1961-2021: 60 años actuando por los
derechos humanos en todo el mundo

Sudán del Sur

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Miles de personas huyeron de los combates y buscaron refugio en países vecinos. Los combates entre grupos étnicos, clanes y subclanes se multiplicaron en todo el país, y los enfrentamientos esporádicos entre las partes en el conflicto armado continuaron, sobre todo en el sur. Todas las partes en el conflicto perpetraron violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, incluidos homicidios de civiles, reclutamiento y uso de niños y niñas y actos de violencia sexual. La impunidad por violaciones de derechos humanos continuó siendo la norma. Las fuerzas de seguridad continuaron deteniendo y recluyendo arbitrariamente a oponentes del gobierno, reales o presuntos, y otras personas críticas. El gobierno seguía sin cumplir con su obligación de respetar y proteger el derecho a la salud.

Información general

Al terminar el año, las partes en el acuerdo de paz reactivado en 2018 no habían establecido un nuevo Parlamento, lo que dio lugar a demoras en la aprobación de legislación esencial. Tampoco habían modificado leyes fundamentales, como la Ley del Servicio de Seguridad Nacional de 2014. Los esfuerzos para reformar el sector de la seguridad no tuvieron éxito, en parte porque el Servicio de Seguridad Nacional —la fuerza de seguridad mejor equipada del país y agente clave de la represión— se mantuvo al margen del proceso. En febrero, las partes comenzaron a formar el Gobierno de Transición de Unidad Nacional Reactivado, pero no garantizaron la inclusión en el nuevo ejecutivo de la cuota del 35% de mujeres que disponía el acuerdo.

En marzo, el gobierno impuso el toque de queda nocturno y restricciones para viajar, prohibió las reuniones sociales y cerró instituciones educativas cuando los países vecinos confirmaron casos de COVID-19.

En abril se conocieron datos de nuevas importaciones de armas pequeñas y munición que violaban el embargo de armas acordado por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2018 y renovado por un año más en mayo.

En septiembre, la misión de mantenimiento de la paz de la ONU (UNMISS) comenzó a retirarse de tres de sus emplazamientos de protección de civiles que albergaban a más de 40.000 personas desplazadas desde el comienzo del conflicto en 2013.

En octubre, el gobierno y los grupos armados que no fueron partes en el acuerdo de paz de 2018 reanudaron las negociaciones de paz que habían quedado suspendidas, en parte por la pandemia.

Derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo

Según la ONU, el conflicto armado desplazó a más de 38.100 civiles durante el año, de los cuales al menos 17.000 huyeron a Etiopía, Sudán y Uganda. Cientos de personas que intentaban buscar refugio en Uganda quedaron atrapadas en construcciones improvisadas cerca de la frontera sin acceso a alimentos, vivienda adecuada, atención médica ni agua potable cuando un brote de COVID-19 impulsó a Uganda a cerrar sus fronteras entre el 20 de marzo y el 1 de octubre (véase el apartado sobre Uganda).1 Según la ONU, casi 110.000 personas refugiadas regresaron a Sudán del Sur.

Conflicto y violencia armada

Los combates —incluidos los derivados del robo de ganado— entre grupos étnicos, clanes y subclanes se multiplicaron en todo el país, con la presunta implicación de miembros de grupos armados y fuerzas gubernamentales. Según la Comisión de la ONU sobre los Derechos Humanos en Sudán del Sur, las armas eran suministradas por actores estatales.

En un informe de junio, el secretario general de la ONU afirmó que los enfrentamientos habían causado la muerte de al menos 600 personas, mientras que unas 450 habían resultado heridas y cientos de miles habían quedado desplazadas sin acceso a vivienda, alimentos, agua o atención de la salud adecuados. En junio, el presidente designó un comité de alto nivel para investigar la situación de la seguridad en el estado de Yonglei y en la zona administrativa de Gran Pibor, centrado en contener la violencia.

Homicidios ilegítimos

Los combates entre las partes en el conflicto continuaron, sobre todo en el sur. Los militares cometieron graves abusos y violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de guerra. Mataron a civiles, cometieron actos de violencia sexual, saquearon bienes de civiles, incendiaron poblados y destruyeron propiedades y edificaciones. En consecuencia, muchos poblados quedaron inhabitables, y las personas internamente desplazadas por los combates no pudieron regresar a sus hogares.2

Derechos de la infancia

En marzo, el gobierno cerró las escuelas para controlar la propagación de la COVID-19 y no comenzó a abrirlas hasta octubre. Debido a los cierres, más de 2 millones de niños y niñas no tuvieron acceso a la educación y a los programas de alimentación y salud gestionados por las escuelas. La ONU afirmó que esta cifra se sumaba a los aproximadamente 2,4 millones de niños y niñas sin escolarizar antes de la pandemia.

Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, el equipo de tareas de la ONU sobre vigilancia y presentación de informes en el país acerca de los niños y los conflictos armados documentó 133 violaciones graves de derechos humanos cometidas contra menores de edad perpetradas por grupos armados y fuerzas de seguridad del gobierno, incluido el reclutamiento y su uso en los combates y en funciones de apoyo como las de porteadores, cocineros y espías. El equipo de tareas informó también de homicidios, mutilaciones, secuestros y violaciones de niños y niñas. Al menos 28 niños y niñas murieron y 2 niños fueron mutilados como consecuencia de restos explosivos de guerra. Durante los combates entre grupos étnicos en el estado de Yonglei, la ONU tuvo constancia de que al menos 16 menores de edad murieron, unos 9 resultaron heridos, y al menos 194 fueron secuestrados.

Niños y niñas soldados

Durante todo el año, se identificó a niños soldados entre los miembros de grupos armados de oposición y de la Guardia Presidencial.3 En febrero, el gobierno firmó un plan de acción con la ONU para poner fin a todas las violaciones graves de derechos humanos contra niños y niñas y prevenir su comisión; varios grupos de oposición se comprometieron a lograr este objetivo. Entre febrero y mayo, el grupo de tareas de la ONU apoyó la liberación de 57 niños y niñas de grupos armados y fuerzas de seguridad gubernamentales.

Violencia por motivos de género

Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, la UNMISS documentó 79 incidentes de violencia sexual relacionada con los conflictos, incluidas violación, violación en grupo, esclavitud sexual y desnudez forzada, a manos de fuerzas gubernamentales, grupos armados y milicias comunitarias.

La violencia entre comunidades en el estado de Yonglei causó la muerte de al menos 74 mujeres, heridas a 9 y el secuestro de unas 224, según cifras de la ONU. En el estado de Ecuatoria Occidental, el principal grupo opositor liberó a 47 mujeres y 26 menores de edad, incluidas 12 niñas, en enero.

Se observó también una incidencia elevada de la violencia de género al margen de las situaciones de conflicto. En mayo, Eye Radio informó de que en la capital, Yuba, tres hombres se llevaron a una niña de 8 años de su casa tras retener a su madre a punta de pistola, perpetraron una violación múltiple y abandonaron su cuerpo inconsciente fuera de la casa. Save the Children afirmó que, después del cierre de las escuelas en marzo, se registró un aumento de la violencia contra las niñas y de los embarazos de adolescentes. En julio, un medio de comunicación publicó que en el condado de Cueibet, estado de Lagos, dos niñas, una de ellas de 15 años, murieron por golpes propinados por familiares varones en relación con embarazos desaprobados por sus familias. El caso de la niña de 15 años se trasladó al Tribunal Superior, y cuatro sospechosos continuaban en prisión preventiva.

Los matrimonios precoces y forzados eran habituales y tenían efectos nocivos para la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas. En julio, un medio de comunicación informó de que un soldado gubernamental había matado a una joven de 19 años en Aweil porque se había negado a casarse con él. En septiembre fue condenado a muerte por un Tribunal Superior de Aweil y trasladado a la prisión central de Wau. Según el Fondo de Población de la ONU, casi la mitad de las jóvenes de 18 años estaban casadas.

En marzo, la policía estableció un comité nacional para supervisar la aplicación de su plan de acción para combatir la violencia sexual.

Impunidad

A pesar de varios juicios relacionados con la violencia sexual, la impunidad por crímenes de derecho internacional seguía siendo la norma y las víctimas no tenían acceso a reparación ni a servicios médicos y psicosociales.

En junio, el presidente nombró gobernador del estado de Ecuatoria Occidental a un exjefe militar opositor a quien la ONU consideraba sospechoso de violencia sexual generalizada relacionada con los conflictos. También en junio, según la ONU, tribunales civiles de las ciudades de Kuacjok y Wau declararon culpables a un soldado y a un agente de policía de “violencia sexual relacionada con los conflictos contra menores de edad” y los condenaron a entre 5 y 10 años de prisión y al pago de daños y perjuicios a las familias. En septiembre, un consejo de guerra especial establecido por el ejército declaró culpables a soldados de 9 violaciones y 2 violaciones en grupo que afectaban a 11 supervivientes, a pesar de que los tribunales militares no eran competentes para juzgar el caso.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre octubre de 2019 y octubre de 2020, un tribunal establecido para juzgar casos de violencia sexual y de género y casos de menores de edad concluyó 13 de los 369 casos registrados, con una absolución y 12 sentencias condenatorias. Entre estos casos había 3 de violación contra soldados gubernamentales y uno contra un agente del Servicio de Seguridad Nacional, todos sin relación con el conflicto.

El gobierno no adoptó ninguna medida digna de mención para establecer la Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Recuperación, la Autoridad de Indemnización y Reparación y el Tribunal Híbrido para Sudán del Sur, previstos en los acuerdos de paz de 2015 y 2018. El Tribunal Híbrido previsto es un tribunal con el respaldo de la Unión Africana y el mandato de investigar y enjuiciar los crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos cometidos desde diciembre de 2013.

Detención y reclusión arbitrarias

El Servicio de Seguridad Nacional y la Dirección de Inteligencia Militar seguían deteniendo arbitrariamente a presuntos oponentes y otras personas críticas con el gobierno, incluidos periodistas y miembros de la sociedad civil, y recluyéndolos en detención arbitraria prolongada, en condiciones duras y sin cargos ni juicio. Se negaba a las personas detenidas el derecho a que un tribunal revisara su detención.4 Los sospechosos de responsabilidad penal por estas violaciones de derechos humanos actuaban con impunidad.

El 29 de mayo, Kanybil Noon, representante de la sociedad civil en la Junta de Revisión Estratégica de la Defensa y la Seguridad, organismo creado en virtud del acuerdo de paz de 2018, fue detenido arbitrariamente y recluido en el principal centro de detención del Servicio de Seguridad Nacional en Yuba, conocido como la Casa Azul. En junio se le permitió la comunicación con un abogado, que al final del mes presentó ante el Tribunal Superior de Yuba una solicitud para que fuera puesto en libertad sin condiciones o compareciera ante un tribunal. Kanybil Noon padecía problemas de salud y se le negó atención médica hasta que quedó en libertad sin cargos el 22 de septiembre.

El 1 de mayo se detuvo durante un breve periodo a un periodista mientras cubría una información sobre unos motoristas que asaltaron una comisaría de policía tras sufrir presuntamente acoso policial en las carreteras durante las restricciones asociadas a la COVID-19.

Uso excesivo de la fuerza

El 3 de junio, las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes desarmados en el barrio de Shirkat (Yuba) e hirieron a un mínimo de dos personas. Las protestas habían estallado a raíz del homicidio ilegítimo por soldados de cuatro personas, entre ellas una mujer embarazada y un hombre mayor, tras un enfrentamiento físico por una disputa sobre la propiedad de la tierra que afectaba a un familiar del presidente, que falleció esa misma noche a causa de las heridas. Al menos 14 manifestantes fueron detenidos y recluidos arbitrariamente en la prisión central de Yuba. Quedaron en libertad en noviembre, pero pesaban en su contra cargos por delitos contra el orden público y escándalo en la vía pública.

Pena de muerte

Continuó la imposición de condenas a muerte y se llevaron a cabo ejecuciones. El 14 de julio, el Tribunal de Apelación anuló la condena a muerte dictada contra Magai Matiop Ngong por considerar que era menor de edad en el momento de cometerse el delito, en 2017, y ordenó la devolución de su caso al Tribunal Superior para que impusiera una pena adecuada. Salió del corredor de la muerte el 29 de julio y permaneció en detención preventiva en la prisión central de Yuba en espera de la resolución de un recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo por la familia del hombre al que había matado.

Derecho a la salud

El derecho a la salud continuaba gravemente amenazado. Las instalaciones de salud pública carecían de recursos suficientes y, según la ONU, el 56% de la población no tenía acceso a servicios de atención primaria de salud. El sector de la salud pública carecía de financiación suficiente y sólo recibía el 2,8% del presupuesto nacional (unos 14 millones de dólares estadounidenses). Faltaban equipos médicos para el tratamiento de la COVID-19, como respiradores, y equipos de protección individual para el personal sanitario. Los medios de comunicación informaron de que, al principio de la pandemia en el país, en Sudán del Sur sólo había 4 respiradores para unos 11 millones de personas.

El trastorno de estrés postraumático estaba muy extendido entre la población, pero el acceso a servicios de salud mental y apoyo psicosocial seguía siendo sumamente limitado. En consecuencia, se internaba sistemáticamente en prisiones a las personas con problemas de salud mental.

Personal sanitario

El gobierno no protegió el derecho a la salud del personal sanitario durante la pandemia de COVID-19. Su acceso a equipos de protección individual era insuficiente y el volumen de trabajo, enorme. Profesionales médicos empleados por el gobierno no cobraron su retribución entre febrero y mayo, y tampoco recibieron paquetes de prestaciones sociales ni cobertura médica. En mayo tuvo lugar una huelga de un día de profesionales médicos, tras la cual el gobierno les ofreció un pago único de 10.000 libras sursudanesas (40 dólares estadounidenses) para cubrir parte de los salarios atrasados. Algunos profesionales que se negaron a aceptar la oferta sufrieron amenazas de despido.5

Negación de acceso humanitario

La crisis humanitaria se agravó debido a la violencia entre comunidades, la pandemia de COVID-19 y las inundaciones, que afectaron aproximadamente a la mitad del país. Hasta 1,7 millones de personas continuaban en situación de desplazamiento interno, y se calcula que 6 millones, más de la mitad de la población, padecían inseguridad alimentaria grave. Millones de personas tenían acceso limitado o inexistente a agua apta para el consumo, atención de la salud adecuada y servicios relacionados.

La crisis se agravó debido a los ataques sufridos entre enero y noviembre por personal de ayuda humanitaria, que causaron 9 muertes. Las organizaciones humanitarias informaron de 459 incidentes que obstaculizaron el acceso humanitario. El personal de ayuda humanitaria sufría con frecuencia robos y ataques en las rutas principales.

  1. East Africa: People seeking safety are trapped at borders due to COVID-19 measures (noticia, 22 de junio)
  2. South Sudan: UN arms embargo must be maintained after surge in violence against civilians in 2020 (noticia, 30 de noviembre)
  3. Systematic harassment of civil society, journalists, private sector and critics by South Sudan’s intelligence agency (AFR 65/2727/2020)
  4. Accountability critical to ending grave human rights violations in South Sudan (AFR 65/3105/2020)
  5. Expuesto, acallado y atacado. Deficiencias en la protección del personal sanitario y que realiza labores esenciales durante la pandemia de COVID-19 (POL 40/2572/2020)

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