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Chile

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

Seguía suscitando preocupación la impunidad tanto por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado como por las que se seguían cometiendo. Continuaron los procedimientos judiciales relativos a crímenes de derecho internacional y otras violaciones de derechos humanos cometidos en el pasado; en pocos casos, los implicados fueron encarcelados. Durante gran parte del año, los casos de uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de la policía siguieron siendo competencia de los tribunales militares. No obstante, una ley aprobada en noviembre excluyó a la población civil de la jurisdicción militar. El aborto continuó estando tipificado como delito en todas las circunstancias, aunque se adoptaron algunas medidas para despenalizarlo en determinados casos.

Entre abril y agosto, el gobierno llevó a cabo un proceso de consulta abierto a toda la ciudadanía, como primer paso hacia la promulgación de una nueva Constitución. La Constitución vigente —adoptada durante el gobierno militar del general Pinochet— contenía varias disposiciones que no se ajustaban al derecho internacional de los derechos humanos.

En enero entró en vigor una ley que establecía una Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia. La primera subsecretaria fue designada en septiembre.

En abril, el gobierno anunció el aplazamiento indefinido de los planes de reforma de la ley de migración. En diciembre se anunció que el proyecto de ley se presentaría en enero de 2017.

Se siguieron recibiendo denuncias de uso innecesario o excesivo de la fuerza por parte de la policía, sobre todo en el contexto de las protestas públicas. Entre las víctimas figuraban menores de edad, mujeres, periodistas y trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Derechos Humanos que actuaban como observadores.

Las violaciones de derechos humanos que implicaban a miembros de las fuerzas de seguridad seguían siendo juzgadas por tribunales militares. Con todo, en noviembre entró en vigor una nueva ley que estipulaba expresamente que la población civil —tanto las personas acusadas como las víctimas de delitos— quedaba excluida de la jurisdicción militar.

En enero, el Instituto Nacional de Derechos Humanos interpuso una querella cuyo objetivo era presionar para que los tribunales ordinarios siguieran investigando la desaparición forzada de José Huenante, de 16 años, visto por última vez en septiembre de 2005 cuando era detenido por la policía. A raíz de la querella, un tribunal militar también reabrió una investigación. No obstante, al concluir el año, la suerte y el paradero de José Huenante no se habían aclarado y ninguna de las dos investigaciones había determinado los hechos del caso ni identificado a los responsables.

Durante el año se confirmaron varias declaraciones de culpabilidad por crímenes de derecho internacional y otras violaciones de derechos humanos cometidos en el pasado, durante el régimen militar. En septiembre, la Corte Suprema confirmó las condenas a cuatro años de prisión dictadas contra dos ex militares por las torturas infligidas en 1973 al general Alberto Bachelet.

Las víctimas, sus familiares y varias organizaciones de la sociedad civil se opusieron a varios intentos de obtener la libertad condicional anticipada de personas declaradas culpables de cometer violaciones de derechos humanos durante el gobierno militar de Augusto Pinochet. Al terminar el año estaba pendiente ante el Congreso un proyecto de ley que negaría la posibilidad de obtener la libertad condicional a las personas halladas culpables de crímenes de lesa humanidad.

En noviembre entró en vigor una ley que tipificaba como delito la tortura en la legislación chilena. En septiembre, Chile fue uno de los países que el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura incluyó en la lista de países que se retrasaban en el cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura, debido a la ausencia de un mecanismo nacional de prevención de la tortura.

En enero, el Congreso creó una comisión para investigar la violencia en la Araucanía, la región más afectada por los conflictos de tierras que implicaban al pueblo mapuche. La comisión se centró en delitos presuntamente cometidos por los mapuches como forma de protesta. Sin embargo, las constantes denuncias de uso excesivo de la fuerza y de detenciones arbitrarias durante las operaciones policiales contra las comunidades mapuches no se investigaban porque no entraban en el ámbito de competencia de la comisión. La Cámara de Diputados aprobó las conclusiones de la comisión en septiembre.

En mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplió las medidas cautelares ordenadas en octubre de 2015 a favor de la líder mapuche Juana Calfunao. Dichas medidas intentaban brindar protección a más miembros de su familia que vivían en la comunidad de Juan Paillalef, en el sur de Chile, frente a las amenazas contra sus vidas e integridad en relación con un conflicto de tierras.

En agosto, el fotógrafo Felipe Durán y el miembro de la comunidad mapuche Cristián Levinao fueron absueltos de todos los cargos que se les imputaban. Ambos habían sido acusados de tenencia ilícita de armas y delitos relacionados con las drogas y llevaban más de 300 días en prisión preventiva.

La machi (autoridad espiritual tradicional mapuche) Francisca Linconao fue detenida en marzo y permanecía recluida en espera de juicio. Por cuatro veces un juez autorizó que fuera puesta bajo arresto domiciliario para tratar sus graves problemas de salud. Las cuatro veces, la decisión fue anulada en apelación y Francisca Linconao fue devuelta a prisión poco después. En noviembre fue trasladada al hospital. En diciembre inició una huelga de hambre para pedir que, hasta que se celebrara el juicio, se le permitiera permanecer recluida en su propia casa, y el equipo de su defensa presentó un recurso de amparo solicitando esa misma medida. Al concluir el año, Francisca Linconao continuaba en huelga de hambre.

El aborto seguía tipificado como delito en todas las circunstancias. Varias mujeres que habían solicitado asistencia médica por complicaciones derivadas de abortos inseguros corrían peligro de ser acusadas penalmente tras ser denunciadas a las autoridades por profesionales de la salud.

En marzo, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que despenalizaba el aborto cuando el embarazo constituyera un peligro para la vida de la mujer, cuando fuera consecuencia de violación y en casos de malformación grave del feto. Sin embargo, las disposiciones que prohibían a los profesionales de la salud denunciar a las mujeres fueron eliminadas del proyecto de ley tras ser rechazadas por la Cámara de Diputados. El proyecto de ley enmendado estaba pendiente ante el Senado al finalizar el año.

En septiembre, la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó el proyecto de ley de identidad de género. Era el primer paso hacia su aprobación tras tres años de debate. Al concluir el año, el proyecto seguía pendiente de aprobación en el Senado y en la Cámara de Diputados. El proyecto de ley propuesto establecía el derecho de las personas mayores de 18 años al reconocimiento legal de su identidad de género mediante la modificación del nombre y el género en documentos oficiales a través de un proceso administrativo que no incluía los requisitos existentes de cirugía de reasignación de género o presentación de certificado médico.

En julio, Chile alcanzó un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una denuncia interpuesta en nombre de tres parejas gays a las que se les había negado el derecho a contraer matrimonio. El acuerdo incluía la adopción de una serie de medidas y políticas para promover los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. En agosto, como parte del acuerdo, el gobierno anunció un proceso participativo con la sociedad civil, cuyo propósito era redactar un proyecto de ley para establecer la igualdad respecto al matrimonio.

República de Chile
Jefa del Estado y del gobierno: Michelle Bachelet Jeria
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