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Mongòlia

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

La pena de muerte quedó abolida tras la entrada en vigor del nuevo Código Penal y el nuevo Código de Procedimiento Penal. Siguieron infligiéndose torturas y otros malos tratos a personas detenidas, y continuaron las agresiones contra defensores y defensoras de los derechos humanos. Existía el peligro de que se violaran los derechos económicos, sociales y culturales de quienes vivían en áreas rurales afectadas por actividades mineras y de la población de las zonas ger, sin acceso adecuado a servicios esenciales.

La pena de muerte quedó abolida para todos los delitos a partir del 1 de julio, fecha en que entró en vigor el nuevo Código Penal, aprobado en diciembre de 2015.1 Sin embargo, en noviembre el presidente recién elegido propuso su reinstauración al Ministerio de Justicia como respuesta a dos violentos casos de violación y asesinato.

Defensores y defensoras de los derechos humanos siguieron denunciando agresiones físicas y hostigamiento a manos de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y de empresas privadas. Entre estos defensores y defensoras figuraban una serie de estudiantes con discapacidad que denunciaron actos de discriminación y abusos sexuales en una escuela, y periodistas que trataron de informar sobre cuestiones de derechos humanos tales como la violencia de género. La legislación existente no los protegía del hostigamiento ni de intromisiones no justificadas en su vida privada.

Continuaron quedando impunes o siendo escasamente denunciados los casos de tortura y otros malos tratos infligidos a personas detenidas, algunas de ellas con discapacidad o de otras nacionalidades, sin que hubiera un mecanismo de investigación independiente dedicado a estas situaciones. Pese a las demandas de la sociedad civil, la entrada en vigor en julio del nuevo Código de Procedimiento Penal no supuso el restablecimiento de la unidad de investigación independiente previamente disuelta.

El 1 de julio entró en vigor una nueva Ley de Infracciones Administrativas que permitía aplicar sanciones administrativas más elevadas cuando se publicaba información falsa que pudiera perjudicar la reputación de particulares y empresas. Una organización de profesionales de los medios de comunicación criticó la Ley por considerarla imprecisa y excesivamente amplia, y se mostró preocupada ante la posibilidad de que se abusara de ella para reprimir la libertad de expresión. El 26 de abril, los medios de comunicación llevaron a cabo un apagón informativo en protesta por la Ley, que finalmente fue aprobada, aunque con sanciones menos estrictas.

Las autoridades no protegían a quienes se dedicaban al pastoreo tradicional frente a las actividades de empresas mineras, que repercutían negativamente sobre sus medios de vida, su cultura ancestral y su acceso a la tierra y al agua potable. La afluencia de empresas mineras y camiones de transporte al distrito de Dalanjargalan (provincia de Dornogovi) provocó espesas polvaredas que causaron graves daños a los pastos y amenazaron la salud y la seguridad tanto del ganado como de la población. Los medios de comunicación grabaron imágenes de representantes de las empresas mineras intimidando a periodistas y pastores. Tras su visita a Mongolia en septiembre, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente pidió que se consultara a las comunidades locales antes de expedir permisos de explotación minera y que se mejoraran las normas para garantizar la seguridad de estas actividades.

La población residente en las zonas ger (zonas sin acceso adecuado a servicios esenciales) de la capital, Ulán Bator, seguía viviendo bajo la amenaza de los desalojos forzosos a causa de las obras de reurbanización, y no recibía información actualizada sobre dichas obras —que tampoco se sometían a una auténtica consulta— ni indemnizaciones adecuadas. La población residente se quejaba de que el nuevo gobierno local, elegido en junio de 2016, no había aplicado los planes de reurbanización consensuados con el anterior gobierno. Por su parte, el nuevo gobierno alegaba falta de medios económicos. Los mencionados planes incluían el suministro de componentes imprescindibles de una vivienda adecuada, tales como agua potable, saneamiento y electricidad.

  1. Mongolia: Death penalty confined to history as new criminal code comes into effect (ACT 50/6646/2017)
Mongolia
Jefe del Estado: Khaltmaa Battulga (sustituyó a Tsakhia Elbegdorj en julio)
Jefe del gobierno: Ukhnaa Khurelsukh (sustituyó a Jargaltulga Erdenebat en septiembre)