Taiwán

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

Nuevas normativas suavizaron las restricciones sobre las ejecuciones. Continuó vulnerándose la libertad de reunión. No se avanzó en la mejora de la protección de las personas refugiadas. La independencia judicial estaba en peligro. Se aprobó legislación que proporcionaba una protección limitada al pueblo indígena pingpu. Los mecanismos de rendición de cuentas de las empresas seguían siendo limitados, pero se incrementó la sensibilización al respecto. Persistía la discriminación.

Información general

Tras un profundo desacuerdo sobre un proyecto de ley de presupuestos aprobado en enero, las principales facciones se atrincheraron aún más en sus posturas enfrentadas. Ante los recortes generalizados, el gobierno se centró en abordar las preocupaciones relativas a la seguridad nacional, mientras que los compromisos adquiridos desde hacía tiempo en materia de derechos no lograron avanzar.

Pena de muerte

Taiwán ejecutó a Huang Lin-kai por asesinato en enero, poco después de que el Tribunal Constitucional señalara deficiencias sistémicas en el sistema de pena de muerte. A pesar de existir una apelación pendiente y de las dudas planteadas por su abogado respecto a la salud mental de Huang Lin-kai, la ejecución se llevó a cabo. En abril se aprobaron modificaciones a la normativa sobre la aplicación de la pena de muerte que permitían llevar a cabo ejecuciones durante la repetición de un juicio o el desarrollo de un litigio constitucional. Estas modificaciones violaban las salvaguardias internacionales y las restricciones que había establecido una sentencia del Tribunal Constitucional para evitar el uso arbitrario de la pena de muerte.

Libertad de reunión pacífica

El marco jurídico y la aplicación de la ley continuaron restringiendo arbitrariamente las reuniones pacíficas, especialmente las que se realizaban en zonas delicadas desde el punto de vista político, al parecer con el fin de limitar las actividades de determinados grupos cívicos. En septiembre, la policía expulsó a personas que se manifestaban pacíficamente en favor de Palestina y mantuvo detenido durante varias horas a un manifestante extranjero.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

El gobierno no aprobó una ley sobre refugio largamente esperada, alegando motivos de seguridad nacional. El Certificado Provisional de Inscripción en el Registro de Extranjería, introducido en 2023, siguió siendo poco transparente, pues sus procedimientos de solicitud no estaban claros y no se aprobó ningún caso.

En junio, la Defensoría del Pueblo (Yuan de Control) inició una investigación que puso de relieve la necesidad apremiante de un mecanismo formal de solicitud de asilo. Una investigación independiente del Yuan de Control reveló graves deficiencias —incluidas malas condiciones— en los centros de detención de personas extranjeras y subrayó la ausencia de garantías jurídicas y el peligro de tortura.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Las enmiendas a la Ley de Procedimiento del Tribunal Constitucional introdujeron trabas estructurales para la justicia constitucional, como umbrales de quórum más elevados y requisitos de votación más estrictos. Al no haberse nombrado un número suficiente de jueces, el Tribunal Constitucional había dejado de funcionar desde el 25 de enero, lo que suscitaba una grave preocupación sobre la independencia judicial y la conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Por último, en diciembre, los jueces restantes consideraron inconstitucionales las enmiendas a la Ley de Procedimiento del Tribunal Constitucional y comenzaron a aceptar casos, a pesar de no alcanzar el quórum.

Derechos de los pueblos indígenas

En octubre, tras una apresurada consulta, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Identidad del Pueblo Indígena Pingpu, que establecía un marco jurídico independiente para este pueblo y ofrecía una protección limitada de sus derechos culturales. Los pueblos indígenas que trataban de ser reconocidos oficialmente señalaron que la ley no proporcionaba un reconocimiento pleno de la condición de indígena y, por tanto, no cumplía el requisito establecido por el Tribunal Constitucional en 2022 de ofrecer un reconocimiento inclusivo.

Violaciones del derecho internacional humanitario

Las autoridades anunciaron planes para financiar un proyecto médico en un asentamiento israelí de la Cisjordania ocupada, lo cual podría suponer la complicidad de Taiwán en las violaciones del derecho internacional perpetradas por Israel en el Territorio Palestino Ocupado.

Rendición de cuentas de las empresas

En enero, un fallo judicial histórico en el caso de exposición a sustancias tóxicas de Radio Corporation of America puso de relieve lagunas sistémicas en la rendición de cuentas de las empresas y mejoró la sensibilización de la opinión pública al respecto. No obstante, los mecanismos para hacer que las empresas rindieran cuentas siguieron siendo limitados.

Discriminación

El gobierno no aprobó la Ley Antidiscriminación. El alumnado indígena seguía sufriendo discriminación sistémica en los entornos educativos. Se sometió a las personas migrantes a políticas de exclusión, incluida su protección inadecuada con arreglo a la Ley de Normativa Laboral.