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derechos humanos en todo el mundo

Chile

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Las manifestaciones masivas contra la desigualdad persistente disminuyeron por causa de la pandemia de COVID-19, pero las que sí se celebraron solían encontrar como respuesta el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales, a menudo con el resultado de lesiones graves. El gobierno hizo uso indebido de la legislación con el fin de criminalizar a las personas que se manifestaban, acogiéndose a la Ley de Seguridad del Estado e introduciendo nueva legislación penal. La pandemia afectó de manera desproporcionada a quienes vivían en situación de pobreza y a quienes dependían de los servicios públicos de salud, así como al personal sanitario del sector público.

Información general

Las manifestaciones masivas continuaron en los primeros meses del año, pero cesaron en buena medida en cumplimiento de las medidas para contener la propagación de la COVID-19. El gobierno declaró en marzo el “estado de catástrofe” debido a la pandemia y lo extendió hasta diciembre. Esta disposición imponía restricciones a la libertad de circulación y un toque de queda nocturno. Chile fue uno de los 10 países del mundo con mayor número de muertes por millón de habitantes causadas por la COVID-19, que afectaron en su mayor parte a la población más pobre y a las comunidades en situación de vulnerabilidad.

Chile no se adhirió al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

En octubre, el país celebró un referéndum y aprobó un proceso para redactar una nueva Constitución.

Uso excesivo de la fuerza

Las manifestaciones masivas continuaron desde enero hasta mediados de marzo, con múltiples incidentes nuevos de uso excesivo de la fuerza. Se presentaron al menos dos nuevas demandas penales por presuntos crímenes de lesa humanidad contra el presidente Piñera y otros altos cargos. Al concluir el año, la Fiscalía Regional de Valparaíso llevaba a cabo la investigación de esas demandas junto con la de otras presentadas en 2019.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos expresó su preocupación por la lentitud de las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante las manifestaciones masivas de 2019. En agosto, la Fiscalía General presentó formalmente cargos contra los policías acusados en casos como los de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, casi un año después de que se produjeran los hechos respectivos en los que ambos quedaron ciegos. Las investigaciones llevadas a cabo por los Carabineros (policía nacional) y las sanciones administrativas impuestas por este cuerpo eran lentas e ineficaces, a menudo basadas en infracciones administrativas menos graves y no en violaciones de derechos humanos.

Los organizadores de los comedores populares (conocidos como “ollas comunes”) establecidos para abordar el hambre generalizada afirmaron que la policía había recurrido al uso excesivo de la fuerza para intentar clausurarlos.

En marzo, Jonathan Reyes murió de un disparo en el pecho efectuado por la policía durante el toque de queda. El agente involucrado alegó que había actuado en defensa propia, pero grabaciones de vídeo mostraron que no había una amenaza clara cuando se hizo el disparo.

Las protestas aumentaron a medida que se atenuaron las medidas para contener la COVID-19. En octubre, un manifestante de 16 años sufrió lesiones graves al caer al canal de cemento del río Mapocho desde un puente de la ciudad de Santiago después de haber sido empujado por un policía. Se formularon cargos contra un policía y la fiscalía presentó pruebas de que los agentes policiales no habían intentado ayudar al joven herido.

Seguían pendientes de aplicación las recomendaciones formuladas por varias comisiones para la reforma de la policía que el gobierno y el Congreso habían creado en noviembre de 2019. Al finalizar el año estaba pendiente de debate en el Congreso un proyecto de ley para “modernizar” la policía, con un enfoque limitado a procedimientos de control más estrictos.

Represión de la disidencia

El gobierno presentó demandas judiciales contra más de 1.000 manifestantes amparándose en la Ley de Seguridad del Estado, lo que no se ajustaba al derecho internacional de los derechos humanos y podía dar lugar a actos de hostigamiento político.

En enero entró en vigor una ley “antibarricadas” que aumentaba las sanciones para las personas que obstruyeran la libre circulación colocando objetos en la calle. La amplia y ambigua definición utilizada en esa ley podría criminalizar actos de protesta legítimos.

Derecho a la salud

Hubo profesionales de la salud que dijeron a Amnistía Internacional que, durante la fase aguda de la pandemia, habían trabajado en condiciones de falta de seguridad —sin suficientes equipos de protección individual y con elevados niveles de ansiedad— lo que puso en peligro su salud física y mental. También dijeron que podían recibir sanciones si hablaban públicamente de ello. Esta situación afectaba sobre todo a los hospitales públicos que prestaban servicio a las comunidades más pobres. Los centros médicos privados no denunciaron estos problemas y presentaron índices de mortalidad considerablemente más bajos.

Para reducir el hacinamiento en las prisiones, el Congreso aprobó una ley que permitió que fueran puestas bajo arresto domiciliario más de 1.700 personas encarceladas en situación de alto riesgo de contraer la COVID-19.

Pueblos indígenas

En junio, las mujeres mapuche que vendían hortalizas en las calles de la ciudad de Temuco (en el sur del país) presentaron una demanda penal contra los Carabineros por actos de tortura bajo custodia, incluido el desnudo forzado. Las mujeres llevaban varios años siendo hostigadas por causa de una prohibición municipal de vender productos en la calle.

En agosto, unos manifestantes mapuche ocuparon la sede municipal de Curacautín, en el sur de Chile. Algunos ciudadanos particulares llegaron al edificio para “apoyar a carabineros” que estaban expulsando a las personas mapuche, gritaron insultos racistas y, al parecer, quemaron el vehículo de un manifestante. Todas las personas mapuche fueron detenidas, pero ninguna instancia del gobierno ni de la policía actuó contra los particulares que habían participado en actos contra ellas.

El juicio de los policías acusados de haber matado al mapuche Camilo Catrillanca en noviembre de 2018 comenzó en marzo, pero se suspendió por la pandemia. Se reanudó el 27 de octubre en modalidad semipresencial.

Derechos sexuales y reproductivos

El gobierno no dio prioridad a la atención de la salud sexual y reproductiva como servicio esencial durante la pandemia ni emitió protocolos para proporcionar servicios de aborto en los limitados supuestos previstos en la legislación.

En octubre, el Congreso rechazó un proyecto de ley para regular la educación sexual integral para jóvenes.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Al finalizar el año estaban pendientes de debate en el Congreso unos cambios en la legislación contra la discriminación para ampliar su ámbito de aplicación e incluir medidas de prevención, así como la reparación a las víctimas.

En junio, una decisión judicial reconoció legalmente por primera vez a dos mujeres como madres de un niño y ordenó al Registro Civil que las inscribiera como familia, cosa que este organismo se había negado a hacer. El niño, de dos años, fue inscrito como hijo de dos madres en julio.

Derechos de las personas migrantes

En diciembre, el Congreso aprobó un nuevo proyecto de ley sobre migración que podría reducir las oportunidades de las personas migrantes de regularizar su condición jurídica una vez que se encontraran en Chile y que socavaba el principio de no devolución (non-refoulement). Un grupo de diputados presentó una apelación ante el Tribunal Constitucional pidiendo que algunas partes de la ley fueran declaradas inconstitucionales. Estaba pendiente la sentencia.

Debido a la pandemia, el gobierno puso en marcha un “plan humanitario de regreso ordenado” para extranjeros que desearan regresar a su país. A quienes se acogieron al plan se les exigió que aceptaran que se les prohibiera regresar a Chile durante nueve años. En julio, el Tribunal Supremo resolvió que este requisito era ilegal.

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República de Chile
Jefe del Estado y del gobierno: Sebastián Piñera Echenique

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