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Vietnam

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Seguían restringiéndose de manera arbitraria los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Decenas de activistas huyeron del país al intensificarse la represión de la disidencia. Defensores y defensoras de los derechos humanos, personas comprometidas con el activismo político pacífico y fieles de cultos religiosos sufrieron diversas violaciones de derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias, juicios sin garantías por cargos relacionados con la seguridad nacional y por otros cargos poco precisos, y reclusión durante periodos prolongados. Se impusieron restricciones a la libertad de circulación de importantes activistas, que fueron también objeto de vigilancia, hostigamiento y agresiones. Algunos presos y presas de conciencia fueron sometidos a tortura y otros malos tratos. Se recibieron noticias sobre muertes bajo custodia policial y se mantuvo la pena de muerte.

En el marco de una campaña contra la corrupción, se detuvo y procesó a decenas de altos cargos de empresas públicas, algunos de los cuales ocupaban también puestos en el gobierno y en el Partido Comunista de Vietnam. Varias de estas personas fueron condenadas a muerte por malversación. En julio, agentes de seguridad del Estado secuestraron en Alemania a un exempresario y ex alto cargo del gobierno cuya solicitud de asilo en ese país estaba en trámite y lo devolvieron a Vietnam para que fuera juzgado por malversación y mala gestión económica. Las autoridades vietnamitas aseguraron que había regresado voluntariamente al país.

Durante la evaluación del historial de derechos humanos de Vietnam realizada en el contexto del examen periódico universal de la ONU, el gobierno declaró haber aplicado, a fecha de febrero de 2017, 129 de las 182 recomendaciones que se le habían formulado durante el examen de 2014. No se reformó para ajustarla al derecho y las normas internacionales la imprecisa legislación vietnamita sobre seguridad, que se utilizaba contra la disidencia pacífica.

A lo largo del año, Vietnam acogió varias reuniones del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, incluida la cumbre de líderes, en noviembre.

Se intensificó la represión contra la libertad de expresión y contra quienes criticaban los actos y las políticas del gobierno, a consecuencia de lo cual decenas de activistas pacíficos huyeron del país. Durante el año se detuvo al menos a 29 activistas, y otros pasaron a la clandestinidad tras haberse dictado órdenes de detención en su contra. Para acusar y detener a estas personas se invocaban sobre todo imprecisas disposiciones del apartado sobre seguridad nacional del Código Penal de 1999 u otros cargos falsos. Se persiguió en particular a blogueros y blogueras, activistas en favor de la democracia y activistas medioambientales que participaban en campañas relacionadas con los vertidos tóxicos de la empresa Formosa Plastics —ocurridos en 2016—, a consecuencia de los cuales murieron toneladas de peces y quedaron destruidos los medios de vida de miles de personas. Entre julio y diciembre fueron detenidos al menos 5 miembros de la organización independiente Hermandad por la Democracia, uno de cuyos fundadores era el abogado de derechos humanos y preso de conciencia Nguyễn Văn Đài.1 Fueron acusados en aplicación del artículo 79 (actividades para derrocar al gobierno del pueblo), que preveía penas de hasta cadena perpetua o muerte. Varios de ellos habían sido ya presos de conciencia. En agosto se sumó también este cargo a los que ya pesaban contra Nguyễn Văn Đài y su colaboradora, Lê Thu Hà, recluidos en régimen de incomunicación desde su detención, en diciembre de 2015, por “propaganda contra el Estado”, en aplicación del artículo 88.

Pese a la excarcelación de algunos presos o presas de conciencia que habían cumplido ya condena, había al menos 98 personas detenidas o encarceladas por motivos de conciencia, lo que suponía un incremento con respecto a años anteriores. Entre ellas figuraban defensores y defensoras de los derechos humanos que se dedicaban a cuestiones relacionadas con la tierra o a asuntos laborales, activistas políticos, fieles dediferentes religiones y miembros de minorías étnicas. Las autoridades seguían sin conceder la excarcelación anticipada a ningún preso o presa de conciencia que no accediera a exiliarse. El activista social católico y bloguero Đặng Xuân Diệu, detenido en 2011, quedó en libertad en enero, tras haber cumplido 6 de los 13 años de prisión a los que había sido condenado, y fue enviado inmediatamente al exilio a Francia. El pastor religioso Nguyễn Cong Chinh salió en libertad en julio, 4 años antes de terminar de cumplir la condena de 11 años que le había sido impuesta, y también fue enviado de inmediato al exilio en Estados Unidos. Ambos habían sido torturados y sometidos a otros malos tratos durante el tiempo que habían permanecido en prisión.

Habitualmente los juicios contra disidentes no cumplían las normas internacionales de justicia procesal: no existía una defensa adecuada ni se respetaba la presunción de inocencia. La defensora de los derechos humanos y bloguera Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, también conocida como Mẹ Nấm (Mamá Seta), fue condenada en junio a 10 años de prisión por “propaganda” en aplicación del artículo 88. La activista de los derechos a la tierra y laborales Trần Thị Nga fue condenada en julio por el mismo cargo a 9 años de prisión, más 5 de arresto domiciliario tras su excarcelación.2 En octubre, tras un juicio que duró sólo unas horas, el estudiante Phan Kim Khánh fue declarado culpable en aplicación del artículo 88 y condenado a 6 años de cárcel más 4 de arresto domiciliario tras su excarcelación. Había criticado la corrupción y la falta de libertad de expresión de Vietnam en blogs y redes sociales; también lo acusaron de estar en contacto con “reaccionarios” del extranjero.

En mayo, las autoridades privaron de la nacionalidad vietnamita al ex preso de conciencia Phạm Minh Hoàng, miembro del grupo Viet Tan, con sede en el extranjero, que llevaba a cabo campañas pacíficas por la democracia en Vietnam. El activista fue expulsado en junio a Francia.

Siguieron recibiéndose noticias sobre torturas y otros malos tratos —incluidas palizas y otras agresiones físicas— a activistas pacíficos a manos de personas que se creía que actuaban en connivencia con la policía de seguridad. En septiembre, en su informe inicial sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura de la ONU, que había ratificado en noviembre de 2014, Vietnam reconoció la existencia de desafíos y dificultades para la aplicación de la Convención, debido, entre otras razones, a la naturaleza “incompleta del marco jurídico de derechos humanos”.

Era habitual que a los presos y presas de conciencia se los recluyera en régimen de incomunicación durante el periodo de detención previa al juicio, que podía durar hasta dos años. Además, a las personas detenidas se les negaba el tratamiento médico y se las trasladaba a prisiones alejadas de sus domicilios familiares.

El paradero del defensor de los derechos humanos Nguyễn Bắc Truyển, detenido en secreto en julio, no se dio a conocer a su familia hasta tres semanas después. Fue recluido en régimen de incomunicación y se le negó acceso a la medicación necesaria para tratar las enfermedades que padecía antes de su detención.3

La negación del tratamiento médico se utilizaba para tratar de obligar a los presos y presas de conciencia a “confesar” delitos. Al activista Đinh Nguyễn Kha, condenado a seis años de prisión por haber distribuido folletos en los que se criticaba la respuesta de Vietnam a las reclamaciones territoriales de China en la región, se le negó el tratamiento postoperatorio que necesitaba.4 También se siguió negando tratamiento médico adecuado para los graves problemas de salud que padecía desde abril de 2015 a la activista de los derechos a la tierra Trần Thị Thúy, budista hòa hảo.

Las autoridades utilizaron fuerza innecesaria o excesiva para dispersar e impedir concentraciones y actos de protesta pacíficos, en especial los relacionados con los vertidos tóxicos de la empresa Formosa Plastics, ocurridos en abril de 2016. En febrero, agentes de policía y hombres vestidos de civil atacaron a unos 700 manifestantes pacíficos, en su mayoría católicos, que se habían congregado en la provincia de Nghệ An para participar en una marcha cuyo destino era la presentación de denuncias contra la empresa Formosa Plastics. Varias personas resultaron heridas y tuvieron que ser hospitalizadas, mientras que otras fueron detenidas.5

Siguieron recibiéndose noticias sobre muertes bajo custodia policial en circunstancias poco claras. El budista hòa hảo Nguyễn Hữu Tấn murió en mayo tras su detención. Aunque la policía aseguró que se había suicidado, su padre manifestó que las lesiones que presentaba el cadáver indicaban que había sido torturado y, posteriormente, asesinado.

En febrero, un informe del Ministerio de Seguridad Pública reveló el grado de aplicación de la pena de muerte, con una media de 147 ejecuciones anuales entre agosto de 2013 y junio de 2016. Asimismo, el documento afirmaba que estaba previsto construir cinco nuevos centros para ejecuciones mediante inyección letal. Durante 2017 los medios de comunicación oficiales sólo informaron de una ejecución, pero se creía que la cifra real era superior. Se impusieron condenas a muerte por delitos de drogas y malversación.

  1. Viet Nam: Four peaceful activists arrested in connection with long-detained human rights lawyer (ASA 41/6855/2017)
  2. Vietnam: Mujer activista condenada a nueve años de cárcel (ASA 41/6833/2017)
  3. Vietnam: Defensor de los derechos humanos en paradero desconocido, en peligro de tortura (ASA 41/6964/2017)
  4. Vietnam: Se niega a preso el tratamiento médico necesario (ASA 41/5733/2017)
  5. Vietnam: Cientos de manifestantes pacíficos atacados por la policía (ASA 41/5728/2017)
República Socialista de Vietnam
Jefe del Estado: Trần Đại Quang
Jefe del gobierno: Nguyễn Xuân Phúc
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