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Benín

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

Las autoridades continuaron restringiendo el derecho de reunión pacífica y de expresión. Se empleó fuerza excesiva contra quienes se manifestaban pacíficamente, lo que provocó la muerte de al menos una persona. Continuaban las condiciones de hacinamiento en las cárceles.

Patrice Talon fue elegido presidente en marzo. Benín se convirtió en el octavo Estado miembro de la Unión Africana en permitir el acceso directo de ONG e individuos particulares a la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

Las autoridades continuaron imponiendo restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de reunión pacífica y, entre otras cosas, prohibieron varias manifestaciones de grupos políticos de oposición, tomaron represalias contra quienes organizaron manifestaciones pacíficas e hicieron uso excesivo y arbitrario de la fuerza contra manifestantes.

En el contexto de las elecciones presidenciales, las autoridades prohibieron en enero y febrero al menos tres manifestaciones pacíficas de grupos políticos de oposición. Los simpatizantes del partido gobernante pudieron celebrar manifestaciones.

En febrero, las autoridades prohibieron una manifestación organizada por grupos de derechos humanos para protestar contra el homicidio ilegítimo de un miembro de las fuerzas armadas.

En marzo, las fuerzas de seguridad dispararon y mataron a un hombre en una manifestación celebrada en Bantè (departamento de Collines) en la que también hirieron a otras 9 personas, entre ellas 2 niños. Según testigos presenciales, la manifestación era básicamente pacífica hasta que las fuerzas de seguridad comenzaron a lanzar gas lacrimógeno y disparar munición real contra la multitud.

En julio, las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno y porras para dispersar una manifestación pacífica de estudiantes en Cotonú, hiriendo al menos a 20 personas. Tras las manifestaciones, se detuvo al menos a nueve estudiantes que permanecieron bajo custodia durante varias semanas antes de quedar en libertad. A 21 estudiantes que presuntamente se habían manifestado se les prohibió matricularse en la universidad durante cinco años. En agosto, la universidad decidió invalidar el año académico a todo el alumnado de la facultad en la que estudiaba la mayor parte de los manifestantes. En octubre, el Consejo de Ministros prohibió todas las actividades de las asociaciones de estudiantes en los recintos universitarios.

En noviembre, la Alta Autoridad de Medios Audiovisuales y Comunicación tomó la decisión arbitraria de clausurar siete medios de comunicación privados.

En enero, el cabo Mohamed Dangou murió por los disparos efectuados por un miembro de los servicios de seguridad en un campamento militar de Cotonú. Según un testigo presencial, estaba desarmado. Mohamed Dangou iba a ser detenido en el marco de una investigación sobre una protesta celebrada con otros militares que prestaban servicio en Costa de Marfil y pedían el pago de complementos. En julio, el Tribunal Constitucional resolvió que las fuerzas armadas habían violado el derecho a la vida de Mohamed Dangou.

El Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura realizó en enero una visita no anunciada a Benín. Concluyó que los centros de detención presentaban “condiciones de hacinamiento y carecían de una dotación adecuada de personal y otros recursos”. En septiembre, la prisión de Cotonú albergaba a 1.137 reclusos, pese a que su capacidad máxima era de 500.

En junio, la Asamblea Nacional aprobó una ley sobre servicios comunitarios que podría utilizarse para reducir el hacinamiento en las cárceles mediante la sustitución de la detención por penas no privativas de libertad.

En febrero, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU publicó sus observaciones finales sobre Benín, en las que expresaba su preocupación por el infanticidio de niños y niñas nacidos con discapacidad y la persistencia de prácticas tradicionales nocivas tales como el aumento de la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado y precoz. El Comité destacó el alto índice de niñas que morían a causa de abortos ilegales, y pidió que se garantizara el derecho de las niñas a la educación, a la información y al acceso a productos anticonceptivos de calidad.

En enero, el Tribunal Constitucional suprimió la pena de muerte en una sentencia que establecía que ya nadie podía ser condenado a la pena capital. El gobierno todavía no había adoptado leyes que eliminaran la pena de muerte de la legislación nacional.

República de Benín
Jefe del Estado y del gobierno: Patrice Athanase Guillaume Talon (sustituyó a Thomas Boni Yayi en marzo)
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