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República Democrática del Congo

República Democrática del Congo 2019

Cientos de presos y presas de conciencia y otras personas detenidas quedaron en libertad, y se permitió el retorno al país de activistas en el exilio. No obstante, las autoridades continuaron restringiendo el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión. Prosiguió el conflicto armado, que causó más de 2.000 muertes de civiles y el desplazamiento forzoso de al menos un millón de personas. Aunque se adoptaron algunas medidas para llevar ante la justicia a los responsables de abusos contra los derechos humanos relacionados con el conflicto, en la mayoría de los casos las autoridades no hicieron rendir cuentas a los altos mandos implicados en crímenes de derecho internacional, y la impunidad seguía siendo generalizada. A la mayoría de la población se le negaban derechos básicos como la salud, aunque se produjeron algunos avances cuando el gobierno introdujo la educación primaria universal y gratuita.

Información general

En diciembre de 2018 se celebraron las largamente demoradas elecciones presidenciales, legislativas y provinciales. La Comisión Electoral retiró el derecho de voto a más de un millón de personas en zonas del este y el oeste del país por motivos de seguridad, así como por cuestiones de salud relacionadas con la epidemia de ébola. Esta decisión, que supuso la cancelación de las elecciones presidenciales y el aplazamiento de las elecciones legislativas y provinciales en esas zonas, causó indignación entre las comunidades afectadas e intensificó las tensiones ya existentes en torno a los comicios.

El 10 de enero, la Comisión Electoral Nacional Independiente publicó los resultados provisionales de las elecciones presidenciales y declaró a Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo nuevo presidente. El 15 de enero, datos filtrados obtenidos de los servidores y recuentos de la Comisión Electoral indicaron que un candidato de la oposición, Martin Fayulu Madidi, había sido el más votado. Como respuesta a ello, la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC) y la Unión Africana convocaron una reunión de alto nivel sobre la crisis, tras la cual los jefes de Estado y de gobierno de la región concluyeron que había “serias dudas” sobre la validez de los resultados provisionales e instaron a las autoridades a retrasar la publicación de los resultados definitivos, solicitud que fue rechazada. El 20 de enero, el Tribunal Constitucional rechazó la solicitud de Martin Fayulu Madidi de que se efectuara un nuevo recuento y confirmó la victoria de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

El Frente Común para el Congo (FCC), la coalición del ex presidente Kabila, obtuvo la mayoría de los escaños a nivel nacional y provincial, con lo que mantuvo el control de la Asamblea Nacional, el Senado, y las asambleas y gobiernos provinciales en 25 de las 26 provincias. El gobierno del presidente Tshisekedi, que fue investido en septiembre, lo lideraba el FCC, cuyos miembros eran mayoría, hecho que podía limitar la capacidad del nuevo presidente de llevar a cabo reformas cruciales, incluso en el sistema de justicia. Continuaron los enfrentamientos violentos entre simpatizantes del FCC y de Rumbo al Cambio, la coalición del presidente, en un contexto de disputas por el reparto del poder.

Conflicto armado

En diciembre, más de 1.500 civiles habían sido víctimas de homicidio, miles habían resultado heridos y al menos un millón se habían visto obligados a desplazarse a consecuencia de la violencia en la provincia occidental de Mai-Ndombe y en las provincias orientales de Ituri, Kivu Septentrional y Kivu Meridional. Decenas de grupos armados locales y extranjeros, así como las fuerzas de seguridad congoleñas, continuaron cometiendo con impunidad graves abusos contra los derechos humanos.

Los abusos generalizados contra los derechos humanos perpetrados por los grupos armados ponían de manifiesto la incapacidad de las fuerzas de seguridad —responsables a su vez de graves violaciones de derechos humanos— y de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU de garantizar de manera efectiva la protección de la población civil y restaurar la paz.

Falta de rendición de cuentas

Aunque las autoridades adoptaron algunas medidas para llevar ante la justicia a los responsables de abusos contra los derechos humanos relacionados con el conflicto, en la mayoría de los casos no hicieron rendir cuentas a las autoridades civiles y mandos militares de alto nivel sospechosos de cometer o promover dichos crímenes, que se habían saldado con más de 3.000 muertes y 2 millones de personas desplazadas internamente entre agosto de 2016 y diciembre de 2017 sólo en la región de Kasai. Además, varios políticos y altos cargos sospechosos de cometer graves abusos contra los derechos humanos continuaron ocupando o recibieron puestos privilegiados en las instituciones del Estado, incluidos el ejército y la policía. En septiembre, el presidente respondió a periodistas de Francia, que le habían preguntado sobre su postura en relación con los abusos contra los derechos humanos cometidos anteriormente, que no tenía “tiempo para hurgar en el pasado”. No se produjeron avances en los enjuiciamientos relativos a la violencia entre las comunidades banunu y batende acaecida en diciembre de 2018 en Yumbi, en la provincia occidental de Mai-Ndombe, en la que más de 600 civiles perdieron la vida en el transcurso de dos días de violencia orquestada que, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, podía constituir crímenes de lesa humanidad.

En junio, la Fiscalía Militar dictó una orden de detención contra Guidon Shimiray Mwisa, líder de la milicia Nduma Defensa del Congo-Renovado/(NDC-R), por crímenes de derecho internacional –entre ellos asesinato, violación masiva y reclutamiento de menores– cometidos por él o por su milicia. No obstante, según el Grupo de Expertos de la ONU, NDC-R continuaba perpetrando abusos contra los derechos humanos en la provincia de Kivu Septentrional, con la colaboración de altos mandos del ejército congoleño. Las autoridades no tomaron medidas adecuadas para ejecutar la orden de detención y llevar a Guidon Shimiray Mwisa ante la justicia.

El juicio de Ntabo Ntaberi Sheka, líder de una facción de Nduma Defensa del Congo, ante un tribunal militar, acusado de graves abusos contra los derechos humanos en la provincia de Kivu Septentrional, se paralizó a mediados de 2019 ya que el tribunal lo aplazaba constantemente sin ninguna razón válida. Se creía que su milicia era responsable de crímenes entre los que figuraba la violación de al menos 387 personas (mujeres, hombres, niñas y niños) en 2010.

Durante el año, grupos locales e internacionales de derechos humanos pidieron reiteradamente al gobierno que hiciera rendir cuentas a Gédéon Kyungu Mutamba por los crímenes de lesa humanidad por los que había sido condenado por un tribunal militar en Lubumbashi (ciudad del sudeste del país) en 2009. Continuaba gozando de libertad en una casa de campo situada en esta ciudad del sureste del país y costeada por el gobierno, después de haberse entregado a las autoridades en octubre de 2016 tras fugarse de prisión en 2011.

Los tribunales militares conocieron de varios casos de violencia sexual relacionada con el conflicto. Por ejemplo, en noviembre, Frédéric Masudi Alimasi, líder de una milicia y conocido también como Koko di Koko, fue condenado a cadena perpetua en Bukavu, ciudad del este del país, por cometer homicidios, desapariciones forzadas, tortura y violación. Ese mismo mes, un soldado fue condenado en la provincia de Bas-Uélé a 20 años de prisión por violar a dos menores de tres y cuatro años.

Justicia internacional

En julio, la Corte Penal Internacional declaró a Bosco Ntaganda culpable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia oriental de Ituri en 2002 y 2003 y, en noviembre, le impuso una pena de 30 años de cárcel.

En septiembre, el ejército congoleño anunció que había matado a Sylvestre Mudacumura, el líder militar de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), contra quien la Corte Penal Internacional había dictado una orden de detención en 2012 por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por las FDLR en el este de República Democrática del Congo.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

En enero, el gobierno bloqueó totalmente Internet y prohibió varios medios de comunicación durante 20 días, en un intento de detener la publicación de los resultados electorales no oficiales y de contener las protestas generalizadas por las denuncias de fraude electoral masivo.

En marzo, las autoridades anunciaron que, por orden del presidente, se había excarcelado a más de 700 personas y se habían cerrado todos los centros de detención ilegales gestionados por la Agencia Nacional de Inteligencia. Entre las personas liberadas figuraban presos y presas de conciencia y otras personas que llevaban mucho tiempo recluidas arbitrariamente. Las autoridades permitieron a varios activistas políticos y de la sociedad civil exiliados, así como a defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas extranjeros que no eran bienvenidos desde hacía años regresar a República Democrática del Congo y desempeñar sus actividades.

No obstante, las autoridades civiles y la policía continuaron prohibiendo y reprimiendo violentamente y con impunidad reuniones y manifestaciones pacíficas. Las autoridades impusieron el requisito de tener autorización previa para celebrar manifestaciones, lo que vulneraba la Constitución.

Durante el año, la policía dispersó con fuerza excesiva al menos 35 manifestaciones pacíficas, hiriendo al menos a 90 manifestantes y deteniendo arbitrariamente a decenas. En junio, al menos una persona murió por herida de bala en Goma, en el este del país, al disparar las fuerzas de seguridad contra personas que se manifestaban pacíficamente. En julio, el gobernador de Kinshasa prohibió una manifestación de protesta contra la designación del ex ministro de Justicia como candidato a la presidencia del Senado. Pese a ello, la manifestación se celebró y la policía empleó fuerza excesiva contra quienes participaban en ella. En agosto, agentes de policía emplearon violencia para impedir una concentración de seguidores del partido Unión por la Democracia y el Progreso Social, convocada para denunciar la corrupción del gobierno y promover la buena gobernanza.

Derecho a la salud

Según la Organización Mundial de la Salud, al menos 1.680, 5.000 y 260 personas murieron a causa de epidemias de ébola, sarampión y cólera, respectivamente. Un total de 310.000 contrajeron sarampión, y 12.000, cólera. Los esfuerzos constantes de las autoridades y de la comunidad internacional por abordar la situación peligraban debido a la escasa financiación, los problemas de seguridad y logísticos, la persistencia de los conflictos armados y la violencia entre comunidades.

Derecho a la educación

En septiembre, el gobierno introdujo la educación primaria gratuita, derecho consagrado en la Constitución, que podría beneficiar a millones de niñas y niños. Sin embargo, la planificación e infraestructura deficientes y la insuficiente financiación de las escuelas de primaria obstaculizaban dicho avance. Los sindicatos de docentes acusaron al gobierno de implementar esta política en detrimento de sus propias vidas y sin su cooperación al aumentar  considerablemente la asistencia a la escuela. Las huelgas de docentes dieron lugar al cierre de cientos de escuelas durante varias semanas tras el inicio de las clases en septiembre.

Reclusión

Las condiciones de reclusión seguían siendo pésimas. Al menos 120 personas reclusas murieron de inanición, falta de acceso a agua potable y atención adecuada de la salud, 45 de ellas en la Prisión Central de Bukavu entre enero y octubre. Aunque las prisiones adolecían de graves condiciones de hacinamiento y falta de financiación, poco o nada se hizo para mejorarlas. Más de 300 personas se fugaron de prisiones en las provincias de Congo Central, Kasai Central, Ituri y Tshuapa.

Pueblos indígenas

Las comunidades indígenas twa, desalojadas de sus tierras sin su consentimiento libre, previo e informado al crearse en 1975 el Parque Nacional de Kahuzi Biega, en el este de República Democrática del Congo, mantenían conversaciones con las autoridades del parque para resolver sus motivos de queja. Sin embargo, no se cumplieron las reiteradas promesas de proporcionarles tierras alternativas, empleos y servicios públicos, así como de poner en libertad a sus miembros encarcelados por haber vuelto al parque, por lo que muchas personas de estas comunidades regresaron a sus tierras en señal de protesta.

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