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Eritrea

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Miles de personas eritreas seguían huyendo del país, aunque las autoridades restringían severamente el derecho a abandonarlo. Seguía imponiéndose el servicio nacional obligatorio indefinido. Se mantenían las restricciones al derecho a la libertad de expresión y de religión. La detención arbitraria sin cargos ni juicio seguía siendo la norma para miles de presos y presas de conciencia. Se negaba a miles de personas el derecho a un nivel de vida adecuado.

Periódicamente se producían escaramuzas entre las fuerzas armadas de Eritrea y Etiopía. Se intensificaron las hostilidades militares con Yibuti por la posesión del territorio disputado de Ras Doumeira.

Miles de personas eritreas seguían huyendo del país y hacían frente a graves abusos contra los derechos humanos mientras se encontraban en tránsito y en los países de destino. Sudán seguía siendo un lugar de paso clave para las personas refugiadas de nacionalidad eritrea. En un caso que tuvo lugar en agosto, los tribunales sudaneses expulsaron a 104 personas refugiadas a Eritrea, donde corrían peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos. En un contexto de escasa información sobre la suerte que corrían las personas expulsadas a través de la frontera sudanesa, se tuvo noticia de que 30 habían sido expulsadas desde la ciudad de Kassala (en el este de Sudán) tras haber sido acusadas de entrar ilegalmente en el país. Las personas eritreas que trataban de llegar a Europa también se exponían a sufrir detención arbitraria, secuestro, abusos sexuales y malos tratos en el camino.

En el ámbito internacional persistían los intentos de abordar las causas de la migración desde Eritrea. Tras los diálogos de alto nivel sobre migraciones en el marco de la Iniciativa sobre la Ruta Migratoria UE-Cuerno de África (proceso de Jartum), en la que participaban la Unión Europea y algunos Estados africanos con el objetivo de abordar los flujos migratorios, la Comisión Europea adjudicó más de 13 millones de euros a Eritrea para financiar la creación de oportunidades laborales y el desarrollo de capacidad en el país como medio para reducir la migración. La Unión Europea destinó 100 millones de euros a Sudán a través de su Fondo Fiduciario de Emergencia para África para abordar las causas subyacentes de la migración y los desplazamientos en la región.

La imposición del servicio nacional militar indefinido, junto con la situación general de los derechos humanos, causaba graves dificultades a muchas personas eritreas. El derecho a salir del país estaba severamente restringido. Las autoridades seguían prohibiendo viajar al extranjero a la población de entre 5 y 50 años y sometían a detención arbitraria a cualquiera que intentara marcharse. Las personas que intentaban hacerlo para evitar el servicio nacional indefinido y otras violaciones de derechos humanos, o con fines de reagrupación familiar en el exterior, tenían que desplazarse a pie y utilizar pasos fronterizos no formales para tomar vuelos desde otros países. Si los militares las atrapaban, las detenían sin cargos hasta que pagaran multas exorbitantes cuyo importe dependía de factores tales como el oficial al mando que efectuara la detención y el momento del año en que se practicara; durante las fiestas nacionales en conmemoración de la independencia del país se imponían multas más elevadas. El importe era mayor para quienes intentaban cruzar la frontera etíope. Se mantenía la política de “disparar a matar” a cualquier persona que escapara de la detención e intentara cruzar a Etiopía. Los niños y niñas en edad próxima al reclutamiento detenidos al tratar de salir del país eran enviados al campamento de instrucción del servicio nacional de Sawa.

El servicio nacional obligatorio seguía prorrogándose de forma indefinida a pesar de los reiterados llamamientos de la comunidad internacional al gobierno para que limitara el reclutamiento a 18 meses. Un número importante de personas permanecían reclutadas de forma indefinida, algunas de ellas llevaban hasta 20 años en esa situación. A pesar de que la edad mínima de reclutamiento fijada por la ley era de 18 años, se seguía sometiendo a niños y niñas a instrucción militar con el requisito de que debían cursar el duodécimo año de enseñanza secundaria en el campamento de instrucción del servicio nacional de Sawa, donde soportaban duras condiciones de vida, eran sometidos a una disciplina de carácter militar y recibían adiestramiento en el manejo de armas. Las mujeres, en concreto, sufrían tratos especialmente duros en el campamento, como esclavitud sexual, tortura y otros abusos sexuales.

Se reclutaba a hombres de hasta 67 años para el “Ejército Popular”, donde se les entregaba un arma y se les asignaban tareas bajo la amenaza de castigos, tales como detención, multas o trabajos forzados.

Continuaban practicándose detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, por las cuales las fuerzas de seguridad no rendían cuentas. Miles de presos y presas de conciencia y por motivos políticos, entre quienes figuraban personas que habían participado en política, periodistas o practicantes de religiones no autorizadas, continuaban detenidos sin cargos ni juicio y sin acceso a asistencia letrada ni a familiares. Muchos llevaban detenidos más de un decenio.

Continuaba vigente la prohibición de las creencias religiosas distintas del islam, como el cristianismo ortodoxo, el luteranismo protestante y el catolicismo. Muchas personas cristianas evangélicas practicaban su religión en secreto para evitar ser encarceladas.

Se tuvo noticia de que el patriarca Antonios, máximo representante de la iglesia ortodoxa eritrea, había asistido a una misa celebrada en la capital, Asmara, en julio. Habían pasado 10 años desde la última vez que se le había visto en público, justo antes de ser condenado a arresto domiciliario por oponerse a la injerencia del gobierno en los asuntos eclesiásticos.

UNICEF afirmó que la tasa de desnutrición había aumentado en los últimos años en cuatro de seis regiones de Eritrea, y citó un estudio según el cual se preveía que 22.700 niños y niñas menores de cinco años padecerían desnutrición aguda grave durante el año. También señaló unos datos nacionales que indicaban que la mitad de todos los niños y niñas sufrían retraso en el crecimiento. En su informe de junio, la relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en Eritrea se refirió al informe de UNICEF. También destacó los relatos de personas eritreas que vivían en el extranjero que explicaban que los familiares que tenían en su país de origen “lucha[ban] para satisfacer sus necesidades básicas”. Muchos de ellos no podían costearse “suministros básicos suficientes y adecuados” y hacían frente a una “grave escasez de agua, especialmente en Asmara”. Según informes, cada vez más gente se marchaba de “las regiones afectadas por la sequía en busca de mejores condiciones de vida”. La relatora señaló que las normas draconianas del gobierno que limitaban la cantidad mensual de dinero en efectivo que se podía retirar de las cuentas bancarias personales impedían a la gente comprar alimentos suficientes y otros artículos básicos.

Estado de Eritrea
Jefe del Estado y del gobierno: Isaias Afewerki
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