Amnistía Internacional ha advertido hoy de los graves defectos que presenta el sistema de justicia penal de Egipto al saber que un tribunal de El Minya (Alto Egipto) ha confirmado las condenas de muerte impuestas a 37 personas y condenado a cadena perpetua a otras 491 en una causa y, en otra, ha resuelto que 683 personas deben ser condenadas a muerte.
“Las decisiones de hoy evidencian una vez más lo selectivo y arbitrario que se ha vuelto el sistema de justicia penal de Egipto. El tribunal ha demostrado un desprecio absoluto por los principios fundamentales sobre juicios justos y ha destruido por completo su credibilidad. Es hora de que las autoridades egipcias reconozcan que el sistema actual no es justo, independiente ni imparcial”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Se corre el riesgo de que el poder judicial egipcio se convierta en un elemento más de la maquinaria represiva de las autoridades, dictando penas de muerte y cadenas perpetuas en serie”.
“No debe permitirse que el fallo sea válido: las declaraciones de culpabilidad de las 37 personas condenadas a muerte y las 491 condenadas a cadena perpetua deben ser anuladas, y debe darse orden inmediata de que todos los acusados vuelvan a ser juzgados pero con las debidas garantías y sin recurrir a la pena de muerte.”
Los cargos contra los 528 acusados estaban relacionados con un ataque a una comisaría de policía perpetrado en agosto de 2013 y con su pertenencia a la Hermandad Musulmana, movimiento prohibido. En todos los casos se dictó sentencia tras un juicio manifiestamente injusto en el que el juez no examinó las pruebas ni permitió que la defensa contrainterrogara a los testigos.
Acusados y abogados defensores por igual tuvieron prohibido asistir a la sesión anterior, celebrada el 24 de marzo, en la que el tribunal señaló que condenaría a muerte a los 528 procesados.
Hoy, en una causa aparte relacionada con actos de violencia política, ese mismo tribunal ha remitido los casos de 683 acusados –entre ellos Mohamed Badie, líder supremo de la Hermandad Musulmana– al gran muftí, quien, según el derecho egipcio, debe revisar todas las condenas de muerte antes de que el tribunal las pronuncie oficialmente. Fueron acusados de asesinato, intento de asesinato, incendio de la comisaría de policía de Adwa, pertenencia a organización prohibida y participación en una concentración de más de cinco personas con la intención de cometer los delitos mencionados. Este juicio tampoco se celebró con todas las garantías fundamentales, según informó una persona que asistió a él enviada por Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias y considera que es la máxima expresión del castigo cruel, inhumano y degradante.
Ninguno de los acusados en una y otra causa fue presentado ante el tribunal.
