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Bangladesh

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

Grupos armados que afirmaban actuar en nombre del islam mataron en atentados selectivos a decenas de personas, incluidos ciudadanos y ciudadanas de otros países, activistas en favor del laicismo y personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y transgénero). La reacción del gobierno se caracterizó por la comisión de violaciones de derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos. El gobierno restringió aún más el derecho a la libertad de expresión, aplicando leyes represivas y presentando cargos penales contra las personas que se mostraban críticas con él.

El gobierno sometió a intensas presiones a medios de comunicación y periodistas independientes. Se presentaron cargos penales arbitrarios contra varios periodistas, a menudo por haber criticado a la primera ministra, Sheij Hasina, a su familia o al gobierno de la Liga Awami. Los periodistas denunciaron un aumento de las amenazas de funcionarios del gobierno u organismos de seguridad.

En febrero se presentaron más de 80 denuncias por sedición y difamación contra Mahfuz Anam, director del periódico Daily Star, tras unas declaraciones suyas en las que reconoció que, presionado por los servicios de inteligencia militar, había publicado acusaciones de corrupción infundadas contra Sheij Hasina durante el régimen militar de la década de 1990. El Tribunal Superior suspendió todos los cargos que, no obstante, podrían ser reactivados por la fiscalía en el futuro. En abril detuvieron a Shafik Rehman, de 82 años, periodista y simpatizante de la oposición, por su presunta implicación en un supuesto complot para “secuestrar y matar” a Joy Wazed, hijo de la primera ministra. Tras haber permanecido recluido sin cargos durante más de cuatro meses, incluidas varias semanas en régimen de aislamiento, quedó en libertad bajo fianza en agosto.

El gobierno siguió recurriendo a diversas leyes represivas para restringir ampliamente el derecho a la libertad de expresión, y en concreto utilizó cada vez más la Ley de Tecnologías de la Información y la Comunicación, que restringía de manera arbitraria la libertad de expresión en Internet. La organización de derechos humanos Odhikar informó de al menos 35 detenciones en aplicación de esta ley, frente a las 33 de 2015 y las 14 de 2014. Las víctimas de estos ataques fueron periodistas, activistas y otras personas. El activista estudiantil Dilip Roy, arrestado en septiembre, fue una de las personas detenidas por haber criticado a la primera ministra en Facebook. Quedó en libertad bajo fianza el 17 de noviembre.

En octubre, el Parlamento aprobó la Ley de Regulación de Donaciones Extranjeras (Actividades de Voluntariado), que reforzaba de manera considerable el control del gobierno sobre el trabajo de las ONG, y amenazaba con dar de baja del registro de asociaciones a las que hicieran comentarios “hostiles” o “despectivos” sobre la Constitución o los órganos constitucionales. Además, se propusieron en el Parlamento otros proyectos de ley que amenazaban la libertad de expresión, entre ellos la Ley de Seguridad Digital y la Ley de Delitos de Negación de Hechos sobre la Guerra de Liberación.

Continuó siendo alarmante el número de desapariciones forzadas, a menudo de simpatizantes del Partido Nacionalista de Bangladesh y de Jamaat e Islami, ambos partidos de oposición. Según la organización de derechos humanos Odhikar, el número de personas de las que no se había vuelto a tener noticia tras haber sido detenidas por las fuerzas de seguridad ascendía al menos a 90. En agosto, hombres vestidos de civil —algunos de los cuales se identificaron como agentes de policía— detuvieron a Abdullahil Amaan Azmi, Mir Ahmed Bin Quasem y Hummam Qader Chowdhury, hijos de destacados políticos de oposición. Las autoridades continuaron negando toda responsabilidad, y las familias de las víctimas no fueron informadas sobre su paradero.

En 2016, los grupos armados mataron al menos a 32 personas en atentados selectivos, entre ellos activistas laicos, personas LGBTI y minorías religiosas. Los atentados fueron reivindicados por las organizaciones Jamaat ul Mujahideen Bangladesh (JMB) y Ansar al Islam, que se declaraban leales al Estado Islámico y a Al Qaeda respectivamente. En abril, Nazimuddin Samad se convirtió en el sexto activista laico que moría a golpes de machete en un homicidio selectivo en menos de dos años. Asimismo, hombres no identificados acabaron con la vida de Xulhaz Mannan —director de Roopbaan, única revista LGBTI en Bangladesh, y destacado activista en favor de los derechos LGBTI— y de su amigo Tanay Mojumdar. Varios activistas de derechos humanos recibieron amenazas de grupos similares y afirmaron no haber recibido suficiente protección de la policía, mientras que otros se mostraron reticentes a acudir a ella por temor a ser acusados u hostigados.

En julio, hombres armados de Jamaat ul Mujahideen Bangladesh irrumpieron en un restaurante de la capital, Dacca, y mataron al menos a 22 personas, 18 de ellas extranjeras. La policía respondió con duras medidas de represión “antiterroristas”. Al menos 15.000 personas fueron detenidas, y los grupos de derechos humanos temían que en miles de casos se tratara de simpatizantes de la oposición detenidos por razones políticas. La policía afirmó que, durante los meses posteriores al atentado de julio, al menos 45 presuntos “terroristas” habían perdido la vida en tiroteos. Asimismo, detuvo y recluyó durante varias semanas en régimen de incomunicación a dos de los rehenes sobrevivientes del atentado, que finalmente comparecieron ante un tribunal el 4 de agosto. Uno de ellos, Hasnat Karim, continuaba recluido sin cargos al concluir el año.

Decenas de personas fueron condenadas a muerte, y varias ejecutadas.

En octubre ejecutaron a un presunto extremista, condenado por el homicidio de un juez en 2005. Posteriormente, el gobierno afirmó que pensaba agilizar los juicios de personas a las que se hubiera aplicado la Ley Antiterrorista por delitos punibles con la muerte, y que había al menos 64 personas en espera de ejecución condenadas a muerte en virtud de esa ley desde el año 1992.

El Tribunal de Crímenes Internacionales, establecido en Bangladesh para investigar los hechos de la guerra de independencia de 1971, condenó a muerte, como mínimo, a seis personas. Las actuaciones de este tribunal se caracterizaron por graves irregularidades y violaciones de los derechos de justicia procesal, como la restricción arbitraria del número de testigos que se permitían a la defensa. Dos hombres condenados por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por el Tribunal de Crímenes Internacionales fueron ejecutados: Motiur Rahman Nizami, en mayo, y Mir Quasem Ali, en septiembre. Ambos eran destacados miembros de Jamaat e Islami. El 23 de agosto, un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos expresó dudas con respecto a la imparcialidad de los juicios del Tribunal de Crímenes Internacionales, e instó al gobierno a anular la condena a muerte de Mir Quasem Ali, y a concederle un nuevo juicio, pues consideraba que las actuaciones judiciales se habían visto “empañadas” por una serie de “irregularidades”.

La tortura y los malos tratos bajo custodia eran generalizados, pero pocas veces se investigaban las denuncias. La Ley de Prevención de Muertes y Tortura de Detenidos de 2013 se aplicó de forma deficiente por falta de voluntad política y de sensibilización entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Los grupos de derechos humanos acusaron de tortura y otros malos tratos a varios cuerpos de la fuerzas de seguridad, entre ellos la policía y el Batallón de Acción Rápida. La tortura se utilizaba como forma de extraer “confesiones”, extorsionar y castigar a adversarios políticos del gobierno.

En septiembre, alegando falta de pruebas, la policía pidió a un tribunal el cierre de la investigación sobre la desaparición de Kalpana Chakma, activista en favor de los derechos de los pueblos indígenas de la región de Chittagong Hill Tracts (sureste de Bangladesh), que había sido secuestrada en 1996. Siguieron en vigor las restricciones impuestas por el gobierno para acceder a Chittagong Hill Tracts y comunicarse con los pueblos “tribales”. Las restricciones limitaban de forma arbitraria el derecho a la libertad de expresión de los periodistas y las organizaciones de derechos humanos. Las mujeres y las niñas de la región sufrían diversas formas de discriminación y violencia, y podían ser violadas y asesinadas por el hecho de ser mujeres, por su identidad indígena o por su situación socioeconómica. Las víctimas de la violencia de género seguían privadas de justicia debido a las presiones que se ejercían para que estos actos se resolvieran al margen de los tribunales, a la falta de jueces y a los retrasos burocráticos.

Según los grupos de derechos humanos, el índice de condenas por violación era extremadamente bajo, debido sobre todo a la falta de investigaciones oportunas y efectivas. Muchas mujeres y niñas eran reticentes a denunciar violaciones ante las autoridades, por miedo a ser estigmatizadas y a ser hostigadas por la policía. La organización de derechos humanos Ain o Salish Kendra confirmó que los medios de comunicación se habían hecho eco de al menos 671 casos de violación, aunque probablemente la cifra real fuera muy superior. En marzo, la violación y el asesinato de Tonu, de 19 años, provocaron indignación y grandes protestas en las calles. Los activistas afirmaron que la policía había retrasado de forma deliberada la investigación, y que había presionado a la familia de la víctima para manipular sus declaraciones.

República Popular de Bangladesh
Jefe del Estado: Abdul Hamid
Jefa del gobierno: Sheij Hasina
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