había llegado a Kigali, pero sostuvieron que se había seguido el debido proceso. Al principio se le impidió el acceso a un abogado contratado por su familia, por lo que eligió a dos de una lista de letrados de oficio. A partir de noviembre fue representado por el abogado elegido por su familia. Al terminar el año continuaba detenido en espera de juicio, tras rechazarse en tres ocasiones su solicitud de libertad bajo fianza.3

Derecho a verdad, justicia y reparación

En mayo, Félicien Kabuga —reconocido como principal financiador del genocidio de 1994— fue detenido por las autoridades francesas en un suburbio de París. En 1997, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), con competencia para conocer de casos de genocidio hasta 2015, había dictado acta de acusación contra él por siete cargos de genocidio y delitos relacionados. En octubre fue transferido a la custodia del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales (MRITP) en La Haya, y en noviembre se presentó una declaración de no culpabilidad durante una vista previa al juicio.

En mayo, el fiscal jefe del MRITP confirmó que se habían hecho pruebas de ADN que demostraban que Augustin Bizimana, contra quien el TPIR había dictado acta de acusación por genocidio en 2001, había muerto en 2000 en la República del Congo.

Las autoridades solicitaron a Francia la extradición del presunto genocida Aloys Ntiwiragabo. En julio se abrió en Francia una investigación preliminar contra él por crímenes de lesa humanidad tras haber sido localizado por un periodista en Orleans, unos 100 kilómetros al suroeste de París.

Detención arbitraria

Se decretó el toque de queda nocturno en respuesta a la pandemia de COVID-19. La policía ordenaba a quienes parecieran violar ese toque que se presentaran en unos centros, en algunos casos campos deportivos al aire libre, donde debían permanecer hasta su finalización a la mañana siguiente. Los portavoces de la policía afirmaron que no se trataba de “instalaciones de detención o prisión” sino de “lugares céntricos que se utilizan para controlar la movilidad durante las horas de toque de queda, así como centros de sensibilización con espacio para guardar el distanciamiento físico, donde se educa[ba] a las personas sobre la pandemia y las prácticas de seguridad”.

En julio, la Policía Nacional de Ruanda publicó una lista de 498 automovilistas (junto con datos de las placas de matrícula) que, desde abril, habían desobedecido presuntamente la orden y no se habían presentado en los centros. Se advirtió que quienes no se presentaran a la policía en el plazo indicado serían arrestados. Se publicaron periódicamente varias listas semejantes hasta octubre.

Libertad de expresión

En abril, varios blogueros se hicieron eco en YouTube de denuncias según las cuales algunos efectivos militares habían violado a mujeres y cometido otras violaciones de derechos humanos durante el confinamiento en la barriada de Kangondo II, también conocida como Bannyahe, en Kigali. Aunque las Fuerzas Ruandesas de Defensa anunciaron el 4 de abril el arresto de cinco soldados presuntamente implicados en estos delitos, cuatro blogueros que informaron de los abusos y otras consecuencias relacionadas con la respuesta de las autoridades a la COVID-19 fueron detenidos más tarde. Dos de ellos quedaron en libertad provisional ese mismo mes, y otro en libertad bajo fianza en mayo, mientras que Dieudonné Niyonsenga —alias Cyuma Hassan— y su conductor, Fidèle Komezusenge, continuaban privados de libertad al terminar el año. La Comisión Ruandesa de Medios de Comunicación afirmó que los blogueros no estaban reconocidos como periodistas ni “autorizados a entrevistar a la población”.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

A finales de agosto, el ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados) y los gobiernos de Ruanda y Burundi comenzaron a facilitar el retorno organizado de población refugiada burundesa desde Ruanda.

  1. Rwanda: Shocking death of gospel singer in custody must be effectively investigated (noticia, 17 de febrero)
  2. Rwanda: More progress Needed: Amnesty International submission for the UN Universal Periodic Review, 37th session of the UPR Working Group, January-February 2021 (AFR 47/2858/2020)
  3. Ruanda: Debe garantizarse un juicio justo a Paul Rusesabagina (noticia, 14 de septiembre)

A continuación puedes ver contenidos relacionados con este país.

República de Ruanda
Jefe del Estado: Paul Kagame
Jefe del gobierno: Édouard Ngirente

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