Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

Buscar

Indonesia

Indonesia 2019

El gobierno no protegió a los defensores y defensoras de los derechos humanos, y restringió los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Siguió abusándose de disposiciones del derecho penal para limitar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Las fuerzas de seguridad cometieron violaciones de derechos humanos —que, en general, quedaron impunes—, utilizando fuerza excesiva durante las labores policiales y de seguridad. En Papúa estalló la violencia, con agresiones racistas tanto verbales como físicas contra la población papú, que en ocasiones respondió pacíficamente y, en otros casos, con violencia.

Información complementaria

El 17 de abril se celebraron simultáneamente elecciones presidenciales, parlamentarias y locales. Con ese motivo, Amnistía Internacional publicó una agenda de derechos humanos con nueve puntos, en la que subrayaba las amenazas existentes a la libertad de expresión, pensamiento, conciencia, religión y creencia, la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en el pasado, los derechos de las mujeres y las niñas, la situación de los derechos humanos en Papúa, los abusos contra los derechos humanos perpetrados por las empresas de aceite de palma, la pena de muerte y los derechos LGBTI.[1]

Libertad de expresión y protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos

Tras haber revisado los datos a los que tuvo acceso a través de la prensa y de entidades asociadas locales, Amnistía Internacional identificó 203 investigaciones penales abiertas entre octubre de 2014 y marzo de 2019 contra personas que habían criticado a cargos públicos, a sus cónyuges o a instituciones del gobierno, ya fuera por medios electrónicos, en las redes sociales o en actos de protesta. Estas investigaciones respondían a la presentación de cargos por difamación, “difusión de bulos” e “incitación a la hostilidad”, todos ellos delitos contemplados en la Ley sobre Información y Transacciones Electrónicas. Asimismo, las autoridades utilizaron el Código Penal y sus disposiciones sobre rebelión (makar), que penalizaban los actos, violentos o no, cometidos con la intención de hacer que parte de Indonesia o toda ella cayera en manos del enemigo o se escindiera, perjudicar al presidente o al vicepresidente o derrocar al gobierno.

Se utilizaron acusaciones de makar para detener, enjuiciar y encarcelar a activistas que abogaban pacíficamente por la independencia de Papúa y Molucas. El 31 de octubre, 27 personas fueron acusadas de makar, incluidas cinco personas naturales de Molucas que habían sido detenidas en junio por haber izado la bandera Benang Raja, símbolo del movimiento separatista República de Molucas del Sur. Todas estas personas eran presas de conciencia.

Amnistía Internacional documentó nueve sentencias condenatorias impuestas en aplicación de las disposiciones sobre blasfemia recogidas en la Ley sobre la Blasfemia, el Código Penal y la Ley sobre Información y Transacciones Electrónicas, ocho de ellas por la publicación de mensajes sobre religión en las redes sociales.

Policía y fuerzas de seguridad

Se celebraron varias protestas a escala nacional, entre ellas las de los días 21 a 23 de mayo, contra el resultado de las elecciones presidenciales, y las de los días 23 a 30 de septiembre, contra la promulgación de varias leyes por el Parlamento, incluida una reforma del Código Penal que contenía disposiciones que amenazaban las libertades civiles. Hubo indicios de fuerza policial innecesaria y excesiva contra manifestantes y viandantes.

Durante las protestas de los días 21 a 23 de mayo, la policía utilizó fuerza excesiva constitutiva de tortura u otros malos tratos, como quedó registrado en varias grabaciones de vídeo cuya autenticidad fue verificada.[2] En los vídeos se podía ver a la policía propinando patadas y golpes a hombres que no oponían ninguna resistencia. El contenido de las imágenes fue confirmado por testigos, por las propias víctimas y por familiares de éstas. La policía detuvo también a manifestantes, a quienes recluyó al menos durante varios días de manera arbitraria y en régimen de incomunicación, sin las correspondientes órdenes judiciales En respuesta a la indignación pública por estos abusos, la policía comunicó que 16 agentes de policía habían rendido cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas de mayo. Sin embargo, esa rendición de cuentas se hizo a través opacos mecanismos internos de carácter disciplinario, y no mediante procesos penales.

Durante las protestas de los días 21 a 23 de mayo murieron nueve personas en Yakarta y una en Pontianak, muchas de ellas por heridas de bala. Sin embargo, la policía afirmó que ninguno de sus agentes utilizaba munición real. No se detuvo a ningún agente de policía ni se identificó a ningún sospechoso.

Durante las protestas de los días 23 a 30 de septiembre, la policía utilizó fuerza excesiva para dispersar a la multitud, haciendo uso indiscriminado de pulverizadores de pimienta y gases lacrimógenos. El 26 de septiembre, dos estudiantes que participaban en un acto de protesta en la ciudad de Kendari (provincia de Célebes Suroriental) murieron a consecuencia de los disparos recibidos, uno de ellos en el pecho y el otro en la cabeza. Al investigar estas muertes, la policía comunicó que, en contra de lo que el propio cuerpo había afirmado anteriormente, seis agentes de policía portaban armas de fuego durante la protesta de Kendari, pese a lo cual no se responsabilizó a nadie de las muertes. Asimismo, en las protestas de Yakarta resultaron muertos tres manifestantes, pero la policía no anunció ninguna investigación al respecto.

Varios periodistas afirmaron haber sufrido actos de intimidación y agresiones a manos de la policía cuando documentaban la actuación de ésta en las dos protestas. Al no haberse abierto ninguna investigación inmediata, independiente, efectiva y transparente, era difícil comprobar la veracidad de estas afirmaciones, dado que no existían grabaciones de vídeo que corroboraran, entre otros, el argumento de la policía de que había actuado en defensa propia.

Violaciones de derechos humanos y abusos en Papúa

Dos incidentes hicieron estallar la violencia en la región de Papúa (provincias de Papúa y Papúa Occidental): el ataque perpetrado en Nduga a principios de diciembre de 2018 contra 16 trabajadores de una empresa de construcción —acto reivindicado por un grupo independentista armado de Papúa— y una agresión verbal racista que tuvo lugar en Surabaya (provincia de Java Oriental) el 16 de agosto. En este último caso, un grupo de estudiantes papúes se vio rodeado en su residencia por militares y personas de organizaciones contrarias a la independencia de Papúa, que profirieron insultos racistas y los llamaron, entre otros apelativos, “monos”. La agresión fue grabada en vídeo y recibió amplia difusión en las redes sociales, hecho que desencadenó protestas —algunas de ellas, con brotes de violencia— entre la población papú en las ciudades de Jayapura y Tigi y la zona circundante de la regencia de Deiyai, así como en Fakfak y Wamena, dos importantes ciudades de Papúa.

La agresión contra los trabajadores de Nduga dio lugar a un despliegue militar y policial a gran escala que provocó la huida de población local a bosques adyacentes o ciudades cercanas. Grupos locales de la sociedad civil, incluidas iglesias, denunciaron la muerte de al menos 182 personas entre diciembre de 2018 y julio de 2019, 18 de ellas por heridas de bala recibidas durante operaciones militares y policiales, y la mayoría a causa de enfermedades, malnutrición y de las deficientes condiciones generales de los refugios. También informaron del desplazamiento interno de unas 5.000 personas en Wamena (regencia de Jayawijaya) y en otros distritos que vivían en condiciones de falta de higiene y sin acceso a alimentos, educación, salud y otros servicios públicos.

Los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil informaron de la muerte de al menos 9 personas en una protesta celebrada en Deiyai el 28 de agosto en la que se desencadenó la violencia, de otras 4 en Jayapura los días 29 y 30 de agosto, y de 34 en Wamena el 23 de septiembre.

En respuesta a la violencia de Papúa, la policía presentó cargos penales contra defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas políticos. Así, en aplicación de las disposiciones sobre “incitación a la hostilidad” recogidas en la Ley sobre Información y Transacciones Electrónicas, la policía presentó cargos contra los defensores Veronica Koman y Dandhy Dwi Laksono por los tuits que habían publicado sobre noticias acerca de violaciones graves de derechos humanos cometidas en Papúa. Para el mes de octubre había ya al menos 22 personas detenidas en Yakarta y Papúa, acusadas del delito de makar. Eran presos y presas de conciencia, detenidos exclusivamente por sus actividades pacíficas en varias protestas contra el racismo.[3]

Derechos de las mujeres

El 5 de julio, el Tribunal Supremo absolvió a una adolescente de 15 años —condenada en instancias inferiores— que había abortado tras haber sido violada por su hermano.

El 29 de julio, el presidente firmó un decreto por el que se indultaba a Baiq Nuril, declarada culpable de difusión de pornografía por haber grabado una conversación telefónica con su superior en la que éste la acosaba sexualmente, que se hizo viral. Su sentencia condenatoria había sido confirmada por el Tribunal Supremo. Ambos hechos constituyeron victorias para los derechos de las mujeres, pero pusieron también de manifiesto la necesidad de protección jurídica y sistémica para las víctimas de violencia sexual. A lo largo del año, el Parlamento estudió un proyecto de Ley de Erradicación de la Violencia Sexual, pero no llegó a aprobarlo.


[1] Rights Now: 9-Point Human Rights Agenda for Indonesia's Election Candidates (ASA 21/0153/2019)

[2] Open Letter on Torture or Other Ill-Treatment by The Police in The Mass Protest Following the Election Result Announcement of 21-23 May 2019 (ASA 21/0577/2019)

[3] Open Letter on the Increasing Use of Makar Charges against Papuan Activists to Stifle Freedom of Expression (ASA 21/1108/2019)

Indonesia

A continuación puedes ver contenidos relacionados con este país.

Ver más noticias
Ver más artículos
Ver más documentos