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Indonesia

Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

Las autoridades utilizaron en repetidas ocasiones fuerza excesiva para disolver actos de protesta, como los celebrados por comunidades locales contra actividades mineras. Continuó la represión de la disidencia política en las provincias de Papúa y Papúa Occidental. Se detuvo a decenas de personas indígenas papúes, algunas de las cuales fueron acusadas de delitos castigados con largas penas de prisión. Se siguió restringiendo la libertad de expresión y, en aplicación de leyes represivas, se detuvo y procesó a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras personas, que también sufrieron ataques físicos y en Internet. Se aprobó una ley que penalizaba distintos delitos relacionados con la violencia sexual, pero se siguió negando acceso efectivo a la justicia a las víctimas de violación. En la provincia de Aceh, los tribunales impusieron penas de flagelación. Las fuerzas de seguridad perpetraron homicidios ilegítimos —que, en su mayoría, quedaron impunes— en Papúa y Papúa Occidental, entre otros lugares.

Información general

En junio, el Parlamento aprobó varias leyes por las que se creaban tres provincias que dividían las provincias existentes de Papúa y Papúa Occidental en áreas administrativas de menor tamaño. Aunque el gobierno arguyó que de esa manera se aceleraría el desarrollo y mejoraría el funcionamiento de los servicios públicos, el temor a que la medida diera lugar a una mayor presencia militar hizo que se reanudaran las protestas en la región, en la que existía desde hacía tiempo un movimiento independentista.

En diciembre, el Parlamento aprobó un nuevo Código Penal que violaba los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, así como el derecho a la intimidad y los derechos sexuales y reproductivos, y discriminaba a las mujeres, a la población LGBTI y a las minorías. El nuevo código, que iría sustituyendo el anterior durante un periodo de tres años, reintroducía penas de prisión por insultos al presidente, al vicepresidente, al gobierno y a otras instituciones del Estado, al tiempo que prohibía las manifestaciones no autorizadas. Además, tipificaba como delito las relaciones sexuales mantenidas de mutuo acuerdo fuera del matrimonio, con lo que no sólo permitía la intromisión del Estado en las decisiones privadas de cada persona y cada familia, sino que también se prestaba a ser utilizado indebidamente para criminalizar a víctimas de agresiones sexuales o atacar a personas LGBTI.

Libertad de reunión y de asociación

Las autoridades detuvieron y recluyeron a manifestantes que —entre otros asuntos— defendían los derechos a la tierra y el medioambiente, y utilizaron fuerza excesiva en su contra. El 8 de febrero, en la localidad de Wadas (provincia de Java Central), las fuerzas de seguridad agredieron a personas que protestaban contra el impacto ambiental y social de un proyecto de una cantera. La llegada de cientos de militares y agentes de policía al pueblo para proteger el proceso de medición de las tierras para la cantera desembocó en enfrentamientos con residentes locales, durante los cuales fueron detenidas 67 personas que, posteriormente, quedaron en libertad sin cargos. La policía negó la acusación de haber utilizado fuerza excesiva contra los manifestantes.

El 12 de febrero murió por disparos un joven de 21 años, de nombre Erfaldi, durante un acto de protesta contra una explotación de extracción de oro en la regencia de Parigi Moutong (provincia de Célebes Central). Según informes, agentes de la Brigada Móvil de Policía utilizaron gas lacrimógeno y dispararon munición real para dispersar a los cientos de personas que bloqueaban la autopista que recorre la isla de norte a sur, tras no asistir el gobernador provincial a una reunión prevista con la comunidad para hablar sobre sus temores con respecto al impacto de la mina sobre los medios de vida locales.1 Al concluir el año, seguía el juicio de un agente de policía acusado de la muerte de Erfaldi.

Papúa y Papúa Occidental

Se respondió con fuerza desproporcionada a las protestas que tuvieron lugar en las provincias de Papúa y Papúa Occidental, donde se detuvo a decenas de manifestantes a lo largo del año. El 10 de mayo, tras un acto de protesta celebrado en Jayapura (capital de la provincia de Papúa) contra la división prevista de las provincias de Papúa y Papúa Occidental, la policía detuvo a siete activistas políticos que, posteriormente, quedaron en libertad sin cargos. Ese mismo día, la policía propinó patadas y golpeó con porras de goma y palos de madera a manifestantes que se disponían a marchar hasta el Parlamento de distrito de la ciudad de Abepura (provincia de Papúa). Se dio el caso de un estudiante al que, tras haber negociado con la policía, le apoyaron una pistola contra la cabeza y lo golpearon hasta que perdió el conocimiento. También resultaron heridos al menos otros 36 manifestantes.2

En noviembre, la policía disolvió por la fuerza una vigilia que se celebraba en la Universidad de Tecnología y Ciencia de Jayapura para conmemorar el 21 aniversario del secuestro y homicidio del líder independentista Theys Eluay. Según los informes, la policía disparó gas lacrimógeno para dispersar a estudiantes que habían izado la bandera del Lucero del Alba, símbolo de la independencia papú. Fueron detenidos 15 hombres, de los cuales 3 fueron posteriormente acusados de traición, y 6 de delitos violentos contra la policía. Los 3 estudiantes acusados de traición seguían detenidos al terminar el año, y los otros quedaron en libertad bajo fianza.

Libertad de expresión

La Ley sobre Información y Transacciones Electrónicas y otras leyes restrictivas se utilizaron para procesar e intimidar a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas, periodistas e intelectuales, entre otras personas. En aplicación de la Ley sobre Información y Transacciones Electrónicas, la policía abrió investigaciones sobre 3 de las 67 personas detenidas el 8 febrero en la localidad de Wadas en relación con unos vídeos de los acontecimientos de ese día que habían sido compartidos en las redes sociales. No se presentaron cargos contra ninguna de ellas, pero sus teléfonos móviles quedaron confiscados. Posteriormente se suspendieron en Twitter las cuentas oficiales de la protesta contra la mina de Wadas y las cuentas personales de al menos 7 activistas que habían participado en esas protestas3.

El 6 de abril, el Tribunal de Distrito de Ciamis (Java Occidental) condenó a Muhammad Kosman a 10 años de prisión por “difusión de noticias falsas”. Había sido detenido en agosto de 2021 en aplicación de las disposiciones sobre “apología del odio” de la Ley sobre Información y Transacciones Electrónicas, y en aplicación también de la ley núm. 1/1946 sobre desinformación tras haber publicado un vídeo en YouTube en el que, al parecer, insultaba al islam y al profeta Mahoma.4

En mayo, la policía abrió una investigación penal sobre unas protestas protagonizadas por docentes y demás personal de una universidad de la provincia de Java Occidental en respuesta a una denuncia por difamación que había presentado la exdecana de la facultad de Derecho invocando la Ley sobre Información y Transacciones Electrónicas. La denuncia de la exdecana hacía referencia a las críticas expresadas contra las políticas y prácticas de la facultad y a los llamamientos en favor de su destitución. Fueron interrogadas, como mínimo, 14 personas implicadas en las protestas —entre docentes y demás personal—, pero al concluir el año no se habían presentado cargos contra ninguna de ellas.

En marzo, en aplicación de la Ley sobre Información y Transacciones Electrónicas, la policía acusó formalmente de difamación al defensor y a la defensora de los derechos humanos Haris Azhar y Fatia Maulidiyanti, que en 2021 habían sido acusados de “difusión de información falsa” en relación con un vídeo de YouTube en el que hablaban de la presunta implicación del ministro y de miembros del ejército en la industria minera de Papúa. De ser declarados culpables, se enfrentaban a una pena de hasta cuatro años de cárcel.

Periodistas

A lo largo del año se tuvo noticia de al menos 53 casos de agresiones físicas y ataques digitales y de otro tipo contra al menos 63 periodistas o medios de comunicación. Según noticias de los medios, en abril la policía abofeteó y amagó con estrangular a un periodista que cubría una manifestación estudiantil en Kendari (provincia de Célebes Suroriental). Su teléfono móvil quedó confiscado y los vídeos que había grabado en los que se veía a la policía golpear a una de las personas que participaban en la manifestación fueron borrados en contra de su voluntad.

Entre el 23 y el 30 de septiembre, los dispositivos y las cuentas en redes sociales de al menos 38 periodistas y otro personal del medio digital Narasi fueron víctimas de un hackeo coordinado.5 Al mismo tiempo, la página web de Narasi quedó temporalmente fuera de servicio a consecuencia de un ciberataque. Narasi era conocido por su cobertura informativa sobre la corrupción y los delitos que implicaban a cargos públicos, entre otras cuestiones polémicas.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

A lo largo del año se tuvo noticia de al menos 35 casos de agresiones físicas y ataques digitales contra 150 defensores y defensoras u organizaciones de derechos humanos. Se temía que el incendio provocado el 9 de mayo en la sede del Instituto de Asistencia Letrada de Papúa (LBH Papúa) en Jayapura al prender fuego a una moto se debiera al trabajo de esa ONG en defensa de los derechos humanos en Papúa. LBH Papúa presentó denuncia ante la policía, pero no se identificó a los responsables.

Violencia sexual y de género

El 12 de abril, la Cámara de Representantes aprobó la Ley sobre Delitos de Violencia Sexual. Esta ley, propuesta inicialmente por activistas de los derechos de las mujeres en 2012, penalizaba nueve formas de violencia sexual, entre ellas, y por primera vez, el matrimonio forzado y el acoso sexual físico, psicológico y online.

El 24 de octubre, el sitio web independiente de noticias Konde.co quedo temporalmente fuera de servicio debido a un ataque digital que sufrió horas después de haber publicado un artículo sobre la falta de investigaciones por parte de las autoridades en relación con la violación de una mujer en 2019, al parecer con la implicación de personal del Ministerio de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas. Según el artículo, se había obligado a la sobreviviente a casarse con uno de los presuntos perpetradores —al parecer a modo de “justicia reparadora”—, a consecuencia de lo cual se habían paralizado las investigaciones policiales y todos los sospechosos en el caso habían quedado en libertad.6 Konde.co, especializado en informar sobre cuestiones relacionadas específicamente con las mujeres y sobre grupos marginados, había sufrido ya otros ciberataques debido a su tipo de periodismo.

Tortura y otros malos tratos

Al menos 168 personas fueron flageladas en Aceh, única provincia indonesia donde se aplicaba ese tipo de castigo. En enero, una mujer se desmayó dos veces al recibir 100 latigazos por haber mantenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. El hombre con quien las había mantenido recibió 15 latigazos. Ese mismo día, otros 3 hombres recibieron 100 latigazos cada uno por adulterio o por “haber facilitado el adulterio”.7

Homicidios ilegítimos

A lo largo del año se tuvo noticia de 36 casos de presuntos homicidios ilegítimos a manos de las fuerzas de seguridad, con un total de 41 víctimas. Cinco de esos casos, que sumaron 9 víctimas, tuvieron lugar en la provincia de Papúa, con lo que el número total de víctimas de presuntos homicidios ilegítimos en Papúa y Papúa Occidental desde febrero de 2018 ascendía a 105.

Papúa y Papúa Occidental

El 15 de marzo, la policía mató a tiros a 2 hombres e hirió a otros 3 en la regencia de Yahukimo, al disparar contra manifestantes que protestaban por la división de Papúa y Papúa Occidental.

La policía detuvo a 10 personas —6 de ellas miembros del ejército indonesio— en relación con el homicidio y descuartizamiento de 4 hombres papúes en la regencia de Mimika en agosto. Un alto mando de la Reserva Estratégica del Ejército indonesio explicó a la prensa que estas muertes se circunscribían al ámbito penal y constituían asesinatos, pero no violaciones de los derechos humanos.8 El 29 de agosto, las fuerzas de seguridad detuvieron y torturaron a 3 hombres en la localidad de Bade (regencia de Mappi), a consecuencia de lo cual uno de ellos, Bruno Kimk, murió y los otros 2 resultaron gravemente heridos.9 Se detuvo a 18 miembros de la unidad del ejército Yonif Raider 600/Modang, pero al concluir el año aún no se habían presentado cargos en su contra.

En marzo, expertos de la ONU se mostraron preocupados por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Papúa y Papúa Occidental, y pidieron una investigación exhaustiva e independiente sobre los homicidios ilegítimos.

El 8 de diciembre, el Tribunal de Derechos Humanos de Makassar (provincia de Célebes Meridional) absolvió a un ex alto cargo militar del homicidio ilegítimo de 4 estudiantes papúes de educación secundaria, ocurrido en la regencia de Paniai en 2014. El juicio se vio empañado por dudas acerca de su credibilidad, entre otras razones porque sólo había un acusado en la causa y todos los testigos menos 2 eran exmiembros de las fuerzas de seguridad. En investigaciones previas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia (Komnas HAM) había concluido que miembros de la unidad militar XVII/Cenderawasih habían disparado contra una multitud de indígenas papúes que protestaban por los golpes propinados presuntamente por personal del ejército a niños y niñas de esa etnia y que habían provocado la muerte a 4 niños y lesiones a 21 niños y niñas más. Según Komnas HAM, el incidente era parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil.

Uso excesivo de la fuerza

Dos investigaciones diferentes concluyeron que el uso excesivo de la fuerza ejercido por la policía el 1 de octubre contra hinchas de fútbol en el estadio Kanjuruhan de Malang (Java Oriental) había sido la principal causa de la tragedia que se saldó con 135 personas muertas y 433 heridas. Tanto el equipo de investigación establecido por el presidente como las investigaciones que llevó a cabo en paralelo Komnas HAM concluyeron que el empleo de gas lacrimógeno había desatado el pánico y la posterior estampida, en la que las víctimas murieron por aplastamiento. Según Komnas HAM, la policía disparó en total 45 botes de gas lacrimógeno contra la multitud.10 Se identificó como sospechosas a 7 personas, incluidos 3 agentes de policía y un militar indonesio, y se presentaron cargos penales en su contra.

Actuación deficiente contra la crisis climática

En septiembre, Indonesia actualizó su contribución determinada a nivel nacional, con lo que adelantó en 10 años (a 2060) la consecución del objetivo de cero emisiones netas y mejoró el porcentaje de su meta de reducción de emisiones incondicional, que pasó del 29% al 32%, y condicional, que pasó del 41% al 43%, ambas con respecto a una hipotética situación sin cambios. Analistas independientes calificaron ambas metas de “rotundamente insuficientes”, al tiempo que se criticó a Indonesia por su excesiva dependencia del carbón y por la falta de políticas adecuadas para apoyar su sustitución por energías renovables.

  1. Indonesia: Investigate alleged shooting towards protester in Parigi Moutong, Central Sulawesi, 13 de febrero (sólo en indonesio)
  2. Indonesia: Silencing voices, suppressing criticism. The decline in Indonesia’s civil liberties, 7 de octubre
  3. Indonesia: Investigate attacks and intimidation against Wadas residents and activists, 16 de febrero (sólo en indonesio)
  4. Indonesia: Stop criminalizing the right to freedom of expression, 14 de abril
  5. Indonesia: Attacks against Narasi journalists are a form of silencing, 26 de septiembre (sólo en indonesio)
  6. Indonesia: KKJ denounces efforts to silence press freedom through digital attacks against Konde.co, 25 de octubre (sólo en indonesio)
  7. Indonesia: Woman collapses twice while publicly flogged 100 times for adultery in Aceh, 27 de enero
  8. Indonesia: Mutilation case comments show state’s knee-jerk response to allegations of violence involving security forces in Papua, 16 de septiembre
  9. Indonesia: Open Letter to Commander of the Indonesian National Armed Forces to investigate alleged abuse and unlawful killings by military officers, 5 de septiembre (sólo en indonesio)
  10. Indonesia: Security forces must be held accountable for human rights violations of the Kanjuruhan tragedy, 3 de noviembre (sólo en indonesio)
República de Indonesia
Jefe del Estado y del gobierno: Joko Widodo