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Benín

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Se restringió indebidamente el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y se enjuició injustamente, hostigó e intimidó a periodistas y profesionales de la salud. La policía usó fuerza excesiva para controlar las manifestaciones y para hacer cumplir las restricciones de salud pública. Persistió la discriminación de mujeres y minorías, y las personas LGBTI sufrieron hostigamiento y violencia.

Información general

Persistieron las tensiones entre el gobierno y los partidos de oposición tras las controvertidas elecciones parlamentarias de 2019. La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos pidió a Benín que suspendiera las elecciones municipales de mayo en espera de su decisión sobre un caso planteado por el opositor político Sébastien Ajavon en relación con la exclusión del partido Unión Social Liberal en los comicios. Unos días después, el gobierno prohibió que las personas a título individual y las ONG presentaran denuncias directamente ante la Corte Africana, y las elecciones de mayo siguieron adelante.

En diciembre, la Corte Africana ordenó a Benín que tomara todas las medidas necesarias para derogar la Ley de Amnistía para todos los delitos relacionados con las elecciones legislativas de 2019.

El gobierno respondió a la pandemia de COVID-19 estableciendo ciertas restricciones de los derechos humanos y poniendo en libertad a 411 personas reclusas.

Libertad de expresión

Las autoridades continuaron deteniendo y enjuiciando a periodistas en virtud de ciertas disposiciones del Código del Sector Digital de 2018 que restringían indebidamente el derecho a la libertad de expresión.

El 3 de enero, Aristide Fassinou Hounkpevi, redactor del periódico online L’Autre Figaro, fue detenido por agentes de la Oficina Central de Represión de la Ciberdelincuencia y acusado de “acoso a través de medios de comunicación electrónicos” en relación con unos comentarios que había realizado en las redes sociales sobre el posible nombramiento del ministro de Asuntos Exteriores como embajador en Francia. Quedó en libertad el 9 de enero, pero su causa continuó abierta con fines de investigación.

El periodista Ignace Sossou salió en libertad de la prisión de Cotonú en junio, tras reducir el Tribunal de Apelación de Cotonú a 12 meses —con una suspensión de 6— su condena por “acoso a través de medios de comunicación electrónicos” en relación con la publicación en Twitter de unos textos en los que citaba al fiscal general.

En julio, la Alta Autoridad de Medios Audiovisuales y Comunicación ordenó el cierre de los medios de comunicación online no autorizados. En el sector hubo quien entendió esta decisión como una forma de silenciar a los medios de oposición.

El 10 de noviembre, el opositor político Loth Houénou fue condenado a dos años de prisión y a pagar una multa de 200.000 francos CFA (370 dólares estadounidenses) por “acoso a través de medios de comunicación electrónicos”. Lo habían detenido el 26 de junio tras publicar en las redes sociales material de audio en el que criticaba al presidente y otras instituciones.

Libertad de reunión

Las restricciones introducidas para controlar la propagación de la COVID-19 se usaron para impedir la organización de reuniones y actos públicos de opositores políticos. Sin embargo, las manifestaciones de partidarios del gobierno continuaron sin injerencias.

En agosto, la policía impidió una reunión organizada por el opositor político Frédéric Aïvo aduciendo que no estaba autorizada.

Uso excesivo de la fuerza

En marzo, el estudiante Théophile Dieudonné Djaho murió por disparos de la policía durante una manifestación contra la detención de tres miembros de la Federación Nacional de Estudiantes en la Universidad de Abomey-Calavi. El presidente honorario de la ONG La Voz de los Estudiantes interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el presidente y el ministro del Interior y Seguridad Pública por violaciones de derechos humanos. El gobierno anunció una investigación.

En abril se difundieron en las redes sociales unos vídeos en los que la policía golpeaba a personas por no llevar mascarillas.

En mayo, Antonin Lokossi murió por disparos de un guardia del Servicio Forestal cuando recogía leña en la ciudad de Toffo (departamento Atlántico). En ese momento lo acompañaban dos miembros de su comunidad que afirmaron que iban desarmados cuando los guardias dispararon contra ellos.

Derechos del personal sanitario

Los sindicatos del sector de la salud plantearon en marzo a las autoridades su preocupación por su exclusión de las iniciativas para gestionar los efectos de la COVID-19 en la salud y la seguridad de sus afiliados, y en julio hicieron una declaración pública en la que denunciaron la falta de equipos de protección individual y las deficientes condiciones de trabajo.

El 8 de junio, la policía detuvo a un trabajador de la salud que había publicado en las redes sociales un aviso sobre un brote de COVID-19 en el centro hospitalario departamental de Ouémé-Plateau. El hombre fue acusado de violar la confidencialidad y condenado a 6 meses de cárcel, con una suspensión de 5 meses, y al pago de una multa. Quedó en libertad el 8 de julio.

El 8 de julio, Adolphe Houssou, portavoz del colectivo de sindicatos del sector de la salud, criticó públicamente al gobierno por no hacer lo suficiente para proteger al personal sanitario de la COVID-19. El 25 de julio huyó del país por temor a represalias tras personarse unos agentes de policía en el Ministerio de Salud para pedir su dirección.

Discriminación

En marzo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU hizo públicas sus observaciones finales sobre el examen periódico de Benín en las que planteaba su preocupación por los ataques generalizados contra personas con albinismo, los homicidios de los llamados “niños brujos” y las costumbres locales que privaban a las mujeres de su derecho a la herencia y la propiedad.

Un concurso gubernamental para cubrir plazas de funcionarios civiles excluyó a las personas con discapacidad.

Violencia por motivos de género

Continuó el uso generalizado de la violencia y el acoso sexual contra mujeres y niñas. En mayo, Angela Kpeidja, periodista de una emisora de televisión nacional, denunció públicamente actos de acoso sexual y otros abusos en su centro de trabajo. Las autoridades suspendieron al redactor jefe adjunto de la emisora.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En abril, en Cotonú, unos agresores desconocidos golpearon a una mujer transgénero hasta dejarla inconsciente. La mujer recobró el conocimiento en la comisaría de policía de Godomey, donde unos agentes la golpearon, insultaron y amenazaron. También la desnudaron, la fotografiaron y la enviaron a su casa sin sus prendas de vestir después de cinco días bajo custodia.

En julio, una mujer transgénero fue atacada por una muchedumbre que la desnudó y la golpeó tras perseguirla por las calles. Esa misma noche, la policía la detuvo en su casa sin motivo legítimo alguno, la llevó a la comisaría de policía de Sodohomè (departamento de Zou), le fotografió la cara y los genitales y la recluyó en una celda con detenidos varones. La mujer quedó en libertad sin cargos al día siguiente.

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República de Benín
Jefe del Estado y del gobierno: Patrice Athanase Guillaume Talon

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