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Corea del Norte

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

En respuesta a la pandemia de COVID-19, las autoridades aplicaron restricciones aún más duras a los derechos a la libertad a la circulación y de expresión. Sectores considerables de la población sufrieron escasez de alimentos y recibieron atención médica inadecuada. El gobierno siguió negando la entrada en el país al relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Corea del Norte pese a los numerosos informes recibidos sobre detenciones arbitrarias y violencia de género.

Información general

El gobierno no informó de ningún caso de COVID-19 a lo largo del año. El 24 de julio, las autoridades impusieron un confinamiento en la ciudad de Kaesong, en la frontera con Corea del Sur, porque se sospechaba que un hombre que había regresado de ese país estaba contagiado de coronavirus. Finalmente, el hombre dio negativo en las pruebas de COVID-19. El gobierno levantó el confinamiento el 14 de agosto.

Las relaciones con Corea del Sur se deterioraron. La Oficina de Enlace Intercoreana se cerró el 30 de enero para evitar la propagación de la COVID-19. En junio, las autoridades advirtieron de que iban a destruir sus instalaciones, mientras condenaban al gobierno de Corea del Sur por no impedir que activistas norcoreanos residentes en su territorio lanzaran panfletos políticos al otro lado de la frontera utilizando globos y drones. El 16 de junio, las autoridades demolieron el edificio de la Oficina.

Libertad de circulación

El 22 de enero, las autoridades cerraron todas las fronteras del país y prohibieron terminantemente la entrada y salida de personas y bienes para evitar la propagación de la COVID-19. Antes de eso, la población norcoreana necesitaba ya autorización del gobierno para salir del país. Debido al reforzamiento de las medidas de seguridad de fronteras, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre sólo se reasentaron en Corea del Sur 195 personas de Corea del Norte, la cifra más baja desde 2003, año en que empezaron a facilitarse registros.

Ejecuciones extrajudiciales

El 22 de septiembre, el ejército mató a tiros —tras haberlo interrogado a distancia— a un funcionario civil surcoreano que había aparecido en aguas norcoreanas sobre un objeto flotante. Tres días después, el gobierno emitió una disculpa pública dirigida al presidente surcoreano, pero no aclaró si se había abierto una investigación o había algún proceso judicial en marcha sobre el homicidio. Ese mismo mes, medios de comunicación extranjeros habían informado de que —en el marco del endurecimiento de las medidas seguridad de fronteras para evitar contagios de COVID-19— el Ministerio de Seguridad Social había facultado a la guardia de fronteras para disparar contra cualquier persona no autorizada que se acercara a menos de un kilómetro de la frontera de Corea del Norte con China.

Violencia contra mujeres y niñas

Más del 70% de las personas norcoreanas que habían salido del país y se habían asentado en Corea del Sur desde 2003 eran mujeres y niñas. Algunas de estas mujeres explicaron a Amnistía Internacional que la violencia sexual y de otros tipos contra las mujeres y las niñas eran habituales en su país, pero que se trataba de un tema tabú y a menudo se culpabilizaba a las víctimas. Con frecuencia, las mujeres guardaban silencio sobre estos abusos, incluso cuando seguían sufriendo un trato similar tras haber salido de Corea del Norte.

La difusión de noticias sobre mujeres norcoreanas que habían sufrido abusos sexuales a manos de funcionarios de Corea del Sur tras su llegada a ese país puso de manifiesto un fenómeno más amplio de violencia constante contra esas mujeres durante las distintas etapas de su viaje. Los traficantes de personas que facilitaban su salida del país violaban a las mujeres y a las niñas y las sometían a otras formas de violencia de género. Como las mujeres norcoreanas que entraban ilegalmente en China corrían gran peligro de ser detenidas y sometidas a repatriación forzosa, los traficantes de personas podían obligarlas a contraer matrimonios forzados o a dedicarse al trabajo sexual. La ONU informó de casos de mujeres a las que, tras haber sido arrestadas en China, sometidas a repatriación forzosa y detenidas, las autoridades norcoreanas habían sometido a abusos físicos, registros corporales innecesarios e invasivos, y otros malos tratos.

Derecho a la salud

La falta de suministros médicos, agravada por la imposición de sanciones por la ONU desde 2017, había dejado al país mal preparado para emergencias de salud pública como la pandemia de COVID-19. Según personas que trabajaban en el sector de la salud de Corea del Norte, la escasez de recursos había impulsado a la clase media emergente a buscar medicamentos o servicios de salud en la economía informal o en los llamados “mercados grises”. En consecuencia, junto al sistema oficial de atención médica, en principio gratuito, existía otro sistema de salud de pago para quienes pudieran permitírselo.1 El cierre de fronteras y el reforzamiento de las medidas de seguridad interrumpieron aún más la entrada en el país de ayuda humanitaria, importaciones legales y artículos de contrabando, provocando a su vez escasez de medicamentos en los mercados.

Muchos organismos de ayuda paralizaron temporalmente sus actividades debido a la preocupación por la salud y la seguridad durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, varios organismos de la ONU y ONG consiguieron autorización para sustraerse a las sanciones de la ONU y lograron introducir materiales en el país, incluidos medicamentos y equipos de protección individual.

Derecho a la alimentación, al agua y al saneamiento

La ONU estimaba que la mitad de las escuelas y los centros de salud del país carecían de acceso a agua potable, saneamiento e higiene. Asimismo, calculaba que 10 millones de personas padecían inseguridad alimentaria y necesitaban con urgencia ayuda para alimentarse. El 19% de los niños y niñas sufrían malnutrición crónica, vinculada también a enfermedades causadas por el uso de agua no apta para el consumo y las deficiencias en el saneamiento.

Los cierres de fronteras redujeron de manera considerable las importaciones de alimentos, con lo que aumentaron los precios en los mercados grises. Esto supuso una dificultad añadida para una población sumida en la pobreza que dependía en gran parte de esos mercados para abastecerse de alimentos. En agosto y septiembre, intensas lluvias y tifones dañaron infraestructuras y campos de cultivo en distintos lugares, incluida la zona donde se concentraba la producción de alimentos, con lo que se acentuó el peligro de escasez alimentaria.

Libertad de expresión

Las autoridades no efectuaron ninguna mejora con respecto a las restricciones existentes para intercambiar información entre personas dentro y fuera del país. Todas las comunicaciones siguieron estrictamente controladas y sólo unas cuantas personas privilegiadas, pertenecientes a la élite gobernante, podían acceder a Internet o a servicios internacionales de telefonía móvil. La población en general dependía de teléfonos móviles importados y de las tarjetas SIM que se podían conseguir en los mercados grises para hablar con personas que se encontraran en el extranjero. Según personas de Corea del Norte que conversaron con Amnistía Internacional, las autoridades vigilaban estrictamente todas las comunicaciones de esos teléfonos o inhibían su señal. Quienes eran sorprendidos utilizándolos para comunicarse con alguien fuera del país —sobre todo si el asunto estaba relacionado con la COVID-19— podían ser acusados de delitos tales como espionaje y corrían peligro de ser detenidos, recluidos y duramente castigados.

Detención y reclusión arbitrarias

El gobierno siguió negando la existencia de cuatro campos penitenciarios conocidos para presos y presas políticos donde permanecían recluidas hasta 120.000 personas sometidas a torturas, trabajos forzosos y otros malos tratos, y soportando duras condiciones, incluida una alimentación inadecuada. Muchas de ellas no habían sido condenadas por ningún delito común reconocible internacionalmente, y se encontraban recluidas de manera arbitraria, sólo por tener relación con personas consideradas amenazas para el Estado o por “culpabilidad por asociación”. Otras lo estaban por haber ejercido sus derechos, como la libertad de salir de su país.

Al menos seis ciudadanos surcoreanos se encontraban bajo custodia. Tres eran misioneros que cumplían condenas a cadena perpetua dictadas en juicios sin garantías y los otros tres eran norcoreanos de origen que se habían trasladado al sur. Las autoridades les negaron sus derechos a acceder a personal diplomático surcoreano, a asistencia letrada de su elección y a sus familias.

  1. Corea del Norte: ¿Sin casos de COVID-19? Dos profesionales de la medicina cuentan su historia (noticia, 9 de julio)

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