1961-2021: 60 años actuando por los
derechos humanos en todo el mundo

Malaisia

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

La situación de los derechos humanos experimentó un deterioro al que contribuyeron las investigaciones sobre activistas de derechos humanos y personas críticas con el gobierno, las redadas masivas contra migrantes sin documentos y las devoluciones sin el debido procedimiento de embarcaciones de personas refugiadas. La población LGBTI continuó sufriendo discriminación, mientras que la tala y la minería siguieron amenazando a las comunidades indígenas. Bajo el nuevo gobierno quedaron paralizadas las reformas de derechos humanos, como la formación de una comisión independiente de supervisión de la policía y la abolición de la pena de muerte preceptiva.

Información general

En febrero se hundió el gobierno de la coalición Pakatan Harapan tras la defección de parlamentarios y parlamentarias para constituir la coalición Perikatan Nasional bajo el liderazgo del nuevo primer ministro, Muhyiddin Yassin. Desde marzo el país quedó sometido a una Orden de Control de la Circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19. No se llevó a cabo una reducción significativa de la población reclusa a pesar de un brote en el que hubo más de 5.000 personas infectadas.

Libertad de reunión, de asociación y de expresión

Se investigó y procesó a defensores y defensoras de derechos humanos, sobre todo en aplicación del artículo 233 de la Ley sobre Comunicaciones y Materiales Multimedia. En marzo, la activista Fadiah Nadwa Fikri fue investigada por una publicación en las redes sociales en la que instaba a manifestarse contra el cambio de gobierno. Posteriormente fue investigada de nuevo, junto a 18 activistas más, por no haber notificado una manifestación.1 En mayo se informó de que desde enero había habido 262 investigaciones por sedición y se habían abierto 143 causas en aplicación de la Ley sobre Comunicaciones y Materiales Multimedia. En junio, en aplicación de la legislación sobre sedición, se inició una investigación contra el parlamentario Xavier Jayakumar por haber criticado las limitaciones que había impuesto el gobierno a la celebración de una sesión parlamentaria. También en junio, en virtud de la legislación sobre sedición, se presentaron cargos contra Patrick Teoh, celebridad radiofónica, por una publicación suya en las redes sociales en la que, presuntamente, insultaba a la realeza.

En julio, un hombre fue condenado a 26 meses de cárcel por publicaciones en las redes sociales que se consideraron insultantes hacia el islam. Steven Gan, del sitio web de noticias Malaysiakini, fue acusado de desacato por una serie de comentarios publicados allí por sus lectores. Asimismo, el gobierno investigó a periodistas del canal de noticias Al Yazira y del South China Morning Post por informar sobre el trato dispensado a los migrantes durante el confinamiento por la COVID-19.

Las autoridades acusaron a cinco activistas sindicales de violar la Orden de Control de la Circulación después de que éstos celebraran una manifestación pacífica contra determinadas prácticas laborales injustas y medidas antisindicales, y en protesta por la insuficiente cantidad de equipos de protección para el personal de los hospitales.2 Un tribunal desestimó después los cargos.

Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

La respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19 se cebó en las personas refugiadas y solicitantes de asilo, y en los trabajadores migrantes. En un ambiente de creciente xenofobia se llevaron a cabo redadas de inmigración en zonas de elevada densidad de población migrante, con arrestos y detenciones. En un centro de detención de inmigrantes se declaró un brote de COVID-193 con más de 600 personas contagiadas.

Las autoridades rechazaron a personas refugiadas rohinyás que llegaban en embarcaciones o las mantuvieron detenidas en centros masificados.4 En abril, la Marina rechazó una embarcación con cientos de rohinyás, incluidos mujeres, niños y niñas. Ese mismo mes, la autoridades de Bangladesh aceptaron otra embarcación con cientos de refugiados rohinyás a bordo que, al parecer. había sido rechazada por Malasia. Aunque en abril y junio el gobierno permitió atracar a dos embarcaciones, los refugiados que viajaban en ellas fueron recluidos en un centro de detención. Algunos fueron acusados en aplicación de la ley de inmigración y condenados a prisión y a recibir azotes con vara, pena esta última anulada.

El sector malasio de fabricación de guantes de goma —que se benefició del aumento de la demanda durante la pandemia de COVID-19— se vio envuelto en denuncias de trabajo forzoso de migrantes, alojados en condiciones de hacinamiento. Los brotes infecciosos afectaron a las fábricas de guantes y un empleado que expresó su preocupación por el hacinamiento fue despedido. También hubo brotes en obras de construcción.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Tras el cambio de gobierno se sometió a investigación a defensores y defensoras de los derechos humanos, entre ellos Thomas Fann, presidente de la coalición Bersih por la reforma electoral; Cynthia Gabriel, activista anticorrupción del centro C4, y Sevan Doraisamy, de la organización de derechos humanos Suaram.5 En julio, la policía investigó a Heidy Quah, fundadora de la ONG Refugio para los Refugiados, por haber publicado en Internet un texto sobre las nefastas condiciones de los centros de detención para inmigrantes. Heidy Quah recibió también amenazas online que pusieron en evidencia la preocupante tendencia a la que se enfrentaban los defensores y defensoras de derechos humanos —sobre todo estas últimas—, que sufrían acoso y cuya información personal en ocasiones se hacía pública. Las autoridades no solían investigar los actos de violencia online.

Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

El gobierno siguió persiguiendo a las personas LGBTI. En julio, el ministro de Asuntos Islámicos, Zulkifli Mohamad, publicó una declaración en Internet en la que concedía “permiso ilimitado” a las autoridades religiosas para detener y “rehabilitar” a personas de este colectivo.6 En septiembre, uno de los 11 hombres acusados en 2019 de “tentativa de relación sexual contra natura” solicitó una revisión judicial de la ley que penalizaba las relaciones homosexuales. La causa seguía abierta al final del año.

Pueblos indígenas

Los pueblos indígenas de todo el país siguieron bajo la amenaza de perder sus tierras debido a las actividades de desarrollo y a la tala. En febrero, ante la propuesta de retirar la protección oficial a una reserva forestal del estado de Selangor, las comunidades indígenas protestaron por temor a que sus viviendas y medios de vida se vieran afectados. En septiembre, los pueblos indígenas del estado de Pahang protestaron por el proyecto de desarrollo de tres minas de tierras raras.

Impunidad

En agosto, el gobierno retiró el proyecto de ley de creación de una comisión de supervisión de la policía presentado en 2019 por el gobierno anterior y, en su lugar propuso un nuevo anteproyecto de ley que recibió críticas generalizadas por su ineficacia.7 También en agosto, el gobierno comunicó que, de enero a junio, habían muerto 23 personas en centros de detención para inmigrantes, dos de ellas menores de edad.8 No hubo ninguna investigación de calado sobre las causas de estas muertes. Más adelante hubo más casos de muertes de personas detenidas, entre ellas la del ciudadano indio Zeawdeen Kadar Masdan, que murió cuando se encontraba bajo la custodia de las autoridades de inmigración.

Pena de muerte

En agosto, el Tribunal Federal declaró constitucional la pena de muerte preceptiva. Al concluir el año no se habían presentado en el Parlamento las reformas legislativas para suprimir la pena de muerte preceptiva propuestas por el anterior gobierno. Continuaba vigente la moratoria de las ejecuciones.

  1. Malaysia: Raft of investigations a blatant attempt to intimidate peaceful protesters (declaración pública de Amnistía Internacional Malasia, 4 de marzo)
  2. Malaysia: Drop charges against hospital workers’ union activists (declaración pública de Amnistía Internacional Malasia, 15 de septiembre)
  3. Malaysia: Act urgently to stop COVID-19 surge in detention centres (declaración pública, 5 de junio)
  4. Malaysia: Hundreds of Rohingya seeking safety by boat at acute risk from coronavirus (noticia, 8 de abril)
  5. Malaysia must not return to climate of fear for activists and critics (declaración pública de Amnistía Internacional Malasia, 12 de junio)
  6. Malaysia: Government must end persecution of transgender people (declaración pública de Amnistía Internacional Malasia, 11 de julio)
  7. Malaysia: Proposed IPCC bill a shameful step backwards in ensuring police accountability (declaración pública de Amnistía Internacional Malasia, 28 de agosto)
  8. Malaysia: Government must be accountable for deaths in detention centres (declaración pública de Amnistía Internacional Malasia, 7 de agosto)

A continuación puedes ver contenidos relacionados con este país.

Malasia
Jefe del Estado: Abdullah
Jefe del gobierno: Muhyiddin Yassin (sustituyó a Mahathir bin Mohamad en marzo)

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