Saltar al contenido
Actuamos por los derechos humanos en todo el mundo
Buscar

Corea del Sur

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

Los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión seguían sometidos a restricciones. Se recluyó a solicitantes de asilo, y se encarceló a objetores de conciencia por el ejercicio de sus derechos humanos. La reclusión en un centro del Estado de 13 profesionales de la hostelería de la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) puso en tela de juicio la legalidad del proceso de apoyo al reasentamiento en el país de personas de Corea del Norte.

El gobierno no impidió que las empresas obstaculizaran la legítima actividad sindical, y tardó en reaccionar ante las muertes y los problemas de salud ocasionados por el uso de productos nocivos. La decisión del gobierno de desplegar el sistema antimisiles THAAD (Defensa de Área a Gran Altitud contra Misiles en Fase Terminal), de fabricación estadounidense, provocó la enérgica oposición de grupos surcoreanos, y la condena de China y Corea del Norte.

El Parlamento aprobó en votación la destitución de la presidenta Park Geun-hye el 9 de diciembre, decisión que el Tribunal Constitucional debía confirmar.

Las autoridades siguieron restringiendo el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica, a menudo con el pretexto de proteger el orden público. Al concluir el año, no habían completado aún la investigación sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra manifestantes, en su mayoría pacíficos, durante la “Concentración Popular” de noviembre de 2015, ni habían hecho rendir cuentas a ninguno de los agentes y autoridades de mando responsables. El 25 de septiembre, tras pasar 10 meses en coma, murió el veterano activista rural Baek Nam-gi, que había resultado gravemente herido por un cañón de agua durante las manifestaciones.1

La tardanza en la investigación de los hechos que provocaron las lesiones sufridas por Baek Nam-gi contrastó clamorosamente con la condena contra Han Sang-gyun, presidente de la Confederación Coreana de Sindicatos, que había participado en la organización de varias manifestaciones, incluida la participación de los sindicatos en la “Concentración Popular”. Han Sang-gyun fue condenado el 4 de julio a cinco años de prisión por diversos cargos, entre ellos el de haber incitado a un reducido número de manifestantes a cometer actos ilegales durante las manifestaciones, en su mayoría pacíficas. Su condena se redujo a tres años en apelación el 13 de diciembre.2

La Armada coreana presentó una demanda civil contra 116 personas y 5 grupos que habían participado en protestas contra la construcción de una base naval en la isla de Jeju. La medida fue interpretada por los críticos del gobierno como otra maniobra para limitar la libertad de reunión. En marzo, la Armada pidió 3.400 millones de wones surcoreanos (2,9 millones de dólares estadounidenses) en concepto de indemnización por las pérdidas sufridas a causa de los retrasos en la construcción de la base, en teoría debido a las protestas que se venían celebrando desde hacía ocho años.

En marzo, la Asamblea Nacional aprobó una ley antiterrorista que la oposición había bloqueado durante nueve días por considerar que se prestaba a abusos, pues ampliaba en gran medida las facultades del Estado para vigilar las comunicaciones y recopilar información personal sobre personas sospechosas de vinculación con el terrorismo.

Las autoridades recortaron la libertad de prensa, interfiriendo cada vez más en la labor periodística, sobre todo en las cadenas de televisión. En julio, el Sindicato Nacional de Profesionales de los Medios de Comunicación denunció una serie de tácticas empleadas por el gobierno para influir en la cobertura informativa, como introducir a personas afines a él en las juntas directivas de influyentes medios de comunicación públicos, o emprender acciones disciplinarias contra determinados periodistas, a modo de advertencia a los demás. Estas tácticas resultaron evidentes en la cobertura informativa del accidente del transbordador Sewol, ocurrido en 2014, y en las noticias sobre la polémica desatada en torno al sistema de defensa antimisiles THAAD (Defensa de Área a Gran Altitud contra Misiles en Fase Terminal).

Las autoridades siguieron utilizando la imprecisa Ley de Seguridad Nacional para intimidar y encarcelar a personas que ejercían su derecho a la libertad de expresión. Entre las personas detenidas por presuntas violaciones de esta ley figuraban miembros de la Alianza Coreana para la Reunificación Independiente y la Democracia (CAIRD), que se vio obligada a disolverse por las reiteradas operaciones de represión. Kim Hye-young, activista de CAIRD que sufría cáncer de tiroides, fue condenada a dos años de prisión en enero, tras haber sido detenida en julio de 2015 durante una protesta pacífica.3 En junio se prohibió viajar al extranjero a Yang Ko-eun, también representante de CAIRD, por haber hablado sobre las condiciones que soportaban sus compañeros, y en septiembre fue detenida.

En mayo, la compañía británica Reckitt Benckiser asumió plena responsabilidad por la muerte de al menos 95 personas y por los problemas de salud ocasionados a otros cientos —y posiblemente a miles más—, a causa de un producto desinfectante para humidificadores que su filial coreana habían vendido durante muchos años. Tras haber visitado el país el año anterior, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y las sustancias y residuos peligrosos concluyó en agosto de 2016 que ni esta ni otras empresas habían ejercido un grado razonable de diligencia debida en materia de derechos humanos con respecto a los productos químicos que vendían al público. Asimismo, recomendó a Reckitt Benckiser identificar a todas las víctimas e indemnizarlas.

Las empresas, y en especial las del sector de la construcción, siguieron obstaculizando las actividades sindicales de los empleados que trabajaban para empresas subcontratistas, sin que el gobierno las sancionara por ello. Según un informe publicado en junio por el grupo de trabajo de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, algunas empresas habían constituido “sindicatos amarillos”, que ni eran independientes ni cumplían las normas de negociación colectiva. Otras empresas contrataron asesores legales para diseñar medidas antisindicales o recurrieron a los servicios de empresas privadas de seguridad para hostigar a los sindicalistas.

El Servicio Nacional de Inmigración mantuvo recluidos durante meses en el aeropuerto internacional de Incheon a más de 100 solicitantes de asilo. Entre ellos, había 28 hombres sirios que, según una sentencia dictada en junio por el Tribunal de Distrito de Incheon, debían quedar en libertad y ser autorizados a solicitar asilo. En el aeropuerto continuaban recluidos decenas de solicitantes de asilo de otros países, como Egipto, en condiciones inhumanas y sin artículos ni servicios de primera necesidad, como camas, duchas e instalaciones sanitarias adecuadas, alimentos adecuados para sus credos religiosos u oportunidades de hacer ejercicio al aire libre.

Un total de 12 trabajadoras y un trabajador de hostelería norcoreanos, que habían estado trabajando en la ciudad china de Ningbo, fueron detenidos a su llegada en abril, procedentes de China, y recluidos durante cuatro meses en un centro gestionado por el Servicio Nacional de Inteligencia (véase el apartado sobre Corea del Norte). En entrevistas a los medios de comunicación facilitadas por el gobierno norcoreano, sus familiares aseguraron que los habían llevado a Corea del Sur contra su voluntad. No se les permitió ponerse en contacto con sus familias ni con abogados de su elección, y no pudieron hablar sobre las razones de su viaje a Corea del Sur con nadie ajeno al centro en el que permanecían recluidos. Esto impidió que un poder judicial independiente e imparcial estudiara la legalidad de su detención, y puso en tela de juicio el proceso de apoyo al reasentamiento de personas de Corea del Norte practicado por el gobierno surcoreano.4

Continuaban encarcelados aproximadamente 400 objetores de conciencia al servicio militar, exclusivamente por haber ejercido su derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, lo cual era constitutivo de detención arbitraria según el derecho internacional. Quienes habían cumplido ya penas de prisión por haberse negado a efectuar el servicio militar, ante la ausencia de alternativas, seguían enfrentándose a obstáculos económicos y sociales por tener antecedentes penales. Tras las reformas legales que habían entrado en vigor en 2015, el 20 de diciembre el gobierno publicó los nombres y los datos personales de 237 objetores de conciencia en la página web de la Administración del Personal Militar.

El Tribunal Constitucional seguía estudiando la legalidad de la objeción de conciencia en causas abiertas entre 2012 y 2015. Los tribunales de distrito fallaron a favor de cuatro hombres que se habían negado a cumplir el servicio militar, cuyos casos se sumaron, así, a los de otros seis que habían sido absueltos en 2015. Sin embargo, la fiscalía apeló y logró la anulación de dos de las absoluciones. En octubre, un tribunal de apelación absolvió a otros dos hombres que habían recurrido las sentencias condenatorias dictadas en su contra por un tribunal de primera instancia.

  1. Corea del Sur: Manifestante gravemente herido con un cañón de agua (ASA 25/4503/2016)
  2. South Korea: Five year sentence against union leader a chilling blow to peaceful protest (noticia, 4 de julio)
  3. Corea del Sur: Se niega atención médica a mujer en huelga de hambre (ASA 25/4150/2016)
  4. South Korea: End secrecy surrounding North Korean restaurant workers (ASA 25/4413/2016)
República de Corea
Jefa del Estado y del gobierno: Park Geun-hye
Ver más contenidos