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China

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

El gobierno continuó redactando y promulgando una serie de leyes nuevas relativas a la seguridad nacional que entrañaban graves amenazas para la protección de los derechos humanos. A lo largo del año continuó en todo el país la oleada de represión contra activistas y abogados y abogadas de derechos humanos. Las personas que se dedicaban al activismo y a la defensa de los derechos humanos siguieron siendo sistemáticamente vigiladas, hostigadas, intimidadas, detenidas y recluidas. La policía recluyó a un número cada vez mayor de defensores y defensoras de los derechos humanos en centros de detención no oficiales, en ocasiones sin acceso a asistencia letrada durante largos periodos, con lo que corrían peligro de sufrir tortura y otros malos tratos. Aparecieron detenidos en China libreros, editores, activistas y un periodista que habían desaparecido en países vecinos entre 2015 y 2016, lo que hacía temer que los organismos chinos encargados de hacer cumplir la ley estuvieran actuando fuera de su jurisdicción. Se intensificó de manera considerable el control sobre Internet, los medios de comunicación y el entorno académico. Aumentó la represión de las actividades religiosas que no estaban directamente controladas por el Estado. La represión religiosa en forma de campañas “contra el separatismo” o “antiterroristas” siguió siendo especialmente dura en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang y en las zonas de población tibetana.

Siguieron redactándose o promulgándose arrolladoras leyes y normativas sobre la seguridad nacional, que ampliaban las facultades de las autoridades para silenciar a la disidencia, restringir o censurar información y hostigar y procesar a los defensores y defensoras de los derechos humanos.

La Ley de Gestión de Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras debía entrar en vigor el 1 de enero de 2017, lo que dificultaría aún más el ejercicio de los ya limitados derechos a la libertad de asociación, de reunión pacífica y de expresión. Aunque en teoría esta ley había sido concebida para regular e incluso proteger las actividades de las ONG extranjeras, con ella el Ministerio de Seguridad Pública (organismo policial del Estado) pasaría a encargarse de supervisar la inscripción de las ONG extranjeras en el registro, de inspeccionar sus operaciones y de dar la aprobación previa a sus actividades. La amplia discrecionalidad que la ley concedía a la policía para supervisar y gestionar el trabajo de las ONG extranjeras planteaba el peligro de que se pudiera utilizar indebidamente para intimidar y procesar a defensores y defensoras de los derechos humanos y personal de las ONG.

El 7 de noviembre, la Asamblea Nacional Popular aprobó la Ley de Seguridad Informática, cuyo fin era, en teoría, proteger los datos personales de los usuarios de Internet contra la piratería y el robo, pero que obligaba también a las empresas de Internet que operaban en China a censurar contenidos, a almacenar los datos de los usuarios en China y a imponer un sistema de registro de los usuarios con su nombre real que contravenía las obligaciones nacionales e internacionales de China de salvaguardar los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad. La Ley prohibía tanto a los usuarios individuales como a los grupos utilizar Internet para “menoscabar la seguridad nacional”, “alterar el orden social” o “atentar contra los intereses nacionales”, términos que el derecho chino definía de manera vaga e imprecisa, y que se podían utilizar para restringir aún más la libertad de expresión. Además, esta ley consagraba el concepto de “soberanía en Internet” que, en nombre de la protección de la seguridad nacional, justificaba amplias facultades de censura y vigilancia.

También el 7 de noviembre la Asamblea Nacional Popular aprobó la Ley de Promoción de la Industria Cinematográfica, que prohibía filmar películas cuyo contenido pusiera en peligro la seguridad nacional, incitara al odio étnico o violara políticas religiosas.

Las deficiencias de la legislación nacional y los problemas inherentes al sistema de justicia penal permitían la proliferación de la tortura y otros malos tratos, así como la celebración de juicios injustos.

Las autoridades recurrían cada vez más a una modalidad de detención secreta en régimen de incomunicación conocida como “vigilancia domiciliaria en un lugar designado”, que permitía a la policía mantener recluidas a personas sospechosas de delitos durante periodos de hasta seis meses, fuera del sistema formal de detención y sin acceso a un abogado de su elección, a sus familias ni a nadie del exterior, con lo que quedaban expuestas a sufrir torturas y otros malos tratos. Esta forma de detención se utilizaba para limitar las actividades de los defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos profesionales del derecho, activistas y practicantes religiosos.

Al concluir el año, cinco personas permanecían recluidas en espera de juicio, acusadas de “subvertir el poder del Estado” o “incitar a la subversión del poder del Estado”, y otras cuatro acusadas de “buscar pelea y provocar problemas” o de “facilitar a otras personas el cruce ilegal de la frontera nacional”. Su detención se había producido en el marco de la campaña de represión sin precedentes lanzada por el gobierno a mediados de 2015 contra los abogados y abogadas de derechos humanos y otros activistas, en la que agentes de seguridad del Estado interrogaron o detuvieron a un mínimo de 248 activistas y profesionales del derecho. Al menos 12 de las personas detenidas en esta operación —entre ellas los conocidos abogados de derechos humanos Zhou Shifeng, Sui Muqing, Li Heping y Wang Quanzhang— habían sido recluidas en “vigilancia domiciliaria en un lugar designado” como sospechosas de participación en delitos contra la seguridad del Estado. Sus familias fueron también sometidas a vigilancia y acoso por la policía, que restringió además su libertad de circulación. La asistente jurídica Zhao Wei y la abogada Wang Yu quedaron en libertad con fianza a principios de julio y agosto respectivamente, aunque seguían en peligro de ser procesadas y durante todo un año verían restringida su libertad de circulación, expresión y asociación.

El 2 de agosto, el activista Zhai Yanmin fue declarado culpable de “subvertir el poder del Estado” y condenado a tres años de prisión, con cuatro años de suspensión condicional de la condena. Los días 3 y 4 de agosto, Hu Shigen y el abogado Zhou Shifeng fueron declarados culpables del mismo cargo, y condenados a siete años y medio y siete años de prisión respectivamente.

El abogado Jiang Tianyong desapareció el 21 de noviembre. A su familia se notificó el 23 de diciembre que estaba bajo “vigilancia domiciliaria en un lugar designado” como sospechoso de “incitar a la subversión del poder del Estado”. Liu Feiyue y Huang Qi, defensores de los derechos humanos y fundadores de páginas web, fueron detenidos en noviembre, acusados de “incitar a la subversión” y “filtrar secretos de Estado”, respectivamente.

Las autoridades de la provincia de Guangdong, donde arreciaban los conflictos laborales y las huelgas, siguieron con su campaña de represión contra trabajadores, trabajadoras y activistas en favor de los derechos laborales, que había comenzado en diciembre de 2015. Al menos 33 personas fueron detenidas, 31 de las cuales quedaron más tarde en libertad. A principios de octubre condenaron a tres años de prisión, con cuatro años de suspensión condicional de la condena, a Zeng Feiyang, activista en favor de los derechos laborales, que no tuvo acceso a asistencia letrada. El 3 de noviembre, Meng Han, activista en favor de los derechos laborales, fue condenado a un año y nueve meses de prisión. En muchas ocasiones, los centros de detención se negaban inicialmente a permitir el acceso de abogados, alegando que se trataba de casos que “ponían en peligro la seguridad nacional”.

Seis de las más de un centenar de personas detenidas en China continental por haber apoyado las manifestaciones de Hong Kong en favor de la democracia a finales de 2014 fueron condenadas a penas de prisión. Entre ellas figuraban Xie Wenfei y Wang Mo, líderes del movimiento Calle del Sur, que fueron condenados a cuatro años y medio de prisión por “incitar a la subversión”. Por su parte, tanto la activista en favor de los derechos de las mujeres Su Changlan como Chen Qitang permanecían recluidos, y aún no se habían fijado las fechas de sus juicios. Zhang Shengyu, que formaba parte del grupo de personas detenidas por haber apoyado las manifestaciones de Hong Kong denunció que lo habían golpeado, mientras que Su Changlan afirmó que no le habían facilitado tratamiento médico adecuado bajo custodia.

A lo largo del año aumentó el número de “confesiones” televisadas y minuciosamente preparadas, incluidas entrevistas a defensoras y defensores de los derechos humanos detenidos. Las entrevistas las realizaron medios de comunicación públicos y, en dos ocasiones, por medios de Hong Kong favorables a Pekín. Estas “confesiones”, aunque no tenían validez jurídica, socavaban el derecho a un juicio justo. Entre las personas que “confesaron” en televisión figuraban el abogado Zhou Shifeng, la abogada Wang Yu, el activista Zhai Yanmin, el librero de Hong Kong Gui Minhai y un trabajador sueco de una ONG llamado Peter Dahlin, que fue detenido y más tarde expulsado del país. Zhao Wei y su abogado Ren Quanniu publicaron sus confesiones en las redes sociales, tras haber quedado, según informes, en libertad con fianza.

Varios periodistas y activistas que habían desaparecido fuera de China continental se encontraban recluidos en China, o se temía que así fuera. El periodista Li Xin, que tras haber huido de China en 2015 reveló, en entrevistas a los medios de comunicación, la fuerte presión a la que había sido sometido por funcionarios chinos de la seguridad del Estado para que informara sobre sus compañeros y compañeras de trabajo y sus amistades, desapareció en Tailandia en enero de 2016. En febrero llamó por teléfono a su pareja, a la que comunicó que había vuelto voluntariamente a China para colaborar en una investigación. Desde entonces no se supo más de él, y al concluir el año continuaba en paradero desconocido. Tang Zhishun y Xing Qingxian desaparecieron en 2015 en Myanmar, cuando se encontraban ayudando a salir de China al hijo de dos abogados chinos detenidos. Sin facilitar ninguna explicación sobre el tiempo transcurrido, en mayo de 2016 las autoridades notificaron que ambos estaban acusados de “facilitar a otras personas el cruce ilegal de la frontera nacional”.

En mayo se confirmó que Jiang Yefei y Dong Guangping, activistas en favor de la democracia, se encontraban detenidos bajo la sospecha de “subvertir el poder del Estado” y “facilitar a otras personas el cruce ilegal de la frontera nacional”. Aunque el ACNUR —la agencia de la ONU para los refugiados— los había reconocido como refugiados, habían sido devueltos desde Tailandia en 2015. Durante al menos los seis primeros meses tras su regreso, ninguno de ellos tuvo acceso ni a su familia ni a un abogado de su elección, y Dong Guangping seguía en esa situación al concluir el año.

Según informes, en octubre quedó en libertad, tras 27 años de prisión, Miao Deshun, activista en favor de los derechos laborales que fue detenido tras haber participado en las manifestaciones pro democracia de 1989 en la plaza de Tiananmen. Continuaron las detenciones de activistas que habían conmemorado la represión de Tiananmen, entre ellos Fu Hailu y Luo Fuyu, activistas de Sichuan.1

Según la información recibida, en marzo la policía detuvo como mínimo a 20 personas por la publicación de una carta abierta en la que se criticaba al presidente chino, Xi Jinping, y se pedía su dimisión, acusándolo de intentar crear un “culto a su personalidad” y de abandonar el liderazgo colectivo. De las personas detenidas, 16 trabajaban para Wujie News, la página web que publicó la carta el 4 de marzo.

El 4 de abril, el gobierno publicó unas directrices que tenían por objeto reforzar la imposición de la ley en el ámbito cultural, en un intento de “salvaguardar la seguridad cultural e ideológica de la nación”. Dichas directrices regularían en mayor medida muchas actividades “ilegales” y no autorizadas, como la publicación, la distribución de cine y televisión, los canales de televisión extranjeros vía satélite, las representaciones artísticas y la importación y exportación de productos culturales.

China tomó medidas para endurecer aún más su ya opresivo sistema de censura en Internet. Permanecían bloqueadas miles de páginas web y redes sociales, incluidos Facebook, Instagram y Twitter, y se exigía a los proveedores de servicios y contenidos de Internet mantener una estricta censura en sus plataformas.

Seis periodistas de la página web de Sichuan 64 Tianwang fueron detenidas por haber cubierto las protestas relacionadas con la Cumbre del G20 que se celebró en septiembre en Hangzhou. Una de ellas, Qin Chao, permanecía recluida.

El proyecto de reforma de las Normativas sobre Asuntos Religiosos, publicado el 7 de septiembre, ampliaría a diversas autoridades las facultades para supervisar, controlar y sancionar ciertas prácticas religiosas. Esta reforma, que se proponía frenar las “infiltraciones y el extremismo” en aras de la seguridad nacional, podía ser utilizada para reprimir aún más los derechos a la libertad de religión y de creencias, en especial los de la población budista tibetana, musulmana uigur o seguidora de iglesias no reconocidas.

En 2016 se intensificó en la provincia de Zhejiang la campaña de demolición de iglesias y retirada de cruces cristianas de los edificios, que había comenzado en 2013. Según los medios de comunicación internacionales, al concluir 2016 se habían retirado más de 1.700 cruces, lo que dio lugar a una serie de protestas.

Zhang Kai, abogado que había ofrecido asistencia jurídica a las iglesias afectadas, apareció el 25 de febrero en la televisión pública, delgado y con aspecto de cansancio extremo, en una “confesión” grabada en vídeo. Había sido detenido en 2015 como sospechoso de delitos contra la seguridad del Estado y de “alterar el orden público”, tras lo cual fue recluido en “vigilancia domiciliaria en un lugar designado”. El 23 de marzo lo habían dejado en libertad sin más explicaciones, y había vuelto a su localidad de origen, en Mongolia Interior.

El 26 de febrero, Bao Guohua y su esposa Xing Wenxiang, ambos pastores de la ciudad de Jinghua (provincia de Zhejiang), fueron condenados a 14 y 12 años de cárcel respectivamente por malversación de fondos de su congregación y por “congregar a una multitud para perturbar el orden social”. Bao Guohua se había opuesto firmemente a la retirada de cruces de las iglesias.

Los seguidores de Falun Gong siguieron siendo víctimas de persecución, detenciones arbitrarias, juicios injustos y tortura y otros malos tratos. Chen Huixia, practicante de esta doctrina, fue detenida en junio y, según su hija, torturada en detención a causa de sus creencias.2

El gobierno publicó en septiembre un informe en el que afirmaba que China “[controlaba estrictamente] la pena de muerte y la emplea[ba] con prudencia, a fin de garantizar su aplicación sólo a un número muy reducido de personas responsables de delitos de extrema gravedad”. Las estadísticas sobre la pena de muerte seguían considerándose secreto de Estado, con lo que era imposible verificar el número de condenadas a muerte impuestas y de ejecuciones consumadas.

En diciembre, el Tribunal Popular Superior de la provincia de Hebei anuló la sentencia condenatoria por violación y asesinato dictada en su momento contra Nie Shubin, que había sido ejecutado en 1995. Esta decisión se tomó después de que el Tribunal Supremo Popular hubiera ordenado la celebración de un nuevo juicio y aceptado las conclusiones de un tribunal inferior, según el cual no había suficientes pruebas concluyentes sobre la culpabilidad de Nie Shubin.

Las personas de etnia tibetana seguían sufriendo discriminación y restricciones en los derechos a la libertad de religión y creencia, de expresión, de asociación y de reunión pacífica. En agosto, los medios de comunicación se hicieron eco de la condena a tres años de prisión impuesta, en un juicio a puerta cerrada, al monje tibetano Lobsang Drakpa, detenido por la policía en 2015 por haber celebrado un acto de protesta en solitario (modalidad de protesta cada vez más extendida en las zonas de población tibetana).3

Durante el año, al menos tres personas se prendieron fuego en zonas de población tibetana en protesta por las represivas políticas de las autoridades. El número de autoinmolaciones de las que se tenía noticia desde febrero de 2009 ascendió a 146.

En febrero, un bloguero tibetano conocido como Druklo fue condenado a tres años de prisión por “incitación al separatismo” debido a sus publicaciones en Internet sobre la libertad religiosa, el Dalai Lama y otros asuntos tibetanos, y al hecho de poseer el libro prohibido Sky Burial (Entierro celestial).4

Tashi Wangchuk, detenido en enero, fue acusado de “incitación al separatismo” por defender la enseñanza en lengua tibetana y haber concedido una entrevista al New York Times. Al terminar el año continuaba recluido.5

Derecho a la vivienda: desalojos forzosos

En julio, el gobierno empezó a demoler gran parte de Larung Gar, en la comarca de Sertar (perteneciente a la Prefectura Autónoma Tibetana de Garze, provincia de Sichuan), que era, al parecer, el mayor instituto de budismo tibetano del mundo. Las autoridades locales chinas ordenaron que la población de Larung Gar se redujera a menos de la mitad (5.000 personas) a fin de poder llevar a cabo labores de “corrección y rectificación”. Miles de monjes, monjas y seglares corrían peligro de desalojo forzoso.

En marzo, Zhang Chunxian, secretario del Partido Comunista para la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, comunicó que se había avanzado en el mantenimiento de la estabilidad social en la región, y que los casos de “terrorismo violento” habían disminuido. Sin embargo, el gobierno manifestó su intención de mantener de manera indefinida su política de “mano dura” contra el “terrorismo violento”.

El gobierno continuó deteniendo a escritores de etnia uigur y a redactores de páginas web en lengua uigur. El defensor de los derechos humanos Zhang Haitao, de etnia han, fue condenado a 19 años de prisión por “incitar a la subversión” y “facilitar información al extranjero”. Sus abogados consideraban que la dureza de la condena se debía, en parte, a sus comentarios sobre cuestiones étnicas.

El gobierno siguió violando el derecho a la libertad de religión, y reprimió todas las concentraciones religiosas no autorizadas. Abudulrekep Tumniyaz, subdirector de la Asociación Islámica del Sin-kiang, comunicó en marzo que todos los centros de predicación clandestinos de la región habían sido clausurados.

En octubre, los medios de comunicación informaron de que en varias localidades de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang se había anunciado que toda la población tendría que entregar, obligatoriamente, sus pasaportes a la policía. A partir de ese momento, para poder viajar al extranjero, las personas residentes en la región deberían presentar pruebas biométricas, tales como muestras de ADN y escáneres corporales. Esta medida formaba parte de una represiva operación de seguridad, en la que se endurecieron las restricciones de desplazamiento que se aplicaban a las minorías étnicas de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang.

Derechos culturales

En agosto, el gobierno provincial anunció un proyecto a gran escala que consistía en el envío de 1.900 docentes uigures a escuelas de toda China continental, para acompañar a estudiantes uigures que vivieran en internados en zonas de mayoría han. Además, el gobierno se comprometió a incrementar la cifra de docentes, hasta llegar a 7.200 antes de 2020.

La medida se presentó como una forma de “combatir el terrorismo, el extremismo violento y el separatismo, promocionando al mismo tiempo la solidaridad étnica”, pero grupos uigures residentes en el extranjero la criticaron, arguyendo que su objetivo era diluir la identidad cultural uigur.

Entre enero y febrero aparecieron en la televisión de China continental cinco libreros que habían desaparecido a finales de 2015, cuando se encontraban en Tailandia, China continental y Hong Kong. Gui Minhai, Lui Por, Cheung Chi-ping, Lee Po y Lam Wing-kee trabajaban para Mighty Current Media, compañía de Hong Kong conocida por sus libros sobre líderes y escándalos políticos chinos. Lam Wing-kee volvió en junio a Hong Kong, donde celebró una conferencia de prensa en la que afirmó que había sido detenido de manera arbitraria, sometido a malos tratos bajo custodia y obligado a “confesar”.6

Los estudiantes Joshua Wong, Alex Chow y Nathan Law fueron juzgados por su participación en los actos de septiembre de 2014 ante la sede del gobierno, que desencadenaron el movimiento en favor de la democracia conocido como “Revolución de los Paraguas”. En julio, de conformidad con imprecisas disposiciones de la Ordenanza de Orden Público de Hong Kong, Joshua Wong y Alex Chow fueron declarados culpables de “participación en una reunión ilegal” mientras que Nathan Law fue declarado culpable de “incitar a otras personas a participar en una reunión ilegal”. Todos ellos presentaron recursos, que al finalizar el año seguían pendientes de resolución.

En noviembre, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular emitió una interpretación del artículo 104 de la Ley Fundamental de Hong Kong con relación a las fórmulas de juramento utilizadas por dos diputados independentistas, antes de que el Tribunal Superior de Hong Kong pudiera pronunciarse en la causa interpuesta paralelamente por el gobierno de Hong Kong con el fin de inhabilitar a ambos diputados.

  1. China: Otros dos activistas detenidos por el “baijiu del 4 de junio” (ASA 17/4298/2016)
  2. China: Practicante de Falun Gong al parecer torturada bajo custodia (ASA 17/4869/2016)
  3. China: Monje tibetano encarcelado tras protestar (ASA 17/4802/2016)
  4. China: Joven tibetano encarcelado por “incitación al separatismo” (ASA 17/3908/2016)
  5. China: Detenido defensor de la educación en tibetano (ASA 17/3793/2016)
  6. China: Authorities’ revelations on detained Hong Kong booksellers “smoke and mirrors” (comunicado, 5 de febrero)
República Popular China
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Jefe del gobierno: Li Keqiang