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Pakistán

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Se intensificó la represión de los medios de comunicación, la sociedad civil y la oposición política. Las desapariciones forzadas continuaron siendo frecuentes sin que nadie rindiera cuentas por ellas. La COVID-19 supuso nuevas dificultades para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Se detuvo a profesionales de la salud por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, y también fueron víctimas de ataques en el lugar de trabajo. Pese a la propagación de la COVID-19 en las prisiones, el Tribunal Supremo bloqueó iniciativas destinadas a atenuar el hacinamiento. Se continuó utilizando la legislación sobre la blasfemia para perseguir judicialmente a las minorías religiosas, que también fueron atacadas por agentes no estatales. La violencia contra las mujeres siguió siendo una práctica muy extendida. El primer ministro, Imran Khan, anunció una serie de alentadoras medidas para liberar a presas y penalizar la tortura cuya aplicación, sin embargo, apenas avanzó. El Ministerio de Derechos Humanos acometió reformas trascendentales sobre la pena de muerte y los abusos contra la infancia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos permaneció inactiva.

Información general

Durante la mayor parte del año, la pandemia de COVID-19 desbordó las infraestructuras de salud del país, paralizó las instituciones educativas y puso en evidencia las desigualdades económicas. El brote dominó el curso de los acontecimientos en Pakistán durante casi todo 2020, pues los casos se dispararon cuando las autoridades levantaron los confinamientos de forma prematura para intentar estabilizar la economía. La dificultad para mantener la distancia social hizo que una serie de personas se vieran especialmente expuestas al contagio, entre ellas quienes dependían de jornales diarios, el personal que desempeñaba labores esenciales, la población penitenciaria, las personas refugiadas y la población estudiantil. En junio, el país adoptó una política de “confinamientos selectivos” aislando los distritos y zonas con mayor número de casos. Para sorpresa de los expertos médicos, los contagios empezaron a descender de manera significativa en agosto, tras lo cual el gobierno relajó las restricciones.

Derecho a la salud

Profesionales de la salud en primera línea

Al principio de la pandemia de COVID-19, hubo grave escasez de equipos de protección individual (EPI) en los centros de salud, hasta el punto de que aparecieron fotografías de personal médico atendiendo a posibles pacientes de COVID-19 con bolsas de plástico en lugar de mascarillas, trajes de protección y guantes. Entre marzo y julio se contagiaron de COVID-19 casi 5.400 profesionales de la salud, de los cuales murieron al menos 58. La policía de la provincia de Baluchistán empleó fuerza innecesaria y excesiva en la ciudad de Quetta contra profesionales de la salud que protestaban por la falta de EPI, recursos y ayuda del gobierno. Algunas de las personas que se manifestaban fueron arrestadas y estuvieron detenidas casi 24 horas.

Hubo casos de violencia de la policía y la población contra los trabajadores de la salud cuando éstos se veían obligados a rechazar a pacientes por estar los hospitales desbordados o cuando, debido al protocolo de contención de la enfermedad, no devolvían de inmediato a sus familiares los cadáveres de víctimas de COVID-19. Por ejemplo, el 17 de junio, un agente de policía disparó a un médico en las piernas; el 2 de junio, un familiar de un paciente de COVID-19 rompió la nariz a otro médico; y el 29 de mayo, varias profesionales de la salud tuvieron que encerrarse en una habitación para protegerse de una muchedumbre furiosa que arrasó su sección del hospital. Al concluir el año no se tenía constancia de ninguna investigación sobre estos ataques ni estaba claro si el gobierno había reforzado la seguridad del personal de salud tras las reiteradas solicitudes de los hospitales. El 6 de abril, las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva contra médicos y médicas que protestaban pacíficamente en Quetta, golpeándolos con porras y deteniendo a 53 profesionales de la salud durante al menos 24 horas. En julio, un grupo de médicos y médicas que protestaban pacíficamente por la falta de seguridad fueron detenidos en la región de Azad Jammu y Cachemira.

Población reclusa

La población reclusa superaba con creces la capacidad máxima de las prisiones y se encontraba especialmente expuesta a contraer la COVID-19. La falta de higiene e instalaciones sanitarias adecuadas, la escasez de recursos médicos, la falta de coherencia a la hora de realizar las pruebas y la imposibilidad para los presos de respetar la distancia social contribuyeron a la fácil transmisión del virus.

Las autoridades penitenciarias tomaron medidas para aliviar la masificación. Asimismo, las órdenes emitidas por tribunales provinciales permitieron la excarcelación de personas consideradas particularmente vulnerables al virus. Sin embargo, poco después de haberse dictado esas órdenes, el Tribunal Supremo intervino aduciendo una cuestión técnica y fueron de nuevo encarceladas. Para el mes de septiembre, al menos 1.800 presos y presas de todo el país habían dado positivo en las pruebas de COVID-19. El número real era probablemente superior, ya que no se llevaron cabo suficientes pruebas.

El 2 de septiembre, en cumplimiento de un fallo del Tribunal Supremo, el primer ministro ordenó la excarcelación de las presas que estuvieran siendo juzgadas, que hubieran sido condenadas por delitos menores o que hubieran cumplido ya la mayor parte de la pena. Sin embargo, al concluir el año no se había elaborado ninguna lista de las presas que tenían que ser excarceladas y el gobierno no había emitido ninguna notificación especial para facilitar el proceso.

Discriminación

Ante el impacto económico de la pandemia, proliferaron las campañas benéficas para ayudar a quienes habían perdido sus medios de sustento. Sin embargo, según informes, se negó limosna y donativos a personas de la perseguida comunidad ahmadí debido a su fe. Asimismo, algunas organizaciones religiosas difundieron por las redes sociales llamamientos para que las entidades benéficas se aseguraran de que la población ahmadí no recibía alimentos y otros artículos de primera necesidad.

Derechos laborales

Decenas de miles de trabajadores y trabajadoras fueron despedidos debido al cierre de las fábricas que producían artículos no esenciales, a la interrupción de las cadenas de suministro y a las restricciones de los viajes. En abril, el gobierno anunció la creación de 60.000 puestos de trabajo para estas personas en la campaña gubernamental de reforestación, promesa que se cumplió en parte. El sistema de seguridad social de Pakistán continuaba lastrado por la falta de recursos, y la mayoría de los programas de reinserción laboral se establecían caso por caso.

Derecho a la educación

El gobierno mantuvo cerradas las escuelas y las universidades durante casi seis meses para impedir la propagación de la COVID-19, con lo que las clases tuvieron que trasladarse a Internet, cuya cobertura seguía siendo inadecuada, pues el acceso era escaso o nulo para alrededor del 68% de la población, sobre todo en las zonas remotas. Esto repercutió negativamente en el derecho a la educación de numerosos estudiantes, que no pudieron seguir las clases por falta de equipos o por tener acceso limitado a Internet. En la ciudad de Quetta, los estudiantes protestaron y pidieron acceso igualitario a Internet para poder continuar sus estudios. Agentes de policía golpearon y detuvieron al menos a 24 estudiantes. Además, en las imágenes de vídeo de la actuación policial se puede observar que los agentes que efectuaron las detenciones no llevaban EPI ni mantenían la distancia física, lo cual aumentaba el peligro de propagación de la COVID-19.

Desapariciones forzadas

Se generalizó el recurso indisimulado a la desaparición forzada para castigar la disidencia, hasta el punto de que los servicios de inteligencia llevaron a cabo secuestros a plena luz del día en el centro de las ciudades. En los años anteriores, las víctimas de desaparición forzada —personas que defendían los derechos humanos, activistas políticos, estudiantes y periodistas— generalmente eran poco conocidas fuera de sus comunidades. Sin embargo, en julio, unos hombres armados secuestraron en la capital federal, Islamabad, a Matiullah Jan, destacado crítico del gobierno. Las cámaras de seguridad grabaron el secuestro y las imágenes se publicaron en Internet, lo que provocó una fuerte reacción contra los secuestradores, y Matiullah Jan quedó en libertad 24 horas más tarde.

En junio, el Ministerio de Defensa admitió haber mantenido bajo custodia al defensor de los derechos humanos y exasesor de Amnistía Internacional Idris Khattak desde su desaparición forzada a manos de unos hombres armados el 13 de noviembre de 2019. Sin embargo, pese a haberse reconocido públicamente que Idris Khattak estaba bajo custodia del ejército, los responsables no rindieron cuentas, con lo que quedó en evidencia la impunidad que rodeaba a esta práctica. Aunque el tribunal superior provincial ordenó su entrega en numerosas ocasiones, sus órdenes fueron desoídas. Como ya no se consideraba a Idris Khattak desaparecido, se disolvió el equipo conjunto de investigación constituido para investigar su caso, aunque no se reveló su paradero.

En septiembre se denunció la desaparición del experiodista y miembro de la Comisión de Valores y Bolsa de Pakistán Sajid Gondal, cuyo vehículo fue hallado en un barrio periférico de Islamabad, y que había sido relacionado recientemente con una investigación de otro periodista sobre la presunta corrupción de un alto colaborador del primer ministro. Sajid Gondal reapareció cinco días más tarde.

No se avanzó en la tipificación como delito de las desapariciones forzadas pese a ser una de las promesas electorales del gobierno. La ministra de Derechos Humanos, Shireen Mazari, comunicó por Twitter en septiembre que había hablado con el primer ministro y que éste había calificado la práctica de “inaceptable”.

Libertad de expresión

Las autoridades reforzaron su control sobre los medios de comunicación, cuyo personal denunció el agravamiento de los actos de coacción y la censura. En septiembre, el primer ministro negó en una entrevista que se estuviera reprimiendo a la prensa y afirmó que no le importaban las críticas. Sin embargo, los periodistas que publicaban información crítica eran hostigados, intimidados, censurados e incluso detenidos.

En una declaración conjunta publicada el 12 de agosto, al menos 16 mujeres periodistas denunciaron que el equipo de redes sociales del partido gobernante las sometía sistemáticamente a actos de hostigamiento y amenazas de violencia, sobre todo cuando su labor periodística no era favorable al gobierno. Esto, afirmaron, afectaba a su capacidad de trabajar y de expresarse sin temor. En un solo mes, el número de firmantes de la declaración llegó a 161. El partido del gobierno no sólo continuó con este tipo de ataques y abusos online, sino que sus parlamentarios reprodujeron en sus declaraciones las mismas prácticas de intimidación y hostigamiento.

El periodista Ahmed Noorani —que ya había sufrido una grave agresión física en 2017, presuntamente, a manos de agentes de inteligencia— fue víctima de una despiadada campaña online tras haber publicado un artículo de investigación en agosto sobre los negocios de un alto colaborador del primer ministro y exmilitar.

En septiembre, el periodista Bilal Farooqi fue arrestado y detenido por unos mensajes publicados en las redes sociales sobre una manifestación antichií que había tenido lugar en la ciudad de Karachi. Para justificar su detención se invocó la draconiana Ley de Delitos Electrónicos de Pakistán.

Mir Shakil ur Rahman, director y fundador del grupo de medios Jang —el mayor conglomerado mediático de Pakistán—, fue recluido en espera de juicio en marzo por cargos relacionados con una transacción de bienes efectuada hacía más de 30 años. Estas acusaciones falsas se consideraron represalias por las críticas del grupo a la campaña “anticorrupción” del gobierno.

Violencia contra mujeres y niñas

El eslogan “my body, my choice” (mi cuerpo, mi decisión) se convirtió en el grito de guerra del creciente movimiento de mujeres de Pakistán. En febrero, cuando se estaba preparando la tercera Marcha de Mujeres anual, un abogado pidió la prohibición del acto ante un tribunal provincial. Sin embargo, el tribunal resolvió que la prohibición sería inconstitucional. Tras el fallo, un partido político religioso acusó de “vulgaridad” a la Marcha de Mujeres y pidió a sus miembros que la bloquearan y que se prepararan para “cualquier sacrificio” si el gobierno garantizaba la seguridad de la manifestación. En Islamabad fueron apedreadas personas que se manifestaban pacíficamente. Las autoridades no aplicaron medidas de seguridad adecuadas a pesar de la gravedad de las amenazas que había recibido la Marcha de Mujeres.

En septiembre, la violación en grupo de una mujer en una autovía delante de sus hijos provocó indignación en todo el país y actos de protesta por doquier en los que se pidió la dimisión de un alto mando policial que había culpado a la víctima de la agresión. Debido a estos hechos se alzaron públicamente voces para pedir duros castigos para los responsables de ese tipo de delitos, incluidos la castración química y el ahorcamiento público. Sin embargo, los grupos de la sociedad civil se manifestaron contrarios a esa postura y los medios de comunicación subrayaron la ineficacia de esas medidas para frenar la violencia contra las mujeres y las niñas.

La aprobación de la Ley Zainab de Alerta constituyó un éxito inusitado. Esta ley tenía por objeto agilizar los procedimientos y mejorar la coordinación entre distintas instituciones gubernamentales para recuperar a niños y niñas desaparecidos y secuestrados.

A lo largo del año se denunciaron cientos de casos de violencia contra mujeres y niñas. Sin embargo, fueron pocos —o ninguno— los perpetradores que rindieron cuentas.

Libertad de religión o de creencias

En julio, las autoridades de Islamabad cedieron a la presión de una campaña discriminatoria organizada por políticos, medios de comunicación y clérigos para detener la construcción del primer templo y centro comunitario hindú en la capital. El muro que delimitaba el terreno de construcción fue derribado por la muchedumbre.

La imprecisa y amplia legislación contra la blasfemia, que en años anteriores se había utilizado para atacar a las personas más marginadas de la sociedad, en 2020 se empleó también contra artistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas.

En julio, Tahir Ahmed, de 54 años y con discapacidad mental, murió en el juzgado, abatido a tiros por un joven que había acudido a observar su juicio por cargos de blasfemia.

En agosto, la policía presentó una denuncia contra la actriz Saba Qamar y el cantante Bilal Saeed por haber grabado un vídeo musical en una mezquita. El vídeo fue publicado en Internet, lo que dio lugar a grandes actos de protesta en la ciudad de Lahore, durante los cuales los líderes del partido religioso Tehreek-i-Labbaik amenazaron con “vengarse” de los artistas.

En agosto, en aplicación de la legislación sobre la blasfemia, la policía presentó una denuncia contra la periodista y defensora de los derechos humanos Marvi Sirmed por un tuit que había publicado.

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República Islámica de Pakistán
Jefe del Estado: Arif Alvi
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