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Myanmar

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

La situación de los derechos humanos empeoró radicalmente. Cientos de miles de rohingyas pasaron al vecino Bangladesh huyendo de los crímenes de lesa humanidad que se perpetraban en el estado de Rajine. La población rohingya que permaneció en Rajine siguió viviendo bajo un sistema de apartheid. El ejército cometió numerosas violaciones del derecho internacional humanitario. Las autoridades siguieron restringiendo el acceso de la ayuda humanitaria al país. La libertad de expresión continuó restringida. Aumentaron la intolerancia religiosa y el sentimiento antimusulmán. Siguieron cometiéndose impunemente violaciones de derechos humanos, y persistió la impunidad de las cometidas en el pasado.

En marzo se cumplió un año de la llegada al poder de un gobierno de carácter civil, liderado de facto por la consejera de Estado, Aung San Suu Kyi. Las reformas económicas se estancaron, al igual que el proceso de paz para poner fin a decenios de conflicto armado interno. El ejército mantenía un considerable poder político y continuaba sin estar sujeto a supervisión civil. El 6 de octubre, Myanmar ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entraría en vigor el 6 de enero de 2018.

El estado de Rajine se sumió en una crisis cuando las fuerzas de seguridad lanzaron en su zona norte una campaña de violencia contra la minoría étnica rohingya —en su mayoría musulmana— en respuesta a una serie de ataques coordinados contra unos 30 puestos de seguridad perpetrados a finales de agosto por el grupo armado Ejército de Salvación Rohingya de Arakán. Estos ataques tuvieron lugar horas después de que una comisión, encabezada por el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, presentara sus recomendaciones para “prevenir la violencia, mantener la paz [y] fomentar la reconciliación” en el estado.

El ejército —a menudo en colaboración con la Guardia de Fronteras y con grupos parapoliciales locales— mató a un número indeterminado de mujeres, hombres, niños y niñas rohingyas, torturó y sometió a otros malos tratos (incluidas violaciones y otras formas de violencia sexual) a mujeres y niñas rohingyas, plantó minas terrestres y quemó cientos de pueblos rohingyas en lo que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos calificó de “caso clásico de limpieza étnica”. Los actos de las fuerzas de seguridad constituían delitos de lesa humanidad.1

Más de 655.000 rohingyas huyeron a Bangladesh a causa de la violencia, que también provocó el desplazamiento temporal a otros lugares del estado de Rajine de unas 30.000 personas de otras comunidades étnicas minoritarias. Se recibieron noticias sobre abusos perpetrados por el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán, entre ellos homicidios de confidentes y desapariciones forzadas de personas de las etnias rajine y mro.

La población rohingya que permaneció en el estado de Rajine siguió viviendo bajo un sistema de apartheid que restringía gravemente casi todos los aspectos de su vida y la segregaba del resto de la sociedad.2 Sus derechos a la nacionalidad, a la libertad de circulación, al más alto nivel posible de salud, a la educación, al trabajo, a la alimentación y a la libertad de religión o de creencias, así como a participar en la vida pública, se violaban de manera habitual y sistemática por motivos discriminatorios.

El gobierno, que desestimó las denuncias de violaciones de derechos humanos e ignoró las peticiones de investigaciones y rendición de cuentas, firmó un acuerdo con Bangladesh para repatriar a personas refugiadas tras someterlas previamente a un proceso de verificación, y comunicó que se esforzaría por aplicar las recomendaciones de Kofi Annan y por llevar el desarrollo al estado de Rajine.

En el norte del país se agravaron los enfrentamientos entre el ejército de Myanmar y grupos armados étnicos. El ejército cometió diversos tipos de violaciones de derechos humanos contra civiles de minorías étnicas, entre ellas ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos y trabajos forzados. En sus enfrentamientos con los grupos armados étnicos, el ejército solía disparar proyectiles de mortero y artillería, que con frecuencia impactaban contra zonas civiles. En mayo, una mujer de 81 años murió cuando un proyectil de mortero explotó junto a su domicilio, en el municipio de Namhkan (estado de Shan del Norte).3 Probablemente varias de estas violaciones constituyeran crímenes de guerra.

Por su parte, los grupos armados étnicos cometieron violaciones del derecho internacional humanitario, incluidas desapariciones forzadas, reclutamiento forzado y extorsión. Tanto el ejército de Myanmar como los grupos armados étnicos plantaron minas terrestres antipersonal y otros artefactos de mecanismo similar, por lo que muchas personas desplazadas tenían miedo de volver a sus domicilios.

Tanto el gobierno civil como el ejército siguieron restringiendo de manera grave y arbitraria el acceso de la ayuda humanitaria, poniendo con ello en peligro a cientos de miles de personas.

En el estado de Rajine, las autoridades restringieron la entrada de ayuda tras los ataques de agosto perpetrados por el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán, y en el norte del estado la prohibieron por completo. Posteriormente, permitieron las actividades en la zona del Movimiento de la Cruz Roja y el Programa Mundial de Alimentos, aunque con acceso limitado e insuficiente para satisfacer las necesidades existentes. En otras partes del estado de Rajine, el acceso era aún más difícil a causa de las tensiones locales y de la hostilidad hacia los grupos internacionales de ayuda.4

Las autoridades restringieron más el acceso humanitario a las poblaciones desplazadas del norte de Myanmar, sobre todo a las que vivían en territorios controlados por el gobierno. En febrero, el ejército de Myanmar impidió la entrega de 200 “kits de dignidad” con el sello de la ONU —que incluían productos higiénicos básicos— destinados a mujeres y niñas desplazadas en zonas controladas por la Organización Independentista Kachin.

El conflicto, la violencia y las catástrofes naturales provocaron el desplazamiento de la población civil. Más de 106.000 personas seguían internamente desplazadas a causa de los conflictos en el norte de Myanmar. Asimismo, unas 120.000 personas, en su mayoría rohingyas, seguían viviendo en precarios campos para personas desplazadas, en los que llevaban cinco años confinadas tras la violencia de 2012.

Al acabar el año, más de 655.000 personas refugiadas de etnia rohingya habían huido a Bangladesh tras las operaciones ilegales y desproporcionadas del ejército en el norte del estado de Rajine. En noviembre, Myanmar y Bangladesh firmaron un acuerdo para repatriar a Myanmar a los refugiados, aunque seguía sin cesar la huida de personas a través de la frontera. El arraigado régimen en curso en el estado de Rajine, que constituía apartheid, imposibilitaba cualquier retorno seguro o digno.

Además, cerca de 100.000 personas refugiadas birmanas continuaban viviendo en campos de Tailandia, donde recibían cada vez menos ayuda humanitaria. Muchas de estas personas expresaron temor ante la idea de volver a Myanmar, entre otras razones por la constante situación de inestabilidad, la militarización de las zonas habitadas por minorías étnicas y la falta de acceso a servicios esenciales.

Pese a las amnistías de abril y mayo, seguía habiendo presos y presas de conciencia. Las autoridades continuaron utilizando una serie de leyes redactadas en términos ambiguos que restringían los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica para detener y recluir a personas por el simple ejercicio pacífico de sus derechos.

El preso de conciencia Lahpai Gam, agricultor de etnia kachin, continuaba en la cárcel, pese a su grave estado de salud. Había sido torturado cuando fue detenido, en 2012.

El gobierno no ofreció ni a los ex presos y presas de conciencia ni a sus familias medidas de restitución, como indemnizaciones, ayuda para acceder a oportunidades de educación y empleo u otras formas de reparación.

Los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica continuaron gravemente restringidos. Hubo un fuerte aumento del número de personas acusadas de “difamación en Internet”, en aplicación del apartado 66.d de la Ley de Telecomunicaciones de 2013.5 Esta ley fue ligeramente reformada por el Parlamento debido a las presiones nacionales e internacionales, pero no se eliminó de ella el delito de “difamación en Internet”.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales del derecho y periodistas —sobre todo los que hablaban sobre la situación de la población rohingya, la intolerancia religiosa y las violaciones de derechos humanos perpetradas por el ejército— eran sometidos a vigilancia y sufrían actos de intimidación y agresiones. El 29 de enero, el abogado Ko Ni murió abatido a tiros en el aeropuerto internacional de Yangón cuando volvía de una conferencia interconfesional en Indonesia. Al acabar el año, el juicio de los cuatro presuntos perpetradores seguía en curso, y un quinto sospechoso permanecía en libertad. En noviembre, el pastor de etnia kachin Dumdaw Nawng Lat y su ayudante, Langjaw Gam, fueron encarcelados por haber ayudado a periodistas a informar sobre unos ataques aéreos perpetrados por el ejército a finales de 2016 en las proximidades de la localidad de Monekoe. Ambos fueron condenados a dos años de cárcel en virtud de la Ley sobre Asociaciones Ilícitas, aunque en el caso de Dumdaw Nawng Lat, a esta condena se sumaron otros dos años de cárcel por “difamación”.

Se restringió cada vez más el trabajo de los medios de comunicación independientes, y en algunos casos se emprendieron acciones penales contra periodistas por llevar a cabo su labor informativa. En junio, tres trabajadores de los medios de comunicación fueron detenidos y acusados de contactar con una “asociación ilícita” a su regreso de una zona controlada por un grupo étnico armado que operaba en el norte de Myanmar. Posteriormente, quedaron en libertad tras haberse retirado los cargos en su contra en agosto.6 En diciembre, dos periodistas de Reuters fueron detenidos en aplicación de la Ley de Secretos Oficiales por su labor de información sobre la situación en el estado de Rajine. Ambos estuvieron recluidos en régimen de incomunicación durante dos semanas, y al terminar el año continuaban privados de libertad.

Tras los ataques de agosto en el estado de Rajine, hubo un marcado aumento de la intolerancia religiosa y del sentimiento antimusulmán. El gobierno agravó la situación al permitir y emitir directamente —en medios impresos y en Internet— discursos de odio que incitaban a la discriminación y la violencia. Los medios de comunicación estatales publicaron artículos en los que se hablaba en tono despectivo sobre la población rohingya, y algunas autoridades del gobierno publicaron comentarios incendiarios en las redes sociales.

A lo largo del año, las minorías religiosas, y en particular la musulmana, siguieron sufriendo discriminación. En abril, cediendo a las presiones de una muchedumbre ultranacionalista budista, la policía y las autoridades cerraron dos madrasas en Yangón. En septiembre, las autoridades del estado de Kayin emitieron una orden por la que se exigía a toda la población musulmana informar de antemano a las autoridades locales si tenía previsto viajar. Aunque, posteriormente, la ministra principal del estado calificó esta orden de “error administrativo”, según informes las restricciones de viaje continuaban en vigor al concluir el año.

Miles de familias residentes en las proximidades de la mina de cobre de Letpadaung (región de Sagaing) continuaban expuestas a perder sus viviendas y sus terrenos de cultivo si, como estaba previsto, se ampliaba el proyecto minero.7 La población de los alrededores de la mina siguió protestando contra el proyecto. En marzo, al menos 10 personas sufrieron lesiones cuando la policía disparó balas de goma contra un grupo de residentes que protestaban por el impacto de los camiones que transportaban material a la mina. Según las autoridades locales, seis agentes de policía resultaron heridos por proyectiles lanzados con honda por los residentes.8

En agosto, el Ministerio de Defensa rechazó una propuesta de reubicación de una fábrica que producía ácido sulfúrico para abastecer a la mina, lo que entrañaba graves riesgos para la salud de la comunidad circundante. Al concluir el año seguían sin abordarse las preocupaciones en materia de derechos humanos y medio ambiente que suscitaba el proyecto minero.

Los tribunales siguieron dictando condenas a muerte en aplicación de una serie de disposiciones legales que lo permitían. No se llevaron a cabo ejecuciones.

Persistía la cultura de impunidad por las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad. La mayoría de los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas tanto en la actualidad como en el pasado —entre ellas crímenes de derecho internacional— seguían sin rendir cuentas.

El gobierno no investigó de manera adecuada ni pidió responsabilidades a los autores de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el estado de Rajine, algunas de ellas crímenes de lesa humanidad. En agosto, una comisión de investigación establecida por el presidente para investigar los ataques de octubre de 2016 y sus consecuencias publicó un resumen de sus conclusiones en el que reconocía que había habido víctimas, destrucción de edificios, pérdida de bienes y desplazamiento de población. Sin embargo, no establecía responsabilidades ni indicaba si se habían emprendido acciones judiciales contra los perpetradores. La investigación no era independiente.9 En noviembre, una investigación del ejército concluyó que no se habían cometido violaciones de derechos humanos en el estado de Rajine tras los ataques perpetrados por el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán el 25 de agosto y la subsiguiente campaña militar.

En marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó una misión internacional independiente de investigación para “determinar los hechos y las circunstancias” de las violaciones y los abusos contra los derechos humanos cometidos, sobre todo en el estado de Rajine. El Consejo pidió a la misión que presentara sus conclusiones en septiembre de 2018. Esta medida suscitó una fuerte oposición del gobierno, que se desvinculó de la investigación y se negó a dejar entrar en el país al equipo de investigación.

Tras los ataques de agosto, aumentó considerablemente la atención internacional hacia Myanmar y hacia la crisis del estado de Rajine. El 6 de noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU emitió una declaración de la presidencia en la que pedía el cese de la violencia y el levantamiento de las restricciones a la ayuda humanitaria. Por su parte, la Asamblea General de la ONU aprobó, también en noviembre, una resolución sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar. En diciembre, el Consejo de Derechos Humanos celebró un periodo extraordinario de sesiones sobre la situación de la población rohingya y de otras minorías. La Unión Europea y Estados Unidos retiraron las invitaciones cursadas a altos cargos militares de Myanmar.

Las restricciones de acceso a la relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en Myanmar fueron aumentando, y al final del año tenía prohibida la entrada al país durante el resto de su mandato. La relatora había planteado su preocupación por el deterioro de la situación en el país.

  1. “My world is finished”: Rohingya targeted by crimes against humanity in Myanmar (ASA 16/7288/2017)
  2. “Caged without a roof”: Apartheid in Myanmar’s Rakhine State (ASA 16/7484/2017)
  3. “All the civilians suffer”: Conflict, displacement and abuse in northern Myanmar (ASA 16/6429/2017)
  4. Myanmar: Las restricciones de la ayuda humanitaria internacional ponen en peligro la vida de miles de personas (noticia, 4 de septiembre)
  5. Myanmar: Repeal Section 66(d) of the 2013 Telecommunications Law (ASA 16/6617/2017)
  6. Myanmar: Release journalists immediately (noticia, 26 de junio)
  7. Mountain of trouble: Human rights abuses continue at Myanmar’s Letpadaung mine (ASA 16/5564/2017)
  8. Myanmar: Investigate police use of force against protesters at troubled mine (ASA 16/5983/2017)
  9. Myanmar: National efforts to investigate Rakhine State violence are inadequate (ASA 16/5758/2017)
República de la Unión de Myanmar
Jefe del Estado y del gobierno: Htin Kyaw
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