1961-2021: 60 años actuando por los
derechos humanos en todo el mundo

Botsuana

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

La inseguridad alimentaria seguía siendo generalizada. En respuesta a la pandemia de COVID-19 se aprobó legislación de excepción que limitaba aún más el derecho a la libertad de expresión. La policía sometió a activistas de la esfera política a tortura y otros malos tratos. La muerte por ahorcamiento se mantenía como castigo para delitos como el asesinato.

Información general

El 2 de abril, el presidente declaró el estado de emergencia pública y aprobó también legislación contemplada en la Ley de Poderes de Excepción. También ordenó un confinamiento nacional de 28 días sujeto a supervisión parlamentaria, que se amplió una semana más el 28 de abril.

Ese mismo mes, el presidente indultó a 149 personas presas para reducir el hacinamiento en las cárceles durante la pandemia de COVID-19. Según informes, 20 de las personas indultadas eran extranjeras. No se sabía con certeza qué delitos se habían perdonado ni cuánto tiempo de condena les quedaba por cumplir a quienes recibieron el indulto.

Tortura y otros malos tratos

Según la ONG Centro para los Derechos Humanos de Botsuana, un muchacho de 16 años fue azotado ante un tribunal tradicional en la aldea de Mahetlwe (distrito de Kweneng) por el subjefe de la aldea, siguiendo instrucciones de la policía, por no llevar mascarilla.

Derechos económicos, sociales y culturales

La inseguridad alimentaria seguía siendo generalizada, principalmente a causa de la constante sequía. En febrero se vio agravada además por una plaga de langosta migratoria africana que afectó a los cultivos básicos. Estos factores, sumados a las medidas de mitigación de la pandemia de COVID-19 tales como los cierres de fronteras, afectaron negativamente al suministro de alimentos y exacerbaron aún más los niveles de inseguridad alimentaria.

Las consecuencias del confinamiento y de las restricciones de circulación fueron particularmente duras para las personas que trabajaban en la economía informal —que figuraban entre las más vulnerables a una crisis socioeconómica y constituían la mayoría de la población trabajadora del país—, y más concretamente para las del sector agrícola y la venta ambulante.

En mayo, el gobierno impuso el uso obligatorio de mascarilla en público, con una sanción máxima de 5.000 pulas (aproximadamente 432 dólares estadounidenses) o penas de hasta cinco años de prisión previstas para quienes no la llevaran.

Libertad de expresión

La Ley de Poderes de Excepción prohibía el periodismo que utilizara “fuentes que no fueran el director de Servicios de Salud o la Organización Mundial de la Salud” para informar sobre la COVID-19. Las infracciones se castigaban con un multa de hasta 100.000 pulas (aproximadamente 8.100 dólares estadounidenses) o una pena de cinco años de prisión. Dicha ley prohibía publicar información con “la intención de engañar” a la opinión pública sobre la COVID-19 o sobre las medidas del gobierno para controlar la propagación del virus.

Se creía que a varias personas se les aplicó esta ley o el Código Penal por expresar sus opiniones. Por ejemplo, el 16 de abril la policía detuvo a Justice Motlhabane, portavoz del partido de oposición Frente Patriótico de Botsuana, por “denigrar y difamar el liderazgo” tras ser acusado de insinuar en Facebook que el presidente iba a prorrogar el estado de excepción para “ocuparse de sus rivales políticos y de su competencia empresarial”. Justice Motlhabane contó a la prensa que, en esta ocasión y en otras similares, había sido sometido a tortura mediante descargas eléctricas mientras se hallaba bajo custodia policial.

Periodistas

El 18 de junio, los periodistas David Baaitse y Kenneth Mosekiemang fueron arrestados por agentes de inteligencia tras fotografiar un edificio relacionado con la Dirección de Inteligencia y Seguridad, el órgano de investigación nacional e internacional. Tras pasar una noche bajo custodia, quedaron en libertad con el cargo de “alteración del orden público” que, en aplicación del Código Penal, acarreaba una multa de hasta 5.000 pulas (aproximadamente 432 dólares estadounidenses) o penas de hasta dos años de cárcel.

Pena de muerte

Botsuana continuaba imponiendo penas de muerte y llevó a cabo ejecuciones por ahorcamiento por delitos como el asesinato. Fue el único país de África Austral donde hubo ejecuciones.

A continuación puedes ver contenidos relacionados con este país.

República de Botsuana
Jefe del Estado y del gobierno: Mokgweetsi Masisi

Noticias

Ver más noticias

Documentos

Ver más documentos