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Afganistan

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

La población civil sufrió abusos generalizados contra los derechos humanos a consecuencia del persistente conflicto. La violencia relacionada con el conflicto produjo muertes, lesiones y desplazamientos. El número de víctimas civiles continuó siendo alto; la mayoría de ellas perdieron la vida o resultaron heridas a manos de grupos armados insurgentes, pero una importante minoría fue víctima de las fuerzas progubernamentales. El número de personas internamente desplazadas por el conflicto superó los 2 millones; fuera del país vivían unos 2,6 millones de personas refugiadas afganas. Persistía la violencia de género contra mujeres y niñas a manos de agentes estatales y no estatales. Según informes, aumentó el número de castigos públicos infligidos a mujeres por grupos armados en aplicación de la sharia (ley islámica). Los defensores y defensoras de los derechos humanos recibieron amenazas tanto de agentes estatales como no estatales, y hubo censura y actos de violencia contra periodistas. Siguieron dictándose condenas a muerte. En noviembre se ejecutó a 5 personas. Las personas chiíes y la minoría hazara continuaron sufriendo hostigamiento y crecientes ataques, principalmente de grupos armados insurgentes.

En marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó por un año el mandato de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), bajo la dirección de Tadamichi Yamamoto.

Gulbuddin Hekmatyar, líder del segundo mayor grupo insurgente del país, Hezb e Islami, se incorporó al gobierno afgano. El 4 de mayo, tras dos años, concluyeron las negociaciones sobre el borrador del acuerdo de paz alcanzado en septiembre de 2016 entre el gobierno y Gulbuddin Hekmatyar, por el que se concedía a éste la amnistía por los delitos que había cometido —incluidos crímenes de guerra— y se permitía que determinados presos de Hezb e Islami quedaran en libertad.

Al acabar junio, la UNAMA había documentado 12 ataques transfronterizos de artillería lanzados desde Pakistán que habían causado la muerte al menos a 10 civiles y heridas a 24 en Afganistán, lo que representaba un aumento considerable respecto al mismo periodo de 2016.

El gobierno reformó el Código Penal. Se incorporaron en la legislación algunas disposiciones del Estatuto de Roma de la CPI, y algunos delitos anteriormente punibles con la muerte pasaron a castigarse con cadena perpetua.

Continuó el conflicto armado no internacional entre elementos antigubernamentales y fuerzas progubernamentales. Entre los primeros se contaban los talibanes y el grupo armado Estado Islámico, pero en el país operaban más de 20 grupos armados. Los talibanes y otros grupos armados de oposición fueron responsables de la mayoría de las víctimas civiles (el 64%) durante los primeros 9 meses del año, según la UNAMA.

Al acabar septiembre, la UNAMA había documentado 8.019 víctimas civiles (2.640 personas muertas y 5.379 heridas), lo que suponía un pequeño descenso global frente al mismo periodo de 2016, aunque el número de mujeres muertas o heridas ascendió un 13%. Aproximadamente el 20% de las víctimas se atribuyeron a las fuerzas progubernamentales: las Fuerzas de Seguridad Nacionales Afganas, la Policía Local Afgana, los grupos armados progubernamentales y las fuerzas militares internacionales.

Aun reconociendo que las fuerzas gubernamentales afganas habían realizado cierto esfuerzo para reducir el número de víctimas civiles, sobre todo en los combates terrestres, la UNAMA también señaló que el número de civiles muertos o heridos en ataques aéreos había aumentado alrededor de un 50% respecto a 2016, y que aproximadamente dos tercios del total eran mujeres, niños y niñas.

Abusos cometidos por las fuerzas progubernamentales

En enero, según la UNAMA, la Policía Nacional Afgana de Fronteras abusó sexualmente de un niño de 13 años en la provincia de Paktika y después le disparó. El niño murió a causa de las heridas. La Policía Nacional Afgana procesó a los presuntos responsables penales, que fueron declarados culpables de asesinato y condenados a seis años de cárcel.

Según la UNAMA, en los puestos de control se efectuaron disparos contra más de una docena de civiles. Uno de estos incidentes ocurrió el 16 de marzo en un puesto de control de la provincia de Jawzjan, cuando la Policía Local Afgana disparó e hirió a un hombre y a su madre al confundirlos con insurgentes. En abril, la Policía Nacional Afgana disparó a un hombre de 65 años que regresaba de alimentar a sus vacas; el hombre falleció después en el hospital. En mayo, un soldado del Ejército Nacional Afgano disparó y mató a un niño de 13 años que recogía hierba cerca de un puesto de control en la provincia de Badghis.

En junio, según la UNAMA, tres niños pequeños murieron en el distrito de Saydebad al ser alcanzada su casa por un disparo de mortero del Ejército Nacional Afgano. Ese mismo mes, una patrulla de las fuerzas progubernamentales mató a tiros a un padre y sus dos hijos de 5 y 12 años ante la fábrica de ladrillos donde trabajaban. No constaba que en ese momento hubiera ninguna actividad militar en la zona. La UNAMA solicitó recibir información actualizada de cualquier investigación o acción de seguimiento sobre estos casos, pero en julio no había recibido información alguna del Ministerio del Interior.

Durante los primeros seis meses del año, según la UNAMA, 95 civiles, la mitad de ellos niños y niñas, murieron a causa de ataques aéreos.

Abusos cometidos por grupos armados

En enero, en la provincia de Badajshán, cinco hombres armados sacaron a la fuerza de su casa a una mujer embarazada y la mataron a tiros delante de su esposo y sus seis hijos; según testigos, los atacantes la acusaban de apoyar al gobierno. El 8 de marzo, varios hombres armados entraron en el hospital militar del Ejército Nacional Afgano, situado en el centro de Kabul, y mataron al menos a 49 personas, algunas de las cuales eran pacientes. En agosto, grupos armados atacaron el pueblo de Mirza Olang (provincia de Sar-e-Pul) y mataron al menos a 36 personas entre las que había civiles.

Al menos 382 personas murieron y 1.202 resultaron heridas en atentados suicidas de grupos armados en zonas civiles. En uno de ellos, perpetrado en diciembre, la bomba del atacante suicida mató al menos a 41 personas, incluidos niños y niñas, en una organización cultural chií en Kabul.

El 25 de agosto, un atentado del Estado Islámico contra una mezquita chií de Kabul mató al menos a 28 personas e hirió a decenas más. El 20 de octubre, dos atentados similares contra sendas mezquitas chiíes, una en el oeste de Kabul y la otra en la provincia de Ghor, se saldaron con más de 60 personas muertas y decenas heridas.

El Ministerio de Asuntos de la Mujer de Afganistán informó de un aumento de los casos de violencia de género contra las mujeres, especialmente en las zonas controladas por los talibanes.

Durante la primera mitad del año, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán informó sobre miles de casos de violencia —incluidas palizas, feminicidios y ataques con ácido— contra mujeres y niñas en todo el país. En un contexto de impunidad por este tipo de delitos y de ausencia de investigación, la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres seguía sin denunciarse debido a las prácticas tradicionales, la estigmatización y el miedo a las consecuencias para las víctimas.

Los grupos armados perpetraron actos de violencia de género, tortura y otros malos tratos, así como otros abusos contra los derechos humanos, imponiendo castigos corporales a las mujeres por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o dedicarse al trabajo sexual. La UNAMA informó del caso de una mujer que sufrió una brutal paliza en su domicilio, en el distrito de Darah-i-Suf Payin (provincia de Samangan), a manos de unos hombres que la habían acusado de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y dedicarse al trabajo sexual.

La UNAMA señaló también que los grupos armados intentaban restringir el acceso de las niñas a la educación. En febrero, las amenazas obligaron a cerrar las escuelas de niñas en varios pueblos de la provincia de Farah, lo que supuso negar temporalmente la educación a más de 3.500 niñas. Al reabrirse 10 días más tarde, la gran mayoría de las alumnas inicialmente tenían miedo de regresar a las aulas.

La directora del Departamento de Asuntos de la Mujer en Badajshán denunció en marzo que en el distrito de Wardoj, en el nordeste de la provincia de Badajshán, los talibanes habían lapidado a una mujer y azotado a un hombre que habían sido acusados de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio.

En agosto, los talibanes mataron a tiros a una mujer llamada Azadeh en la provincia de Jawzjan. Según el portavoz del gobernador, la mujer había huido meses antes a una casa segura en la ciudad de Sheberghan por haber sufrido violencia en el ámbito familiar y había regresado tras producirse una mediación local, pero los talibanes la habían sacado a la fuerza de su casa y le habían disparado.

En 2017 había unos 2,6 millones de personas refugiadas afganas repartidas entre más de 70 países. Aproximadamente el 95% se encontraban acogidas en sólo dos, Irán y Pakistán, en los que sufrían discriminación y agresiones racistas, carecían de servicios básicos y corrían peligro de expulsión colectiva.

Entre 2002 y 2017, más de 5,8 millones de personas afganas fueron devueltas a Afganistán —en la mayoría de los casos contra su voluntad— por otros gobiernos.

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, sólo en 2017 resultaron desplazadas a causa del conflicto unas 437.907 personas, con lo que el total de personas internamente desplazadas ascendió a más de 2 millones. Pese a las promesas de los sucesivos gobiernos afganos, las personas internamente desplazadas seguían careciendo de vivienda adecuada, comida, agua, atención médica y oportunidades de educación y empleo. La mayoría se veían obligadas a recorrer diariamente largos trayectos para buscar agua, tenían dificultades para conseguir una comida al día y carecían de acceso a instalaciones básicas de salud. En la mayor parte de los casos no podían costearse servicios privados de atención a la salud y sólo esporádicamente disponían de clínicas móviles gestionadas por ONG o por el gobierno.

Además, eran amenazadas reiteradamente con desalojos forzosos tanto por el gobierno como por agentes privados.

La vida y la seguridad de los defensores y defensoras de los derechos humanos estaban constantemente amenazadas. En junio murieron al menos cuatro personas al disparar la policía contra manifestantes que protestaban por el deterioro de las condiciones de seguridad en Kabul tras la explosión de un camión bomba que había matado a más de 150 personas el 31 de mayo. Al parecer los disparos de la policía no se investigaron. Posteriormente, los familiares de las víctimas realizaron una concentración en Kabul que la policía disolvió por la fuerza al cabo de varias semanas. Una persona perdió la vida de forma violenta y, según informes, al menos otras cinco fueron detenidas arbitrariamente en un domicilio privado, interrogadas por agentes vestidos de civil y puestas en libertad al día siguiente. En julio, el gobierno propuso modificaciones a las leyes que regulaban las asociaciones, las huelgas y las manifestaciones. Los cambios limitarían los derechos a la libertad de asociación y de expresión, pues introducían nuevas restricciones a la organización de manifestaciones y huelgas. Además, aumentarían la autoridad de la policía para disolver o impedir manifestaciones o huelgas, socavando aún más el derecho de reunión pacífica.

Las defensoras de los derechos humanos seguían sufriendo amenazas e intimidación de agentes estatales y no estatales en todo el país. La mayoría de los casos no se denunciaban a la policía por desconfianza hacia los cuerpos de seguridad, que por sistema no investigaban ni combatían las amenazas. Algunas mujeres que denunciaron amenazas no recibieron apoyo ni protección.

Una serie de ataques violentos y actos de intimidación contra periodistas, incluidos homicidios, puso aún más de manifiesto el constante menoscabo de la libertad de expresión.

Nai —organismo de vigilancia de la libertad de prensa— informó de más de 150 agresiones contra periodistas, personal y oficinas de medios de comunicación durante el año. Las agresiones, perpetradas tanto por agentes estatales como no estatales, consistieron en homicidios, palizas, reclusión, incendios, ataques, amenazas y otras formas de violencia.

En marzo, un reportero de Ariana TV en la provincia de Sar-e-Pul fue golpeado por la policía cuando intentaba informar sobre el uso excesivo de la fuerza contra civiles. Unos agentes le requisaron la cámara y demás material y él se refugió en el despacho del gobernador.

En agosto, un destacado periodista de la provincia de Zabul recibió amenazas de muerte de los talibanes, seguidas de intentos de acabar con su vida. Cuando denunció los incidentes, las autoridades de seguridad apenas hicieron nada por protegerlo, y él abandonó la provincia temiendo por su seguridad.

En noviembre, combatientes del Estado Islámico atacaron los estudios de la emisora de televisión Shamshad TV en Kabul. En el ataque murió un miembro del personal y resultaron heridas varias personas más.

Nai informó de que en 2016 había denunciado ante las autoridades al menos 240 actos de violencia contra personal de los medios de comunicación, incluidos reporteros y periodistas. Un año después, el gobierno no había hecho nada al respecto y nadie había comparecido ante la justicia.

En todo Afganistán seguía existiendo peligro de sufrir tortura y otros malos tratos, sin que apenas se hicieran avances para reducir la impunidad. El Comité contra la Tortura de la ONU observó “en la sociedad afgana una amplia aceptación y legitimación de la tortura”.

Muchas de las personas sospechosas de tener responsabilidad penal seguían ocupando altos cargos oficiales, incluso en el gobierno. El Comité observó también que las personas detenidas por la Dirección Nacional de Seguridad, la Policía Nacional Afgana y la Policía Local Afgana eran sometidas a “palizas, descargas eléctricas, suspensiones, amenazas, abusos sexuales y otras formas de malos tratos mentales y físicos”. Tras entrevistar a 469 personas detenidas, los investigadores de la UNAMA y de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirmaron que el 39% de ellas habían ofrecido relatos creíbles de tortura y otros malos tratos durante la detención y el interrogatorio.

En marzo, el gobierno promulgó la Ley contra la Tortura, que penalizaba la tortura pero no disponía restitución o indemnización para las víctimas.

Grupos armados, incluidos los talibanes, seguían cometiendo delitos de derecho internacional, tales como homicidios, tortura y otros abusos contra los derechos humanos en castigo por actos que consideraban delitos. Con arreglo a derecho, las ejecuciones y los duros castigos impuestos por el sistema de justicia paralelo constituían actos delictivos y, en algunas circunstancias, podían constituir crímenes de guerra.

En una revisión del Código Penal, se sustituyó la pena de muerte por la cadena perpetua como castigo de algunos delitos.

En noviembre se llevaron a cabo cinco ejecuciones en la cárcel de Pul-e-Charki de Kabul. Según informó el Ministerio del Interior, las cinco personas ejecutadas habían sido declaradas culpables en 2016 de asesinato y secuestro, y su ejecución se había llevado a cabo a pesar de que sus condenas estaban siendo revisadas por tres tribunales de apelación.

República Islámica de Afganistán
Jefe del Estado y del gobierno: Mohamed Ashraf Ghani