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Bangladesh

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Bangladesh recibió a más de 655.000 personas rohingyas refugiadas que se vieron obligadas a huir del estado birmano de Rajine. Se detuvo de manera arbitraria a integrantes del partido de la oposición Jamaat e Islami. Los defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de hostigamiento e intimidación. Los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación seguían estando restringidos. Persistieron las desapariciones forzadas. La estrategia para combatir la violencia de los grupos armados siguió caracterizándose por la violación de los derechos humanos. Las personas LGBTI continuaban siendo hostigadas y detenidas. En Chittagong Hill Tracts, las fuerzas de seguridad no protegieron a la población indígena de la violencia. Resultó alentador que el constante crecimiento económico experimentado durante los diez años anteriores hubiera ayudado a reducir la pobreza extrema.

Continuaron los ataques contra periodistas; se tuvo noticia de varias agresiones físicas, incluido el homicidio de Abdul Hakim Shimul.

El gobierno siguió empleando legislación represiva para restringir indebidamente el derecho a la libertad de expresión y para perseguir y hostigar a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. No se reformaron disposiciones punitivas clave de la Ley de Tecnologías de la Información y la Comunicación, pese a los reiterados llamamientos de los mecanismos de derechos humanos para que se revocaran sus cláusulas abusivas. El gobierno siguió insistiendo en aprobar la Ley de Seguridad Digital, que limitaría aún más el derecho a la libertad de expresión en Internet.

Continuaron investigándose los homicidios de activistas laicos perpetrados durante 2015 y 2016, que habían sido reivindicados por el grupo armado Ansar al Islam. El grupo se prohibió en marzo de 2017, pero los constantes retrasos que sufrían los procesos penales continuaron teniendo un efecto inhibidor en la sociedad civil.

Agentes tanto estatales como no estatales seguían hostigando y sometiendo a detención arbitraria de forma habitual a activistas LGBTI. Los homicidios de activistas perpetrados por Ansar al Islam en 2016 aumentaron los temores ya existentes entre las personas LGBTI; un buen número de activistas siguieron ocultos. En mayo, en el barrio de Keraniganj, en Dacca, 28 hombres fueron detenidos y acusados de violar la Ley de Control de Drogas de 1990, al parecer a causa de su presunta orientación sexual. Las detenciones se efectuaron en una reunión periódica a la que se sabía que asistían hombres gays.

Nadie compareció ante la justicia por el homicidio de los activistas LGBTI Xulhaz Mannan, Mahbub Rabbi Tanoy, Avijit Roy y Niladry Niloy, aunque durante el año se practicó al menos una detención.

El derecho a la libertad de reunión pacífica siguió siendo objeto de graves restricciones. Se negó a la oposición política el derecho a organizar mítines de campaña y concentraciones políticas. Se seguían restringiendo las actividades de las ONG mediante la Ley de Regulación de Donaciones Extranjeras (Actividades de Voluntariado).

Las fuerzas de seguridad siguieron perpetrando desapariciones forzadas de manera habitual, sobre todo de simpatizantes de la oposición. Algunas de las víctimas de estas desapariciones fueron posteriormente halladas muertas. En una declaración dirigida a las autoridades bangladeshíes en febrero, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias señaló que el número de desapariciones forzadas había aumentado considerablemente en los últimos años. Según la información disponible, más de 80 personas fueron víctimas de desaparición forzada a lo largo del año.

En marzo, tras haber pasado seis meses recluido en régimen de incomunicación, quedó en libertad Hummam Quader Chowdhury, hijo de uno de los líderes del opositor Partido Nacionalista de Bangladesh, ejecutado. Aumentó la preocupación por la seguridad de Mir Ahmad Bin Quasem y Abdullahil Amaan Azmi, otros dos hombres desaparecidos en agosto de 2016 —también hijos de miembros de la oposición ejecutados— que, al concluir 2017, continuaban en paradero desconocido. En abril, la cadena de radio sueca Sveriges Radio emitió una entrevista, grabada de forma encubierta, en la que un alto mando del Batallón de Acción Rápida contaba cómo esta unidad llevaba a cabo desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. En octubre, miembros de los servicios de inteligencia militar secuestraron presuntamente al profesor universitario Mubashar Hasan, que regresó a su domicilio 44 días después.

Aumentó la preocupación por la creciente injerencia del gobierno en el poder judicial. En julio, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia por la que se declaraba ilegal una controvertida reforma constitucional (16ª Enmienda) que permitía al Parlamento destituir a jueces si se probaban acusaciones en su contra de conducta indebida o incapacidad. Tras la sentencia, la primera ministra criticó al presidente del Tribunal Supremo. Posteriormente, en noviembre, el presidente del Tribunal Supremo Sinha dimitió de su cargo y abandonó el país en circunstancias que indicaban una injerencia del poder ejecutivo tras la decisión relativa a la 16ª Enmienda.

En agosto se desencadenó una grave crisis humanitaria cuando más de 655.000 personas de la etnia rohingya de Myanmar, mayoritariamente musulmana, huyeron al distrito de Cox’s Bazar para escapar de la violencia del ejército de Myanmar en el norte del estado de Rajine. De conformidad con el derecho internacional, la campaña de limpieza étnica del ejército de Myanmar era constitutiva de crímenes de lesa humanidad (véase el apartado de Myanmar). Cox’s Bazar albergaba ya a unos 400.000 refugiados rohingyas que habían huido en anteriores ocasiones de la violencia y la persecución del ejército de Myanmar.

Bangladesh siguió negándose a reconocer formalmente a los rohingyas como refugiados. Se recibían constantemente noticias sobre la situación de desnutrición grave, en especial de niños y niñas, que representaban el 61% de quienes llegaban a la zona.

Las mujeres y las niñas rohingyas corrían especial peligro de sufrir violencia sexual y de género, y de ser víctimas de trata, tanto a manos de la población local como de otros refugiados. A este peligro contribuían una serie de factores, como la falta de medidas de protección adecuadas o de mecanismos efectivos de gestión de los campos, las deficientes condiciones de vida, la ausencia de administración civil y de presencia policial y la imposibilidad de acceder al sistema formal de justicia y a otros servicios. La población rohingya recién llegada vivía en pésimas condiciones y no estaba autorizada a salir del campo en el que vivía.

En noviembre, los gobiernos de Bangladesh y Myanmar firmaron un acuerdo de repatriación para facilitar el regreso a Myanmar de las personas rohingyas recién llegadas. Las condiciones de este acuerdo podían violar las normas internacionales sobre repatriación voluntaria y el principio jurídico internacional de no devolución (non-refoulement), allanando el camino para la devolución de cientos de miles de rohingyas a Myanmar, donde corrían grave peligro de sufrir violaciones de derechos humanos.

La tortura y otros malos tratos bajo custodia seguían siendo generalizados, pero pocas veces se investigaban las denuncias. La Ley de Prevención de Muertes y Tortura de Detenidos de 2013 siguió aplicándose de forma deficiente por falta de voluntad política y de sensibilización entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Decenas de personas fueron condenadas a muerte, y se llevaron a cabo ejecuciones.

En abril, el Tribunal de Crímenes Internacionales, establecido en Bangladesh para investigar los hechos de la guerra de independencia de 1971, condenó a muerte a dos hombres tras declarlos culpables de crímenes de lesa humanidad. Asimismo, el Tribunal dio por concluida la vista oral en el juicio contra seis presuntos criminales de guerra de Gaibandha, acusados de perpetrar homicidios masivos, secuestros, saqueos e incendios durante la guerra de 1971. El juicio continuaba en curso. Ciertas actuaciones del Tribunal dieron lugar a serias dudas sobre la imparcialidad del juicio, tales como la negación a la defensa del tiempo necesario para preparar el caso y la limitación arbitraria del número de testigos.

En junio, en un ataque multitudinario contra la población indígena de la ciudad de Langadu (distrito de Rangamati Hill), murió al menos una persona y cientos de viviendas fueron incendiadas. Según las noticias recibidas, ni la policía ni los soldados protegieron a la población indígena. Al concluir el año, las personas que quedaron sin hogar no habían sido realojadas aún. Se publicó en las redes sociales un vídeo en el que parecía apreciarse cómo los soldados utilizaban fuerza excesiva contra manifestantes estudiantiles que protestaban pacíficamente por la violencia y por la desaparición en 1996 de la activista de los derechos indígenas Kalpana Chakma. El activista de los derechos indígenas Mithun Chakma denunció una “situación asfixiante”, ya que estaba obligado a personarse en el tribunal hasta ocho veces al mes para responder de cargos penales relacionados con 11 causas diferentes —algunas incoadas en virtud de la Ley de Tecnologías de la Información y la Comunicación y relacionadas con unos artículos sobre violaciones de derechos humanos que había publicado en las redes sociales—, lo que le impedía llevar a cabo su labor como defensor de los derechos humanos.

República Popular de Bangladesh
Jefe del Estado: Abdul Hamid
Jefa del gobierno: Sheij Hasina
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