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Nueva Zelanda

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Una serie de investigaciones revelaron que la policía había utilizado fuerza excesiva durante las detenciones y que había incumplido su deber de diligencia para con las personas detenidas.

Información general

Para evitar la propagación de la COVID-19, el gobierno declaró el estado de excepción del 25 de marzo al 13 de mayo, y restringió la circulación, las concentraciones multitudinarias y la entrada en el país.

En agosto, el Tribunal Superior resolvió que durante los nueve primeros días del confinamiento nacional el gobierno había actuado de manera necesaria, razonable y proporcionada, pero había ejercido facultades que carecían de fundamento legal.

Tortura y otros malos tratos

En julio, una investigación sobre las operaciones realizadas en 2010 en Afganistán por la Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda concluyó que, durante varios años, ésta había facilitado información incorrecta a los ministros y al público sobre las víctimas civiles, y no había dado seguimiento a denuncias fidedignas de torturas infligidas a un preso que había entregado bajo la custodia de Afganistán.

En agosto, los informes de inspecciones recientes —de conformidad con el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura (OPCAT)— de cinco unidades hospitalarias seguras de salud mental concluyeron que en dos de ellas se realizaban prácticas constitutivas de trato cruel, inhumano o degradante, incluido el uso de salas de aislamiento como dormitorios habituales en una de ellas cuando no había sitio en las instalaciones.

De igual forma, en virtud del OPCAT se inspeccionaron varias cárceles en abril y mayo, tras lo cual se señaló que, aunque en general la respuesta de las prisiones a la COVID-19 había sido equilibrada y eficaz, y había contado con dotación adecuada, cuatro de las nueve prisiones inspeccionadas “tenían dificultades para garantizar que todos los presos […] disfrutaran, al menos, de una hora diaria al aire libre”.  En mayo, tras haber revisado esta práctica, el Departamento de Prisiones concluyó que, dada la falta de uniformidad en los métodos de documentación manual, no estaba claro si se habían satisfecho los derechos mínimos en todos los casos.

Uso excesivo de la fuerza

En febrero, el Servicio Independiente de Investigación de la Conducta Policial concluyó que un agente de policía había propinado una patada en la cabeza sin motivo justificado a un muchacho de 13 años durante su detención. En abril, este departamento concluyó que otro agente de policía había asestado sin motivo justificado un puñetazo a un muchacho de 13 años durante su detención, y que la policía no había cumplido después con su deber de diligencia de facilitar de inmediato atención médica para la herida que se apreciaba claramente en su cabeza.

En agosto, el Servicio Independiente de Investigación de la Conducta Policial concluyó que la policía no había cumplido con su deber de diligencia para con un hombre que había muerto tras haber permanecido bajo custodia policial. En concreto, concluyó que no había habido suficiente evaluación ni seguimiento, y que se había aplicado de forma incorrecta una capucha antiescupitajos.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo 

El gobierno incluyó en su presupuesto tres años más de financiación para el programa piloto de Patrocinio Comunitario de Refugiados, de carácter comunitario y complementario al Programa de Cuota de Refugiados, de carácter gubernamental.  

Derechos sexuales y reproductivos

En marzo se promulgó la Ley del Aborto, que permitía a las mujeres acceder al aborto sin restricciones durante las primeras 20 semanas de embarazo. Una vez transcurridas 20 semanas, las mujeres debían consultar a un profesional de la salud cualificado para que examinara su salud y bienestar físico y mental.

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Nueva Zelanda
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