1961-2021: 60 años actuando por los
derechos humanos en todo el mundo

Australia

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Continuaban preocupando las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas y de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. No hubo rendición de cuentas ni transparencia en la aplicación de las medidas del gobierno para combatir la COVID-19.

Información general

El año empezó con los peores incendios forestales que se recordaban en Australia, en los que murieron 34 personas y miles más permanecieron desplazadas. En marzo se declaró el estado de excepción. En respuesta a la pandemia de COVID-19, el gobierno impuso el confinamiento en amplias zonas del país.

Derechos de los pueblos indígenas

Mientras las protestas del movimiento #BlackLivesMatter se extendían por todo el mundo, Australia se enfrentaba al hecho de que, desde 1991, año en que la Real Comisión de Investigación sobre Muertes de Aborígenes Privados de Libertad dio a conocer sus recomendaciones, habían muerto bajo custodia policial más de 400 indígenas sin que se hubieran presentado jamás cargos contra los agentes responsables de su detención.

La presencia desproporcionada de indígenas en las cárceles recibió más atención en los medios de comunicación y en las políticas gubernamentales. En septiembre, un informe de la Oficina de Estadística Australiana reveló que los aborígenes y los naturales de las islas del Estrecho de Torres representaban un 29% de la población penitenciaria pese a que constituían sólo un 5% de la población total.

El movimiento por el aumento de la edad de responsabilidad penal de los 10 a los 14 años ganó un respaldo considerable entre la opinión pública a pesar de que los diputados y diputadas nacionales se negaron a armonizar la legislación de Australia con las normas internacionales. Casi 3 de cada 5 menores en detención eran indígenas. En agosto, el Territorio de la Capital Australiana anunció que sería la primera jurisdicción australiana que aumentaría hasta los 14 años la edad de responsabilidad penal.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Por séptimo año consecutivo continuó en vigor el duro régimen de detención de las personas refugiadas y solicitantes de asilo fuera del territorio australiano. Al menos 241 personas se encontraban recluidas en centros de ultramar pese a las reiteradas ofertas de Nueva Zelanda de reasentar hasta 150 personas al año.

Quienes habían sido evacuados de centros de detención para inmigrantes de Papúa Nueva Guinea —como el de la isla de Manus— y trasladados a Australia para recibir atención médica permanecían en los conocidos como centros alternativos de detención sin información alguna sobre cuándo quedarían en libertad.

La reapertura en agosto del centro de detención para inmigrantes de la isla de Navidad había hecho saltar las alarmas entre la población refugiada y solicitante de asilo ante el temor a continuar recluida de manera indefinida.

En marzo, debido a la pandemia, Australia suspendió su programa de reasentamiento humanitario, pero en julio el gobierno comenzó a revisar el Programa de Patrocinio Comunitario de personas refugiadas.

Libertad de circulación

Causaron considerable preocupación el exceso de celo policial en relación con las restricciones impuestas para combatir la COVID-19, la falta de transparencia con respecto a las directrices de actuación policial, la desproporcionada aplicación de las nuevas normativas en comunidades marginadas y la prórroga del estado de excepción.

Durante el confinamiento, la policía impuso —y luego anuló— multas por actividades tales como practicar ciclismo de montaña o publicar fotos antiguas de vacaciones en las redes sociales y, en el caso de una adolescente, por recibir clases de conducir. Personas de comunidades aborígenes con viviendas masificadas e inadecuadas se quejaron de haber sido acosadas por la policía por exceso de ocupantes en la misma vivienda.

En julio, en la ciudad de Melbourne (estado de Victoria), se impuso sin previo aviso un “confinamiento estricto” a 3.000 personas —muchas de las cuales habían vivido guerras o persecuciones— residentes en siete edificios de viviendas públicas y pertenecientes a diversas etnias, a las que se prohibió salir de casa bajo ninguna circunstancia y sin indicación alguna sobre la duración del confinamiento. El Defensor del Pueblo de Victoria consideró que el confinamiento vulneraba las normas de derechos humanos de este estado.

La imposición de restricciones para combatir la COVID-19 coincidió con la celebración de importantes actos de protesta por todo el país en defensa de los derechos indígenas. Durante ese periodo, algunos políticos afirmaron que la aparición de nuevos casos de COVID-19 estaba relacionada con las protestas, teoría que las autoridades de salud negaron enérgicamente.

Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Se atacaron durante todo el año los derechos del colectivo LGBTI, intentando en varias ocasiones modificar las leyes antidiscriminación, tanto federales como estatales, para dar preferencia al derecho a la libertad de religión sobre otros derechos. El estado de Australia Meridional y el Territorio de la Capital Australiana avanzaron en la erradicación de las prácticas de “conversión” de personas LGBTI.

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