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Afganistán

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

El conflicto en Afganistán cumplió 20 años y siguió cobrándose un número elevado de víctimas civiles. Tanto los talibanes como otros grupos armados lanzaron deliberadamente ataques contra la población civil y contra bienes de carácter civil, en contravención del derecho internacional humanitario. Entre otros lugares, fueron atacados un hospital de maternidad y varias instituciones educativas. No hubo rendición de cuentas por estos crímenes, ya que persistía la impunidad. Las mujeres y las niñas siguieron sufriendo actos de violencia, hostigamiento e intimidación. Persistió la violencia contra niños y niñas. Se siguió devolviendo a Afganistán a personas afganas solicitantes de asilo, sobre todo desde Irán, donde algunas de ellas habían sufrido ataques de las fuerzas de seguridad iraníes. El gobierno afgano estableció una comisión conjunta para la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil en Afganistán bajo la presidencia del vicepresidente segundo del país, Mohammad Sarwar Danish, formada por activistas y por miembros de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán.

Información general

En febrero, los talibanes afganos firmaron un acuerdo de paz con Estados Unidos que preveía la retirada de tropas estadounidenses. Asimismo, el acuerdo incluía el compromiso de liberar a “hasta 5.000” combatientes talibanes recluidos en cárceles del gobierno afgano de una lista que inicialmente se entregó a Estados Unidos, a cambio de 1.000 miembros de las fuerzas de seguridad afganas retenidos por el grupo armado. El gobierno se opuso a la liberación de 400 combatientes de la lista, presuntamente responsables de delitos graves. La propuesta de liberar a ciertos combatientes talibanes preocupó también a Francia y Australia, ya que entre ellos figuraban responsables de la muerte de soldados de estos países. Sin embargo, tras la presión ejercida por Estados Unidos, también éstos fueron liberados, aunque unos cuantos, acusados de homicidios de ciudadanos extranjeros, fueron trasladados posteriormente a Qatar. En total, quedaron en libertad más de 5.000 presos talibanes, algunos de ellos acusados de delitos graves.

El acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes remitía la solución del conflicto político de Afganistán a la celebración de conversaciones entre el gobierno afgano y varios grupos principalmente políticos, por un lado, y los talibanes, por otro. Las llamadas “conversaciones intraafganas” comenzaron en septiembre en Doha (Qatar). La representación de mujeres fue escasa por parte del gobierno afgano y nula por parte de la delegación talibana. Tampoco hubo representación de las víctimas del conflicto pese a las peticiones de los grupos de derechos humanos. En diciembre, los equipos negociadores sólo se habían puesto de acuerdo en torno al principio rector interno del proceso de negociación.

Conflicto armado

Pese a las conversaciones de paz, a lo largo del año el conflicto armado siguió provocando heridas y muertes entre la población civil, y aumentó el número de personas internamente desplazadas. Según la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA), del 1 de enero al 30 de septiembre, 2.177 civiles habían perdido la vida y 3.822 habían sufrido heridas. Aunque estas cifras suponían una reducción del 30% del número de víctimas civiles con respecto al mismo periodo de 2019, el número total de muertes de civiles se mantuvo casi invariable.

Según el informe de la UNAMA, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, los talibanes fueron responsables del 45% de las víctimas civiles, mientras que el grupo armado autodenominado Estado Islámico de Irak y el Levante-Jorasán lo fue del 7%. Los grupos armados fueron colectivamente responsables de atacar y matar de manera deliberada a civiles: docentes, personal de salud y humanitario, jueces, líderes tribales y religiosos y empleados del Estado. Los ataques incluyeron violaciones del derecho internacional humanitario e incluso crímenes de guerra, con ataques deliberados contra la población civil y bienes de carácter civil. En mayo, hombres armados atacaron un hospital de maternidad del barrio de Dasht-e-Barchi, situado en el oeste de la capital, Kabul, y mataron a 24 personas, incluidos bebés recién nacidos, mujeres embarazadas y personal de salud. Ningún grupo reivindicó la autoría del ataque.

Las fuerzas favorables al gobierno fueron responsables de más de una cuarta parte de las muertes y heridas que se produjeron entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, con 602 víctimas mortales y 1.038 personas heridas. De estas cifras, las fuerzas militares internacionales, en concreto, fueron responsables de 83 muertes y 30 heridos. Según la UNAMA, el número de víctimas civiles atribuidas al Ejército Nacional Afgano había aumentado en comparación con el año anterior, principalmente en ataques aéreos y combates por tierra. La UNAMA afirmó que la violencia se había recrudecido durante el periodo previo a las conversaciones de paz.

Principalmente los grupos armados y las fuerzas de seguridad afganas —milicias progubernamentales y policía local— siguieron reclutando para combatir a niños, que sufrieron múltiples abusos, incluso de naturaleza sexual. Según la UNAMA, Afganistán continuaba siendo “uno de los países más mortíferos del mundo para la infancia”, y tanto las fuerzas favorables al gobierno como las contrarias a él eran responsables de más de 700 víctimas infantiles cada una. En octubre, el vicepresidente, Amrullah Saleh, anunció que había ordenado la detención de una persona que había informado sobre las víctimas civiles de un ataque aéreo del gobierno afgano contra una escuela en el que habían muerto 12 niños. Más adelante, el portavoz del gobernador provincial de Takhar comunicó que la persona en cuestión había sido destituida de su cargo por haber informado sobre las víctimas infantiles de las fuerzas de seguridad afganas.

Impunidad

En el acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes no se mencionaban los derechos humanos de las mujeres, mientras que, por otro lado, se protegía la impunidad de delitos graves de derecho internacional cometidos por ambos bandos. En septiembre, el gobierno de Estados Unidos se afianzó en esta postura e impuso sanciones —entre ellas la congelación de activos— a la fiscal de la Corte Penal Internacional, que se disponía a dirigir una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por todas las partes en el conflicto desde 2003.

Derecho a la salud

La frágil infraestructura de atención médica de Afganistán se vio desbordada cuando la COVID-19 se propagó por todo el país. Se registraron en total 52.011 casos y 2.237 muertes, cifras que, casi con total seguridad, no reflejaban la verdadera magnitud del contagio en el país. En la mayoría de las provincias, no era posible acceder a pruebas de COVID-19 y las muestras eran transportadas a la capital. La respuesta del gobierno —aplicada con ayuda de donantes internacionales— fue duramente criticada, con acusaciones de corrupción y de dejar de lado a las personas que más ayuda necesitaban. Durante la cuarentena se denunciaron numerosos casos de familias pobres que habían sido excluidas de las listas de distribución de pan por no pertenecer a la mezquita comunitaria, mientras que las relativamente adineradas sí lo recibían.

La población internamente desplazada, que vivía ya en condiciones precarias antes de la pandemia, tuvo especiales dificultades para acceder a cuidados médicos y servicios básicos. En todo el país seguía siendo alto el número de personas que vivían en la pobreza —55% de la población— y se preveía que la cifra aumentara debido a la ralentización económica causada por la pandemia.

Personas refugiadas y desplazadas internamente

Irán, Pakistán, Turquía y los países de la Unión Europea siguieron devolviendo personas migrantes y solicitantes de asilo a Afganistán, violando así el principio de no devolución (non-refoulement). Estas devoluciones, que disminuyeron durante un periodo en la pandemia, provocaban alarma debido a la situación de la atención médica en Afganistán, el conflicto —que seguía sin remitir— y los elevados niveles de pobreza existentes en el país.

Las autoridades iraníes devolvieron a casi 700.000 personas entre el 1 de enero y el 31 de octubre. Asimismo, las fuerzas iraníes de vigilancia de fronteras agredieron a migrantes afganos, con casos de tortura y ahogamiento en mayo, y un ataque incendiario contra un vehículo de migrantes en junio. Estos ataques no fueron investigados y tampoco se emprendieron acciones contra los responsables.

Según la Organización Internacional para las Migraciones, en 2020, 4 millones de personas se vieron internamente desplazadas en Afganistán, lo que supuso un incremento con respecto a los 1,2 millones de 2016 y al medio millón de 2013. Durante ese tiempo, la población internamente desplazada sobrevivió a duras penas, en muchos casos viviendo en campos densamente poblados y enfrentándose constantemente a dificultades para acceder a agua potable, atención médica y empleo. A consecuencia de la pandemia de COVID-19, su situación se deterioró aún más.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Violencia contra mujeres y niñas

Las mujeres y las niñas siguieron sufriendo discriminación y violencia de género en todo Afganistán, sobre todo en zonas controladas por los talibanes, donde sus derechos eran impunemente violados, y eran sometidas a violentos “castigos” por lo que el grupo armado consideraba transgresiones de su interpretación de la ley islámica.

La escasez de denuncias sobre actos de violencia contra mujeres y niñas seguía siendo una tendencia crónica, ya que, con frecuencia, las mujeres temían sufrir represalias y no confiaban en que las autoridades responderían si daban el paso. Según la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, a lo largo del año se denunciaron más de un centenar de asesinatos. Las denuncias de este tipo de casos seguían sin investigarse. En ocasiones, las víctimas eran presionadas por sus comunidades o por funcionarios estatales para que retiraran las denuncias o se recurría a la “mediación” para resolver los casos al margen de la protección legal. En consecuencia, los autores de palizas, homicidios, torturas u otros malos tratos y castigos corporales quedaban, en general, impunes.

Participación de las mujeres en el gobierno

Aunque la situación de las mujeres había experimentado ciertos avances clave desde el año 2000, la participación de éstas en el gobierno seguía siendo limitada. Continuaba restringiéndose, en general, su participación en los gobiernos provinciales y locales, sobre todo en las áreas de protección social y educación. Las pocas mujeres que ocupaban cargos gubernamentales eran víctimas de intimidación, acoso y discriminación. Además, no tenían acceso a material y recursos de oficina en pie de igualdad con sus compañeros varones y con frecuencia se les negaba la posibilidad de trabajar horas extras y recibir la remuneración correspondiente. Tampoco tenían oportunidades adecuadas para ocupar puestos que conllevaran la toma de decisiones y rara vez se investigaban los ataques que sufrían mientras trabajaban en puestos gubernamentales, de manera que los responsables seguían quedando impunes.

Derechos de la infancia

Los niños y niñas continuaron sufriendo acoso y violencia sexual. A pesar de la amplia publicidad que se daba al problema de los abusos sexuales contra la infancia, y pese a la penalización, en 2018, de la abusiva práctica de bacha bazi (sometimiento de niños varones a abusos sexuales por hombres de mayor edad), las autoridades hicieron escasos esfuerzos por poner fin a la impunidad y hacer rendir cuentas a los responsables.

Los niños y niñas carecían de oportunidades adecuadas para realizar su derecho a una educación de calidad. Según UNICEF, más de dos millones de niñas seguían sin escolarizar y, según cifras del gobierno, unas 7.000 escuelas del país carecían de edificio. Se seguía forzando a un número elevado de niños y niñas a trabajar o mendigar por las calles.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Empeoraron las condiciones en las que tenían que desarrollar su labor periodistas, personal de medios de comunicación y activistas debido al agravamiento de la inseguridad y a los homicidios selectivos de activistas, periodistas y ulemas moderados. Los periodistas se mostraron preocupados por la falta de acceso a la información y no estaban adecuadamente protegidos frente a ataques de grupos armados. El gobierno presentó un anteproyecto de ley de medios de comunicación que restringiría aún más el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, ante el aluvión de críticas recibidas, se vio obligado a retirarlo.

En el Parlamento se estaba debatiendo un anteproyecto de ley sobre reuniones públicas, huelgas y manifestaciones que, de ser aprobado, limitaría de manera considerable el derecho de reunión pacífica.

El Consejo de Ministros rechazó un tercer anteproyecto de ley sobre ONG, tras haberse mostrado Amnistía Internacional preocupada al respecto al considerar que restringía innecesariamente el proceso de inscripción en registro y la independencia operativa de estas organizaciones.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Aumentaron las agresiones —incluidos homicidios selectivos— contra activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas. Quienes defendían los derechos humanos siguieron siendo víctimas de ataques, actos de intimidación y violencia, y homicidios. En marzo, en la provincia de Helmand, funcionarios gubernamentales agredieron a defensores de los derechos humanos que habían denunciado la corrupción. Las víctimas necesitaron tratamiento hospitalario por las lesiones sufridas. En mayo, Mohammad Ibrahim Ebrat, facilitador del Grupo de Trabajo Conjunto de la Sociedad Civil, fue atacado y herido por individuos armados no identificados en la provincia de Zabul y murió a causa de las lesiones. En junio murieron Fatima Khalil y Jawad Folad, miembros de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, a consecuencia de un atentado contra el vehículo en el que viajaban en Kabul.

En diciembre, el gobierno afgano estableció una comisión conjunta para la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil en Afganistán, bajo la presidencia del vicepresidente segundo del país, Mohammad Sarwar Danish, y formada por activistas y miembros de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán. Aún era demasiado pronto para evaluar la eficacia de la Comisión a la hora de proteger a los activistas o de garantizar que los ataques y amenazas se investiguen y que los responsables comparezcan ante la justicia.

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