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Benín

Información extraída de nuestro INFORME 2021/22

El Código del Sector Digital siguió utilizándose para imponer restricciones a la libertad de expresión. Se informó de la violación de los derechos de figuras de la oposición política detenidas. Al menos cinco personas murieron durante enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de defensa y seguridad en el contexto de las elecciones presidenciales. Se produjeron agresiones y amenazas contra miembros de asociaciones de personas transgénero y LGBTI.

Información general

Patrice Talon fue reelegido en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 11 de abril con el 86,36% de los votos. El Tribunal Constitucional había rechazado previamente las candidaturas de los principales oponentes políticos.

El 14 de octubre, Benín fue elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2022-2024.

Libertad de expresión y detenciones arbitrarias

Jean Kpoton, activista en favor de la buena gobernanza, fue detenido el 13 de enero y condenado el 9 de febrero por el Tribunal de Primera Instancia de Cotonú a 12 meses de prisión y al pago de una multa de 200.000 francos CFA (304 euros); había publicado un comentario sobre una publicación según la cual el automóvil usado por el presidente Talon durante una gira por todo el país en enero había sido alquilado por 6 millones de francos CFA (9.146 euros) al día. El activista fue declarado culpable, en virtud del Código del Sector Digital de 2018, de “acoso mediante comunicación electrónica”, delito cuya definición había sido considerada imprecisa y demasiado amplia por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU en su opinión de octubre de 2020.

El 19 de mayo, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación en 2020 por la que se había condenado al periodista Ignace Sossou a seis meses de prisión y seis meses de condena condicional por “acoso mediante comunicación electrónica” en virtud del Código del Sector Digital después de que incluyera en una publicación en Twitter unas palabras del fiscal. Los abogados de Ignace Sossou pedían que el Tribunal Supremo considerase arbitraria la detención de su cliente, como había hecho el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU en agosto de 2020.

El 7 de diciembre, dos periodistas del diario Le Soleil Bénin Info fueron condenados a una pena condicional de seis meses de prisión y al pago de una multa de más de 500.000 francos CFA (762 euros) por “acoso mediante comunicación electrónica”, tras una denuncia de difamación presentada por un inspector de aduanas.

Derecho a un juicio justo

Al menos 10 activistas y oponentes políticos fueron detenidos y recluidos durante manifestaciones y episodios de violencia entre manifestantes y fuerzas de defensa y seguridad en varias localidades coincidiendo con el periodo de las elecciones presidenciales.

Joël Aïvo —cuya candidatura para las elecciones presidenciales había sido rechazada— fue detenido y recluido en Cotonú el 15 de abril. Fue acusado de “atentado contra la seguridad del Estado y blanqueo de capitales”. Reckiatou Madougou, perteneciente al partido opositor Los Demócratas y cuya candidatura también había sido rechazada, fue detenida el 3 de marzo en Porto-Novo y recluida en la prisión de Akpro-Missérété. Fue acusada de “financiación del terrorismo” por su “propósito de perturbar el desarrollo de las [siguientes] elecciones perpetrando actos terroristas en gran escala”. Los abogados de estos dos oponentes políticos denunciaron violaciones de su derecho a comunicarse con sus familiares, a recibir visitas asiduas de éstos y a tener acceso a abogados en condiciones de confidencialidad. El 6 y el 11 de diciembre, el Tribunal para la Represión de las Infracciones Económicas y el Terrorismo condenó a Joël Aïvo y Reckiatou Madougou a 10 y 20 años de prisión, respectivamente. El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que sus juicios “suscit[ab]an honda preocupación respecto a injerencias políticas en el sistema de justicia penal de Benín”.

Uso excesivo de la fuerza

Se produjeron manifestaciones y disturbios en varias ciudades del norte y el centro del país varios días antes de las elecciones presidenciales del 11 de abril. Al menos cinco personas murieron a manos de fuerzas gubernamentales que usaron munición real en Bantè y Savè (departamento de Collines), según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública afirmó el 14 de abril que 21 miembros de las fuerzas de defensa y seguridad habían sufrido heridas de bala cuando desmontaban barricadas.

En una resolución del 4 de mayo, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos condenó “la represión de las manifestaciones por el ejército” y pidió la apertura de “una investigación independiente e imparcial”.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

El 30 de abril, tres mujeres transgénero fueron obligadas a desvestirse en un bar de Cotonú por un grupo de hombres que después las golpearon y robaron. El ataque fue filmado por los agresores, que publicaron el vídeo en las redes sociales. Las tres víctimas buscaron refugio en una asociación local de personas transgénero y siguieron recibiendo amenazas. Las asociaciones de defensa de los derechos de las personas LGBTI de todo Benín que apoyaron a las tres mujeres también recibieron amenazas. El 30 de junio, el Tribunal de Primera Instancia de Cotonú condenó a uno de los agresores a 12 meses de prisión, 6 de ellos condicionales, por agresión y lesiones voluntarias.

Derecho a la salud

El 29 de marzo comenzó la campaña de vacunación contra la pandemia de COVID-19, y hasta el 7 de noviembre, 347.270 personas habían recibido una primera dosis de la vacuna y 265.501 estaban totalmente vacunadas. Esta cifra representaba el 3,64% de la población, según fuentes oficiales. El 1 de septiembre, el gobierno decretó la obligatoriedad de la vacuna, en particular para el personal médico, paramédico y de farmacia.

Derecho a verdad, justicia y reparación

El 21 de enero, el Tribunal Constitucional validó la retirada de la declaración realizada por Benín en virtud del artículo 34.6 del Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre el Establecimiento de una Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, impidiendo de ese modo el acceso directo a la Corte por parte de ONG y personas a título individual.

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República de Benín
Jefe del Estado y del gobierno: Patrice Talon

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