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Filipinas

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

La policía y otras personas armadas siguieron cometiendo miles de homicidios ilegítimos en el marco de la campaña contra las drogas del gobierno. Los defensores y defensoras de los derechos humanos que se mostraban críticos con la campaña eran señalados y estaban en el punto de mira del presidente y sus aliados. En la isla de Mindanao se declaró la ley marcial, que se prorrogó en dos ocasiones, lo que hizo temer que se cometieran nuevos abusos contra los derechos humanos. Los intentos de reintroducir la pena de muerte se estancaron en el Senado tras la aprobación de un proyecto de ley en la Cámara de Representantes.

Los homicidios deliberados, ilegítimos y generalizados de miles de personas que, presuntamente, habían cometido delitos relacionados con las drogas, parecían ser sistemáticos, planificados, organizados y alentados por las autoridades, y podían constituir crímenes de lesa humanidad. La mayoría de las víctimas procedían de comunidades urbanas pobres.1 A pesar de los indicios de que la policía y hombres armados vinculados a ella habían matado o pagado a otras personas para matar a presuntos autores de delitos relacionados con las drogas en una ola de ejecuciones extrajudiciales, las autoridades seguían negando que se hubieran producido muertes ilegítimas. En enero, el presidente suspendió durante un mes la violenta campaña contra las drogas tras el homicidio bajo custodia policial de un ciudadano de Corea del Sur. En marzo se reanudaron los homicidios ilegítimos de presuntos autores de delitos relacionados con las drogas en el marco de operaciones policiales, al igual que los homicidios relacionados con drogas cometidos por otras personas armadas. En agosto se alcanzó la cifra de 32 homicidios en operaciones policiales en un solo día. La policía seguía basándose en listas sin verificar de personas que presuntamente consumían o vendían drogas. En septiembre, los homicidios de tres adolescentes en el curso de unas semanas suscitaron indignación nacional. Las imágenes de cámaras de videovigilancia y las declaraciones de testigos contradecían la versión policial sobre el homicidio de uno de ellos, Kian delos Santos, de 17 años, quien, según los informes periciales y los testimonios, parecía haber sido ejecutado extrajudicialmente.2

En octubre, el presidente Duterte anunció que la Agencia de Control de Drogas de Filipinas iba a tomar el relevo de la Policía Nacional de Filipinas en la campaña contra las drogas. No obstante, menos de dos meses después se anunció que la policía podría reincorporarse a las operaciones contra las drogas, a pesar de los problemas que no se habían resuelto. No se llevaron a cabo investigaciones significativas sobre los homicidios de presuntos autores de delitos relacionados con las drogas ni se supo de ningún agente de policía que hubiera rendido cuentas. Los familiares de las víctimas seguían temiendo represalias si presentaban denuncias contra la policía.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos, en especial los que eran críticos con el gobierno, sufrieron amenazas e intimidación. Las personas que trabajaban en medios de comunicación lo hacían en un entorno peligroso y en ocasiones mortal. En agosto, el locutor de radio Rudy Alicaway y el columnista Leodoro Diaz murieron por disparos en las provincias de Zamboanga del Sur y Sultán Kudarat, respectivamente. En octubre, el locutor de radio Christopher Iban Lozada murió a manos de unos hombres armados no identificados en Surigao del Sur.

Aumentaron los ataques contra quienes defendían los derechos humanos, al tiempo que el presidente animaba a la policía a “disparar” contra los defensores y defensoras de los derechos humanos que estuvieran “obstruyendo a la justicia”. En febrero, la senadora Leila de Lima, exsecretaria de Justicia y expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, fue detenida por cargos de narcotráfico. Al terminar el año, continuaba recluida en la jefatura de la Policía Nacional de Filipinas en la capital, Manila, y de ser declarada culpable, se enfrentaba a una pena de entre 12 años de cárcel y cadena perpetua. Se creía que los cargos contra ella obedecían a motivos políticos y que el gobierno la había atacado deliberadamente desde que se convirtiera en la más destacada crítica de la “guerra contra las drogas”.3 Los ataques a la Comisión de Derechos Humanos también se intensificaron: la Cámara de Representantes la acusaba de “estar de parte de presuntos delincuentes” en la campaña contra las drogas, y aprobó en votación que se redujera su presupuesto a tan solo 20 dólares estadounidenses, resultado que causó indignación y que fue posteriormente anulado en el Senado. Varios grupos de derechos humanos expresaron preocupación por los informes sobre el aumento de las detenciones y reclusiones arbitrarias y de las ejecuciones extrajudiciales de activistas políticos y de personas de izquierdas tras la declaración de la ley marcial en la isla de Mindanao y al tiempo que se rompían las negociaciones de paz entre los rebeldes comunistas, el Nuevo Ejército del Pueblo, y el gobierno.

Varios grupos internacionales pidieron al gobierno que abandonara su plan, propuesto en 2016, de reintroducir la pena de muerte, citando las obligaciones internacionales contraídas por Filipinas, en particular como Estado Parte en el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. La Cámara de Representantes aprobó en marzo un anteproyecto de ley para reintroducir la pena capital, pero éste se estancó en el Senado debido a la oposición encontrada.

El presidente Duterte declaró la ley marcial en la isla de Mindanao el 23 de mayo. En la ciudad de Marawi habían estallado combates entre fuerzas gubernamentales y una alianza de extremistas entre los que estaba el grupo Maute, que había jurado lealtad al grupo armado Estado Islámico. El conflicto finalizó en octubre al matar el ejército a varios líderes extremistas.4 Los extremistas aliados del Estado Islámico atacaron a civiles cristianos, cometiendo al menos 25 homicidios extrajudiciales y tomas masivas de rehenes y saqueos generalizados de bienes civiles que podrían haber constituido crímenes de guerra. Las fuerzas armadas de Filipinas detuvieron y maltrataron a civiles que huían, y también cometieron saqueos. Sus intensos bombardeos sobre zonas controladas por extremistas en la ciudad de Marawi arrasaron barrios enteros y mataron a civiles, lo que puso de relieve la necesidad de una investigación sobre su cumplimiento del derecho internacional humanitario. Las fuerzas armadas de Filipinas respondieron que investigarían las denuncias de crímenes de guerra. La ley marcial se prorrogó por segunda vez en diciembre, en un clima de inquietud por la posibilidad de que el régimen militar permitiera nuevos abusos contra los derechos humanos.

En abril se descubrió una celda de detención secreta en una comisaría de policía en Manila. La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas informó del hallazgo a la Oficina del Defensor del Pueblo para que abriera una investigación y también le trasladó denuncias de tortura y otros malos tratos.

Se acusó a las fuerzas de seguridad de infligir torturas y ejecutar extrajudicialmente a las personas capturadas durante cinco meses de combates entre las fuerzas armadas y el grupo Maute en Marawi.

Al concluir el año no se había aprobado un proyecto de ley para establecer un mecanismo nacional de prevención, de conformidad con las obligaciones contraídas por Filipinas en virtud de la Convención de la ONU contra la Tortura.

El presidente Duterte prometió reducir la edad mínima de responsabilidad penal, lo que generó una amplia condena de las organizaciones de derechos de la infancia y de la ONU. El 23 de mayo, el Subcomité de Reformas del Sistema Penitenciario aprobó un proyecto de ley para reformar la Ley de Bienestar y Justicia de Menores, que mantenía en 15 años la edad mínima de responsabilidad penal, pero introducía disposiciones en virtud de las cuales se recluía a niños y niñas de tan sólo nueve años en instituciones de corta estancia abarrotadas y a menudo insalubres para su rehabilitación o en espera de una resolución judicial. Seguía pendiente otro proyecto de ley que había sido presentado posteriormente por otro legislador y pretendía reducir a 12 años la edad mínima para la responsabilidad penal.

La campaña nacional contra las drogas socavaba el derecho de las personas al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Se obligó a muchas personas que consumían drogas a recibir tratamientos inadecuados y a someterse a iniciativas de rehabilitación que les impedían acceder a servicios de salud básicos y a programas de reducción de daños.

En enero, el presidente Duterte firmó un decreto ley para reforzar la aplicación de la Ley de Salud Reproductiva de 2012, que prometía ofrecer mayor acceso a los servicios de planificación familiar y de control de natalidad.

  1. “If you are poor, you are killed”: Extrajudicial executions in the Philippines’ “war on drugs” (ASA 35/5517/2017)
  2. Filipinas: Vista en el Senado destaca consecuencias mortales para menores de edad de la “guerra contra las drogas” (noticia, 24 de agosto)
  3. Philippines: Impending arrest of Senator politically motivated (ASA 35/5772/2017)
  4. Philippines: Human rights must not be ignored during martial law (noticia, 22 de julio)
República de Filipinas
Jefe del Estado y del gobierno: Rodrigo Roa Duterte
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