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Corea del Norte

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

La población de la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) siguió soportando violaciones en casi todos los aspectos de sus derechos humanos. Se detuvo y condenó a personas tanto norcoreanas como extranjeras por “delitos” no reconocidos internacionalmente como tales. Continuó restringiéndose gravemente el derecho a la libertad de expresión. Las autoridades enviaron a miles de personas a trabajar al extranjero, a menudo en duras condiciones. Aumentó el número de norcoreanos y norcoreanas que huyeron a Corea del Sur.

El gobierno llevó a cabo pruebas de armas nucleares en dos ocasiones —una en enero y otra en septiembre—, con lo que aumentó la tensión entre Corea del Norte y la comunidad internacional. En consecuencia, la ONU endureció las sanciones económicas impuestas a Corea del Norte, medida que hizo temer tanto a la ciudadanía del país como a los expertos internacionales que aumentara la escasez de alimentos y empeoraran aún más las condiciones de vida. Según estos expertos, las posibles repercusiones económicas de las sanciones fueron la causa que impulsó a un número mayor de personas a salir del país, aunque otro de los factores clave fue el peligro de purgas políticas, que se traducía en encarcelamientos y noticias de ejecuciones entre la élite gobernante.

En mayo, el Partido de los Trabajadores de Corea celebró su congreso por primera vez después de 36 años. Con este motivo se invitó al país a periodistas de medios de comunicación internacionales, si bien se impusieron rigurosas restricciones a su trabajo y no se les permitió dar cobertura informativa a las reuniones del congreso.

Según el Programa Mundial de Alimentos, las graves inundaciones ocurridas en agosto dejaron al menos 138 víctimas mortales, y 69.000 personas desplazadas. Aunque el gobierno pidió ayuda humanitaria —para, entre otros, alimento, vivienda, agua y saneamiento—, la respuesta internacional fue mínima debido a los temores expresados por los posibles donantes con respecto al programa nuclear del país.

A lo largo del año llegaron a Corea del Sur 1.414 personas procedentes de Corea del Norte. La cifra suponía un incremento del 11% con respecto a 2015, y era la primera vez que aumentaba desde que Kim Jong-un asumió el poder en 2011.

Los medios de comunicación surcoreanos y japoneses se hicieron eco de la salida del país no sólo de ciudadanos y ciudadanas corrientes, sino también de altos funcionarios del gobierno, que abandonaron sus puestos y pidieron asilo. El gobierno de Corea del Sur confirmó en agosto la llegada al país de Thae Young-ho, embajador adjunto de Corea del Norte en Reino Unido, junto con su familia.

En abril llegaron a Corea del Sur, en un vuelo procedente de China, 12 trabajadoras y un trabajador de hostelería a los que el gobierno norcoreano había enviado a trabajar a la ciudad china de Ningbo (véase el apartado sobre Corea del Sur). A su llegada, las autoridades norcoreanas afirmaron que las trabajadoras habían sido secuestradas en China, y conducidas a Corea del Sur. Según declararon sus ex compañeras en una entrevista concedida a un medio de comunicación y concertada en Pyongyang por el gobierno de Corea del Norte, mientras las trabajadoras se encontraban en China les habían retenido el pasaporte, lo que habría limitado su capacidad de viajar libremente.1

En las entrevistas de ciudadanos de Corea del Norte que habían abandonado el país, al igual que en las informaciones de los medios de comunicación, se dijo que el gobierno había reforzado la vigilancia para impedir que se huyera del país por la frontera con China. Las personas que conseguían salir, si eran arrestadas en China y devueltas a Corea, seguían corriendo peligro de ser detenidas y encarceladas, sometidas a trabajos forzados, a tortura o a otros malos tratos.

Por mediación de empresas estatales, el gobierno continuó enviando al menos a 50.000 personas a trabajar en unos 40 países, como Angola, China, Kuwait, Qatar y Rusia, en sectores que iban desde la medicina hasta la construcción, la silvicultura y la hostelería. Estos trabajadores y trabajadoras no recibían los sueldos directamente de sus empleadores, sino a través del gobierno norcoreano, que deducía de ellos sumas considerables. Además, en los países de acogida se les privaba en general de información sobre la legislación y el derecho laboral, tanto internacional como nacional, y se les impedía a menudo acceder a agencias gubernamentales u organizaciones que velaran por el cumplimiento de los derechos laborales o les ayudaran a reclamarlos.

Con frecuencia, estas personas tenían que soportar jornadas laborales excesivas, y estaban especialmente expuestos a accidentes laborales y a enfermedades relacionadas con el trabajo. En junio, Polonia comunicó que, en lo sucesivo, no dejaría entrar en el país a más trabajadores de Corea del Norte, tras haber aparecido en los medios de comunicación la noticia de que un trabajador norcoreano había muerto en un accidente laboral ocurrido en un astillero en 2014. Malta anunció la misma medida en julio, y negó la prórroga de visados a los trabajadores norcoreanos que estuvieran ya en el país.

Las autoridades condenaron tanto a personas norcoreanas como a extranjeras a largas penas de prisión en juicios injustos. Frederick Otto Warmbier, estudiante estadounidense, fue declarado culpable de “subversión”, pese a que él sólo reconoció haber robado un cartel de propaganda. En marzo, lo condenaron a 15 años de trabajos forzados. No tuvo acceso consular durante al menos seis meses. Kim Dong-chul, ciudadano estadounidense de 62 años nacido en Corea del Sur, fue condenado en abril a 10 años de trabajos forzados por “espionaje”, aunque las autoridades no proporcionaron información sobre sus presuntas actividades de espionaje. Estas condenas se dictaron después de que la ONU aprobara nuevas sanciones a Corea del Norte, y antes de que se celebrara el congreso del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte en mayo, que incrementó la atención internacional sobre Corea del Norte.2

Hasta 120.000 personas seguían recluidas en los cuatro campos penitenciarios para presos políticos que se conocían, donde eran sometidas a violaciones de derechos humanos sistemáticas, generalizadas y graves —como trabajos forzados, tortura y otros malos tratos—, que en algunos casos constituían crímenes de lesa humanidad. Muchas de las personas recluidas en esos campos no habían sido condenadas por ningún acto que el derecho internacional reconociera como delito, sino que habían sido declaradas “culpables por asociación”, por su mera relación con otras personas que el Estado consideraba amenazas.

Las autoridades siguieron reprimiendo severamente el derecho a la libertad de expresión, incluido el derecho a buscar, recibir y difundir información sin limitación de fronteras. El gobierno siguió restringiendo el acceso a las fuentes externas de información, y dentro del país no existían periódicos, medios de comunicación ni organizaciones de la sociedad civil que fueran independientes.

Siguieron restringiéndose estrictamente las actividades profesionales de los escasísimos periodistas extranjeros a los que se permitió entrar en el país. En mayo, un grupo de periodistas de la BBC que había acudido a Corea del Norte con motivo del congreso del Partido de los Trabajadores fue brevemente recluido en régimen de incomunicación, interrogado y expulsado del país porque el gobierno consideró “irrespetuosos” sus artículos, en los que se resaltaban ciertos aspectos de la vida cotidiana en Pyongyang. En septiembre, Agence France-Presse abrió una oficina en Pyongyang, convirtiéndose así en una de las pocas agencias de noticias extranjeras operativas en Corea del Norte.

No se permitía a casi nadie acceso a Internet ni a servicios internacionales de telefonía móvil. Asumiendo riesgos considerables, algunas personas que vivían junto a la frontera china utilizaban teléfonos móviles de contrabando, conectados a redes chinas, para ponerse en contacto con personas que se encontraban en el extranjero. Quienes carecían de estos teléfonos, tenían que pagar tarifas exorbitantes a intermediarios para llamar al extranjero. El uso de teléfonos móviles de contrabando para conectarse a las redes chinas de telefonía móvil exponía a todas las personas involucradas en la operación al peligro de ser más estrechamente vigiladas, y posteriormente detenidas y recluidas por diversos cargos, entre ellos el de espionaje.3

Siguieron siendo muy pocas las personas que podían acceder a la red informática existente, que sólo permitía visitar páginas web nacionales y utilizar servicios de correo electrónico. En septiembre, un fallo de configuración en un servidor de Corea del Norte permitió al resto del mundo descubrir que esta red constaba sólo de 28 páginas web, todas controladas por organismos oficiales y empresas estatales.

En febrero, las autoridades detuvieron todas las investigaciones sobre secuestros de ciudadanos y ciudadanas japoneses, revocando así el acuerdo al que ambos países habían llegado en 2014, que incluía la investigación de estos casos. Según los medios de comunicación, la decisión se tomó después de que, a consecuencia de las pruebas nucleares realizadas por Corea del Norte en enero, Japón impusiera de nuevo al país ciertas sanciones que había suavizado previamente. Por su parte, Corea del Norte había reconocido con anterioridad que sus agentes de seguridad habían secuestrado a 12 personas japonesas durante las décadas de 1970 y 1980.

  1. South Korea: End secrecy surrounding North Korean restaurant workers (ASA 25/4413/2016)
  2. North Korea: U.S. Citizen hard labour sentence shrouded in secrecy (noticia, 29 de abril)
  3. North Korea: Connection denied. Restrictions on mobile phones and outside information (ASA 24/3373/2016)
República Popular Democrática de Corea
Jefe del Estado: Kim Jong-un
Jefe del gobierno: Pak Pong-ju
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