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Eritrea

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

Continuaban abandonando el país miles de personas, muchas de ellas escapando del servicio nacional indefinido. El derecho a salir del país continuaba restringido. Se mantenían las restricciones al derecho a la libertad de expresión y de religión. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo homicidios ilegítimos. La detención arbitraria sin cargos ni juicio seguía siendo la norma para miles de presos y presas de conciencia.

El cambio de moneda afectó al sustento de las familias. En aplicación de normativas gubernamentales, la cantidad mensual que se podía retirar de las cuentas bancarias personales estaba limitada a 5.000 nafkas (unos 290 dólares estadounidenses).

Entre el 12 y el 14 de junio estallaron enfrentamientos entre las fuerzas armadas de Eritrea y Etiopía en los que, según la información recibida, murieron cientos de combatientes. Ambos gobiernos se acusaron mutuamente de haber provocado el conflicto. Las relaciones entre los dos países eran tensas desde que Etiopía solicitara negociaciones antes de aplicar la decisión de la Comisión de Fronteras entre Etiopía y Eritrea.

El servicio nacional obligatorio seguía prorrogándose de forma indefinida a pesar de que en 2014 el gobierno había prometido acabar con el sistema de servicio ilimitado. Un número importante de personas permanecían reclutadas por el servicio nacional de forma indefinida, algunas de ellas desde hacía hasta 20 años. Aunque la ley fijaba la edad mínima de reclutamiento en 18 años, en la práctica se seguía sometiendo a niños y niñas a instrucción militar con el requisito de que debían cursar el duodécimo año de enseñanza secundaria en el campamento de instrucción del servicio nacional de Sawa. Todas esas personas soportaban allí duras condiciones de vida, eran sometidas a una disciplina de carácter militar y recibían adiestramiento en el manejo de armas. El 48% de las 14.000 personas que terminaron la educación del campamento en julio eran mujeres que sufrían tratos especialmente duros, como esclavitud sexual, tortura y otros abusos sexuales.

Las personas reclutadas cobraban salarios bajos y tenían restringidos los permisos de descanso, que se concedían de forma arbitraria, lo que en muchos casos afectaba a su vida familiar. Servían en las fuerzas de defensa y desempeñaban labores relacionadas con la agricultura, la construcción, la enseñanza y la administración pública, entre otras. La objeción de conciencia no estaba contemplada.

Se continuaba reclutando a personas de edad para el “Ejército Popular”, donde se les entregaba un arma y se les asignaban tareas bajo la amenaza de consecuencias punitivas. Se reclutaba a hombres de hasta 67 años.

El derecho a salir del país estaba restringido. Las autoridades seguían prohibiendo viajar al extranjero a la población de entre 5 y 50 años y sometían a detención arbitraria a cualquiera que intentara cruzar las fronteras. Las personas que intentaban marcharse al exterior con fines de reagrupación familiar se veían obligadas a cruzar las fronteras terrestres para tomar vuelos desde otros países. Si los militares las atrapaban en el camino, las detenían sin cargos hasta que pagaban multas exorbitantes cuyo importe dependía de factores tales como el oficial al mando que efectuara la detención y el momento del año en que se practicara; durante las fiestas nacionales en conmemoración de la independencia del país se imponían multas más elevadas. El importe era mayor para quienes intentaban cruzar la frontera etíope. Se mantenía la política de “disparar a matar” a cualquier persona que escapara de la detención e intentara cruzar a Etiopía. A los niños y niñas en edad próxima al reclutamiento que eran detenidos al intentar salir del país se les enviaba al campamento de instrucción del servicio nacional de Sawa.

Al menos 11 personas murieron en abril en la capital, Asmara, por disparos de miembros de las fuerzas de seguridad. Los homicidios tuvieron lugar cuando varios reclutas del servicio nacional trataron de escapar mientras los transportaban en un camión del ejército. Se tuvo noticia de que, además de los reclutas, también murieron transeúntes. Los homicidios no se habían investigado al finalizar el año.

Miles de presos y presas de conciencia y por motivos políticos, entre quienes figuraban personas que se habían dedicado a la política, periodistas o practicantes de religiones no autorizadas, continuaban detenidos sin cargos ni juicio y sin acceso a asistencia jurídica ni a familiares. Muchos llevaban detenidos más de un decenio.

En junio, el ministro de Asuntos Exteriores anunció que 21 personas dedicadas a la política y al periodismo que habían sido detenidas en septiembre de 2001 estaban vivas y serían juzgadas “cuando el gobierno lo decid[iera]”. Se negó a revelar su paradero y su estado de salud a las familias afectadas.1 Estas personas habían sido detenidas tras publicar una carta abierta al gobierno y al presidente Afewerki en la que pedían reformas y “diálogo democrático”. De ellas, 11 habían sido miembros del Consejo Central del partido gobernante, el Frente Popular para la Democracia y la Justicia. Al concluir el año continuaban detenidas sin juicio.

Miles de personas eritreas seguían huyendo del país. Sólo entre enero y julio, la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) registró a 17.147 solicitantes de asilo en 44 países. Estas personas hacían frente a graves abusos contra los derechos humanos mientras se encontraban en tránsito y en los países de destino. En un incidente que tuvo lugar en mayo, Sudán expulsó a cientos de personas migrantes a Eritrea tras detenerlas cuando se dirigían a la frontera libia. En el viaje a Europa, las personas eritreas también se exponían a sufrir detención arbitraria, secuestro, abusos sexuales y malos tratos.

La comisión de investigación de la ONU sobre los derechos humanos en Eritrea presentó sus conclusiones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio. Concluyó que las autoridades eritreas eran responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos desde que el país proclamara su independencia en 1991, entre ellos esclavitud, desaparición forzada, detención arbitraria, tortura, violación y asesinato.

  1. Eritrea: Immediately and unconditionally release prisoners of conscience (noticia, 21 de junio)
Estado de Eritrea
Jefe del Estado y del gobierno: Isaias Afewerki
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