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Chile 2019

Chile cerró 2019 con la peor crisis de derechos humanos desde el régimen del general Augusto Pinochet. A mediados de octubre comenzaron manifestaciones multitudinarias en respuesta al aumento de los precios del transporte público. Dado el elevado nivel de desigualdad en el país, las protestas —mayoritariamente pacíficas— se ampliaron para incluir reivindicaciones por una sociedad más justa en la que el Estado garantizara derechos como la salud, el agua, la educación y la seguridad social. No obstante, las manifestaciones se encontraron con una fuerte represión por parte de las fuerzas del Estado, que intentaron justificar su uso de la violencia contra manifestantes alegando que tales medidas eran necesarias para proteger las infraestructuras y la propiedad privada frente a daños y vandalismo.

En reacción a las protestas, todos los partidos políticos del Congreso acordaron redactar una nueva Constitución. Como parte de este acuerdo estaba prevista la celebración de un referéndum preliminar en abril para votar sobre la necesidad del nuevo documento y el mecanismo necesario para su ratificación.

No se produjeron avances sustanciales respecto a otros problemas persistentes como la criminalización del aborto, la impunidad por crímenes cometidos en el pasado, la criminalización del pueblo mapuche y la falta de progreso en materia de derechos medioambientales.

Protesta social y represión estatal

A principios de 2019, el gobierno incrementó el control policial, sobre todo para lidiar con las protestas estudiantiles. Entre las medidas adoptadas figuraban los controles de identidad a menores a partir de 14 años. Durante este periodo se denunciaron varios casos de uso excesivo de la fuerza, cuyas principales víctimas fueron estudiantes de educación secundaria e indígenas mapuches.

Tras el estallido social, el 18 de octubre el presidente Sebastián Piñera declaró el estado de emergencia en algunas zonas del país. Durante 10 días quedaron suspendidos algunos derechos y libertades, y se desplegó al ejército en las calles para llevar a cabo tareas de control ciudadano y seguridad pública. Durante ese periodo aumentó drásticamente el número de abusos cometidos por el Estado, y perdieron la vida 31 personas, al menos cuatro de ellas a manos de fuerzas estatales. Al terminar 2019 las protestas continuaban y las víctimas de violaciones de derechos humanos, sobre todo a manos de los Carabineros (policía nacional), se contaban por miles.

Según el Ministerio de Salud, más de 13.000 personas habían resultado heridas durante los dos primeros meses de protestas, y la Fiscalía de Chile había registrado más 2.500 denuncias de violaciones de derechos humanos, de las que más de 1.500 eran de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y más de 100 eran de delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos. Según los Carabineros, ninguno de sus agentes había muerto, pero más de 2.000 habían resultado heridos.

Durante las protestas, con frecuencia se vio al ejército emplear armas letales contra manifestantes. De cada cuatro muertes causadas por las fuerzas del Estado al menos tres lo fueron a manos de miembros del ejército, y una a manos de un carabinero. Una de las muertes fue provocada por armamento de uso militar, y decenas de personas resultaron heridas por munición real.

Además, los Carabineros hicieron un uso constante e inadecuado de armas menos letales, y en varias ocasiones dispararon munición potencialmente letal de manera injustificada, generalizada e indiscriminada y, en muchos casos, apuntando a la cabeza. Hasta diciembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registró más de 350 casos de traumas oculares causados principalmente por perdigones de escopeta.

En múltiples ocasiones, los Carabineros utilizaron gas lacrimógeno de manera excesiva e innecesaria arrojándolo en hospitales, universidades, viviendas e incluso escuelas, lo que afectó gravemente a niñas y niños y personas con discapacidad.

Estos ataques también fueron dirigidos sin ninguna justificación ni razón aparente contra personas particulares, así como periodistas y transeúntes que documentaban los acontecimientos. También se empleó violencia contra personas a las que ya se había arrestado, y algunos agentes utilizaron vehículos para atropellar o intentar atropellar a manifestantes. Una de las muertes a manos de fuerzas estatales fue provocada por golpes de la policía, y otra, por un soldado que atropelló a un manifestante.[1]

Como parte de las medidas de reparación acordadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con el homicidio del joven mapuche Alex Lemún a manos de la policía en 2002, el gobierno elaboró y publicó en marzo de 2019 protocolos para la actuación policial en manifestaciones. Sin embargo, la aplicación de esos protocolos era deficiente, hecho que salió a relucir con el estallido de la crisis en octubre, cuando agentes encargados de hacer cumplir la ley cometieron crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos.

El juicio por la muerte del joven mapuche Camilo Catrillanca a manos de un policía en noviembre de 2018 estaba previsto para noviembre de 2019, pero se aplazó por motivos de seguridad.

Impunidad de los crímenes cometidos en el pasado

El gobierno revisó el Plan Nacional de Derechos Humanos para liberarse del compromiso de “promover la inaplicabilidad” del Decreto Ley de Amnistía de 1978, que concedía amnistía por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1973 y 1978. También eliminó el compromiso de crear una comisión permanente para evaluar los casos de víctimas de tortura política. Al terminar el año seguían estancadas en el Congreso varias propuestas contra la impunidad por los crímenes cometidos en el pasado.

Juicios injustos

Las autoridades continuaron aplicando contra el pueblo mapuche la controvertida legislación antiterrorista, y el Congreso siguió debatiendo sin éxito su reforma.

No obstante, la Corte Suprema anuló el fallo condenatorio (que en 2002 había declarado culpables de terrorismo a ocho mapuches) emitido por un tribunal nacional en el caso de Norín Catrimán. De este modo, la Corte Suprema cumplía con una sentencia de 2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecía que el Estado chileno había vulnerado los derechos al debido proceso, la presunción de inocencia, la igualdad y la no discriminación, entre otros.

Seguía abierta la investigación sobre la manipulación de pruebas por parte de los Carabineros para acusar de terrorismo a ocho mapuches, conocida como “Operación Huracán”.

Pueblos indígenas y derechos medioambientales

Continuaron llevándose a cabo proyectos industriales sin contar con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados, y las comunidades de las denominadas “zonas de sacrificio” siguieron haciendo frente a la devastación medioambiental provocada por la actividad industrial. El gobierno propuso reformar la Ley Indígena e inició un proceso de consulta con los pueblos indígenas en todo el país. Sin embargo, el proceso recibió críticas por no realizarse de buena fe ni respetar las culturas indígenas, lo que dio lugar a su suspensión.

Pese a la presión ejercida por ambientalistas, el gobierno se negó a firmar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) y luego canceló, debido a la crisis social interna, la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP25), de la ONU, cuya celebración estaba prevista en diciembre en Chile.[2]

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Alberto Curamil, líder (lonko) mapuche que trabajaba para defender el acceso al agua de su comunidad, recibió el Premio Medioambiental Goldman en 2019 por su activismo medioambiental mientras se hallaba en prisión. Había sido acusado por un testigo anónimo de participar en un robo a mano armada, y fue absuelto en diciembre tras pasar más de un año detenido en espera de juicio.

Durante la crisis social, se golpeó o disparó con perdigones e hirió a personas que defendían los derechos humanos mientras prestaban primeros auxilios; asimismo, activistas y defensores y defensoras recibieron amenazas por desempeñar su labor. En varias ocasiones, las autoridades entorpecieron el trabajo de profesionales del derecho y personal médico, impidiéndoles acceder a comisarías de policía, hospitales y centros médicos.

Derechos sexuales y reproductivos

La ley de 2017 que permitía abortar legalmente en tres supuestos (cuando la vida de la mujer corriera peligro, cuando el feto no fuera viable y cuando el embarazo fuera resultado de una violación) se aplicó de manera deficiente, y la información a disposición de la población sobre derechos sexuales y reproductivos seguía siendo escasa. Además, el gobierno amplió tanto para personas como para instituciones el derecho a la “objeción de conciencia” al aborto, lo que suponía un obstáculo añadido para el acceso a un aborto sin riesgos. Se presentó en el Congreso un proyecto de ley para despenalizar totalmente el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo, pero no llegó a debatirse.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Entró en vigor la ley de identidad de género, que permitía a las personas de 18 años o más cambiar mediante procesos administrativos su nombre y género registrados; las personas de edades comprendidas entre los 14 y los 17 años podían hacerlo a través de los tribunales. El Congreso debatió proyectos de ley sobre el matrimonio y sobre la adopción y crianza por parejas del mismo sexo, pero ninguno de ellos se aprobó durante el año.

Derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo

A raíz de la entrada de un número significativo de personas migrantes y refugiadas, el gobierno implementó un proceso de “regularización extraordinaria”, que concluyó en octubre de 2019, a fin de facilitar la obtención de visados de residencia a las personas en situación migratoria irregular. El proceso recibió críticas por la falta de claridad de la información ofrecida y por el hecho de que hubiera dado lugar a varias expulsiones.

Los agentes de inmigración chilenos llevaron a cabo arbitrariamente entrevistas de evaluación previa a personas solicitantes de asilo y posteriormente les negaron el acceso a presentar su solicitud, práctica que cuestionaron los tribunales nacionales y que probablemente socavaba el principio de no devolución (non-refoulement).


[1] Chile: Política deliberada para dañar a manifestantes apunta a responsabilidad de mando (noticia, 21 de noviembre)

[2] Chile: Decisión de cancelar APEC Y COP25 no desviará la atención de la comunidad internacional ante violaciones a los derechos humanos (noticia, 31 de octubre)

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