Información extraída de nuestro INFORME 2022/23
Una comisión presidencial recomendó reformas constitucionales para mejorar la protección de ciertos derechos, al tiempo que socavaba otros. Se sometió a detención arbitraria a personas migrantes y solicitantes de asilo, incluidos niños y niñas. Los asesinatos atribuidos a la violencia de género constituían un porcentaje elevado de todos los asesinatos cometidos entre enero y marzo. Se documentó un aumento de la cifra de personas en paradero desconocido. Se vulneraban los derechos de los pueblos indígenas. Botsuana continuaba aplicando la pena de muerte.
En julio, tras visitar Botsuana, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria afirmó que había hallado varios casos en los que la legislación y las prácticas del país no se ajustaban a las normas internacionales. Entre esos casos se encontraba el uso automático de la detención arbitraria tanto de las personas migrantes en situación irregular como de las solicitantes de asilo y de sus hijos e hijas, que no tenían acceso a educación mientras estuvieran en detención.
Los índices de asesinato seguían aumentando, y un porcentaje elevado de los casos eran consecuencia de la violencia de género. En julio, la Fuerza de Policía de Botsuana afirmó que entre enero y marzo había recibido 349 denuncias de asesinato; 164 víctimas eran mujeres y 133 casos se atribuían a la violencia de género.
En junio, varias ONG expresaron preocupación por el aumento del número de desapariciones en el país. Un caso destacado fue el de un niño de seis años desaparecido en marzo en Lobatse. Sus restos se hallaron en julio, pero algunas partes de su cuerpo no se encontraron. Al parecer, su padrastro lo había vendido para fines rituales por 200.000 pulas (unos 15.000 dólares estadounidenses). El caso causó indignación en todo el país por el aumento de las desapariciones.
En diciembre, tras mantener amplias consultas en todo el país, la Comisión Presidencial de Investigación para la Revisión de la Constitución de Botsuana elaboró su informe. En él se formulaban varias recomendaciones positivas para la protección constitucional de los derechos a la salud, la tierra, la educación y el trabajo, entre otros temas, y para proteger frente a la discriminación a las personas intersexuales. Otras recomendaciones suscitaban preocupación en materia de derechos humanos (véase infra, “Pena de muerte”).
Continuaban las restricciones de los derechos de los pueblos indígenas. En diciembre, el Tribunal de Apelación confirmó la negativa de un juez a conceder permiso para que el cadáver de un hombre de edad avanzada de la tribu san (también conocida como basarwa) —un pueblo nómada de cazadores-recolectores— fuera enterrado en sus tierras ancestrales en la Reserva de Caza del Kalahari Central. Tras una prolongada batalla legal entre el gobierno y la familia del anciano, el tribunal ordenó a la familia que enterrara al fallecido en un plazo de siete días.
Botsuana siguió imponiendo condenas a muerte, aunque no se llevó a cabo ninguna ejecución durante el año. En julio, Botsuana se sometió al examen del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, que recomendó a las autoridades adoptar una moratoria de la pena de muerte con vistas a su abolición. El proceso de revisión constitucional (véase supra “Derechos económicos, sociales y culturales”) concluyó que Botsuana apoyaba en gran medida la pena de muerte e incluso quería ampliar su uso; el proceso recomendó que se ampliara el número de delitos castigados con la muerte, incluidos los relacionados con las drogas y la violación de menores de 12 años.
A continuación puedes ver contenidos relacionados con este país.
