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Japón

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

El gobierno tomó medidas para impedir que las personas LGBTI fueran hostigadas en el trabajo, pero no aprobó ninguna ley que las protegiera de la discriminación en general. La violencia contra mujeres en el ámbito familiar aumentó durante la pandemia de COVID-19. Las respuestas de las autoridades a la pandemia excluyeron a determinadas minorías étnicas.

Información general

El 28 de agosto, Shinzo Abe comunicó su dimisión, tras casi ocho años consecutivos como primer ministro. Debido a la pandemia de COVID-19, se aplazaron hasta 2021 las Olimpiadas de Tokio y el Congreso de la ONU sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, ambos previstos para 2020.

Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En junio se revisó la legislación laboral con el objetivo de garantizar que las empresas tomaran medidas para impedir el acoso de su personal por personas en puestos superiores, añadiéndose disposiciones para proteger a las personas LGBTI de que se forzara su visibilidad y de otros abusos a causa de su orientación sexual y de su identidad y expresión de género. Las pequeñas y medianas empresas tenían hasta abril de 2022 para introducir las medidas pertinentes, mientras que, en el caso de las empresas de mayor tamaño, debían hacerlo de manera inmediata.

El gobierno nacional no dio ningún paso hacia el reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero el número de municipios que aprobaron ordenanzas o directrices que reconocían estas uniones fue aumentando y, al concluir el año, ascendía a 69 municipios, en los que vivía, aproximadamente, un tercio de la población. Al final del año, la Dieta (Parlamento) seguía estudiando un proyecto de ley presentado en 2018 por partidos políticos de la oposición para ilegalizar los actos de discriminación contra personas LGBTI.

Violencia contra las mujeres

Durante 16 años consecutivos había ido creciendo el número de mujeres que denunciaban actos de violencia de género en el ámbito familiar, pero, durante la pandemia de COVID-19, el incremento fue más acentuado.1 En abril se denunciaron 13.000 casos, un 29% más que durante el mismo mes de 2019.

En diciembre de 2019, la periodista Shiori Ito ganó una demanda civil contra un destacado compañero de profesión que en 2015 la había agredido sexualmente tras haberla invitado a cenar para hablar sobre una oportunidad de trabajo. Aunque no se presentaron cargos penales contra el agresor, el fallo judicial se consideró un gran paso adelante para el movimiento #MeToo de un país en el que las víctimas de acoso sexual y de otros abusos solían guardar silencio. Pese a haber ganado la demanda, Shiori Ito sufrió nuevas agresiones en las redes sociales que la llevaron a demandar por difamación a una caricaturista y a dos hombres en junio.

Discriminación

Durante la pandemia de COVID-19, el personal de salud y sus familiares sufrieron discriminación en el acceso a servicios. Según informaron los medios de comunicación, algunos trabajadores de la salud recibieron agresiones verbales durante visitas a domicilio y a otros les negaron atención médica, taxis o servicios de restauración. Además, se suspendió de empleo a familiares de algunos de ellos. Aunque las autoridades advirtieron de que la discriminación contra el personal de salud y sus familiares era intolerable, en los medios de comunicación siguieron apareciendo noticias sobre hijos de trabajadores de la salud a los que se impedía acceder a centros de día infantiles e instalaciones recreativas o que sufrían acoso escolar.

Las autoridades responsables de la distribución de ayuda contra la COVID-19 discriminaron a las escuelas coreanas. En marzo, el gobierno municipal de la ciudad de Saitama excluyó a una guardería coreana de una iniciativa de distribución de mascarillas entre el personal que cuidaba o educaba a niños y niñas en edad preescolar. El alumnado de la Universidad Coreana de Tokio quedó excluido de las subvenciones del gobierno para estudiantes con dificultades económicas a causa de la pandemia. La mayoría del alumnado de esa universidad era de etnia coreana, en algunos casos con ciudadanía japonesa.2

Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

En marzo, las autoridades comunicaron que de las 10.375 personas que habían presentado solicitudes de asilo en 2019, 44 habían sido aceptadas como refugiadas. La legislación existente permitía a las autoridades detener de manera indefinida a extranjeros indocumentados, ya fueran solicitantes de asilo o migrantes en situación irregular, hasta el momento de su expulsión del país. Al examinar la detención de dos solicitantes de asilo en agosto, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria afirmó que era arbitraria y discriminatoria.

Durante la pandemia de COVID-19, las personas recluidas en centros de inmigración se quejaron del hacinamiento, la falta de ventilación y la ausencia de medidas de distanciamiento adecuadas para protegerse del contagio. Para reducir su número, a partir de abril las autoridades pusieron en libertad provisionalmente a más de la mitad de los extranjeros detenidos en espera de expulsión, pero no les concedieron permiso de trabajo ni les facilitaron los medios para mantener un nivel de vida adecuado. En su lugar, organizaciones de la sociedad civil les proporcionaron ayuda de subsistencia.

Pena de muerte

Si bien durante el año no hubo ejecuciones, el gobierno no tomó ninguna medida para abolir la pena de muerte. Seguía habiendo personas con discapacidad intelectual y psicosocial en peligro de ejecución. En febrero, el Tribunal de Distrito de Osaka denegó la octava solicitud de un nuevo juicio que presentaba Kenji Matsumoto. Matsumoto fue condenado a muerte en 1993, tras al parecer haber sido coaccionado por la policía para que “confesara” dos robos con asesinato. Sufría una discapacidad intelectual grave de nacimiento y durante su detención había desarrollado un trastorno delirante.

En diciembre, el Tribunal Supremo revocó la decisión del Tribunal Superior de Tokio que en 2018 había denegado la celebración de un nuevo juicio en el caso de Iwao Hakamada, que llevaba 46 años en espera de ejecución.

  1. Japón: El aumento de los “coronadivorcios” en la pandemia en la sombra que constituye la violencia de género intrafamiliar en Japón (noticia, 17 de agosto)
  2. Japan: Submission to the UN Human Rights Committee – 130th session, 12 October – 6 November 2020Japan: Submission to the UN Human Rights Committee – 130th session, 12 October – 6 November 2020 (ASA 22/3065/2020)

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Jefe del gobierno: Yoshihide Suga (sustituyó a Shinzo Abe en septiembre)

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