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Camboya

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

Se intensificó la represión del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica antes de las elecciones de 2017 y 2018. Aumentó el uso indebido del sistema de justicia por las autoridades. Las fuerzas de seguridad continuaron hostigando y castigando a la sociedad civil y silenciando las críticas. Se arrestó y detuvo en espera de juicio a defensores y defensoras de los derechos humanos; se enjuició y condenó a varios, en algunos casos por presuntos delitos anteriores, y se impusieron condenas condicionales a otros o se mantuvieron los cargos que pesaban contra ellos. Se hostigó a la oposición política, manteniendo las largas penas de prisión impuestas a activistas en años anteriores y emprendiendo acciones judiciales contra líderes del partido de oposición y otras personas. Un destacado comentarista político murió abatido a disparos, y continuaron impunes los homicidios ilegítimos perpetrados en el pasado.

La tensión entre el Partido del Pueblo Camboyano, en el gobierno, y el Partido de Rescate Nacional de Camboya, principal grupo político de oposición, continuó siendo elevada. La perspectiva de las elecciones comunales y nacionales de 2017 y 2018, respectivamente, creó un clima político inestable que amenazaba los derechos humanos. Desde mayo, los parlamentarios del Partido de Rescate Nacional de Camboya boicotearon intermitentemente la Asamblea Nacional en protesta por las acciones judiciales emprendidas contra Kem Sokha, número dos del partido, por no comparecer como testigo en una causa judicial. El líder del Partido de Rescate Nacional de Camboya, Sam Rainsy, continuó su autoexilio en Francia. En octubre, el gobierno anunció formalmente que se le prohibía regresar a Camboya. A lo largo del año se presentaron varios cargos penales contra él.

En septiembre, un total de 39 Estados emitieron una declaración en el 33 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que expresaban preocupación por la situación política de Camboya y pedían un “entorno seguro y propicio para los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil”.

Aumentaron las acciones judiciales contra la oposición política, aparentemente con el fin de obstaculizar sus actividades antes de las elecciones comunales de 2017. Continuaban en prisión tras juicios injustos al menos 16 activistas y figuras de la oposición, ente ellos 14 miembros del Partido de Rescate Nacional de Camboya que habían sido declarados culpables de dirigir y/o participar en una “insurrección” en relación con una manifestación celebrada en julio de 2014. Al menos 2 miembros del partido de la oposición se encontraban recluidos en espera de juicio y al menos otros 13 tenían diversos cargos pendientes.

En diciembre, Sam Rainsy y dos de sus ayudantes fueron condenados a cinco años de cárcel por “complicidad” en un caso de fraude de 2015 contra el senador del partido de la oposición Hong Sok Hour, condenado en noviembre de 2016 a siete años de cárcel por fraude e instigación. Rainsy y sus dos ayudantes se exiliaron en Francia.

En septiembre, Kem Sokha fue condenado in absentia a cinco meses de prisión por negarse a comparecer como testigo en el juicio de dos parlamentarios del Partido de Rescate Nacional de Camboya acusados de “contratación de servicios sexuales”. El rey lo indultó en diciembre a petición del primer ministro.

En octubre, Um Sam An, parlamentario del Partido de Rescate Nacional de Camboya, fue condenado a dos años y medio de prisión por incitación en relación con una campaña de su partido que denunciaba la invasión de territorio camboyano por parte de Vietnam.

Se amenazó y detuvo a defensores y defensoras de los derechos humanos por el desempeño pacífico de su labor. La intimidación, las amenazas y la fuerte vigilancia condujeron a varios de ellos a abandonar el país ante el temor por su seguridad.

En mayo, se inició un histórico proceso contra Ny Sokha, Yi Soksan, Nay Vanda y Lem Mony, miembros del personal de la Asociación Camboyana de Derechos Humanos y Desarrollo (ADHOC), que habían sido detenidos el 28 de abril y acusados de sobornar a un testigo. Ny Chakrya, ex miembro del personal de ADHOC y vicesecretario general del Comité Electoral Nacional, también fue acusado de complicidad. El proceso estaba relacionado con el asesoramiento y el apoyo material que ADHOC había proporcionado a una mujer que presuntamente había mantenido una relación extramarital con Kem Sokha. En octubre, el juez instructor amplió la detención en espera de juicio a un año. En diciembre, el ministro del Interior, Sar Kheng, anunció que los cinco quedarían en libertad, pero no se tomó ninguna medida al respecto. La presunta relación dio lugar a la apertura de tres causas penales diferentes contra ocho actores políticos y de la sociedad civil, así como a una contra la mujer. El Partido del Pueblo Camboyano denunció por difamación al comentarista político Ou Virak, que había dicho que las causas tenían motivación política. En diciembre, Seang Chet, concejal de la oposición en una comuna, fue condenado a cinco años de cárcel por cohecho en una de estas causas, pero fue indultado y quedó en libertad dos días después.

En una causa distinta, se impuso a Ny Chakrya una pena de seis meses de prisión por difamación, denuncia maliciosa y publicación de comentarios destinados a coaccionar de forma ilegítima a las autoridades judiciales después de que en mayo de 2015 criticara a un tribunal de Siem Reap por su gestión de un caso relacionado con un conflicto sobre tierras. En abril se informó al miembro del Comité Electoral Nacional y ex líder sindical Rong Chhun de que se le juzgaría por delitos comunes en relación con una manifestación de 2014 en la que varios trabajadores de fábricas habían muerto abatidos por disparos de las fuerzas de seguridad. Ny Chakrya y Rong Chhun trabajaban para el Comité Electoral Nacional, y se consideró que habían sido procesados para excluirlos de los puestos para los que habían sido elegidos.

Try Sovikea, Sun Mala y Sim Samnang, activistas medioambientales de la ONG Mother Nature que habían sido detenidos en agosto de 2015, fueron condenados en junio a 18 meses de prisión por amenazar con destruir bienes. Quedaron en libertad tras descontarse de la pena el tiempo que ya habían pasado en prisión y suspenderse el resto de la condena.

Las autoridades continuaban obstaculizando protestas pacíficas. En mayo, la sociedad civil lanzó la campaña pacífica “Black Monday” (Lunes negro) para pedir la puesta en libertad de cuatro miembros del personal de ADHOC y un ex miembro del personal del Comité Electoral Nacional (véase supra). Los manifestantes, vestidos de negro, participaron en reuniones y vigilias semanales y publicaron imágenes en las redes sociales. Las autoridades intentaron prohibir las protestas y amenazaron, detuvieron y recluyeron a participantes que, en general, sólo quedaron en libertad tras firmar declaraciones comprometiéndose a no volver a manifestarse. Uno de sus blancos habituales eran los activistas en favor del derecho a la vivienda de la capital, Phnom Penh.

Tep Vanny y Bov Sophea, de la comunidad Boeung Kak, fueron detenidas el 15 de agosto en una vigilia de “Black Monday”. Fueron juzgadas el 22 de agosto y condenadas a seis días de prisión por insultar a un funcionario público. Bov Sophea quedó en libertad luego de cumplir la pena, y Tep Vanny fue retenida bajo custodia para ser investigada por un cargo reactivado en relación con una protesta de 2013. En otra causa reabierta, Tep Vanny, Bo Chhorvy, Heng Mom y Kong Chantha, también miembros de la comunidad de Boeung Kak, fueron condenadas el 19 de septiembre a seis meses de cárcel por obstruir la actuación de funcionarios públicos e insultarlos en una protesta de 2011. Al concluir el año, Tep Vanny continuaba en prisión y las otras tres mujeres seguían en libertad, a la espera de la resolución de un recurso de apelación contra su sentencia condenatoria.

El comentarista político Kem Ley murió por disparos en la madrugada del 10 de julio en una gasolinera en la que periódicamente se reunía con gente. Con frecuencia daba entrevistas en la radio y otros medios informativos en las que opinaba sobre los acontecimientos políticos de Camboya y también criticaba al gobierno. Poco después se detuvo al ex soldado Oeuth Ang, pero las autoridades no investigaron el homicidio de forma independiente y efectiva ni informaron adecuadamente a la opinión pública de ninguna investigación. El primer ministro Hun Sen presentó una demanda por difamación contra Sam Rainsy después de que éste publicara en Facebook que el gobierno podría haber estado detrás del homicidio. El senador de la oposición Thak Lany fue declarado culpable in absentia de difamación e incitación, por acusar presuntamente a Hun Sen de ordenar el homicidio.

No se avanzó en hacer rendir cuentas a nadie por el homicidio de al menos seis personas y la desaparición forzada de Khem Saphath durante la violenta represión de la libertad de reunión pacífica a manos de las fuerzas de seguridad que había tenido lugar en 2013 y 2014. Aparentemente, tampoco se avanzó en la nueva investigación, ordenada en 2013, de la muerte por disparos del líder sindical Chea Vichea a manos de agresores no identificados en enero de 2004.

La apropiación de tierras, la concesión de tierras con fines económicos a partes interesadas privadas y los grandes proyectos de desarrollo continuaron afectando al derecho a una vivienda adecuada de comunidades de todo el país. Avanzaron las obras del proyecto de la presa hidroeléctrica Lower Sesan II en la provincia nororiental de Stung Treng, donde se calculaba que alrededor de 5.000 personas pertenecientes a minorías indígenas serían reubicadas a causa de la inundación. La relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en Camboya pidió una consulta adecuada, mayor comprensión de las prácticas culturales y consideración de las alternativas propuestas por las comunidades.

En enero, el Ministerio del Interior confirmó que evaluaría las solicitudes de asilo de más de 170 montagnards que habían huido de Vietnam, tras haberse negado inicialmente a tramitarlas. Un total de 13 que ya tenían concedida la condición de refugiado fueron trasladados a Filipinas en espera de ser reasentados en un tercer país. Durante el año, alrededor de 29 regresaron a Vietnam voluntariamente con la ayuda del ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.

Reino de Camboya
Jefe del Estado: rey Norodom Sihamoni
Jefe del gobierno: Hun Sen
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