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Eritrea

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Seguía sin conocerse el paradero de personas críticas con el gobierno y líderes en favor de la democracia detenidos arbitrariamente desde 2001. Las autoridades seguían violando el derecho a la libertad de expresión, de religión y de circulación. Se negaba a la población reclusa su derecho a la salud. Miles de personas seguían huyendo a otros países ante la continuidad de la represión y del servicio militar obligatorio indefinido, aun después de que Eritrea restableciese relaciones con Etiopía, su antiguo enemigo declarado.

Libertad de expresión

Seguía sin haber prensa independiente desde que las autoridades prohibieran todos los medios de comunicación no estatales en 2001. En 2020, el Comité para la Protección de los Periodistas reveló que Eritrea era el país con más censura del mundo y el que más periodistas tenía en prisión.

Detención arbitraria y desapariciones forzadas

Cientos de políticos, líderes religiosos, periodistas y otras personas críticas con el gobierno —algunas de las cuales llevaban más de un decenio recluidas sin cargos ni juicio— continuaron en detención arbitraria sin que se les permitiera el acceso a sus familiares y abogados. Al terminar el año seguía sin conocerse el paradero y la suerte de 11 personalidades políticas y 17 periodistas que habían criticado al gobierno del presidente Afwerki en 2001.

El exministro de Economía Berhane Abrehe continuaba en prisión desde su arresto en la capital, Asmara, en 2018, y al terminar el año no se habían formulado cargos en su contra. Había sido detenido tras publicar un libro en el que reclamaba reformas democráticas, y había sido sometido a desaparición forzada.

Derecho a la salud

Centros penitenciarios y de detención

Las prisiones y los centros de detención seguían adoleciendo de hacinamiento crónico y condiciones de vida insalubres.1 La prisión de Adi Abeto, al norte de Asmara, albergaba a unas 2.500 personas a pesar de que sólo tenía capacidad para 800. En el campo de detención de Mai Serwa Asmara Flowers, cerca de Asmara, donde estaban recluidos muchos testigos de Jehová, no había retretes para unas 700 personas detenidas, y hombres y mujeres tenían que hacer sus necesidades al aire libre. En la prisión de máxima seguridad de Mai Serwa, cerca de Asmara, había sólo 20 retretes para 500 personas.

Las prisiones y los centros de detención no proporcionaban a las personas detenidas una cantidad suficiente de agua, alimentos y productos de higiene, como jabón. Muchas personas detenidas en la prisión de máxima seguridad de Mai Serwa, el centro de detención de Mai Serwa Asmara Flowers y la prisión para hombres de Ala, cerca de Asmara, dependían de sus familias para complementar los escasos alimentos que se les proporcionaban. El 2 de abril, las autoridades impusieron un confinamiento en las prisiones para impedir la propagación de la COVID-19 y otras enfermedades. No se permitió la entrada de visitantes, lo que interrumpió la llegada de los necesarios suministros proporcionados por los familiares y puso a la población reclusa en un riesgo aún mayor de malnutrición y enfermedades.

Trabajo forzoso

Los hombres y mujeres reclutados para el programa del servicio nacional obligatorio seguían viéndose obligados a servir durante periodos indefinidos que se prolongaban mucho más allá del límite legal de 18 meses. La objeción de conciencia no estaba prevista y miles de personas continuaban en situación de reclutamiento indefinido, en muchos casos después de haber servido ya durante decenios. El gobierno seguía enviando a estudiantes de último año de secundaria al Centro de Instrucción para la Defensa de Sawa y no se comprometía a liberarlos del servicio nacional después de haber servido 18 meses.

Los reclutas percibían 800 nafkas (unos 53 dólares estadounidenses) al mes, cantidad insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. El gobierno los utilizaba para trabajar en proyectos de infraestructuras como regadíos, carreteras y agricultura. Las condiciones de trabajo podían ser degradantes e inhumanas, y en algunos casos constituían tortura.

En el centro de detención de Mai Serwa Asmara Flowers, que en realidad era un campo de trabajo forzoso, los testigos de Jehová y otras personas detenidas eran obligados a trabajar en las plantaciones de flores cercanas.

Libertad de circulación

El derecho a salir del país seguía seriamente restringido, y se impedía viajar al extranjero sin autorización del gobierno.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Miles de nacionales eritreos seguían huyendo del país, sobre todo para evitar el servicio nacional indefinido, y buscaban asilo en otros países. Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, 9.463 solicitantes de asilo de Eritrea cruzaron la frontera a Etiopía en el primer trimestre del año. A partir de abril se observó una notable reducción del número de nuevas llegadas a Etiopía debido a las restricciones a la circulación de impuestas por la COVID-19.

Las personas refugiadas y solicitantes de asilo eritreas seguían siendo objeto de graves abusos contra los derechos humanos en su camino hacia Europa, incluidos los países de tránsito, especialmente Libia, donde muchas eran sometidas a detención, secuestro, abusos sexuales y tortura y otros malos tratos.

  1. Eritrea: Detainees in overcrowded and unsanitary conditions defenceless against COVID-19 (noticia, 21 de mayo)

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Estado de Eritrea
Jefe del Estado y del gobierno: Isaias Afwerki

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