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Somàlia

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

La sequía causó el desplazamiento masivo de personas y elevó la inseguridad alimentaria al nivel de emergencia. Se informó de la muerte de hasta tres civiles en ataques aéreos y con drones estadounidenses. Kenia continuó con su programa de repatriación voluntaria de somalíes del campo de refugiados de Dadaab, y dejó de registrar a las personas recién llegadas de Somalia. El grupo armado Al Shabaab y las autoridades impusieron restricciones severas a quienes ejercían el periodismo. Aunque las mujeres hicieron pequeños progresos en la esfera política, seguía prevaleciendo la violencia sexual y de género.

El Parlamento somalí, que representaba a todas las regiones de Somalia —incluidas Somalilandia y Puntlandia—, eligió como presidente a Mohamed Abdullahi Mohamed (también conocido como Farmajo) en febrero. Ese mes, el presidente Mohamed nombró primer ministro a Hassan Ali Khayre. Se acusó a algunos candidatos presidenciales de usar millones de dólares estadounidenses de fondos de campaña en sobornos a parlamentarios para que los votasen. La elección de los miembros del Parlamento se llevó a cabo con arreglo a un sistema que concedía un voto por persona a los ancianos varones de los cuatro clanes principales y medio voto a los de los clanes minoritarios. En la práctica, este sistema negaba a las personas jóvenes, las mujeres y los hombres de clanes minoritarios la igualdad en cuanto a los derechos de voto. También se celebraron elecciones en el territorio de Somalilandia, donde Muse Bihi Abdi fue elegido presidente.

A lo largo del año, las fuerzas de mantenimiento de la paz de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) se retiraron de lugares clave de Somalia, tras lo cual Al Shabaab recuperó el control de ciudades en zonas de conflicto, como El Buur, Bardere y Lego, situadas en el sur y el centro del país.

Poco después de su toma de posesión, el presidente Mohamed declaró que la reforma de las fuerzas de seguridad y la derrota de Al Shabaab estarían entre sus principales prioridades. Los ataques de Al Shabaab contra civiles se intensificaron a lo largo del año; el más grave tuvo lugar en un hotel de la capital, Mogadiscio, el 14 de octubre y, según el gobierno, mató al menos a 512 personas.

Según información publicada en los medios de comunicación, el gobierno de Estados Unidos introdujo cambios secretos en sus normas sobre el uso de medios letales en operaciones antiterroristas, e incluyó a Somalia entre sus áreas designadas para “hostilidades activas”. En la práctica, esto significaba que las fuerzas estadounidenses podían actuar contra quienes considerasen combatientes de Al Shabaab allí donde los localizaran, sin tener en cuenta si éstos suponían una amenaza inminente para la vida y sin obtener autorización de alto nivel. Según la ONG Oficina de Periodismo de Investigación, radicada en Reino Unido, hasta tres civiles murieron durante el año en 31 ataques aéreos y con vehículos de control remoto (drones) de Estados Unidos.

El 9 de febrero, el Tribunal Superior de Kenia declaró que la directiva del gobierno keniano de 2016 que ordenaba el cierre del campo de refugiados de Dadaab, en el condado de Garissa, era inconstitucional y vulneraba las obligaciones contraídas por Kenia en virtud del derecho internacional y nacional (véase el apartado sobre Kenia). La mayoría de las personas refugiadas que se alojaban en el campo procedían de Somalia. De enero a noviembre de 2017, según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, aproximadamente 32.500 personas refugiadas somalíes fueron repatriadas voluntariamente de Kenia a Kismayo, Baidoa, Mogadiscio, Luuq y Afmadow, en el sur y el centro de Somalia, en virtud del Acuerdo Tripartito suscrito por Kenia, Somalia y ACNUR. Al terminar el año había 229.592 personas somalíes registradas como refugiadas en el campo de Dadaab. Sin embargo, Kenia persistió en su postura de no registrar a las personas recién llegadas de Somalia.

Al Shabaab prohibió el ejercicio del periodismo en las zonas bajo su control. El grupo siguió deteniendo, amenazando y hostigando a quienes trabajaban en medios de comunicación en todo el país.

En julio, el Consejo de Ministros somalí aprobó una ley represiva por la que se establecía un órgano regulador obligatorio cuyos miembros serían designados por el ministro de Información y que supervisaría los contenidos tanto de los medios impresos como de los audiovisuales. La ley prohibía de forma general la publicación de noticias consideradas falsas y de “propaganda”, sin ofrecer una definición clara de estos términos. Adolecía de una redacción imprecisa, incluía amplias restricciones para los periodistas y concedía a las autoridades un amplio poder discrecional para enjuiciar a profesionales de los medios de comunicación.

La Asociación de Periodistas de Somalilandia afirmó que más de 30 periodistas habían sido detenidos y recluidos por las autoridades en Somalilandia por criticar al gobierno.

El sistema electoral de cuotas somalí reservaba el 30% de los escaños a las mujeres, cuyo nivel de representación, que ascendía al 24% de la cámara baja y el 22% de la cámara alta, mejoró.

La violencia sexual y de género seguía siendo generalizada, aunque no se denunciaban todos los casos. El Sistema de Gestión Integrada de Somalia, un organismo gubernamental, documentó al menos 271 y 312 casos de violencia de género contra mujeres y niñas desplazadas en Somalilandia y Puntlandia, respectivamente, y al menos 400 casos en el sur y el centro de Somalia. La sequía hizo que más mujeres se separaran de sus familias, lo que suponía para ellas un riesgo mayor de sufrir violencia sexual y de género, especialmente porque se consideraba que carecían de “protección masculina”.

Una sequía sin precedentes causó un aumento considerable del número de personas internamente desplazadas, que al terminar el año ascendía a 943.000, según estimaciones. Más de 3 millones de personas sufrían inseguridad alimentaria de nivel de emergencia. La desnutrición alcanzó el nivel de emergencia en las regiones del sur y el centro del país, sobre todo entre la población desplazada, pero también entre las personas afectadas directamente por el dilatado conflicto. En agosto, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de la ONU informó de que unos 388.000 niños y niñas sufrían desnutrición y 87.000 necesitaban ayuda para la supervivencia.

República Federal de Somalia
Jefe del Estado: Mohamed Abdullahi Mohamed (sustituyó a Hassan Sheij Mohamud en febrero)
Jefe del gobierno: Hassan Ali Khayre (sustituyó a Omar Abdirashid Ali Sharmarke en marzo)
Jefe de la República de Somalilandia: Muse Bihi Abdi (sustituyó a Ahmed Mohamed Mahamoud Silanyo en noviembre)