Vietnam

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

El gobierno continuó recurriendo a disposiciones imprecisas del Código Penal e intentó introducir nuevas leyes para combatir la disidencia y suprimir la libertad de expresión, lo que se tradujo en más detenciones y reclusiones arbitrarias. Los malos tratos a activistas en las cárceles de todo el país continuaron siendo motivo de preocupación. Los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales no fueron adecuadamente protegidos ni en la legislación ni en la práctica. El gobierno abolió la pena de muerte para ocho delitos.

Información general

Las reformas agruparon 63 provincias y ciudades en 34 unidades administrativas, algo que muchas personas consideraron un intento por parte de Tô Lâm, secretario general del Partido Comunista de Vietnam, de centralizar el control antes del Congreso del Partido de 2026.

Vietnam fue reelegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU hasta 2028. El Comité de Derechos Humanos de la ONU evaluó el historial de derechos humanos del país y expresó preocupación respecto a la represión transnacional, la tortura, las condiciones de detención, la libertad de expresión y el derecho a un juicio con las debidas garantías.

Libertad de expresión

Periodistas y activistas

Siguió utilizándose la condena a largas penas de prisión como instrumento de represión contra las voces disidentes. El destacado periodista Đoàn Bảo Châu fue hostigado constantemente por informar sobre el gobierno y criticarlo. En agosto, la policía lo acusó de “propaganda contra el Estado”, en aplicación del artículo 117 del Código Penal, por haber realizado seis vídeos y entrevistas en medios de comunicación internacionales sobre cuestiones sociales y violaciones de los derechos humanos en Vietnam. De ser declarado culpable, podía ser condenado a una pena de hasta 20 años de cárcel.

En agosto, una periodista del servicio vietnamita de la BBC fue interrogada y le impidieron salir del país tras haber ido a renovar su pasaporte.

En 2025, al menos 43 personas, entre las que había ciudadanos y ciudadanas de a pie, activistas y periodistas, fueron detenidas por la policía y procesadas en aplicación de los artículos 109, 116, 117 y 331 del Código Penal, excesivamente amplios y vagamente formulados, por el simple hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión.

En octubre, la sociedad civil expresó preocupación por un proyecto de ley de prensa en virtud de la cual los y las periodistas podrían tener que revelar sus fuentes a la policía.

Represión de la disidencia

En agosto, el Ministerio de Seguridad Pública estableció la Alianza para la Confianza Digital, una coalición nacional cuyo objetivo aparentemente era combatir la información errónea. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil consideraron que la nueva alianza era otra plataforma para amplificar la propaganda gubernamental. La coalición estaba formada por más de 300 “líderes de opinión claves” e influencers de todo el país. Esta nueva iniciativa complementaba dos proyectos ya existentes, Comité 35 y Fuerza 47, gestionados por la policía y el ejército, que trataban de influir en la opinión pública y suprimir las voces disidentes con el pretexto de “luchar contra la desinformación y los bulos“.

En septiembre, el Ministerio de Seguridad Pública presentó una propuesta para introducir modificaciones en la Ley de Ciberseguridad de 2018. Este borrador de enmienda exigía a las empresas proveedoras de Internet que proporcionaran a la policía las direcciones IP, eliminaran contenidos y suspendieran sus servicios en un plazo de 24 horas a partir de una solicitud de la policía. La propuesta suscitó preocupación por los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión online.

La policía utilizó leyes como el Decreto Nº 14/2022/ND-CP, que penalizaba la difusión de “contenido ilegal” o la “desinformación y difamación”, para imponer multas a quienes expresaban en las redes sociales su desacuerdo con las políticas públicas y la policía. Estas sanciones administrativas iban de los 5 a los 10 millones de dongs vietnamitas (entre 190 y 380 dólares estadounidenses) En noviembre, la policía de varias provincias amenazó y multó a titulares de numerosas cuentas en redes sociales por publicar “información falsa” sobre las mortíferas inundaciones y deslizamientos de tierra que habían azotado el país, así como sobre las iniciativas de ayuda humanitaria del gobierno. Sólo en la provincia de Đắk Lắk, la policía tramitó al menos 52 casos.

Tortura y otros malos tratos

Persistió la preocupación por la salud de activistas que estaban en prisión al no tener acceso a una atención médica adecuada. A la activista por los derechos a la tierra Cấn Thị Thêu se le negó el acceso a sus informes médicos a pesar de que existía una gran preocupación por su bienestar.¹ También fue motivo de preocupación la salud de otros periodistas en detención, como Lê Hữu Minh Tuấn, Phạm Chí Dũng y Nguyễn Tường Thụy.

Defensores de los derechos humanos encarcelados, como el profesor de música Đặng Đăng Phước, el activista en favor de la democracia Lê Đình Lượng, el activista ambiental Hoàng Đức Bình, el activista Bùi Tuấn Lâm y el activista por los derechos a la tierra Trịnh Bá Tư fueron sometidos a duros castigos en prisión, como mantenerlos con grilletes en las piernas durante 10 días o en aislamiento durante semanas y limitar las visitas de sus familiares.

El 2 de septiembre, el disidente Vương Văn Thả murió en la cárcel de An Phước, en la provincia de Bình Dương. Llevaba desde 2017 cumpliendo una condena de 12 años de cárcel por “propaganda contra el Estado”. Su familia, que cuestionó la versión oficial de suicidio y pidió una investigación independiente sobre su muerte, sufrió el acoso de las autoridades.

Detención y reclusión arbitrarias

Al menos cinco activistas de derechos humanos y en favor de la democracia fueron detenidos el 28 de agosto, unos días antes del Día Nacional, que se celebra el 2 de septiembre. La policía afirmó que estaban siendo investigados en aplicación del artículo 117 del Código Penal y que continuarían detenidos al menos hasta el primer trimestre de 2026.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Las personas LGBTIQ+ seguían siendo vulnerables por su falta de protección jurídica. Las leyes sobre matrimonio y familia no reconocían el matrimonio entre personas del mismo sexo. Al no existir en su caso normativas respecto a la adopción, la atención médica o los derechos de propiedad de parejas no casadas, las personas LGBTIQ+ seguían expuestas a discriminación. Continuaba sin resolverse la cuestión de los derechos de las personas transgénero. El proyecto de ley sobre reconocimiento de género siguió aplazado por décimo año consecutivo. Las campañas de desinformación progubernamentales intensificaron la violencia de género facilitada por la tecnología dirigida contra las personas LGBTIQ+ online. El Desfile del Orgullo de Ciudad Ho Chi Minh fue cancelado por primera vez en 13 años y otros actos del Orgullo fueron censurados o cancelados tras el hostigamiento de las autoridades locales.

Derecho a un medioambiente saludable

En enero, la contaminación del aire en Vietnam encabezó las listas mundiales. En marzo, los niveles de partículas en suspensión (PM 2,5) en la capital, Hanoi, fueron 25 veces superiores a los límites de la OMS, lo cual obligó a cerrar las escuelas y repercutió en el acceso a la educación y a la salud, especialmente en el caso de las personas en riesgo. Continuó siendo motivo de preocupación la prohibición de los vehículos de gasolina en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, prevista para julio de 2026. Aunque el gobierno promocionó la medida como una forma de reducir la contaminación del aire y apoyar los objetivos de cero emisiones netas, hubo voces críticas que advirtieron que podría perjudicar a las personas de bajos ingresos que utilizaban la motocicleta como medio de transporte si no se ofrecían alternativas limpias que fueran asequibles.

Pena de muerte

Vietnam abolió la pena de muerte para ocho delitos y la sustituyó por cadena perpetua a partir de julio de 2025. Sin embargo, la falta de garantías procesales en las causas de pena capital y el secretismo que rodeaba el uso de la pena de muerte seguían suscitando preocupación respecto a si se seguían imponiendo condenas a muerte.