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China

Información extraída de nuestro Informe 2015/16

Se redactaron o promulgaron una serie de leyes nuevas relativas a la seguridad nacional que entrañaban graves peligros para los derechos humanos. El gobierno lanzó una campaña nacional a gran escala de represión contra los abogados y abogadas de derechos humanos, y otras personas dedicadas al activismo o a la defensa de los derechos humanos siguieron sufriendo sistemáticamente acoso e intimidación. Cinco activistas de los derechos de las mujeres fueron detenidas por haber planeado una campaña contra el acoso sexual con motivo del Día Internacional de la Mujer. Las autoridades intensificaron el control sobre Internet, los medios de comunicación y el entorno académico. Se multiplicaron las “confesiones” televisadas de personas críticas detenidas para ser investigadas. Siguió reprimiéndose sistemáticamente la libertad de religión. En la provincia de Zhejiang el gobierno siguió con su campaña de demolición de iglesias y de retirada de cruces cristianas. En la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, predominantemente musulmana, el gobierno regional promulgó nuevas normativas para controlar de forma más estricta los asuntos religiosos y prohibir todas las prácticas religiosas no autorizadas. El gobierno mantuvo un amplio control sobre los monasterios budistas tibetanos. El Comité de la ONU contra la Tortura lamentó que no se hubieran aplicado recomendaciones que había formulado en el pasado.

Las personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, la abogacía, el periodismo y el activismo sufrieron cada vez más actos de intimidación y acoso, detenciones arbitrarias y violencia.

Con la detención de la abogada Wang Yu y su familia, el 9 de julio, el gobierno dio comienzo a una oleada de represión sin precedentes contra los abogados de derechos humanos y otros activistas. A lo largo de las siguientes semanas, agentes de seguridad del Estado interrogaron o detuvieron al menos a 248 abogados y activistas, muchas de cuyas oficinas y domicilios fueron registrados. Al concluir el año había 25 personas en paradero desconocido o bajo custodia, de las cuales al menos 12 —incluidos los conocidos abogados de derechos humanos Zhou Shifeng, Sui Muqing, Li Heping y Wang Quanzhang— se encontraban recluidas en “vigilancia domiciliaria en un lugar designado” como sospechosas de participación en delitos contra la seguridad del Estado.1 Esta forma de detención permitía a la policía recluir fuera del sistema formal de detención, durante periodos de hasta seis meses, a las personas sospechosas de ese tipo de delitos, a las que no se permitía acceder a representación letrada ni a sus familias. La policía sometía también a las familias a vigilancia y acoso, y restringía su libertad de circulación.

Al abogado de derechos humanos Pu Zhiqiang, acusado de “buscar pelea y provocar problemas” e “incitar al odio étnico”, se le impuso una condena condicional de tres años de prisión basándose fundamentalmente en comentarios que había publicado en las redes sociales. A consecuencia de esta condena quedó inhabilitado para ejercer la abogacía.

En abril, un tribunal de Pekín condenó a siete años de prisión a la periodista Gao Yu, acusada de “desvelar secretos de Estado” por haber difundido un documento interno del Partido Comunista en el que se arremetía duramente contra la libertad de prensa y “valores universales” como la libertad, la democracia y los derechos humanos. En noviembre se le redujo la pena a cinco años y quedó en libertad condicional por razones de salud. La decisión de dejarla en libertad se tomó después de que su familia y amistades hubieran denunciado que no tenía acceso en detención a la atención médica que necesitaba. 2

De las más de 100 personas recluidas en China continental por haber apoyado las protestas de 2014 en Hong Kong, ocho habían sido formalmente detenidas y en diciembre continuaban recluidas. Al menos dos habían denunciado torturas bajo custodia. 3

En marzo, cinco activistas de los derechos de las mujeres Wei Tingting, Wang Man, Wu Rongrong, Li Tingting y Zheng Churan fueron detenidas y acusadas de “buscar pelea y provocar problemas” por preparar el lanzamiento de una campaña contra el acoso sexual con motivo del Día Internacional de la Mujer. El 13 de abril, tras una campaña internacional de presión sin precedentes, quedaron en “libertad bajo fianza en espera de juicio”, aunque siguieron sufriendo interrogatorios policiales y desalojos, y sus objetos personales continuaron confiscados.

Muchos ex empleados y voluntarios de Yirenping, conocida organización de lucha contra la discriminación, fueron detenidos y sufrieron acoso e intimidación. Dos ex empleados Guo Bin y Yang Zhangqing fueron detenidos el 12 de junio por presuntas “actividades empresariales ilícitas” y quedaron en libertad bajo fianza el 11 de julio. 4

En diciembre, la policía emprendió acciones contra al menos 33 personas, entre trabajadores y activistas de los derechos laborales. Siete de ellas fueron detenidas en la provincia de Guangdong, donde arreciaban los conflictos laborales y las huelgas. Los centros de detención no permitían el acceso de abogados, alegando que los casos “ponían en peligro la seguridad nacional”. 5

Con la excusa de reforzar la seguridad nacional, el gobierno promulgó o redactó una serie de leyes y normativas muy generales. Se temía que estas nuevas normas se pudieran utilizar para silenciar a la disidencia y reprimir a los defensores y defensoras de los derechos humanos, utilizando para ello cargos muy amplios, como los de “incitación a la subversión”, “separatismo” y “filtración de secretos de Estado”. También preocupaba el hecho de que la Ley de Seguridad Nacional, promulgada el 1 de julio, incluyera una definición de “seguridad nacional” amplia y ambigua, que abarcaba campos tan dispares como la política, la cultura, las finanzas e Internet.

Por otro lado, si finalmente se promulgaba el anteproyecto de Ley de Gestión de Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras tal como se había presentado en mayo, cuando se sometió a consulta pública, los derechos a la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión se verían drásticamente restringidos.6 Aunque en teoría la ley había sido concebida para regular e incluso proteger los derechos de las ONG extranjeras, con ella el Ministerio de Seguridad Pública pasaría a encargarse de supervisar la inscripción de las ONG extranjeras en el registro, de inspeccionar sus operaciones y de preaprobar sus actividades. Dada la amplia discrecionalidad que la ley concedía a las autoridades para supervisar y gestionar el trabajo de las ONG, existía el peligro de que se pudiera utilizar indebidamente para intimidar y procesar a defensores y defensora de los derechos humanos y a personal de las ONG.

El anteproyecto de Ley de Seguridad Informática,7 cuyo fin era, en teoría, proteger los datos personales de los usuarios de Internet contra la piratería y el robo, obligaba también a las empresas que operaban en China a censurar contenidos, a almacenar los datos de los usuarios en China y a imponer un sistema de registro con el nombre real de los usuarios que contravenía las obligaciones nacionales e internacionales de China de salvaguardar los derechos a la libertad de expresión y a la intimidad. Asimismo, el anteproyecto de ley prohibía tanto a los usuarios individuales como a los grupos utilizar Internet para “menoscabar la seguridad nacional”, “alterar el orden social” y “atentar contra los intereses nacionales”, fórmulas vagas e imprecisas que se podían utilizar para restringir aún más la libertad de expresión.

En diciembre, el Parlamento aprobó la Ley Antiterrorista, que no incluía prácticamente ninguna salvaguardia que impidiera invocar ambiguas acusaciones de “terrorismo” o “extremismo” para perseguir a quienes practicaban pacíficamente su religión o se limitaban a criticar las políticas del gobierno.

En enero, el gobierno anunció que, en 2015, Internet sería el principal “campo de batalla” en el que se desarrollaría su campaña de “lucha contra la pornografía y la [información] ilegítima”. Ese mismo mes, el gobierno comunicó que había cerrado 50 páginas web y cuentas de la aplicación WeChat muchas de ellas, plataformas de debate sobre asuntos de actualidad, sobre temas militares o sobre la corrupción, además de 133 cuentas que divulgaban información que “tergiversaba la historia del Partido Comunista y del país”. Igualmente en enero, el ministro de Educación informó de que se iban a prohibir los libros de texto extranjeros para impedir la propagación de “valores occidentales erróneos”, y alertó contra la infiltración de “fuerzas hostiles” en la universidad.

En agosto, según los medios de comunicación estatales, 197 personas fueron “castigadas” en una campaña especial del Ministerio de Seguridad Pública por haber difundido, presuntamente, rumores sobre el mercado bursátil, la explosión por productos químicos que tuvo lugar ese mismo mes en la ciudad costera de Tianjin u otras cuestiones.

Días más tarde, también en agosto, el periodista Wang Xiaolu, que trabajaba para la revista de economía Caixin, fue detenido tras haber afirmado el gobierno que el artículo que había escrito sobre el mercado de valores era “falso”. Tras obligarlo a realizar una “confesión”, que fue retransmitida por la televisión nacional, el periodista quedó recluido en “vigilancia domiciliaria en un lugar designado”. Los observadores de los medios de comunicación chinos consideraron que lo habían utilizado como chivo expiatorio y como aviso a la prensa para que se abstuviera de transmitir noticias negativas sobre la recesión del mercado de valores.

En octubre, el periodista de investigación Liu Wei fue detenido tras haber desvelado un escándalo de corrupción en el que había implicadas autoridades del gobierno. El afamado historiador Yang Jisheng fue obligado a dimitir como director de la publicación Yanhuang Chunqiu, de ideología liberal, tras las críticas que dicha revista recibió de la Administración Estatal de Prensa, Publicaciones, Radio, Cine y Televisión por haber publicado decenas de artículos que se consideraron “contrarios a las normativas”.

La campaña de demolición de iglesias y retirada de cruces que comenzó en 2013 en la provincia de Zhejiang se intensificó a lo largo de 2015. Según medios de comunicación internacionales, durante la campaña se derribaron más de 1.200 cruces, lo que dio lugar a una serie de protestas. En lo que muchas personas consideraron una maniobra para legitimar la retirada de cruces, el gobierno provincial de Zhejiang aprobó en julio una normativa por la que se especificaba que el tamaño de cualquier objeto colocado en la parte superior de un edificio no debía ser superior a una décima parte del tamaño total del edificio.

Zhang Kai, abogado que ofrecía asistencia jurídica a las iglesias afectadas, fue detenido el 25 de agosto como sospechoso de delitos contra la seguridad del Estado y de “alterar el orden público”, tras lo cual fue recluido en “vigilancia domiciliaria en un lugar designado”.8 Posteriormente se aplicó también la misma forma de detención en régimen de incomunicación a muchos sacerdotes y líderes de “casas iglesia”.

Los seguidores de Falun Gong siguieron siendo víctimas de persecución, detenciones arbitrarias, juicios injustos y tortura y otros malos tratos.

En virtud de la reforma del Código Penal, que entró en vigor en noviembre, se redujo de 55 a 46 el número de delitos punibles con la muerte.9 Los medios de comunicación estatales indicaron que, aunque esos nueve delitos no solían darse y, por tanto, no influirían mucho en la reducción del número de ejecuciones, su eliminación de la lista de delitos punibles con la muerte estaba en consonancia con la política del gobierno de “matar menos y matar con más prudencia”. Sin embargo la reforma seguía sin ajustar el Código Penal a los requisitos del derecho y las normas internacionales sobre el uso de la pena capital. Las estadísticas sobre su aplicación siguieron considerándose información clasificada como secreto de Estado.

El 24 de abril se impuso a Li Yan víctima de violencia en el ámbito familiar que había matado a su esposo en 2010 una condena a muerte “condicional” con suspensión de dos años que, de seguir la pauta habitual, se convertiría en cadena perpetua al final de ese periodo. En un gesto sin precedentes, el Tribunal Supremo Popular había anulado en 2014 su condena a muerte inicial y ordenado la celebración de un nuevo juicio. En el primer juicio no se habían tenido en cuenta las pruebas de violencia intrafamiliar continuada, de igual forma que se habían desatendido sus peticiones de protección policial. En marzo, el Tribunal Supremo Popular había dictado nuevas directrices sobre los casos de violencia en el ámbito familiar, con recomendaciones sobre las condenas que se debían imponer a las víctimas de este tipo de violencia que cometieran delitos contra sus agresores. En diciembre, el Parlamento aprobó la Ley sobre Violencia contra las Mujeres en el Ámbito Familiar que, por primera vez, exigía a la policía investigar todas las denuncias de violencia intrafamiliar y establecer un sistema de órdenes de alejamiento para proteger a las víctimas.

La tortura y los malos tratos siguieron siendo práctica generalizada durante la detención y los interrogatorios, debido en gran medida a las lagunas presentes en la legislación nacional, a los problemas sistémicos del sistema de justicia penal y a la existencia de arraigadas prácticas que dificultaban la aplicación de las normas y procedimientos. El abogado Yu Wensheng fue torturado durante su detención, de octubre de 2014 a enero de 2015, en el centro de detención de Daxing, en Pekín. Fue interrogado durante periodos de entre 15 y 16 horas diarias, mientras lo mantenían sentado en una rígida silla de inmovilización, esposado durante largas horas y privado de sueño. 10

En cuanto a las personas detenidas cuya salud se deterioró en detención, se les negó o no se les facilitó acceso a tratamiento médico. Ése fue el caso de Gao Yu y de la conocida activista en favor de los derechos de las mujeres Su Changlan, que permaneció todo el año recluida, tras haber sido detenida en octubre de 2014, por haber apoyado las protestas de Hong Kong en favor de la democracia.

Zhou Jinjuan, una mujer de 84 años que había sido víctima de desalojo forzoso y había acudido a visitar varias oficinas del gobierno en Pekín para pedir reparaciones, fue detenida en agosto y pasó más de una semana en un centro de detención no oficial, donde no se le facilitó el tratamiento médico que necesitaba, lo que contribuyó a que perdiera la visión en un ojo.

El 18 de junio, cuando Wang Quanzhang, abogado defensor de varios seguidores de Falun Gong, estaba hablando ante el Tribunal de Distrito de Dongchangfu en la ciudad de Liaocheng (provincia de Shandong), la juez lo interrumpió y lo expulsó de la sala por “alterar el orden en la sala”. Wang Quanzhang relató que, a continuación, la policía judicial lo había llevado a rastras a otra habitación y lo había golpeado.

En diciembre, el Comité de la ONU contra la Tortura formuló otra vez recomendaciones sobre la necesidad de garantías legales contra la tortura, expresó su preocupación por las denuncias sobre acoso de abogados, defensores y defensoras de los derechos humanos y autores de quejas, y lamentó la falta de información estadística sobre la tortura. Asimismo, instó a las autoridades a dejar de sancionar a los abogados por actuar en consonancia con sus deberes profesionales reconocidos, y a revocar las disposiciones legales que permitían de facto la reclusión en régimen de incomunicación mediante la modalidad de detención conocida como “vigilancia domiciliaria en un lugar designado”.

En octubre, el gobierno anunció cambios con respecto a la política de planificación familiar. Tras muchos años de cambios paulatinos, las autoridades promovieron esta reforma, con la que se ponía fin a la “política de un solo descendiente” y se permitía a las parejas tener dos hijos. También seguirían aplicándose políticas que permitían a las familias de entornos rurales y a las minorías étnicas tener más hijos en circunstancias concretas. Asimismo, el gobierno anunció que tomaría medidas para regularizar la situación de los 13 millones de niños chinos que carecían de documentos, al haber nacido contraviniendo la antigua política. 11

En septiembre, con motivo del 50 aniversario del establecimiento de la Región Autónoma del Tíbet, el gobierno chino publicó un informe en el que denunciaba el planteamiento del “camino intermedio”, propugnado por el Dalai Lama, y las “actividades separatistas del grupo del Dalai Lama”. En una ceremonia de celebración del aniversario, el líder político Yu Zhengsheng prometió luchar contra el separatismo, e instó al ejército, a la policía y al personal judicial del Tíbet a prepararse para una larga batalla contra la “camarilla del decimocuarto Dalai Lama”.

Las personas de etnia tibetana seguían sufriendo discriminación y restricciones en los derechos a la libertad religiosa, de expresión, de asociación y de reunión. Fueron detenidos varios monjes, escritores, manifestantes y activistas tibetanos, entre ellos el monje tibetano Choephel Dawa y el escritor y bloguero tibetano Druklo.12 Al concluir el año seguían sin conocerse ni los cargos que se les imputaban ni el lugar en el que se encontraban detenidos.

Tenzin Deleg Rinpoche, líder comunitario y religioso tibetano, que había sido encarcelado en 2002 por “incitar al separatismo”, murió en julio mientras cumplía una condena de cadena perpetua. La policía acosó y detuvo a sus familiares y a otras personas que organizaron concentraciones para pedir que devolvieran su cuerpo, a fin de poder celebrar los ritos tradicionales de la religión budista.13 Las autoridades incineraron el cuerpo en contra de los deseos de su familia. Asimismo, según la información recibida, la policía respondió con fuerza excesiva y arbitraria, incluidos gases lacrimógenos y disparos, a los actos de protesta a gran escala que se celebraron.

Durante el año, al menos siete personas se prendieron fuego en zonas de población tibetana en protesta por las represivas políticas de las autoridades; al menos cinco de ellas murieron. El número de autoinmolaciones de las que se tenía noticia desde febrero de 2009 ascendió a 143.

Continuó durante todo 2015 la campaña de “mano dura” contra el “terrorismo violento y el extremismo religioso” lanzada en mayo de 2014, inicialmente por un año. En mayo de 2015, al cumplirse un año de la campaña, las autoridades afirmaron que habían desarticulado 181 “grupos terroristas”. Se tuvo noticia de un número cada vez mayor de actos de violencia y operaciones antiterroristas violentas, que provocaron numerosos heridos.

El 1 de enero entraron en vigor en la región nuevas “Normativas sobre Asuntos Religiosos” cuya finalidad explícita era controlar más estrictamente las comunicaciones por Internet y reprimir el papel de la religión en “las bodas, los funerales, la cultura, las artes y los deportes”. En efecto, estas normativas impusieron aún más restricciones al pueblo uigur, grupo étnico túrquico predominantemente musulmán que vivía en la región y llevaba muchos años sometido a numerosas prácticas discriminatorias. Ese mismo mes se prohibió llevar burka en la capital, Urumqi.

Al igual que en años anteriores, en las páginas web de numerosas comarcas se publicaron avisos para que no se permitiera observar el Ramadán a los estudiantes de enseñanza primaria y secundaria ni a los miembros del Partido Comunista.

Presionada por la diplomacia china, Tailandia expulsó en julio a 109 uigures a China, donde corrían peligro de tortura, desaparición forzada y ejecución.14 Asimismo, en noviembre se repatrió a China a dos activistas en favor de la democracia que habían sido reconocidos como refugiados por el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, y cuyo destino de reasentamiento estaba ya confirmado. China siguió incumpliendo sus obligaciones de no devolución (non-refoulement), dimanantes del derecho internacional, y continuó devolviendo a ciudadanos norcoreanos a Corea del Norte, donde corrían peligro de ser detenidos, encarcelados y sometidos a tortura y otros malos tratos y a trabajos forzados.

A lo largo del año, la policía de Hong Kong detuvo formalmente a 955 personas que habían participado, entre septiembre y diciembre de 2014, en el movimiento de protestas en favor de la democracia conocido como “Revolución de los Paraguas”, que se prolongó durante 79 días. Otras 48 personas recibieron citaciones. Entre las personas detenidas figuraban diputados de la oposición, los tres fundadores de la campaña de desobediencia civil “Occupy Central” y los líderes de dos grupos estudiantiles: Alex Chow, de la Federación de Estudiantes, y Joshua Wong, de la organización juvenil en favor de la democracia “Scholarism”. Era habitual dejar transcurrir largos periodos entre la detención inicial y la decisión de procesar a la persona detenida, por lo que al concluir 2015 sólo se había dictado sentencia condenatoria contra una pequeña parte de los manifestantes detenidos.

En octubre se presentaron cargos por un delito de “agresión a agentes de policía en el cumplimiento de su deber” y cuatro de “resistencia a un agente de policía en el cumplimiento de su deber” contra Ken Tsang Kin-Chiu, activista en favor de la democracia que había sido grabado por un canal de televisión local mientras la policía le propinaba una paliza. Ese mismo día se presentaron cargos por “causar lesiones graves intencionadamente” contra los siete agentes de policía presuntos responsables de la agresión. En diciembre, tanto los policías como Ken Tsang se declararon inocentes.

La administración de la Universidad de Hong Kong tomó decisiones que provocaron críticas e hicieron temer por la libertad académica en Hong Kong. Así, por ejemplo, se impusieron en agosto sanciones académicas al profesor de derecho Benny Tai por su gestión de donaciones anónimas relacionadas con las protestas, que según las autoridades universitarias contravenía los procedimientos de la universidad, y en septiembre el consejo rector de la universidad rechazó la decisión de una comisión de candidaturas de nombrar vicerrector a Johannes Chan Man-mun, profesor de derecho y ex decano de la Facultad de Derecho. Tanto los medios de comunicación como el profesorado y el alumnado afirmaron que estas decisiones no eran más que represalias por el apoyo de ambos profesores a la “Revolución de los Paraguas” de 2014.

En febrero, en una emblemática sentencia, Law Wan-Tung fue declarada culpable de intimidación, agresión y lesiones contra sus empleadas domésticas Erwiana Sulistyaningsih y Tutik Lestari Ningsih, migrantes de origen indonesio. Fue condenada a seis años de prisión.

  1. China: Latest information on crackdown against lawyers and activists (comunicado, 28 de agosto)
  2. China: Cruel indiferencia de las autoridades hacia una periodista encarcelada a la que niegan atención médica adecuada (comunicado, 6 de agosto)
  3. China: Libertad para simpatizantes de las protestas de Hong Kong en favor de la democracia (comunicado, 28 de septiembre)
  4. Más información: Dos activistas en libertad en China (ASA 17/2097/2015)
  5. China: Activistas detenidos en la represión contra los derechos laborales (ASA 17/3015/2015)
  6. China: Submission to the NPC Standing Committee’s Legislative Affairs Commission on the Second Draft Foreign Non-Governmental Organizations Management Law (ASA 17/1776/2015)
  7. China: Submission to the NPC Standing Committee’s Legislative Affairs Commission on the Draft “Cyber Security Law” (ASA 17/2206/2015)
  8. Detenido en China un abogado que apoya a las iglesias (ASA 17/2370/2015)
  9. China: Submission to the NPC Standing Committee’s Legislative Affairs Commission on the Criminal Law Amendments (9) (Second Draft) (ASA 17/2205/2015)
  10. China: Submission to the UN Committee against Torture (ASA 17/2725/2015)
  11. China: No basta con reformar la política de un solo descendiente (noticia, 29 de octubre)
  12. China: Temor por monje tibetano detenido en China. Choephel Dawa (ASA 17/1551/2015)
  13. China: Return the body of prominent Tibetan monk Tenzin Deleg Rinpoche who died in prison (ASA 17/2102/2015)
  14. Tailandia no debe enviar a uigures a China para que sufran tortura (noticia, 9 de julio)
República Popular China
Jefe del Estado: Xi Jinping
Jefe del gobierno: Li Keqiang
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