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Botsuana

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

El derecho a la libertad de expresión continuaba restringido. Se seguía recluyendo a las personas solicitantes de asilo cuyas peticiones de asilo habían sido denegadas. Los derechos de las personas transgénero se ratificaron en una sentencia histórica del Tribunal Superior de Lobatse. Se condenó a muerte a dos hombres.

Las autoridades continuaban intimidando y hostigando a periodistas. El 8 de marzo, tres periodistas del Centro INK para el Periodismo de Investigación fueron detenidos durante un breve periodo y amenazados por agentes de seguridad vestidos de civil en el pueblo de Mosu. Los periodistas habían tratado de acceder a la zona donde, al parecer, se estaba construyendo, entre denuncias de corrupción, la nueva vivienda del presidente Khama. Los agentes de seguridad les dijeron que el emplazamiento del edificio era un “área restringida” y que les dispararían sin previo aviso si regresaban.

El 19 de abril, el Tribunal de Apelación confirmó una sentencia del Tribunal Superior que rechazaba la solicitud de un profesor que había impugnado su despido laboral aduciendo que éste conculcaba su derecho constitucional a la libertad de expresión. El profesor había sido despedido después de que, en mayo de 2011, tras una huelga nacional del funcionariado, publicara en un periódico un artículo de opinión sobre la situación política del país. En una vista disciplinaria celebrada en febrero de 2012, el profesor había sido declarado culpable de infringir el artículo 34.a de la Ley de la Función Pública.

Outsa Mokone, director del Sunday Standard, seguía acusado de un delito de sedición tras haber sido detenido en 2014 por publicar artículos en los que se relacionaba al presidente Khama con un accidente de tráfico. En diciembre de 2016 quedó en libertad bajo fianza y con la orden de presentarse cada dos meses en el juzgado y de pedir autorización antes de salir del país. Su recurso de inconstitucionalidad contra la ley sobre sedición seguía pendiente al concluir el año.

Botsuana continuaba aplicando su restrictiva política de internamiento en campos y negando a las personas refugiadas la libertad de circulación, el acceso al trabajo y la integración local. Los solicitantes de asilo soportaban prolongados procedimientos de determinación de la condición de refugiado, y se seguía recluyendo en el Centro de Inmigrantes Ilegales de Francistown a quienes tenían solicitudes de asilo pendientes de resolución o denegadas. La duración de la reclusión se situaba por término medio entre seis meses y cinco años, superando ampliamente el periodo de detención establecido en la Ley de Refugiados.

El 13 de abril, el Tribunal Superior ordenó la puesta en libertad de dos solicitantes de asilo somalíes recluidos en el Centro de Inmigrantes Ilegales de Francistown. Ambos habían llegado por separado a Botsuana en junio de 2014 y llevaban detenidos en el Centro desde que en octubre de 2015 se les denegara la condición de refugiado. El 15 de abril, tras haber quedado libres, fueron puestos bajo custodia en la comisaría de Tlokweng por intentar entrar en el campo de refugiados de Dukwe, el único de Botsuana. El 25 de abril, el presidente Khama los declaró inmigrantes prohibidos, tras lo cual fueron recluidos en la prisión para delincuentes sin antecedentes de Gaborone, la capital del país, y, al parecer, posteriormente deportados.

El 23 de noviembre, el Tribunal de Apelaciones revocó una sentencia del Tribunal Superior en la que éste estimaba que la detención de 165 personas solicitantes de asilo y sus familiares era ilegal. Como consecuencia, estas personas buscaron refugio en Zimbabue, Namibia y Sudáfrica. Algunas de ellas habían llegado a Botsuana entre enero de 2014 y octubre de 2016 y habían permanecido recluidas en el Centro de Inmigrantes Ilegales de Francistown tras ver denegadas sus solicitudes de asilo. El 4 de agosto, la Fiscalía General presentó un recurso de apelación.

En una sentencia histórica dictada el 29 de septiembre, el Tribunal Superior de Lobatse determinó que la negativa del gobierno a cambiar la mención relativa al sexo que figuraba en el documento de identidad de un hombre transgénero no era razonable y conculcaba los derechos de esta persona, entre ellos el derecho a la dignidad, a la libertad de expresión y a la no discriminación, y ordenó al gobierno que la cambiara.

El 12 de diciembre, El Tribunal Superior de Gaborone falló a favor de Tshepo Ricki Kgositau, mujer transgénero que había logrado impugnar por inconstitucionalidad la negativa del gobierno a modificar de varón a mujer la mención relativa al sexo que figuraba en su documento de identidad. Tshepo Ricki Kgositau había solicitado infructuosamente al Registro Civil y Nacional de Gaborone que modificara la identidad de género que se le atribuía. Tras denegar su solicitud, el Registro le aconsejó que solicitara una orden judicial.

El 17 de julio, el Parlamento aprobó un proyecto de ley que incorporaba a la legislación nacional el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, incluidos los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Botsuana había ratificado el Estatuto de Roma en el año 2000.

El 13 de diciembre, Tshiamo Kgalalelo y Mmika Mpe fueron condenados a muerte después de que, en mayo, el Tribunal Superior de Lobatse los hubiera declarado culpables de asesinato y otros cargos, incluidos robo y secuestro.

Mapa de Bostsuana
República de Botsuana
Jefe del Estado y del gobierno: Seretse Khama Ian Khama