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Fiyi

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

El gobierno no garantizó la rendición de cuentas por las torturas y otros malos tratos infligidos por las fuerzas de seguridad a personas detenidas. Se devolvió sin el debido proceso a dos personas a países donde corrían peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos. El uso cada vez más frecuente de la acusación de sedición y la detención de una persona por un acto de protesta pacífico que había llevado a cabo en solitario el Día Internacional en Apoyo de las Victimas de la Tortura pusieron de manifiesto las restricciones que seguían pesando sobre los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica.

En junio, el relator especial de la ONU sobre el racismo publicó un informe sobre la visita que había hecho a Fiyi en diciembre de 2016. Al concluir el año, el gobierno no había aplicado aún varias de las recomendaciones del informe, entre ellas la de combatir el discurso de odio protegiendo al mismo tiempo la libertad de expresión, promover un diálogo significativo para abordar las injusticias del pasado y las desigualdades actuales y afianzar la Comisión de Derechos Humanos y Antidiscriminación para garantizar su cumplimiento de los Principios de París.

Las autoridades utilizaron leyes restrictivas para silenciar a los medios de comunicación y limitar los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, recurriendo entre otras medidas a la presentación de cargos por sedición. En marzo, tres directivos del diario Fiji Times y el autor de una carta al director fueron acusados de sedición, delito punible con hasta siete años de cárcel. En mayo, el parlamentario de la oposición Mosese Bulitavu y el líder del Partido Fiyi Unido Libertad, Jagarth Karunaratne, comparecieron en juicio acusados de sedición por su presunta implicación en unas pintadas contra el gobierno que habían aparecido en lugares públicos en 2011.

El 26 de junio, Jope Koroisavou, dirigente juvenil del Partido Liberal, Demócrata y Social, fue detenido y recluido durante 48 horas por haber portado en la capital del país, Suva, pancartas en las que pedía justicia para varias víctimas de tortura.

Al concluir el año, aún no habían sido juzgados los agentes de policía y militares acusados en 2015 en relación con las torturas infligidas a Iowane Benedito.

Vikrant Nand, de 18 años, murió bajo custodia policial en febrero. La policía anunció sin demora una investigación sobre su muerte, pero al concluir el año no se sabía con certeza qué medidas se habían tomado desde la autopsia.

Se devolvió a dos personas a países donde corrían peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos. En enero, el refugiado iraní Loghman Sawari huyó de Papúa Nueva Guinea a Fiyi para pedir asilo. Cuando acudía a una reunión con el director de Inmigración de Fiyi, la policía interceptó su vehículo, lo detuvo y lo separó de su representante legal. Loghman Sawari aseguró que los agentes de policía le habían propinado puñetazos y rociado con pulverizadores de pimienta. Fue devuelto a Papúa Nueva Guinea sin el debido proceso (véase el apartado sobre Papúa Nueva Guinea).

En agosto, 77 personas de nacionalidad china fueron devueltas a su país en colaboración con las autoridades chinas, tras alegar las autoridades de Fiyi que habían cometido “delitos informáticos” e infringido las condiciones de sus visados. Las personas afectadas no tuvieron la oportunidad de refutar dichas acusaciones; tampoco se les permitió buscar asesoramiento jurídico ni recurrir su devolución.

República de las Islas Fiyi
Jefe del Estado: Jioji Konousi Konrote
Jefe del gobierno: Josaia Voreqe Bainimarama