Información extraída de nuestro INFORME 2022/23
Corea del Sur no presentó ningún plan viable para eliminar el uso de carbón para 2030 y mantuvo su dependencia de los combustibles fósiles. El poder judicial hizo tímidos avances hacia la protección de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Pese a que la violencia online contra las mujeres y las niñas seguía siendo generalizada, el nuevo gobierno redujo los recursos destinados a combatirla. La libertad de prensa estaba amenazada.
Información general
Hubo un retroceso en los derechos de las mujeres tras la elección de Yoon Suk-yeol como presidente. El Ministerio de Educación anunció un plan para eliminar del currículo escolar contenido relacionado con la orientación sexual y la identidad de género. La muerte de más de 150 personas en una estampida multitudinaria durante las celebraciones de Halloween en Itaewon suscitó preocupación por la eficacia de las medidas de respuesta a los desastres y control de multitudes.
El plan del gobierno para eliminar progresivamente el uso del carbón continuaba presentando ambigüedades. En agosto, el Ministerio de Comercio, Industria y Energía anunció un nuevo plan de electricidad que todavía preveía la obtención de más del 20% de la electricidad a partir del carbón en 2030, fecha en que, para cumplir el objetivo de 1,5 °C establecido en la 27 Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP27), el uso del carbón debía haberse abandonado por completo. Sin embargo, en 2022 la empresa eléctrica estatal KEPCO aumentó la energía obtenida del carbón en respuesta al incremento del precio del gas. En junio, 62 niños y niñas menores de 11 años presentaron una petición ante el Tribunal Constitucional para impugnar la constitucionalidad de la ley sobre la neutralidad en emisiones de carbono promulgada por el gobierno, que distaba mucho de cumplir con los objetivos necesarios para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Desde diciembre de 2021, varios grupos de defensa de los derechos de las personas con discapacidad se manifestaban en el metro para exigir un presupuesto que tuviera en cuenta a las personas con discapacidad y promover los derechos de movilidad. El Ministerio de Economía y Finanzas hizo caso omiso de sus demandas, argumentando que los fines de la ampliación presupuestaria que ese estaba debatiendo eran incompatibles con asignar financiación a las personas con discapacidad. Transcurridos 20 años desde la publicación del primer plan para garantizar los derechos de movilidad de las personas con discapacidad, el sistema de transporte público seguía sin ser plenamente accesible en silla de ruedas.
Dos activistas de la Coalición Surcoreana por una Legislación contra la Discriminación estuvieron 46 días en huelga de hambre para pedir la promulgación de una ley integral contra la discriminación. A pesar de que el Comité Permanente para Asuntos Legales y Judiciales incorporó 4 proyectos de ley a su programa de trabajo en mayo, no se consiguió aprobar ninguna legislación.
El 7 de enero, el Tribunal Administrativo de Seúl desestimó la demanda presentada por So Seong-wook y su compañero Kim Yong-min contra el Servicio Nacional de Salud por negar éste la cobertura del seguro de salud al no reconocer como dependientes a los miembros de las parejas del mismo sexo. En 2021, el Servicio Nacional de Salud había reconocido inicialmente a Kim Yong-min como dependiente de So Seong-wook, pero ocho meses después canceló ese reconocimiento. La pareja recurrió la sentencia.
En abril, por primera vez, el Tribunal Supremo de Corea revocó las sentencias condenatorias dictadas por un juzgado de instrucción contra dos soldados en aplicación del artículo 92.6 del Código Penal Militar, revocando así su propio precedente. El Tribunal concluyó que el Código no era aplicable si las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo tenían lugar fuera del cuartel, mientras los soldados estaban fuera de servicio y con consentimiento mutuo.1
En noviembre, el Tribunal Supremo decidió que tener hijos o hijas menores de edad no debía ser razón inmediata para negar el reconocimiento legal de la identidad de género a las personas transgénero. Al tomar esta decisión —y anular parcialmente su decisión previa de 2011—, el Tribunal Supremo afirmaba el derecho de las personas transgénero a la dignidad, la felicidad y la vida familiar.2
El 22 de agosto empezó el juicio penal de un objetor de conciencia testigo de Jehová que se oponía a la naturaleza punitiva del “servicio alternativo”. Hye-min Kim, cuyas creencias religiosas le impedían hacer el servicio militar, era la primera persona conocida que rechazaba el “servicio alternativo” desde su introducción en 2020.3
El 15 de septiembre, el Tribunal Constitucional celebró una vista pública sobre la constitucionalidad de los artículos 2 y 7 de la Ley de Seguridad Nacional en relación con una causa que englobaba 11 demandas de particulares y juzgados de instrucción, algunas de las cuales estaban pendientes desde 2017. Según las partes demandantes, la Ley, que no daba una definición clara de “organización antigubernamental”, impedía el trabajo de la sociedad civil y acarreaba penas de hasta 7 años de cárcel por “alabar, instigar o difundir las actividades de una organización antigubernamental”.
En septiembre, el Partido del Poder Popular, en el gobierno, presentó una demanda contra la emisora pública Munhwa Broadcasting Corporation por el cargo de violar la Ley de Fomento de la Utilización de Redes de Información y Comunicaciones y de Protección de la Información. La acusaba de difundir informaciones erróneas en relación con las palabras del presidente Yoon Suk-yeol durante el viaje de éste a Nueva York (Estados Unidos). La policía metropolitana de Seúl inició una investigación.
Continuaron las violaciones de los derechos de las personas extranjeras en los centros de detención. Al parecer, funcionarios del centro de detención de Hwaseong inmovilizaron al interno marroquí A atándolo de brazos y piernas por la espalda. En febrero, el Ministerio de Justicia puso en libertad provisional a un migrante en situación irregular bajo custodia después de reconocer, junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se habían violado sus derechos humanos al someterlo a tortura y otros malos tratos en un centro de detención en junio de 2021. En mayo, sin embargo, el Ministerio de Justicia anunció una revisión de la Ley de Control de la Inmigración para introducir el uso de material y sillas que permitían atar las extremidades superiores e inferiores simultáneamente.
El Comité de Expertos del Grupo de Trabajo sobre Delitos Sexuales Digitales, creado por el Ministerio de Justicia tras el caso de la “Sala Enésima” —una trama de chantaje sexual a través de la aplicación Telegram de la que habían sido víctimas decenas de mujeres—, fue oficialmente disuelto el 15 de junio, 2 meses antes de finalizar su mandato, después de que 17 de sus miembros dimitieran. Habían recibido presiones de la recién estrenada administración del nuevo presidente, quien había manifestado que el Grupo de Trabajo ya había cumplido con la misión encomendada, a pesar de los motivos de preocupación generalizados sobre la persistencia de la violencia de género online.4
Los medios de comunicación informaron de un nuevo caso de explotación de menores online en el que el sospechoso, un hombre conocido como “L” que fue arrestado por la policía el 23 de noviembre en Australia, obligaba a menores a crear material pornográfico. El caso reveló también que su producción y distribución de este tipo de material no había dejado de aumentar. Además, puso de manifiesto los motivos de preocupación que seguían existiendo sobre el alcance de los ciberdelitos sexuales en Corea del Sur y sacó a la luz problemas fundamentales como la ausencia de presupuesto y de personal especializado para las investigaciones policiales sobre casos de violencia de género.5
El nuevo gobierno anunció planes para suprimir el Ministerio de Igualdad de Género y Familia en el marco de un plan de reorganización. El Ministerio había actuado como centro de coordinación de las políticas de igualdad de género de todos los ministerios, pero, tras la reorganización, sus funciones serían asignadas al Ministerio de Empleo y Trabajo y el Ministerio de Salud y Bienestar Social. Más de 800 organizaciones expresaron su oposición al plan.
En julio, el Tribunal Constitucional celebró una vista pública sobre una impugnación de la constitucionalidad de la pena de muerte que estaba pendiente desde 2019. Corea del Sur era abolicionista en la práctica, y la última ejecución se había llevado a cabo en 1997.
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