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Japón

Información extraída de nuestro INFORME 2021/22

Las minorías étnicas y la población LGBTI seguían estigmatizadas y discriminadas. Continuó en vigor la ley que permitía la reclusión indefinida de personas extranjeras indocumentadas. Se negó el derecho a atención médica adecuada a las personas detenidas.

Información general

En medio del aumento de casos de COVID-19, y pese a la hostilidad de la opinión pública, Japón albergó los diferidos Juegos Olímpicos de Verano de 2020. El 4 de octubre, en un ambiente de indignación pública contra el gobierno por la gestión de la pandemia, Yoshihide Suga anunció su dimisión como primer ministro.

Discriminación

La minoría de etnia coreana de Japón —y en especial las personas consideradas favorables a Corea del Norte— continuó sufriendo una arraigada discriminación. En julio, el Tribunal Supremo desestimó una demanda por daños y perjuicios interpuesta por una escuela vinculada a Pyongyang y parte de su antiguo alumnado por la decisión del gobierno de excluir a las escuelas coreanas vinculadas a Corea del Norte de un programa de subvenciones a la enseñanza para centros de educación secundaria. Previamente, otros tribunales habían desestimado ya cuatro causas judiciales más relacionadas con la misma cuestión.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En mayo, tras intensas negociaciones entre el partido en el poder y la oposición, se consiguió añadir una frase que declaraba “inaceptable la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género” a un proyecto de ley propuesto por el partido gobernante (Partido Liberal Democrático). El texto legal tenía por objeto sensibilizar a la opinión pública sobre la orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, durante el proceso de aprobación interna del proyecto de ley consensuado por los partidos, los diputados de las facciones más conservadoras del Partido Liberal Democrático formularon numerosos comentarios discriminatorios sobre el añadido propuesto. Pese a la indignación pública que despertaron esos comentarios, un miembro del consejo ejecutivo del Partido Liberal Democrático anunció posteriormente que el proyecto de ley no se presentaría al Parlamento. Al concluir el año, continuaba paralizado.1

El gobierno no dio ningún paso hacia el reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, en marzo, en una demanda interpuesta por tres parejas homosexuales, el Tribunal de Distrito de Sapporo declaró inconstitucional la negativa del gobierno a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los demandantes formaban parte de un grupo de 13 parejas que habían presentado demandas similares el Día de San Valentín de 2019.2 Al concluir el año, 141 municipios habían aprobado ordenanzas o directrices que reconocían las uniones entre personas del mismo sexo.

Aumentó la presión de la sociedad civil para que se reformara la Ley sobre el Trastorno de la Identidad de Género eliminando los requisitos contrarios al derecho internacional que se imponían a quienes deseaban cambiar legalmente de género. De conformidad con esa ley, las personas que deseaban cambiar su género legal no podían estar casadas, debían tener más de 20 años, no podían tener hijos o hijas menores a su cargo y debían estar esterilizadas o no poder reproducirse. Además, eran obligadas a operarse para que sus genitales se asemejaran más a los de su nuevo género legal, a someterse a asesoramiento psiquiátrico y a recibir un diagnóstico.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Las autoridades siguieron sometiendo a las personas solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular a reclusión indefinida y malos tratos, incluida falta de atención médica adecuada en los centros de detención para inmigrantes. En marzo, la srilankesa Ratnayake Liyanage Wishma Sandamali, de 33 años, murió en un centro de detención para inmigrantes. Posteriormente, en agosto, la Agencia de Servicios de Inmigración del gobierno publicó un informe de investigación en el que reconocía fallos en el sistema de atención médica.

Las autoridades continuaron invocando la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de la Condición de Refugiado para mantener recluidas hasta su deportación a personas extranjeras indocumentadas, entre ellas migrantes y solicitantes de asilo en situación irregular. En febrero, el gobierno presentó un proyecto de reforma de esa ley. El proyecto de ley mantenía la presunción de detención, y las enmiendas propuestas no establecían unos periodos máximos de reclusión y seguían negando el debido proceso a las personas recluidas, al no permitir la revisión judicial de las órdenes de detención. Además, pese al bajo índice de aprobación de solicitudes de asilo —menos del 1% anual desde 2012—, el proyecto de ley incluía disposiciones que permitían a las autoridades deportar a las personas solicitantes de asilo detenidas tras un limitado procedimiento de apelación. En mayo, el gobierno retiró el proyecto de ley, ante las críticas internas y la presión internacional.

En septiembre, el Tribunal Superior de Tokio declaró inconstitucional la decisión de deportar a dos hombres srilankeses al día siguiente de haber sido desestimadas sus solicitud de asilo. Resolvió que las autoridades de inmigración habían privado a esos hombres del derecho de apelación y ordenó al Estado indemnizarlos con 600.000 yenes (aproximadamente 5.300 dólares estadounidenses).

Pena de muerte

Tres presos condenados a muerte —Yasutaka Fujishiro, Mitsunori Onogawa y Tomoaki Takanezawa— fueron ejecutados en la horca el 21 de diciembre, en las primeras ejecuciones realizadas en Japón desde 2019. Los tres habían sido declarados culpables de asesinato. Yasutaka Fujishiro sufría un trastorno de la personalidad. Mitsunori Onogawa y Tomoaki Takanezawa habían solicitado un nuevo juicio, y en el momento de su ejecución estaban a la espera del resultado de su petición.3

Iwao Hakamada, que había pasado 47 años condenado a muerte y soportado largos periodos en régimen de aislamiento tras haber sido hallado culpable de asesinato en 1968, continuaba en libertad provisional y en espera de un nuevo juicio tras la resolución dictada por el Tribunal Supremo en 2020. Su caso y su juicio inicial señalaban motivos de preocupación aún existentes sobre el empleo policial de la tortura para extraer “confesiones”.

  1. Japan: Government must deliver an LGBTI bill that ensures zero tolerance of discrimination, 1 de junio
  2. Japón: Una sentencia judicial marca un paso histórico hacia la igualdad, 17 de marzo
  3. Japón: Abominables ejecuciones liquidan las esperanzas de progreso con el nuevo primer ministro, 21 de diciembre

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Jefe del gobierno: Fumio Kishida (sustituyó a Yoshihide Suga en octubre)

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