Japón

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

Japón llevó a cabo su primera ejecución en casi tres años. Las elecciones estuvieron marcadas por una retórica xenófoba y discriminatoria. Una nueva ley ofreció indemnización a las víctimas de esterilización forzada. Un nuevo plan de inmigración propuso acelerar las deportaciones. La inversión sostenida de Japón en proyectos de gas fósil en el extranjero puso en peligro los derechos de los pueblos indígenas y socavó los esfuerzos por eliminar gradualmente los combustibles fósiles. Hubo sentencias judiciales con resultados dispares, aunque en su mayoría positivos, en la lucha por la igualdad en el matrimonio entre personas del mismo sexo y los derechos de las personas transgénero.

Información general

En octubre fue elegida primera ministra de Japón por primera vez una mujer, Sanae Takaichi, conocida por sus valores conservadores.

Pena de muerte

El 27 de junio, un hombre de 29 años condenado por nueve asesinatos fue ejecutado en la horca, la primera ejecución que se llevaba a cabo en Japón en casi tres años. Las organizaciones de derechos humanos expresaron su enérgica repulsa ante la ejecución.

Discriminación

En julio, Japón celebró elecciones para la cámara alta del Parlamento. Durante la campaña electoral se utilizó de forma generalizada una retórica excluyente, acompañada de comentarios xenófobos y discriminatorios en las calles y en Internet contra las mujeres, las personas transgénero y las personas extranjeras. Las ONG de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional Japón, criticaron las campañas por incitar a la xenofobia, el discurso de odio y la desinformación sobre la población extranjera y las minorías en Japón.

Derechos de las personas con discapacidad

El 17 de enero, Japón promulgó una ley que ofrecía indemnización a las víctimas de esterilización forzada. En virtud de la Ley de Protección Eugenésica de 1948, se realizaron esterilizaciones y abortos sin consentimiento a aproximadamente 84.000 personas —entre las que había personas con discapacidad— por considerarse que tendrían una “descendencia con defectos”. La nueva ley sobre indemnizaciones, resultado de la decisión de la Corte Suprema de julio de 2024 que declaraba inconstitucional la ley de eugenesia, incluía una disculpa del gobierno en su preámbulo. Muchas víctimas tuvieron dificultades para reunir las pruebas necesarias para sus reclamaciones, como historiales médicos antiguos. A finales de noviembre sólo se habían aprobado 1.560 reclamaciones. Los grupos de víctimas destacaron que algunas personas ni siquiera sabían que se les habían realizado las intervenciones.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

El “Plan Cero” de Japón para la inmigración, publicado en mayo, describía los planes para hacer cumplir la legislación sobre inmigración acelerando las deportaciones, entre otras medidas. El plan preveía reducir a la mitad en 2030 el número de personas extranjeras que permanecían en el país más tiempo del permitido. Los defensores y defensoras de los derechos humanos criticaron que se hubiera puesto el enfoque en el número de deportaciones y argumentaron que esta política podría poner en peligro a las personas solicitantes de asilo. Seguía estando permitido legalmente que los centros de detención de inmigrantes detuvieran a personas de forma arbitraria e indefinida, en contravención del derecho internacional.

En diciembre, Japón llevó a cabo la repatriación forzosa de Mustafa Khalil, ciudadano paquistaní de Cachemira que había estado detenido en total 12 años y medio, y cuya salud estaba en franco deterioro.

Japón continuó negando su responsabilidad en la muerte de Wishma Sandamali, solicitante de asilo srilankesa que murió en un centro de detención para inmigrantes en la ciudad de Nagoya en 2021. En febrero, la familia presentó una segunda demanda contra el gobierno para exigir la publicación de las imágenes de vídeo completas relacionadas con su muerte. El gobierno, entre otras razones, invocó el derecho a la privacidad de la fallecida y alegó falta de recursos para procesar las imágenes de vídeo con el fin de seguir negando el acceso.

Derecho a un medioambiente saludable

Japón continuó impulsando proyectos de extracción de gas fósil (conocido como gas natural licuado, GNL) en el extranjero, lo que socavaba los esfuerzos mundiales para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y ponía en peligro los derechos de las comunidades colindantes.

En julio, los jefes hereditarios de la nación Wet’suwet’en de Canadá presentaron una objeción formal al Banco de Japón para la Cooperación Internacional, entidad estatal, y a Mitsubishi Corporation para exigirles que dejaran de financiar el proyecto LNG Canada, que estaba dañando el clima y vulnerando los derechos de los pueblos indígenas.

En la cumbre Japón-EE. UU. del 7 de febrero se llegó a un acuerdo para ampliar las exportaciones estadounidenses de GNL a Japón y se establecieron planes para seguir adelante con un nuevo proyecto de extracción en Alaska (EE. UU.). La medida provocó críticas por parte de grupos de activismo climático y de derechos humanos por su posible impacto en el clima y en los derechos del pueblo indígena Gwich’in.

Los proyectos de “energía verde” en el extranjero respaldados por el gobierno fueron criticados por obstaculizar una transición justa a las energías renovables. Seis grupos de la sociedad civil y de activismo climático de Indonesia se dirigieron por escrito a la Agencia de Cooperación Internacional de Japón exigiendo que detuviera sus proyectos de GNL, captura de carbono y combustión de carbón con hidrógeno y amoníaco. Los grupos afirmaban que los proyectos imponían soluciones climáticas falsas a Indonesia, lo que prolongaba la dependencia de los combustibles fósiles y perjudicaba a las comunidades locales.

Derechos de los pueblos indígenas

El 12 de mayo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial envió una carta de alerta temprana en relación con la construcción de una nueva base militar estadounidense en la prefectura de Okinawa, en la que se destacaba el impacto en los derechos a la salud y a un medioambiente limpio, saludable y sostenible de los pueblos indígenas de Ryukyu/Okinawa.

Derechos de las personas LGBTIQ+

En marzo, los tribunales superiores de las ciudades de Nagoya y Osaka resolvieron que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo era inconstitucional. Cinco tribunales superiores de Japón habían emitido un fallo similar. Sin embargo, en noviembre, el Tribunal Superior de Tokio declaró constitucional la prohibición, lo que suponía un paso atrás respecto a una serie de sentencias de tribunales superiores que habían hecho concebir esperanzas sobre su legalización.

En septiembre, el tribunal de familia de la ciudad de Sapporo se convirtió en el primero en fallar que el “requisito de aspecto”, por el cual se exigía a las personas transgénero que modificaran el aspecto de sus genitales para cambiar su género legal, era inconstitucional.