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Australia

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

El sistema de justicia seguía sin proteger a la población indígena, en particular a los niños y niñas; la tasa de encarcelación era alta, y se denunciaron abusos y muertes bajo custodia. Australia mantuvo su política de mano dura, confinando a las personas solicitantes de asilo en centros de tramitación de ultramar en Papúa Nueva Guinea y Nauru y devolviendo sin el debido procedimiento a quienes intentaban llegar al país por mar. En octubre, al ser elegida Australia miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se alzaron voces para pedir mejoras en su historial de derechos humanos, incluido el cese de toda relación entre Australia y el ejército de Myanmar.

Los menores de edad indígenas tenían 25 veces más probabilidades de ser encarcelados que los no indígenas.

En unas imágenes de vídeo de cárceles del Territorio del Norte que se filtraron, podía verse cómo los niños y niñas eran sometidos a abusos, como rociarlos con gas lacrimógeno o someterlos a técnicas de inmovilización, asfixia y reclusión en régimen de aislamiento. En respuesta a ello, se creó la Real Comisión sobre la Protección y Detención de Menores de Edad en el Territorio del Norte, que presentó su informe el 17 de noviembre.

En abril se publicó un informe independiente sobre los centros de detención de menores del estado de Queensland en el que se reflejaban abusos tales como reclusión en régimen de aislamiento, uso de perros con fines intimidatorios, desaparición de imágenes grabadas por cámaras de circuito cerrado de televisión y sedación e inmovilización de menores en peligro de autolesión atándolos de pies y manos. También se detectaron presuntos abusos en los estados de Victoria, Nueva Gales del Sur y Australia Occidental, y en el Territorio de la Capital Australiana.

Los adultos indígenas tenían 15 veces más probabilidades de ser encarcelados que los no indígenas. Al menos ocho indígenas murieron bajo custodia policial.

El gobierno no aprobó ningún plan nacional para garantizar que Australia cumpliera su obligación de proteger los derechos de los niños y niñas indígenas. Pese a ello, el 15 de diciembre ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que obliga a someter a supervisión y vigilancia independiente los centros de detención de menores y los calabozos policiales.

El 9 de abril, el gobierno anunció que para el 31 de octubre estaría cerrado el centro gestionado por Australia en la isla de Manus (Papúa Nueva Guinea), en cumplimiento de la sentencia dictada en 2016 por el Tribunal Supremo de Papúa Nueva Guinea que lo declaraba “ilegal” e “inconstitucional”. El 14 de abril, nueve personas del centro resultaron heridas a causa de disparos efectuados por personal de la Fuerza de Defensa de Papúa Nueva Guinea.

El 24 de noviembre, los hombres allí recluidos fueron trasladados por la fuerza a centros de “tránsito” de la isla de Manus. Al concluir el año, aún no se había definido claramente ningún plan para reasentar a estos refugiados en un país seguro.

En diciembre había aún unos 800 varones adultos recluidos en la isla de Manus (véase el apartado de Papúa Nueva Guinea).

En junio, el gobierno australiano fue obligado a pagar una indemnización a casi 2.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo que habían estado recluidas en la isla de Manus, por detenerlas de forma ilegal en condiciones pésimas entre 2012 y 2016.

A fecha de 30 de noviembre, en el centro de tramitación de ultramar de Nauru había 339 personas, 36 de ellas menores de edad. Soportaban humillaciones, abandono, abusos y una atención deficiente a la salud física y mental. Asimismo, en la comunidad de Nauru vivían al menos otras 820 personas refugiadas, expuestas a graves peligros para su seguridad y sin acceso adecuado a servicios de salud, educación y empleo.

Las aproximadamente 435 personas trasladadas a Australia para recibir tratamiento médico seguían en peligro de ser devueltas a Nauru o a la isla de Manus.

Australia mantuvo su política de “devolución inmediata”. En mayo, el gobierno comunicó que desde 2013 se habían devuelto 30 embarcaciones a Indonesia o a sus países de origen. A lo largo de 2017 se tuvo conocimiento de tres casos de devolución directa de personas a los países de donde eran nacionales: en marzo, una embarcación con 25 srilankeses; en agosto, una embarcación con cinco ciudadanos chinos que había atracado en el norte de Australia, y en diciembre, otra embarcación con 29 srilankeses.

Australia mantuvo su política de reclusión indefinida obligatoria para cualquier persona sin visado que llegara en avión al país. A fecha de 30 de noviembre, en los centros de detención para inmigrantes de Australia continental y de la Isla de Navidad había 1.301 personas recluidas. El 19,8% de ellas llevaban más de 730 días internadas.

Para el ejercicio fiscal que empezaba en junio de 2017, Australia había fijado en 16.250 el número de plazas reservadas para reasentamiento y admisión humanitaria. Esto suponía un descenso en comparación con las casi 22.000 plazas del ejercicio anterior, que incluían un cupo adicional para población refugiada iraquí y siria que no se renovó.

Tras una votación abrumadora a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, en diciembre el Parlamento aprobó una ley que garantizaba la igualdad de acceso al matrimonio. Sin embargo, el proceso de consulta postal elegido por el gobierno no reconoció la igualdad de acceso al matrimonio como un derecho humano y generó un debate público divisivo que dio lugar a enfrentamientos.

Australia
Jefa del Estado: reina Isabel II, representada por sir Peter Cosgrove
Jefe del gobierno: Malcolm Turnbull
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