Eritrea

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

Persistía la política de reclutamiento militar forzoso e indefinido, que en algunos casos constituía esclavitud. Cientos de personas eritreas que habían sido devueltas a su país después de buscar refugio en otros se enfrentaban a detenciones arbitrarias a su regreso. Se reprimía el derecho a la libertad de expresión y seguía sin revelarse la suerte de 27 personas que habían sido víctimas de desaparición forzada en 2001. El gobierno seguía sin investigar los crímenes de derecho internacional. Se renovó el mandato del relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea.

Trabajo forzoso

Continuó el uso del servicio militar nacional indefinido y obligatorio para toda la población de entre 18 y 40 años. Se trataba de una práctica que a veces constituía esclavitud y a la que se atribuían múltiples violaciones de derechos humanos. En su informe de mayo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea afirmaba que el gobierno no había tomado medidas para reformar el programa, al no abordar las condiciones de servicio inhumanas o degradantes, las violaciones, otras formas de violencia sexual y de género, y la tortura, entre otras cuestiones. Denunciaba también que las niñas reclutas del tristemente célebre campamento de adiestramiento militar de Sawa corrían el riesgo de sufrir abuso y acoso sexuales por parte de los responsables del campamento, y que la política vigente exigía que todos los estudiantes, incluidos los niños y las niñas, completaran su último año de enseñanza secundaria en el campamento de Sawa, lo que restringía su acceso a la educación.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Cientos de personas de Eritrea siguieron huyendo de su país, muchas de ellas como consecuencia de la política de reclutamiento militar, entre otros abusos. Según informes fidedignos de Etiopía, entre diciembre de 2024 y el 27 de febrero de 2025, más de 600 eritreos y eritreas que habían buscado refugio en Etiopía fueron devueltos a su país, donde el gobierno consideró sus solicitudes de asilo como prueba de traición. El relator especial afirmaba en su informe de mayo (véase “Trabajo forzoso” supra) que había recibido información creíble según la cual las personas refugiadas y solicitantes de asilo que regresaban a Eritrea tras ser deportadas eran interrogadas, detenidas arbitrariamente y sometidas a desaparición forzada y reclutamiento indefinido.

Libertad de expresión y desapariciones forzadas

Eritrea continuó restringiendo severamente la libertad de los medios de comunicación. Se mantuvo la prohibición de todos los medios independientes impuesta en 2001, al igual que la práctica de someter a desaparición forzada y arresto y detención arbitrarios —entre otras violaciones de derechos— a periodistas, figuras políticas, líderes religiosos y otros disidentes o presuntos disidentes. En todo caso, el número exacto de personas sometidas a estas medidas seguía sin estar claro.

Seguían sin revelarse la suerte y el paradero de 11 miembros del G-15 que habían sido víctimas de desaparición forzada en 2001. El G-15 era un grupo de 15 políticos que reclamaban al presidente Afwerki la aplicación del proyecto de Constitución y la celebración de elecciones abiertas. Además, 16 periodistas acusados de tener vínculos con el G-15 también habían sido detenidos ese año y desde entonces no se había vuelto a tener noticias suyas.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En julio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó abrumadoramente en contra de la resolución del gobierno eritreo que pretendía poner fin al mandato del relator especial sobre la situación de los derechos humanos en el país, y lo renovó por un año más.

El gobierno eritreo no tomó medidas para abordar las recomendaciones formuladas por la Comisión de Investigación de la ONU sobre los derechos humanos en Eritrea, 10 años después de que el último informe de la Comisión concluyera que en Eritrea podían haberse estado cometiendo crímenes de derecho internacional desde 1991. Se trataba, entre otros, de los crímenes de lesa humanidad de esclavitud, encarcelamiento, desaparición forzada, tortura, persecución, violación, asesinato y otros actos inhumanos. La Comisión también había concluido que se debían tomar nuevas medidas internacionales ante la falta de reformas legales e institucionales apropiadas a nivel nacional que pudieran proporcionar justicia y rendición de cuentas frente a la comisión de estos crímenes. Las medidas debían incluir la remisión de la situación de Eritrea del Consejo de Seguridad de la ONU a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el ejercicio de la jurisdicción universal por parte de los Estados miembros de Naciones Unidas para investigar y —de haber indicios suficientes— procesar a los presuntos responsables de crímenes de derecho internacional. Aun así, y pese a las conclusiones del relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea, aún no se había hecho justicia y persistían los crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos.

Numerosas ONG internacionales continuaron pidiendo que el mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU fuera más sólido a fin de permitir nuevas investigaciones y una mayor documentación de las violaciones de derechos.