Saltar al contenido
Actuamos por los derechos humanos en todo el mundo
Buscar

Benín

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Las autoridades continuaban restringiendo el derecho de reunión pacífica y de expresión. Había 14 detenidos en espera de ejecución a pesar de que la pena de muerte había sido abolida. Se restringió el acceso de los grupos de la sociedad civil a las prisiones. Benín se unió a la campaña de la Unión Africana para poner fin al matrimonio precoz.

En abril, la Asamblea Nacional rechazó un proyecto de ley presidencial que tenía por objeto reformar la Constitución. Este proyecto de ley contenía disposiciones que limitaban el mandato presidencial a un periodo de seis años no renovable y proporcionaban al presidente y a los miembros del gobierno inmunidad frente a la custodia policial o la detención en espera de juicio.

En noviembre, el historial de derechos humanos de Benín se sometió al examen periódico universal de la ONU. El gobierno aceptó 191 recomendaciones y tomó nota de otras 7, incluidas las peticiones de redoblar los esfuerzos para impedir el uso de la detención arbitraria, las ejecuciones extrajudiciales y la fuerza excesiva por las fuerzas de seguridad, así como de garantizar la conformidad de toda la legislación nacional con las normas internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de comunicación y de tomar medidas para impedir la suspensión arbitraria de medios de comunicación.

En enero volvieron a abrirse la emisora de radio Soleil FM y las cadenas de televisión E-Télé y Eden TV, tres de los siete medios de comunicación que la Alta Autoridad de Medios Audiovisuales y Comunicación había cerrado en noviembre de 2016. Los otros cuatro —las cadenas de televisión Sikka TV, Chrétienne TV, Unafrica TV y Béninoise TV, que emitían desde el extranjero— continuaron cerrados. En mayo, el Tribunal de Primera Instancia de Cotonú impuso una multa de 50 millones de francos CFA (unos 89.648 dólares estadounidenses) al presidente de la Alta Autoridad de Medios Audiovisuales y Comunicación por el cierre de Sikka TV.

El 17 de febrero, la policía utilizó gas lacrimógeno para dispersar a cientos de estudiantes de la Universidad de Abomey-Calavi. Los estudiantes se habían reunido en un hotel de Abomey-Calavi, barrio periférico de Cotonú, para celebrar una asamblea general y una conferencia de prensa y para protestar pacíficamente contra la prohibición de todas las actividades de los sindicatos de estudiantes impuesta en octubre de 2016.

Continuaban las condiciones de hacinamiento en las cárceles: en la prisión civil de Abomey (departamento de Zou) el número de reclusos triplicaba la capacidad prevista, y, en la prisión civil de Kandi, la duplicaba. Aproximadamente 4.500 de las 7.179 personas detenidas en el país estaban en espera de juicio.

En abril, el Ministerio de Justicia emitió una orden que restringía el acceso de las ONG y los grupos religiosos y de la sociedad civil a los centros de detención. Las autorizaciones de visita para los grupos tenían una duración de tres meses y no se renovaban si éstos no presentaban un informe de sus actividades para que lo aprobase la dirección de la prisión, que podía formular observaciones dirigidas al ministro de Justicia o incluso negarse a firmarlo.

El gobierno no adoptó leyes para eliminar la pena de muerte de la legislación, a pesar de que el Tribunal Constitucional había abolido este castigo en 2016. No obstante, aceptó la recomendación formulada durante el examen periódico universal de la ONU de conmutar todas las condenas a muerte y acelerar la adopción de disposiciones para abolir la pena capital en su nuevo Código Penal. Al concluir el año había 14 detenidos en espera de ejecución. Sus condiciones de reclusión mejoraron ligeramente durante el año al suavizarse las restricciones a las actividades al aire libre.1

En junio, Benín se convirtió en el vigésimo país en adherirse a la campaña de la Unión Africana para poner fin al matrimonio precoz. Entre los objetivos de la campaña figuraba educar a las comunidades sobre los efectos negativos del matrimonio precoz. A pesar de que la legislación prohibía el matrimonio antes de los 18 años, el 32% de las niñas seguían casándose antes de cumplir esa edad y el 9% lo hacían antes de cumplir los 15. En noviembre, el gobierno aceptó la recomendación formulada durante el examen periódico universal de la ONU de acelerar la implementación de legislación que abordara las prácticas tradicionales nocivas contra niños y niñas, incluidas las relativas al matrimonio forzado o precoz.

  1. Living in limbo: Benin’s last death row prisoners (ACT 50/4980/2017)
República de Benín
Jefe del Estado y del gobierno: Patrice Athanase Guillaume Talon
Ver más contenidos