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Japón

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

El Parlamento aprobó una controvertida ley contra las conspiraciones que tuvieran por objeto cometer actos de “terrorismo” y otros delitos graves, pese a las duras críticas de la sociedad civil y del ámbito académico, que temían que la ley pudiera debilitar los derechos humanos. Las autoridades de la ciudad de Osaka reconocieron a una pareja homosexual como padres de acogida, y dos municipios avanzaron hacia el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo. La detención y reclusión de un destacado activista por la paz suscitó dudas con respecto a la imparcialidad de los juicios. Un tribunal de distrito respaldó la exención del pago de matrículas en una escuela coreana que había sido excluida del programa correspondiente por sus presuntos lazos con la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte). Siguió habiendo ejecuciones.

Aunque la discriminación por la orientación sexual y la identidad de género, reales o percibidas, siguió siendo generalizada, en los municipios hubo ciertos avances.1 Las autoridades municipales de Osaka reconocieron como padres de acogida a una pareja gay que lo solicitó en virtud de un programa de acogida destinado a niños y niñas sin tutores o víctimas de abandono o abusos. La pareja llevaba cuidando al adolescente desde el mes de febrero. Era la primera vez que se reconocía a una pareja homosexual como progenitores de acogida y que el ayuntamiento la consideraba unidad familiar. La ciudad de Sapporo y la división municipal de Minato avanzaron hacia el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo, siguiendo así el ejemplo de otros cinco municipios que ya lo habían hecho en 2015 y 2016.

En junio, el Parlamento adoptó una ley manifiestamente imprecisa contra las presuntas conspiraciones que tuvieran por objeto cometer actos terroristas y otros delitos graves. Esta ley otorgaba a las autoridades amplias facultades de vigilancia susceptibles de ser utilizadas indebidamente para limitar, sin las debidas salvaguardias, los derechos a la libertad de expresión y asociación y a la intimidad.

Asimismo, la ley amenazaba el legítimo trabajo de las ONG independientes, ya que en ella la figura “grupo de delincuencia organizada” se definía en términos vagos y excesivamente amplios, y no estaba claramente limitada a actividades que constituían delincuencia organizada o suponían una amenaza real para la seguridad nacional. En varios lugares hubo actos de protesta contra los posibles efectos adversos de la ley sobre la sociedad civil.

El destacado activista por la paz Hiroji Yamashiro fue detenido y recluido en condiciones restrictivas y sin acceso a su familia durante cinco meses —desde finales de 2016 hasta marzo de 2017— por su papel en las protestas contra los nuevos proyectos de construcción del ejército estadounidense en la isla de Okinawa.2 La prolongada reclusión de uno de los más destacados detractores de las construcciones del ejército estadounidense en Okinawa, sin respetar el principio de puesta en libertad en espera de juicio, tuvo un efecto paralizador sobre otras personas a la hora de ejercer el derecho de reunión pacífica. Hubo activistas que vacilaron en sumarse a las protestas por temor a sufrir represalias.

En julio, el Tribunal de Distrito de Osaka declaró ilegal que las autoridades excluyeran al Instituto Coreano de Osaka de su programa de exención de pago de matrícula en la enseñanza media, al considerar que esta medida restringía el derecho a la educación de los niños y niñas de origen coreano. Era la primera sentencia dictada en una de las varias demandas de características similares respecto al derecho de estos centros de enseñanza a acogerse al programa en cuestión, en virtud del cual la enseñanza secundaria en centros públicos había quedado exenta del pago de matrícula desde 2010, y del cual el gobierno había excluido a las escuelas coreanas por temor a que los subsidios fueran indebidamente utilizados, dados los lazos históricos que estas escuelas tenían con Corea del Norte.

En noviembre, el gobierno empezó a admitir a las primeras personas de nacionalidad vietnamita de entre las 10.000 que serían admitidas a lo largo de tres años, en aplicación del Programa de Formación de Becarios Técnicos, para paliar la escasez de mano de obra en Japón. El programa en cuestión había recibido duras críticas de los defensores y defensoras de los derechos humanos porque daba lugar a numerosos abusos contra los derechos humanos. Quienes lo criticaban temían que, al haberse ampliado el Programa sin abordar antes sus deficiencias, se incrementara el número de casos de violencia sexual, muertes por motivos laborales y condiciones de trabajo equivalentes a trabajo forzoso.

Si bien el número de solicitudes de asilo continuó incrementándose notablemente, el gobierno informó en febrero de que había aprobado 28 solicitudes de las 10.901 presentadas en 2016, un 44% más que las presentadas en 2015.

Tras conocerse los resultados del grupo de estudio designado en julio para revisar el acuerdo de 2015 entre Japón y Corea del Sur sobre el sistema militar de esclavitud sexual de Japón, el presidente de Corea del Sur (República de Corea), Moon Jae-in, declaró en diciembre que el acuerdo no había servido para resolver el problema. Las organizaciones de la sociedad civil y los historiadores lo habían criticado porque no se centraba plenamente en las víctimas ni reflejaba de manera oficial e inequívoca la asunción de responsabilidades por parte de Japón por las graves violaciones de derechos humanos que su ejército cometió contra mujeres y niñas antes de la Segunda Guerra Mundial y en su transcurso.

  1. Japan: Human rights law and discrimination against LGBT people (ASA 22/5955/2017)
  2. Japón: Destacado activista en favor de la paz, detenido sin fianza (ASA 22/5552/2017)
Japón
Jefe del gobierno: Shinzo Abe
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