Información extraída de nuestro INFORME 2022/23
Continuaron los homicidios ilegítimos en la “guerra contra las drogas”, y se mantuvo arraigada la impunidad por miles de homicidios cometidos en el pasado. Se intensificó la represión de la disidencia y se restringió aún más la libertad de expresión, al tiempo que defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y personas que ejercían el activismo político, entre otras, eran víctimas de homicidios ilegítimos y de detenciones y reclusiones arbitrarias. Las autoridades bloquearon sitios web y ordenaron el cierre de medios de comunicación independientes.
Información general
En las elecciones de mayo resultó elegido presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. (hijo del expresidente Marcos), mientras que Sara Duterte-Carpio (hija del expresidente Duterte) fue elegida vicepresidenta. Continuó la “guerra contra las drogas”, iniciada en 2016 y vinculada a violaciones graves de derechos humanos. En octubre murieron más de 150 personas en inundaciones y corrimientos de tierra provocados por una fuerte tormenta tropical.
Tras la subida al poder del nuevo gobierno, aumentó el número de homicidios cometidos en el contexto de la “guerra contra las drogas”. Según el grupo universitario de investigación Dahas, durante 2022 se registraron 324 homicidios relacionados con las drogas y perpetrados por la policía o por agresores no identificados, de los cuales 175 habían tenido lugar después del mes de julio.
En septiembre, el Ministerio de Justicia anunció su intención de presentar cargos de asesinato contra al menos 30 agentes de policía que habían participado en 2021 en varias redadas contra activistas efectuadas en la región de Calabarzón en las que perdieron la vida 9 personas. En agosto, ese mismo ministerio comunicó que iba a revisar 250 casos de homicidio ocurridos en la región de Luzón Central durante operaciones antidrogas. Sin embargo, la inmensa mayoría de los homicidios relacionados con la “guerra contra las drogas” siguieron sin ser investigados.
En junio, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte para reanudar las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad, incluidos los cometidos en el contexto de la “guerra contra las drogas”. En su solicitud, argumentaba que las investigaciones de las autoridades filipinas eran inadecuadas y que, por tanto, no estaba justificada la suspensión de las investigaciones de la CPI desde finales de 2021 a instancias del gobierno de Filipinas.1 El gobierno mantuvo su postura de no cooperación con la CPI.2
En octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no renovó el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para hacer un seguimiento de la situación de los derechos humanos en Filipinas y de los avances del país en materia de rendición de cuentas, pese a la recomendación en sentido contrario de la entonces alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.3 El programa conjunto de cooperación técnica y fomento de la capacidad de la ONU continuó en marcha, pero recibió críticas por la falta de avances en áreas clave.
En noviembre murieron violentamente los activistas Ericson Acosta y Joseph Jimenez después de haber sido capturados, según informes, por las fuerzas de seguridad del gobierno. Sus muertes tuvieron lugar en un momento en el que se intensificaban los enfrentamientos armados entre el ejército y el grupo armado de oposición Nuevo Ejército del Pueblo en la provincia de Negros Occidental.4
La práctica constante de las autoridades y sus simpatizantes de vincular a organizaciones y personas a grupos comunistas —conocida como “etiquetado rojo”— provocó nuevos homicidios, detenciones arbitrarias y hostigamiento de defensores y defensoras de los derechos humanos y personas que ejercían el activismo político, entre otras.
El 15 de enero, unos individuos no identificados mataron a tiros a Silvestre Fortades y Rose Maria Galias, miembros de una organización de derechos de los agricultores y derechos laborales de la provincia de Sorsogon que había sido “etiquetada como roja”.
El 18 de febrero, la policía detuvo a Natividad Castro, doctora “etiquetada como roja” que proporcionaba atención médica a las comunidades indígenas de Mindanao. En marzo, el Tribunal Regional de la ciudad de Bayugan desestimó los cargos de secuestro y detención ilegal que pesaban en su contra, pero en junio revocó su decisión. Al concluir el año, aún no se había ejecutado la nueva orden judicial de detención contra Natividad Castro.
En agosto, la policía detuvo a Adora Faye de Vera, defensora de los derechos humanos del área metropolitana de Manila “etiquetada como roja”, que en la década de 1970 había sido detenida de manera arbitraria bajo la ley marcial durante el régimen de Marcos y, posteriormente, había seguido trabajando para que otras víctimas de esa ley consiguieran justicia. Al concluir el año, Adora Faye de Vera continuaba bajo custodia policial, acusada de asesinato y rebelión a causa de una presunta emboscada tendida a las fuerzas de seguridad en 2009 en la que murieron varios de sus miembros.5
En septiembre, la Fuerza Especial Nacional para Poner Fin al Conflicto Armado Local Comunista recibió duras críticas del Tribunal Supremo cuando “etiquetó como roja” a la jueza Marlo Magdoza-Malagar. En este caso, el “etiquetado rojo” estaba relacionado con la decisión de la jueza de desestimar una petición del Ministerio de Justicia para que designara como grupos terroristas al Partido Comunista de Filipinas y a su brazo armado, el Nuevo Ejército del Pueblo.
La presa de conciencia y exsenadora Leila de Lima, acusada de delitos de drogas por motivos políticos, continuó detenida por sexto año consecutivo, pese a que testigos claves en su causa se habían retractado de sus declaraciones.6 En agosto, la Oficina del Defensor del Pueblo desestimó una causa de soborno en su contra.
Se intensificaron las agresiones físicas y el hostigamiento judicial contra periodistas, y se bloquearon sitios independientes de noticias.
En 2022, al menos dos periodistas fueron víctimas de homicidio; uno de ellos, el destacado locutor de radio Percival Mabasa (conocido como Percy Lapid), que fue abatido a tiros el 3 de octubre en la ciudad de Las Piñas, en el área metropolitana de Manila.7 Poco después fue asesinado en prisión un hombre presuntamente implicado en su muerte. En las investigaciones subsiguientes, que continuaban en curso al concluir el año, fue señalado como sospechoso el jefe de la Dirección de Servicios Penitenciarios, a quien Percy Lapid había criticado en antena por corrupción.
En junio, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ordenó a los proveedores de servicios de Internet bloquear el acceso a 28 sitios web, especialmente los pertenecientes a grupos independientes de comunicación acusados por el gobierno de estar vinculados o apoyar a “terroristas y organizaciones terroristas”. En respuesta a un recurso interpuesto por el medio de comunicación Bulatlat, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ordenó levantar la orden de bloqueo de su sitio web. En octubre, la directora editorial de Bulatlat, Ronalyn Olea, fue “etiquetada como roja” en un canal de televisión afín al gobierno, en el que fue calificada en directo de “operadora de Internet” para organizaciones comunistas.
En julio, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia condenatoria por ciberdifamación de la premio Nobel Maria Ressa y de Reynaldo Santos Jr. En octubre se desestimó un segundo recurso de apelación. La causa contra ambos —fundadora y exinvestigador, respectivamente, del medio de comunicación independiente Rappler— tenía su origen en un artículo publicado en 2012 en el que se denunciaban vínculos de un empresario con el tráfico de drogas y la trata de seres humanos. En caso de perder su último recurso de apelación ante el Tribunal Supremo, se enfrentaban a más de seis años de prisión.8 Al concluir el año había al menos siete causas más contra Maria Ressa pendientes de resolución, y seguía en fase de apelación una orden de clausura de Rappler.
En agosto, el activista y excandidato a vicepresidente Walden Bello fue detenido por cargos de ciberdifamación presentados en su contra por la exresponsable de información pública de la vicepresidenta Sara Duterte. Al concluir el año, seguía pendiente de respuesta una solicitud presentada por Walden Bello para que se desestimaran los cargos, relacionados con unos comentarios que vinculaban a la exresponsable con las drogas, pero considerados, en general, un intento de silenciar una voz crítica.
En abril, guardias de seguridad de una plantación privada dispararon e hirieron al menos a cinco personas durante la visita de un candidato presidencial que había acudido al lugar para hablar con dirigentes de la comunidad manobo-pulangiyon, en la provincia de Bukidnon.
En septiembre, la comunidad instó al gobierno a investigar los disparos, dar reconocimiento jurídico a sus reivindicaciones con respecto a sus tierras ancestrales y poner fin a la invasión de terrenos por empresas privadas, que la habían desplazado.9
Al asumir el cargo, el presidente Marcos Jr. se comprometió a abordar la crisis climática. Sin embargo, los recortes presupuestarios —que afectaron también a la Comisión sobre Cambio Climático— y el impulso que recibió el uso de la energía nuclear y los combustibles fósiles hicieron dudar a los grupos ecologistas del cumplimiento de los planes de adaptación y del compromiso de aumentar el uso de fuentes de energía renovables.
A continuación puedes ver contenidos relacionados con este país.
Análisis, opinión, historias personales y otros
