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Corea del Sur

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Las mujeres fueron sometidas a actos de violencia y abusos por funcionarios y cargos públicos y también en Internet. La población LGBTI fue discriminada en la cobertura de los medios de comunicación sobre la pandemia de COVID-19, en el ejército y en la educación. Las empresas de logística no facilitaron protección adecuada al personal de reparto, cuya salud se vio expuesta a grave riesgo durante la pandemia.

Información general

Tal como estaba previsto —y pese a la oleada previa de contagios de COVID-19— el 15 de abril se celebraron elecciones a la Asamblea Nacional, en las que el Partido Democrático se hizo con la mayoría de los escaños. Las relaciones entre las dos Coreas se deterioraron cuando Corea del Norte acusó al gobierno de Corea del Sur de no hacer nada por impedir que grupos de la sociedad civil constituidos por personas norcoreanas que se habían trasladado a Corea del Sur lanzaran panfletos políticos sobre Corea del Norte utilizando globos o drones.

Violencia contra mujeres y niñas

Los actos generalizados de violencia y abusos contra las mujeres y las niñas en Internet quedaron en evidencia cuando la policía detuvo a los principales responsables de la conocida como trama de la “Sala Enésima”, un caso de distribución de vídeos de explotación sexual a través de salas de chat de la aplicación de mensajería Telegram. Los responsables y otros perpetradores de “ciberdelitos sexuales” similares habían chantajeado a un millar de mujeres y niñas, en la mayoría de los casos tras engañarlas para que les proporcionaran fotos o vídeos para su explotación sexual.

El gobierno aprobó leyes para proteger mejor a las mujeres y a la infancia de la explotación y los abusos sexuales. En abril, la Asamblea Nacional aprobó reformas legales que endurecían las penas por ciberdelitos sexuales. La edad de libre consentimiento para mantener relaciones sexuales pasó de los 13 a los 16 años para todas las personas. Se penalizaron más conductas relacionadas con la posesión o el uso de contenidos para explotación sexual obtenidos por medios ilegales. Las reformas también eliminaron la posibilidad de que los delitos de explotación sexual de menores prescribieran.

Varios cargos públicos elegidos en las urnas se vieron implicados en casos de presuntos abusos de autoridad y conducta sexual indebida. En abril dimitió el alcalde de la ciudad de Busan, Oh Keo-don, tras haber reconocido que había acosado sexualmente a una empleada. En julio, Park Won-soon, alcalde de la capital del país, Seúl, fue acusado de abusar sexualmente de una exsecretaria, pero su posterior fallecimiento puso fin a la investigación policial. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea abrió después una investigación independiente sobre el caso. En septiembre se dictó acta de acusación formal contra dos funcionarios del gobierno por agresiones sexuales a una mujer de Corea del Norte.

Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En mayo se produjo un brote de COVID-19 entre la clientela de un club en Iaewon, zona de ocio nocturno de Seúl, y en los medios de comunicación aparecieron informaciones que vinculaban infundadamente los contagios con la orientación sexual. En algunas de esas noticias se desvelaba información personal, como la edad y el lugar de residencia y de trabajo de ciertas personas, además de su ocupación y los trayectos que recorrían para acudir a su trabajo, con lo que se menoscababa su intimidad. Estas noticias discriminatorias estigmatizaron a las personas LGBTI, muchas de las cuales evitaban después hacerse pruebas de COVID-19 por temor a que se hiciese pública su condición sexual. La sociedad civil pidió al gobierno pruebas anónimas, que se extendieron por todo el país. Las autoridades revisaron también sus prácticas de publicación de información personal para evitar que terceras partes utilizaran determinados datos de una persona, como su historial de ubicaciones, para identificarla.

En junio, el Partido de la Justicia y cinco miembros de la Asamblea Nacional pertenecientes a otros partidos propusieron un proyecto de ley integral contra la discriminación que, entre otras cosas, prohibía la discriminación por la orientación sexual y la identidad de género.1 Al concluir el año, el proyecto de ley seguía pendiente de aprobación ante la comisión correspondiente de la Asamblea Nacional. Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea presentó a la Asamblea Nacional su opinión, instándola a adoptar una ley integral contra la discriminación, como llevaba ya tiempo recomendando la comunidad internacional.

La población transgénero siguió sufriendo discriminación institucional, entre otras. En enero, las autoridades militares expulsaron a una soldado transgénero que se había sometido a una operación de reasignación de sexo. Tras haber impugnado sin éxito la decisión ante las autoridades militares, la soldado presentó en agosto ante un tribunal una demanda administrativa. Otra mujer transgénero, que había sido admitida en una universidad exclusivamente femenina, renunció a la plaza debido a la presión de las estudiantes que se oponían a su matriculación.

Siguió pendiente ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 92.6 del Código Penal Militar, que penaliza las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo en el ejército.

Derecho a la salud

La demanda de servicios de reparto a domicilio se disparó a causa de las medidas de distanciamiento físico impuestas para luchar contra la pandemia de COVID-19. A lo largo del año murieron por sobrecarga de trabajo al menos 16 personas dedicadas al reparto, según una coalición de organizaciones de la sociedad civil, al tiempo que continuaba la preocupación por la falta de medidas oportunas en materia de salud y seguridad para el personal del sector. Más de 150 personas se contagiaron de COVID-19 en varios brotes relacionados con un importante centro de servicios logísticos situado en las proximidades de Seúl. Según los medios de comunicación, la empresa no había facilitado a su personal las directrices de higiene necesarias ni uniformes limpios y material adecuado de protección personal.

La población reclusa y el personal de las instalaciones penitenciarias corrían especial peligro de contraer la COVID-19, ya que persistía la masificación. En diciembre, al menos 772 personas —más de un tercio de la población reclusa del Centro de Detención Oriental de Seúl— estaban contagiadas. Además, las autoridades descuidaron las necesidades específicas en materia de salud de las personas detenidas. En mayo murió en el centro de detención de Busan un hombre con trastorno psicosocial que había pasado la noche allí, inmovilizado y aislado, en espera de una prueba de COVID-19. Posteriormente su familia presentó una denuncia por malos tratos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea.

El aborto dejó de estar penalizado a fin de año, con arreglo a una decisión de 2019 del Tribunal Constitucional, pero aún no se había elaborado el marco normativo para garantizar el acceso seguro a los servicios de aborto.

Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

La llegada de casi 500 solicitantes de asilo a la isla de Jeju en 2018 había propiciado políticas de inmigración y refugio cada vez más estrictas. Posteriormente, el Ministerio de Justicia había cambiado la interpretación de los procedimientos establecidos en la Ley de Refugiados, de manera que los pasajeros en tránsito quedaban excluidos de la posibilidad de solicitar asilo en el aeropuerto internacional de Incheon. En junio, el Tribunal de Distrito de Incheon declaró ilegal esta exclusión, pero el Ministerio recurrió y, en espera del fallo del tribunal, las personas solicitantes de asilo podían quedar retenidas en el aeropuerto.

Expertos juristas del país expresaron su preocupación ante las noticias de que había personas retenidas durante meses en la zona de tránsito del aeropuerto en plena pandemia de COVID-19. En concreto, arguyeron que ese confinamiento prolongado con frecuencia carecía de fundamento válido y que podía ser constitutivo de detención arbitraria, ya que excedía con creces el periodo necesario para examinar la admisibilidad o no de una solicitud de asilo (hasta siete días, según la Ley de Refugiados).

Libertad de reunión

En mayo, la Asamblea Nacional aprobó una reforma de la Ley de Reunión y Manifestación que no abolía por completo la prohibición automática de reuniones recogida en el artículo 11 —declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional— y seguía dejando un margen considerable para decisiones policiales arbitrarias. En numerosas circunstancias siguió siendo ilegal celebrar reuniones al aire libre dentro del campo visual o auditivo de lugares clave, como el edificio de la Asamblea Nacional, la residencia oficial del primer ministro y los tribunales de todos los niveles.

Objetores y objetoras de conciencia

A partir del 30 de junio, las personas que objetaban al servicio militar obligatorio pudieron solicitar un servicio civil alternativo. La recién creada Comisión de Examen del Servicio Civil Alternativo, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, recibió 1.959 solicitudes. Al acabar el año, la Comisión había examinado únicamente las basadas en motivos religiosos y había aceptado 730. En octubre se incorporó el primer grupo del servicio civil alternativo, de 36 meses de duración —mucho más largo que el servicio militar ordinario— y limitado sólo al trabajo en prisiones y otros centros de detención.

Pena de muerte

El 16 de diciembre, Corea del Sur votó a favor de la resolución sobre una moratoria del uso de la pena de muerte, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, tras haberse abstenido en la votación de las siete resoluciones anteriores.

  1. Corea del Sur: Nuevo proyecto de ley antidiscriminación ofrece esperanza y seguridad a muchas personas (noticia, 16 de julio)

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