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Nepal

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Permanecían pendientes de aprobación varios proyectos de ley que limitarían los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad. Las fuerzas de seguridad efectuaron detenciones por “difundir información” y por criticar al gobierno durante la pandemia de COVID-19. También hubo detenciones de manifestantes, y las fuerzas de seguridad continuaron empleando fuerza excesiva para dispersar manifestaciones y hacer cumplir confinamientos. Las iniciativas destinadas a garantizar justicia, verdad y reparación por las violaciones de derechos humanos y los delitos de derecho internacional cometidos durante el conflicto del periodo 1996-2006 continuaron siendo manifiestamente inadecuadas. Se desalojó a la fuerza a familias indígenas, cuyas viviendas fueron destruidas. Persistía impunemente la violencia sexual y de género. La discriminación por motivos de género seguía presente en la ley y en la práctica. Se informó de decenas de abusos contra la población dalit que a menudo quedaban impunes. El gobierno no tomó medidas adecuadas para proteger a los trabajadores y trabajadoras migrantes nepalíes en el extranjero que habían quedado bloqueados o afectados de alguna otra forma por la pandemia.

Información general

En un ambiente de conflicto en el seno del partido gobernante, y por recomendación del Consejo de Ministros, encabezado por el primer ministro, Khadga Prasad Sharma Oli, la presidenta Bhandari disolvió la cámara baja del Parlamento. Contra esta decisión se presentaron una serie de recursos ante el Tribunal Supremo que aún no se habían resuelto al concluir el año.

Derecho a la privacidad

Tras haber sido aprobado por la cámara alta del Parlamento en mayo, continuaba pendiente de aprobación por la cámara baja el proyecto de Ley sobre el Servicio Especial de Nepal, algunas de cuyas disposiciones, de carácter general e impreciso, permitían intromisiones en el derecho a la privacidad sin autorización judicial. El Ministerio de Información y Comunicaciones elaboró un proyecto de Ley de Telecomunicaciones que concedía a las autoridades amplias facultades de vigilancia y de recopilación y registro de información sobre personas y organizaciones sin las debidas salvaguardias legales.

Libertad de expresión y de reunión

Continuaban pendientes de aprobación en el Parlamento una serie de proyectos legislativos que amenazaban gravemente la libertad de expresión, tales como el proyecto de Ley del Consejo de Medios de Comunicación, el proyecto de Ley sobre Medios de Comunicación de Masas y el proyecto de Ley sobre Tecnologías de la Información. Se detuvo a decenas de personas —algunas de ellas, periodistas— por “difusión de desinformación” o por haber criticado al gobierno en el contexto de la pandemia de COVID-19. El Consejo de Prensa de Nepal cerró más de 30 sitios web de noticias por “publicación de noticias falsas e inventadas”.

Las fuerzas de seguridad siguieron deteniendo a activistas y a menudo recurrieron a fuerza excesiva para dispersar manifestaciones pacíficas. En enero, la policía detuvo a activistas de derechos humanos que se manifestaban pacíficamente para reclamar justicia por los delitos cometidos durante el conflicto armado. En julio, las fuerzas de seguridad dispararon gas lacrimógeno contra manifestantes que reivindicaban investigaciones y rendición de cuentas por la muerte de dos jóvenes dalits en Dhanusha. En noviembre, un hombre murió y dos resultaron con graves heridas de bala cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra manifestantes del distrito de Mahottari que protestaban por la violación y el asesinato de una niña de seis años. Las fuerzas de seguridad utilizaban a menudo fuerza excesiva para hacer cumplir el confinamiento impuesto a causa de la pandemia.

Derecho a verdad, justicia y reparación

El gobierno no ofreció verdad, justicia y reparación a las miles de víctimas de las violaciones de derechos humanos y los delitos de derecho internacional perpetrados durante el conflicto armado del periodo 1996-2006. Ni la Comisión de la Verdad y la Reconciliación ni la Comisión para la Investigación de las Personas Desaparecidas llevaron a cabo investigaciones independientes y efectivas pese a que entre las dos habían recibido más de 63.000 denuncias de delitos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado y por grupos armados de oposición. El gobierno no reformó la Ley de las Comisiones para la Investigación de las Personas Desaparecidas y de la Verdad y la Reconciliación de 2014 para armonizarla con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, tal como había ordenado el Tribunal Supremo en repetidas ocasiones. En enero, el gobierno acabó de designar a los nuevos miembros de ambas comisiones sin haber consultado adecuadamente a las víctimas del conflicto ni haber reformado la ley que permitía conceder amnistías en casos de delitos graves de derecho internacional.

Asimismo, el partido gobernante continuó nombrando para cargos de poder a personas implicadas en delitos cometidos durante el conflicto sin haberlas sometido a investigaciones rigurosas e independientes. En octubre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos facilitó los nombres de 286 presuntos autores de delitos, y resaltó la falta de medidas del gobierno para aplicar sus recomendaciones y hacer rendir cuentas a los perpetradores.

Derechos de trabajadores y trabajadoras migrantes

El gobierno no protegió los derechos de cientos de miles de trabajadores migrantes nepalíes que quedaron bloqueados en el extranjero al entrar en vigor los confinamientos impuestos por la COVID-19 ni garantizó su protección y repatriación a costes asequibles mediante el Fondo de Previsión para Empleados Nepalíes en el Extranjero. Las autoridades tampoco garantizaron un nivel de vida adecuado para una serie de trabajadores migrantes regresados que fueron internados en centros de cuarentena por la COVID-19, ni protegieron su salud y su seguridad. En junio, una mujer migrante fue violada en un centro de cuarentena del distrito de Kailali.

Desalojos forzosos

En julio, las autoridades del Parque Nacional de Chitwan llevaron a cabo sin previo aviso el desalojo forzoso de 10 familias indígenas chepang e incendiaron 2 viviendas y destruyeron 8 más con ayuda de elefantes. Otras personas que vivían en asentamientos informales de todo el país siguieron en peligro de ser sometidas a desalojo forzoso.

Discriminación

El gobierno no garantizó el nombramiento a su debido tiempo de los miembros de diversas comisiones constitucionales, lo que repercutió profundamente en la capacidad de éstas de proteger y promover los derechos de las mujeres y de grupos marginados como la población indígena, la dalit, la madhesí, la tharu y la musulmana.

Continuaba la discriminación por motivos de género, y el gobierno no abordó las deficiencias constitucionales que impedían a las mujeres disfrutar de derechos de ciudadanía igualitarios. Se denunciaron ante la policía más de 2.100 casos de violación y violencia sexual. Entre las víctimas figuraban niños, niñas y dalits. Los rígidos plazos de prescripción del delito de violación establecidos en el Código Penal continuaban facilitando la impunidad de los perpetradores.

En septiembre, el gobierno aprobó dos decretos para poner fin a los ataques con ácido contra mujeres y niñas.

Pese a las disposiciones existentes tanto en leyes como en políticas para abordar el problema de la discriminación por razón de casta, hubo informes de numerosos incidentes de discriminación, ostracismo, homicidio y violencia sexual contra dalits. En mayo, en el distrito de Rukum Occidental, personas que se oponían a una relación entre dos jóvenes de distinta casta mataron a 6 hombres, 4 de ellos dalits. También en mayo, en el distrito de Rupandehi, una niña dalit de 12 años al parecer fue violada y asesinada tras haber sido obligada a casarse con su presunto violador, que pertenecía a una casta dominante. En septiembre, otra niña dalit de 12 años fue violada y asesinada en el distrito de Bajhang, al parecer por un hombre que había violado a una adolescente de 14 años un mes antes, pese a lo cual no había sido procesado.

Tortura y otros malos tratos

Era generalizado el uso de la tortura y otros malos tratos para obtener “confesiones” e intimidar a detenidos durante la detención previa al juicio. Aunque el Código Penal de 2017 tipificaba como delito la tortura y otros malos tratos, al concluir 2020 no se había condenado aún a nadie por ese delito.

Hubo noticias de varias denuncias de muertes por tortura, sobre todo de dalits e indígenas. En julio, el indígena Raj Kumar Chepang murió al parecer tras haber sido torturado por personal del ejército de Nepal destacado en el Parque Nacional de Chitwan. Un oficial del ejército, acusado del asesinato, quedó detenido en espera de juicio.

Las autoridades no llevaron a cabo investigaciones independientes y fidedignas sobre varias muertes bajo custodia —principalmente, de varones jóvenes dalits—, que parecían ser debidas a torturas. En agosto, Bijay Mahara murió bajo custodia policial, presuntamente por torturas durante su interrogatorio. Se suspendió de empleo durante seis meses a tres agentes de policía, pero no se presentaron cargos en su contra por tortura o asesinato. En junio, Shambhu Sada murió bajo custodia policial en Dhanusha, al igual que Roshan BK en el distrito de Kailali en septiembre. La policía afirmó que ambos se habían suicidado, pero sus familiares dijeron que los habían torturado hasta matarlos.

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República Federal Democrática de Nepal
Jefa del Estado: Bidya Devi Bhandari
Jefe del gobierno: Khadga Prasad Sharma Oli

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