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India

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Grupos hindúes radicales, medios de comunicación favorables al gobierno y algunas autoridades de los estados demonizaron cada vez más a grupos religiosos minoritarios, especialmente a musulmanes. Continuó el desplazamiento de comunidades adivasis a consecuencia de proyectos industriales, y los crímenes de odio contra la población dalit siguieron siendo generalizados. Las autoridades criticaron abiertamente a defensores, defensoras y organizaciones de derechos humanos, lo que contribuyó a crear un clima de hostilidad hacia ellos. Se intensificó la violencia colectiva, incluida la de las brigadas dedicadas a la protección de las vacas. La libertad de prensa y de expresión en las universidades sufrió ataques. India no respetó las obligaciones de derechos humanos que había contraído ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Tribunal Supremo y los tribunales superiores dictaron varias sentencias progresistas, pero algunos fallos judiciales socavaron los derechos humanos. Persistió la impunidad por abusos contra los derechos humanos.

En enero, tres hombres que trabajaban en la construcción de carreteras murieron en un atentado contra un campamento militar del distrito de Akhnoor (estado de Jammu y Cachemira) cometido por presuntos miembros del grupo armado Jamaat ud Dawa. El Frente Unido de Liberación de Assam (Independiente) se declaró responsable de la explosión de siete bombas el 26 de enero en el estado de Assam. No se tuvo constancia de que hubiera ninguna víctima. En julio, 8 personas murieron y 17 resultaron heridas en un ataque perpetrado por presuntos miembros del grupo armado Lashkar e Taiba contra un autobús de peregrinaje hindú en la localidad de Botengoo (estado de Jammu y Cachemira).

En el estado de Jammu y Cachemira, presuntos miembros de grupos armados amenazaron y agredieron a personas que trabajan en el ámbito de la política y saquearon domicilios de personal policial de ese estado. En los estados del nordeste hubo secuestros y homicidios ilegítimos presuntamente cometidos por grupos armados. En varios estados se registraron homicidios de presuntos “confidentes” policiales, que se atribuyeron al grupo armado Partido Comunista de India (Maoísta).

Según estadísticas oficiales publicadas en noviembre, en 2016 se habían denunciado más de 40.000 delitos contra miembros de las castas reconocidas en la Constitución. Se tuvo noticia de varios casos en los que personas de las castas dominantes habían agredido a dalits por haber entrado en espacios públicos o sociales o por lo que consideraban transgresiones del sistema de castas.

En mayo, en la ciudad de Saharanpur (estado de Uttar Pradesh), unos hombres pertenecientes a una de las castas dominantes mataron a dos hombres dalits, hirieron a varios más y quemaron decenas de casas de dalits tras un enfrentamiento entre miembros de ambas comunidades. En agosto estallaron protestas en el estado de Tamil Nadu a raíz del suicidio de S. Anitha, muchacha dalit de 17 años que había hecho campaña contra la introducción de un único examen de acceso a las facultades de Medicina común para todo el país. Quienes protestaban argumentaban que el examen perjudicaría a los estudiantes de entornos marginales.

Según afirmaciones de activistas, al menos 90 dalits empleados en la recogida manual de excrementos murieron a lo largo del año cuando limpiaban las alcantarillas, pese a que estaba prohibido emplear a personas para esa práctica. Muchos de ellos trabajaban ilegalmente para organismos gubernamentales. En agosto, el gobierno del estado de Delhi comunicó que toda persona que infringiera la prohibición sería acusada de homicidio involuntario y procesada. En noviembre, el relator especial de la ONU sobre el agua potable y el saneamiento se mostró preocupado ante la insistencia del gobierno por construir nuevos baños —en el marco de la operación Limpiar India—, ya que temía que esa medida pudiera perpetuar el empleo de personas para la recogida manual de excrementos.

Según las estadísticas publicadas en noviembre, en 2016 se habían denunciado más de 106.000 casos de violencia contra niños y niñas. En junio, India ratificó dos importantes convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo infantil. Los activistas siguieron criticando la reforma de la legislación relativa al trabajo infantil, que permitía emplear a niños y niñas como trabajadores en empresas familiares.

Según datos de una encuesta nacional publicada en marzo, casi el 36% de los niños y niñas menores de cinco años pesaba menos de lo normal, y más del 38% era de estatura inferior a la que le correspondía por edad. En septiembre, 70 niños y niñas murieron en el hospital de Gorakhpur (estado de Uttar Pradesh) debido, al parecer, a una interrupción en el suministro de oxígeno. El porcentaje del gasto público que se destinaba a servicios de salud seguía siendo bajo, y se situaba en el 1,2% del PIB. Tampoco era aún suficiente la inversión en programas gubernamentales de nutrición y educación preescolar para menores de seis años.

Por todo el país se produjeron decenas de crímenes de odio contra personas musulmanas. Brigadas dedicadas a la protección de las vacas —que en muchos casos parecían operar con apoyo de miembros del gobernante Partido del Pueblo Indio (Bharatiya Janata Party)— lincharon al menos a 10 hombres musulmanes e hirieron a otros muchos. Aunque se efectuaron algunas detenciones, se tuvo noticia de pocas sentencias condenatorias. En septiembre, la policía del estado de Rayastán dejó en libertad a seis hombres sospechosos del homicidio de Pehlu Khan, ganadero y productor lácteo, que los había identificado antes de morir. Algunas autoridades del Partido del Pueblo Indio hicieron declaraciones que parecían justificar estas agresiones. En septiembre, el Tribunal Supremo afirmó que los gobiernos de los estados estaban obligados a indemnizar a las víctimas de las brigadas dedicadas a la protección de las vacas.

El equipo constituido en 2015 para volver a investigar casos cerrados en relación con la matanza de sijs de 1984 cerró 241 casos y presentó cargos en otros 12. En agosto, el Tribunal Supremo creó una sala compuesta por dos exjueces para estudiar las decisiones por las que se habían cerrado esos casos.

En marzo se llevaron a cabo impunemente una serie de ataques racistas multitudinarios contra estudiantes africanos de raza negra en Greater Noida (estado de Uttar Pradesh). En junio, tres personas murieron en Darjeeling (Bengala Occidental) en enfrentamientos entre la policía y manifestantes que pedían la creación del estado de Gorkhaland.

Los ataques contra periodistas y contra la libertad de prensa eran cada vez más intensos. En septiembre, unos hombres armados no identificados abatieron a tiros a la periodista Gauri Lankesh, firme detractora del nacionalismo hindú y del sistema de castas, a las puertas de su casa, en Bengaluru. Ese mismo mes murió el periodista Shantanu Bhowmick a consecuencia de los golpes recibidos cuando cubría unos violentos enfrentamientos políticos en las proximidades de Agartala. También en septiembre, y en aplicación de una ley que no cumplía las normas internacionales de derechos humanos, el reportero gráfico Kamran Yousuf fue detenido en el estado de Jammu y Cachemira por haber incitado presuntamente a la gente a lanzar piedras contra las fuerzas de seguridad. En noviembre, presuntos miembros de una fuerza paramilitar abatieron y mataron a tiros al periodista Sudip Datta Bhowmik en un campamento paramilitar de las proximidades de Agartala. En diciembre, un cineasta francés que estaba investigando para un documental sobre el conflicto de Cachemira estuvo detenido durante tres días en el estado de Jammu y Cachemira, al parecer por haber infringido normativa relativa a los visados.

Tanto políticos como empresas siguieron presentando cargos penales por difamación contra periodistas. En junio, la asamblea legislativa de Karnataka condenó a dos periodistas a un año de prisión cada uno por haber escrito artículos presuntamente difamatorios sobre sus miembros.

Se utilizó legislación represiva para suprimir la libertad de expresión. En junio, 20 hombres fueron detenidos por sedición en Madhya Pradesh y Rayastán tras haberse denunciado que habían celebrado la victoria del equipo de críquet de Pakistán sobre el de India. En julio, 31 activistas dalits fueron detenidos y recluidos durante un día en Lucknow por haber organizado una conferencia de prensa sobre la violencia por motivos de casta. Los gobiernos de los estados prohibieron libros, y la Junta Central de Certificación Fílmica vetó la proyección de determinadas películas en salas por motivos imprecisos y demasiado generales. En noviembre, los gobiernos de cinco estados prohibieron el estreno de la película épica Padmaavat, sobre el periodo hindi, al considerar que “lesionaría sentimientos comunitarios”.

La libertad de expresión seguía estando amenazada en las universidades. La sección estudiantil de la organización nacionalista hindú Rashtriya Swayamsevak Sangh recurrió a las amenazas y la violencia para boicotear actos y charlas en algunas universidades. En junio, ocho estudiantes de la Universidad de Lucknow fueron detenidos durante 20 días por haber participado en un acto de protesta contra el ministro principal de Uttar Pradesh. En septiembre, la policía de Uttar Pradesh arremetió con porras contra estudiantes —en su mayoría mujeres— que protestaban contra las agresiones sexuales en la Universidad Hindú de Benarés.

En agosto, en una histórica sentencia, el Tribunal Supremo resolvió que el derecho a la intimidad formaba parte del derecho constitucional a la vida y a la libertad personal.

En enero, el Ministerio del Interior explicó que no había renovado el permiso de la ONG conocida como Observatorio Popular para recibir fondos del extranjero porque al parecer esa organización había transmitido internacionalmente una “imagen negativa” del historial de derechos humanos de India.

En marzo, un tribunal de Maharashtra declaró al activista y profesor universitario GN Saibaba y a otros cuatro hombres culpables de pertenencia y apoyo a un grupo maoísta prohibido y los condenó a cadena perpetua. La sentencia condenatoria se basó, sobre todo, en cartas, folletos y vídeos, y aplicó las disposiciones de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales, que no se ajustaba a las normas internacionales de derechos humanos.

Ese mismo mes murió en la ciudad de Raigarh (estado de Chhattisgarh) el activista adivasi Jailal Rathia, presuntamente envenenado por miembros de un grupo de carácter mafioso dedicado a la captación de terrenos, contra el que estaba luchando. En abril, la funcionaria Varsha Dongre, de la prisión Central de Raipur (estado de Chhattisgarh) fue trasladada a otro centro de trabajo tras haber publicado en Facebook que había visto a la policía torturar a niñas adivasis.

En mayo, cuatro hombres fueron detenidos en Chennai y sometidos durante más de tres meses a detención administrativa por haber intentado celebrar un acto en memoria de la población tamil muerta en la guerra civil de Sri Lanka. Ese mismo mes, la policía del estado de Odisha detuvo a la activista adivasi Kuni Sikaka, que se oponía a la explotación minera de bauxita en las colinas de Niyamgir, y posteriormente la dejó en libertad tras haberla presentado ante la prensa como una maoísta que se había entregado.

En agosto detuvieron por cargos falsos y mantuvieron recluidas durante más de dos semanas a la activista Medha Patkar y a otras tres personas que protestaban por las inadecuadas medidas de rehabilitación para las familias afectadas por el proyecto de la presa de Sardar Sarovar (véase infra).

Según las estadísticas publicadas en noviembre, en 2016 se cometieron más de 6.500 delitos contra miembros de las tribus reconocidas en la Constitución. Las comunidades indígenas adivasis continuaron siendo desplazadas por proyectos industriales. En aplicación de una ley especial, el gobierno adquirió tierras para la explotación de yacimientos de carbón, sin pedir el consentimiento libre, previo e informado de la población adivasi. En julio, un grupo de expertos del Ministerio de Medio Ambiente afirmó que las minas de carbón que desearan aumentar su capacidad de producción en una proporción de hasta el 40% no tenían que consultar a las comunidades afectadas.

En septiembre, con motivo de la inauguración de la presa de Sardar Sarovar en Gujarat, estallaron protestas de activistas, que no consideraban adecuadas las reparaciones ofrecidas a unas 40.000 familias desplazadas por su construcción, muchas de ellas adivasis. En junio, 98 adivasis de Raigarh (estado de Chhattisgarh) intentaron presentar cargos penales en aplicación de la Ley de Prevención de Atrocidades contra las Castas y Tribus Reconocidas, alegando que, tras haber sido intimidados y coaccionados, habían sido obligados a vender sus tierras a agentes de empresas privadas. La policía aceptó las denuncias, pero se negó a abrir un expediente penal.

En abril, en las protestas que se produjeron durante las elecciones parciales para cubrir un escaño del Parlamento las fuerzas de seguridad mataron a ocho hombres, en algún caso a consecuencia del empleo de fuerza excesiva. Los militares golpearon a Farooq Ahmad Dar, un votante al que después mantuvieron durante cinco horas atado al capó del jeep del ejército que conducían, al parecer como advertencia a los manifestantes. En mayo, el mando militar presuntamente responsable fue condecorado por el ejército por su trabajo en las operaciones contra la insurgencia. En julio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jammu y Cachemira instó al gobierno de ese estado a indemnizar a Farooq Dar con 100.000 rupias (unos 1.500 dólares estadounidenses). Sin embargo, en noviembre, el gobierno del estado se negó a pagar.

Persistía la impunidad por abusos contra los derechos humanos. En junio, un tribunal militar dependiente de las Fuerzas de Seguridad de Fronteras (paramilitares) absolvió a dos soldados acusados del homicidio de Zahid Farooq Sheikh en 2010, cuando la víctima contaba 16 años. Las Fuerzas de Seguridad de Fronteras habían conseguido impedir que el caso se juzgara ante un tribunal civil. En julio, alegando el largo tiempo transcurrido, el Tribunal Supremo se negó a reabrir 215 causas relativas al homicidio de más de 700 personas de la comunidad pandit de Cachemira, perpetrado en el estado de Jammu y Cachemira en 1989. Ese mismo mes, un tribunal militar de apelación suspendió temporalmente, en espera del resultado del recurso, las condenas a cadena perpetua de cinco militares declarados culpables de la ejecución extrajudicial de tres hombres en Machil en 2010. En noviembre, la Comisión de Derechos Humanos de Jammu y Cachemira solicitó de nuevo al gobierno de ese estado, como ya había hecho en 2011, que investigara más de 2.000 tumbas no identificadas.

Durante las manifestaciones las fuerzas de seguridad continuaron utilizando escopetas de perdigones, intrínsecamente imprecisas, con las que dejaron ciegas o hirieron a varias personas. Las autoridades cerraban con frecuencia servicios de Internet, alegando motivos de orden público.

En enero, cuatro mujeres adivasis de Dhar (estado de Madhya Pradesh), denunciaron haber sido violadas en grupo por agentes de policía. En marzo, adivasis del pueblo de Sukma (estado de Chhattisgarh) acusaron a agentes de las fuerzas de seguridad de haber violado en grupo a una muchacha adivasi de 14 años. En septiembre, dos miembros de fuerzas paramilitares fueron detenidos como sospechosos de haber matado a una mujer y violado y rociado con ácido a una amiga de ésta en el estado de Mizoram en julio.

En abril, un alto mando de las Fuerzas de la Policía de la Reserva Central, de carácter paramilitar, comunicó por escrito a sus mandos que la ejecución extrajudicial de dos presuntos miembros de un grupo armado en Assam había sido obra de varios organismos de seguridad. El denunciante fue trasladado de puesto. En julio, el Tribunal Supremo ordenó a la Oficina Central de Investigaciones que investigara más de 80 presuntas ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía y las fuerzas de seguridad ocurridas en Manipur entre 1979 y 2012. El Tribunal resolvió que el tiempo transcurrido no era razón para dejar de investigar los casos.

En junio, la policía de Madhya Pradesh abatió a tiros a cinco agricultores que participaban en Mandsaur en las protestas para pedir mejores precios para sus cosechas. En agosto, al menos 38 personas perdieron la vida —algunas de ellas a consecuencia del empleo de fuerza excesiva— cuando la policía abrió fuego durante las protestas celebradas en Haryana a raíz de la condena por violación impuesta a un autoproclamado “hombre de Dios” o gurú.

Se calculaba que en India había 40.000 personas de etnia rohingya en peligro de expulsión colectiva, de las que más de 16.000 habían sido reconocidas como refugiadas por el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. En agosto, el Ministerio del Interior escribió a los gobiernos de los estados pidiéndoles que identificaran a todas las personas que fueran “inmigrantes ilegales”, incluidas las de etnia rohingya. En septiembre, el Ministerio afirmó que todas las personas rohingyas de India eran “inmigrantes ilegales”, y aseguró que tenía pruebas de los lazos de algunas de ellas con organizaciones terroristas. En octubre, en respuesta a un recurso presentado por dos refugiados rohingyas, el Tribunal Supremo detuvo temporalmente las expulsiones.

En septiembre, el Ministerio del Interior anunció que iba a conceder la nacionalidad a unas 100.000 personas refugiadas de las etnias chakma y hajong que habían huido de Bangladesh a India en la década de 1960.

Entre enero y agosto se registraron 894 muertes bajo custodia judicial, y 74 bajo custodia policial. En febrero, Uma Bharti, ministra del gobierno central, afirmó que, cuando era ministra principal del estado de Madhya Pradesh, había ordenado torturar a los sospechosos de violación. En agosto murió Manjula Shetye, reclusa de la cárcel de Byculla (Bombay), al parecer tras haber sido golpeada y agredida sexualmente por personal penitenciario por haberse quejado de la comida de la cárcel. Un equipo de parlamentarios que visitó la prisión de Byculla afirmó que las palizas a las reclusas eran práctica habitual. En noviembre, una comisión establecida por el Tribunal Superior de Delhi confirmó que 18 presos de la cárcel de Tihar, en Nueva Delhi, habían sido golpeados por haber protestado cuando se llevaban las fundas de sus almohadas.

En septiembre, durante el proceso de examen periódico universal de India ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno aceptó por tercera vez la recomendación de ratificar la Convención contra la Tortura, que había firmado en 1997. En octubre, la Comisión Jurídica de India publicó un informe en el que recomendaba al gobierno ratificar la Convención y promulgar una ley que penalizara la tortura.

Según las estadísticas publicadas en noviembre, en 2016 se registraron más de 338.000 delitos contra mujeres, incluidos 110.000 casos de violencia a manos de sus esposos y familiares. En respuesta a los litigios de interés público presentados ante los tribunales para que se tipificara como delito la violación conyugal, el gobierno central afirmó que esa medida “desestabilizaría la institución del matrimonio”.

En julio, el Tribunal Supremo prohibió la práctica del triple talaq (divorcio islámico instantáneo), por considerarla arbitraria e inconstitucional. Sin embargo, en otros casos las sentencias de los tribunales socavaron la autonomía de la mujer. En agosto, el Tribunal Supremo desvirtuó una ley promulgada para proteger a las mujeres contra la violencia en el seno del matrimonio, al exigir que las denuncias fueran primero evaluadas por “comités de bienestar familiar” de la sociedad civil. Sin embargo, en octubre, el Tribunal Supremo dio a entender que iba a revisar la sentencia. Ese mismo mes, resolvió que las relaciones sexuales de un hombre con su esposa, cuando ésta era menor de 18 años, eran constitutivas de violación.

Varias sobrevivientes de violación, algunas de ellas niñas, pidieron permiso a los tribunales para interrumpir sus embarazos después del plazo de 20 semanas señalado por la ley. Los tribunales aprobaron algunos de estos abortos, pero denegaron otros. En agosto, el gobierno central instó a los estados a instituir consejos médicos permanentes que decidieran con mayor rapidez sobre esos casos.

República de la India
Jefe del Estado: Ram Nath Kovind (sustituyó a Pranab Mukherjee en julio)
Jefe del gobierno: Narendra Modi
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