1961-2021: 60 años actuando por los
derechos humanos en todo el mundo

República Democrática del Congo

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Las familias pobres sufrieron un aumento de la inseguridad alimentaria como consecuencia de las restricciones asociadas a la COVID-19, y las prisiones adolecían de hacinamiento crónico. Los conflictos armados y la violencia entre comunidades continuaron en algunas provincias y causaron cientos de muertes y el desplazamiento de cientos de miles de personas. Las fuerzas gubernamentales y los grupos armados seguían disfrutando de impunidad por violaciones graves de derechos humanos, incluidos homicidios extrajudiciales y ejecuciones sumarias. Aumentó la violencia sexual contra las mujeres relacionada con los conflictos. Las autoridades continuaron restringiendo el derecho a la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación. Se encarceló a periodistas, y se amenazó de muerte y enjuició a defensores y defensoras de los derechos humanos.

Información general

La situación de los derechos humanos seguía siendo terrible y las tensiones en el seno de la coalición gobernante persistían. La crisis humanitaria se agravó a causa del aumento de la violencia en la que estaban implicados grupos armados —entre ellos algunos de países vecinos—, sobre todo en las regiones del este y el centro del país.

Miles de combatientes de grupos armados que entregaron sus armas a principios del año en las provincias de Kivu Septentrional, Ituri, Kivu Meridional y Tanganika se quedaron sin vivienda, alimentos o atención médica, y muchos se reincorporaron a sus grupos. La prioridad que el gobierno concedió al control de la COVID-19 y otras enfermedades desvió su atención de las iniciativas de desarme, desmovilización y reintegración.

El 18 de marzo, el presidente anunció medidas para controlar la propagación de la pandemia de COVID-19, entre ellas restricciones de la circulación de personas, cierres de fronteras y la prohibición de las reuniones de más de 20 personas. El 24 de marzo, el presidente anunció la imposición del estado de excepción por 30 días, que fue prorrogado el 23 de abril y confirmado por el Tribunal Constitucional y el Parlamento. El estado de excepción se levantó el 22 de julio, tras la desaceleración a finales de junio del número de casos y muertes por COVID-19, y las restricciones se levantaron gradualmente.

Se hicieron nuevos nombramientos en las fuerzas armadas y la judicatura, pero no se observaron cambios dignos de mención en la actuación de esas instituciones, que siguió siendo un obstáculo importante para la protección de los derechos humanos.

El 23 de noviembre, el tribunal militar operativo de Kivu Septentrional condenó a cadena perpetua al señor de la guerra Ntabo Ntaberi (alias Sheka), líder de Nduma Defensa del Congo, por los graves delitos cometidos contra la población civil en Kivu Septentrional entre 2007 y 2017. Entre los cargos figuraban la violación de unas 400 mujeres, hombres, niños y niñas en 2010. También se condenó a cadena perpetua a un miembro de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda. Dos colaboradores de Sheka fueron condenados a 15 años de prisión tras un juicio que duró dos años y en el que intervinieron 178 víctimas.

Derecho a la salud

La pandemia de COVID-19 ejerció una inmensa presión sobre un sistema de salud ya insuficientemente financiado y desbordado, y sobre un personal sanitario mal pagado que también tenía que responder a las epidemias de ébola, sarampión y cólera.

En septiembre, el gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), donó 50 nuevos respiradores al gobierno de la República Democrática del Congo para impulsar la lucha del país contra la pandemia de COVID-19. Al terminar el año, los casos confirmados de COVID-19 y de muertes relacionadas alcanzaron 18.153 y 599, respectivamente.

En junio, la tasa de infección por COVID-19 había disminuido, pero el décimo brote de ébola —que había comenzado en 2018— había afectado al menos a 3.470 personas y causado la muerte de unas 2.287, en tanto que el brote de sarampión había matado a unas 6.000 personas.

Condiciones de reclusión

El hacinamiento siguió siendo uno de los principales motivos de preocupación en las prisiones, y empeoró debido a la pandemia de COVID-19. Las prisiones de la República Democrática del Congo se contaban entre las más abarrotadas del mundo, y algunas instalaciones albergaban a un número de personas que superaba en un 300% la capacidad para la que habían sido diseñadas. Algunas personas reclusas pasaban varios días sin alimentos y otras no recibían la atención médica necesaria, lo que causó decenas de muertes. En la prisión de Makala, en la capital (Kinshasa), se registraron 25 muertes por inanición y falta de medicamentos al principio del año. En abril, el gobierno respondió al riesgo de infección por COVID-19 entre la población reclusa poniendo en libertad al menos a 2.000 personas. Al final de ese mes, 43 personas presas dieron positivo en las pruebas de COVID-19 en la prisión militar de Ndolo, en Kinshasa.

Derecho a la educación

El gobierno cerró escuelas, universidades y otras instituciones educativas el 19 de marzo como parte de sus medidas contra la COVID-19, lo que afectó aproximadamente a 27 millones de estudiantes. El cierre de escuelas aumentó el riesgo de que muchos niños y niñas fueran reclutados por grupos armados, así como sometidos a explotación sexual, matrimonio a edad temprana y trabajo infantil en las minas. Las escuelas volvieron a abrir el 10 de agosto.

Los conflictos armados también perturbaron la educación de miles de niños y niñas, sobre todo en el este del país.

Derechos económicos, sociales y culturales

Los confinamientos y otras restricciones relacionadas con la COVID-19 tuvieron efectos negativos en las familias de bajos ingresos aunque el gobierno tomó medidas para aliviar su difícil situación, por ejemplo, prestando algunos servicios esenciales como el suministro de agua y electricidad durante un periodo de dos meses. Estas familias perdieron fuentes de ingresos fundamentales, tanto en zonas urbanas y rurales como en las regiones fronterizas, debido al descenso de la demanda de mano de obra para la economía informal y para el comercio transfronterizo.

El gobierno siguió sin hacer cumplir las normas de protección ambiental y laboral en el sector minero, donde muchos trabajadores estaban expuestos a contaminación tóxica que causaba malformaciones congénitas en los hijos e hijas de las personas que se dedicaban a la minería del cobalto y el cobre.1 Hombres, mujeres, niños y niñas trabajaban en algunas minas sin equipos de protección básicos como guantes y mascarillas. También se quejaron de enfermedades respiratorias e infecciones del tracto urinario, entre otros problemas de salud. La utilización de mano de obra infantil, los desalojos forzosos para dar paso a proyectos mineros y la falta de transparencia en lo relativo a la concesión de títulos mineros, la corrupción, la evasión fiscal y los abusivos precios de transferencia eran generalizados.2

Uso excesivo de la fuerza

Tras la prohibición de las grandes concentraciones públicas en virtud de las restricciones asociadas a la COVID-19, las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva para dispersar protestas pacíficas. El 9 de julio tuvieron lugar protestas multitudinarias en varias ciudades contra el nombramiento del nuevo presidente de la Comisión Electoral. La policía respondió a las manifestaciones mayoritariamente pacíficas con fuerza excesiva, y mató al menos a un manifestante en Kinshasa y a dos en la ciudad de Lubumbashi. Muchos más resultaron heridos.

Homicidios ilegítimos

El conflicto armado y la violencia entre comunidades continuaron en zonas de las provincias de Kivu Meridional, Kivu Septentrional e Ituri (este del país) y causaron la muerte de cientos de personas. Los ataques de grupos armados obligaron a cientos de miles de personas a huir de sus hogares. Según la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (UNJHRO), en el primer semestre del año, combatientes de todos los grupos armados llevaron a cabo ejecuciones sumarias en las que murieron unas 1.315 personas, entre ellas 267 mujeres y 165 niñas y niños.

La violencia atribuida a las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un grupo armado que operaba en la República Democrática del Congo y Uganda, aumentó durante el año tras lanzar las autoridades ataques preventivos contra el grupo. Entre el 25 y el 26 de mayo, las ADF mataron a 40 civiles en el territorio de Irumu (provincia de Ituri), y se creía que fueron responsables de la muerte de 7 civiles el 15 de agosto y de 58 personas en dos ataques perpetrados en septiembre en la misma zona. La UNJHRO acusó a las ADF de cometer crímenes de guerra.

Mientras tanto, se acusó a fuerzas gubernamentales de matar a 14 civiles y causar lesiones a 49 en el primer semestre del año. También detuvieron y recluyeron arbitrariamente a 297 civiles.

Entre marzo y junio, los ataques de milicias por motivos étnicos causaron la muerte de unos 444 civiles en Ituri y el desplazamiento de más de 200.000 personas. La mayor parte de los homicidios fueron obra de combatientes de la comunidad lendu, y la mayoría de las víctimas fueron habitantes hema y alur.

Se tuvo noticia de enfrentamientos intercomunitarios en mayo y junio entre las comunidades alur y hema en Ituri. Los enfrentamientos entre las comunidades twa y bantú en la provincia de Tanganika se saldaron con la muerte de al menos 100 personas.

Violencia contra mujeres y niñas

Se observó un aumento de la violencia sexual contra las mujeres y las niñas, especialmente en el contexto del conflicto en el este del país. En mayo, la UNJHRO informó de 79 casos de esta índole —lo que representaba un aumento con respecto al mes de abril, en que había 53 casos— contra mujeres que sufrieron ataques de grupos armados. Aunque los grupos armados fueron los principales responsables, también se acusó a las fuerzas de seguridad estatales de al menos 26 casos de violencia sexual contra mujeres entre abril y mayo.

Ejecuciones extrajudiciales

Las ejecuciones extrajudiciales seguían siendo una realidad en todo el país. Aunque los grupos armados fueron los responsables en la mayoría de los casos, los agentes estatales también llevaron a cabo este tipo de homicidios, sobre todo en las zonas afectadas por conflictos. La UNJHRO informó de que los agentes estatales fueron responsables de la ejecución extrajudicial de al menos 225 personas, entre ellas 33 mujeres y 18 niños y niñas, en el primer semestre del año.

Sólo en julio hubo al menos 55 ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad, de las que unas 11 fueron de mujeres y 2, de menores de edad. En el mismo periodo, los grupos armados ejecutaron arbitrariamente a 248 personas, de las que 34 eran mujeres y 11, niños y niñas. Casi nunca se enjuició a agentes estatales y combatientes de grupos armados por estos y otros abusos y violaciones de derechos humanos. La falta de financiación y de independencia judicial seguía siendo un gran obstáculo para el logro de la rendición de cuentas.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las autoridades siguieron actuando contra defensores y defensoras y organizaciones de derechos humanos para impedir que llevaran a cabo su trabajo. En julio, el premio Nobel de la Paz Denis Mukwege recibió amenazas de muerte a través de las redes sociales, llamadas telefónicas y mensajes directos tras exigir rendición de cuentas y justicia por los delitos contra los derechos humanos cometidos en la República Democrática del Congo.3 También en julio, el presidente del Senado amenazó con hacer que el Colegio de Abogados de Kinshasa tomara medidas disciplinarias contra Jean-Claude Katende —abogado y presidente de la Asociación Africana para la Defensa de los Derechos Humanos—, y con poner a éste a disposición judicial. Las amenazas estaban relacionadas con la publicación por el abogado en las redes sociales de textos en los que pedía que el presidente del Senado compareciera ante la justicia para responder de varios cargos.

En septiembre, Dismas Kitenge, presidente del Grupo Lotus (una ONG que documentaba violaciones de derechos humanos en Kisangani), y los miembros de su familia recibieron amenazas de muerte de fuentes no identificadas. Las amenazas se produjeron poco después de que mantuviera una reunión con el ministro de Derechos Humanos, con quien habló de la intención de su ONG de denunciar la impunidad de la que disfrutaba un alto mando militar que presuntamente había cometido violaciones graves de derechos humanos en Kisangani entre 1998 y 2002.

Cinco defensores de los derechos humanos se enfrentaban a cargos en relación con sus críticas a una empresa de aceite de palma que operaba en la provincia de Tshopo. Iswetele Eswetele Mokili, Dominique Kamatinanga Zuzi, Antoine Swimbole Lingele, Robert Esumbahele y Franck Lwange Etiota habían protestado pacíficamente contra la empresa tras violar ésta un acuerdo con la comunidad por el que se había comprometido a construir una escuela, un centro de salud y un suministro de agua antes de explotar la tierra que usaba la comunidad local. Estuvieron recluidos en condiciones deficientes en la prisión central de Kisangani (a 300 kilómetros de su domicilio) durante más de seis meses, y quedaron en libertad bajo fianza el 27 de marzo. Al terminar el año su juicio seguía pendiente.

Libertad de expresión

Las autoridades sometieron a profesionales de los medios de comunicación a amenazas, intimidación, hostigamiento, violencia, detención y reclusión arbitrarias y enjuiciamiento. Acusaron a periodistas y medios de comunicación de alterar el orden público o de violar la ética profesional. Numerosos periodistas fueron detenidos por cargos falsos.

El 7 de febrero, Dek'son Assani Kamango, periodista de Radio Omega, fue detenido por acusaciones de “insultar a la autoridad provincial de Maniema”. El 9 de mayo, Christine Tshibuyi, periodista radicada en Kinshasa, recibió amenazas telefónicas tras publicar un artículo sobre ataques a periodistas en la ciudad de Mbuji-Mayi (provincia de Kasai Oriental). El mismo día, un vehículo todoterreno del tipo que utilizaba habitualmente la Guardia Republicana embistió la parte delantera de su automóvil y la obligó a chocar con una pared. Un hombre que iba acompañado por cuatro agentes de las fuerzas de seguridad la abofeteó y la hizo sangrar. La periodista afirmó que había denunciado el incidente a las autoridades, pero no se había llevado a cabo investigación alguna.

El 17 de junio, las autoridades provinciales de Mongala retiraron las credenciales a 13 periodistas, ordenaron el cierre temporal de 5 emisoras de radio, y suspendieron la emisión de varios programas de radio y televisión que a su juicio eran de carácter político.

Pueblos indígenas

Las autoridades no respetaron los compromisos contraídos con el pueblo indígena twa en relación con su desalojo forzoso del Parque Nacional de Kahuzi Biega, en el este del país. Desde 1975, la comunidad había sido desalojada en oleadas y venía recibiendo promesas de que se le proporcionarían tierras alternativas de igual calidad, educación, oportunidades de empleo y servicios de salud, y de que se liberaría a miembros de su comunidad que habían sido detenidos por entrar en el parque nacional. Mientras tanto, las negociaciones entre las autoridades del parque y representantes de la comunidad twa en relación con tierras alternativas para la comunidad continuaban estancadas.

En febrero, seis hombres twa, incluido el principal negociador —jefe Jean-Marie Kasula— y dos mujeres twa fueron declarados culpables de actividades ilegales en el parque. Su juicio ante un tribunal militar duró un solo día y no se ajustó a las normas internacionales sobre juicios justos; los ocho encausados fueron condenados a entre uno y 15 años de prisión. Cuatro de los ocho quedaron en libertad bajo fianza de la prisión de Bukavu en agosto. Al terminar el año, no se había celebrado la vista de un recurso interpuesto contra sus sentencias condenatorias.

  1. República Democrática del Congo: Una alarmante investigación demuestra daños duraderos por los abusos en minas de cobalto (noticia, 6 de mayo)
  2. South Africa: Mining gathering must confront human rights violations (noticia, 3 de febrero)
  3. República Democrática del Congo: Se deben tomar medidas concretas para proteger a Denis Mukwege tras las amenazas de muerte (noticia, 4 de septiembre)

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