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Información extraída de nuestro INFORME 2021/22

Se siguió recluyendo a solicitantes de asilo en centros de detención para delincuentes. Las investigaciones oficiales pusieron de manifiesto la persistencia de motivos de preocupación con respecto a las condiciones de los centros de detención y las prisiones. Tras aparecer pruebas de violaciones de derechos humanos en una cárcel de mujeres, el gobierno ofreció una disculpa y ordenó que la situación se solucionara. Se siguieron revisando los servicios de atención y protección a la infancia.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Se siguió recluyendo a solicitantes de asilo sólo por motivos migratorios. Las investigaciones efectuadas revelaron que las personas solicitantes de asilo sufrían diversas violaciones de derechos humanos durante su detención.1 En julio, el gobierno anunció una revisión independiente de la práctica de recluir a solicitantes de asilo en centros de detención para delincuentes sólo por motivos migratorios.

Derechos de las personas detenidas

La población reclusa de la sección de alta seguridad de la prisión de Waikeria protagonizó actos de protesta, que terminaron en enero. Las condiciones de reclusión de esa cárcel venían preocupando desde hacía años.

En mayo, el defensor del Pueblo anunció una investigación sobre la respuesta del Departamento de Prisiones a los reiterados llamamientos para mejorar las condiciones de las personas detenidas. En junio, la Oficina del Defensor del Pueblo publicó sendos informes de inspección sobre la prisión de hombres de Christchurch y la prisión de Whanganui, señalando “las condiciones indignas y desoladoras de las prisiones”.

Los informes elaborados sobre el centro penitenciario de Auckland para mujeres expusieron graves motivos de preocupación en materia de derechos humanos. En febrero, el juez de un Tribunal de Distrito halló “excesiva, degradante y completamente inhumana” la práctica de exigir a las presas tumbarse en el suelo para recibir las comidas. Asimismo, el juez resolvió que el uso de pulverizadores de pimienta contra una mujer sola en su celda, enfrentada a seis agentes con equipo completo de protección corporal, constituía un caso de empleo excesivo de la fuerza. Posteriormente, en marzo, el ministro de Prisiones emitió una disculpa pública oficial con respecto a este último caso, y ordenó poner en marcha un programa de trabajo centrado, fundamentalmente, en las cárceles de mujeres.

En octubre, un informe de la Oficina de Inspección sobre las mujeres encarceladas señaló, entre otros motivos de preocupación que “en general, las cáceles de mujeres no [era]n entornos terapéuticos que favore[cie]ran la rehabilitación y la integración”.

Derechos de la infancia

En abril, el Tribunal de Waitangi denunció la considerable diferencia entre el número de niños y niñas maoríes y no maoríes bajo tutela del Estado, y que estas disparidades eran consecuencia directa de la intromisión de la Corona. Así, el Tribunal recomendaba “que la corona se abst[uviera] de seguir invadiendo aquello que [...] el Tratado [de Waitangi] reserva[ba] a la población maorí, y que permit[iera] a ésta reclamar su espacio”.

En junio, la Oficina del Comisario para la Infancia publicó unos informes que despertaron profunda preocupación por la seguridad y el bienestar de los niños y niñas de la residencia de Epuni de atención y protección a la infancia.

  1. Aotearoa New Zealand: Please take me to a safe place. The imprisonment of asylum seekers in Aotearoa New Zealand (Índice: ASA 32/4113/2021), 18 de mayo

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