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Ecuador 2019

A pesar de las promesas formales, el presidente Moreno todavía no había adoptado políticas para regular las industrias extractivas a fin de proteger los derechos de los pueblos indígenas. Seguía suscitando preocupación la falta de mecanismos de protección adecuados para salvaguardar la vida y la integridad física de los defensores y defensoras de los derechos humanos y para garantizar investigaciones efectivas sobre las amenazas y ataques contra estas personas, en particular contra quienes defendían los derechos de los pueblos indígenas, el territorio y el medioambiente.

Represión de la disidencia

El 3 de octubre estallaron protestas en diversas ciudades en respuesta a las medidas de austeridad anunciadas por el presidente Moreno. Horas después, el presidente declaró el estado de excepción en todo el país, y autorizó así la intervención del ejército y de la Policía Nacional en las operaciones de seguridad pública. El presidente revocó las medidas de austeridad el 14 de octubre, tras días de represión violenta del descontento social y tras surgir indicios de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad. Según la Defensoría del Pueblo, durante los 10 días en que estuvieron vigentes las medidas, 1.192 personas fueron detenidas, 8 murieron de manera violenta y 1.340 resultaron heridas.[1] Más del 70% de las personas detenidas quedaron en libertad inmediatamente, y se presentaron cargos contras las restantes.

El 31 de diciembre se publicó en la Gaceta oficial la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. En ella se exponen los planes tributarios del gobierno en el contexto de cambios económicos más amplios que se analizarán en 2020.

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el país entre el 28 y el 30 de octubre para observar la situación de los derechos humanos tras las protestas. Asimismo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos envió a Ecuador una misión del 21 de octubre al 8 de noviembre, después de la cual la alta comisionada pidió investigaciones independientes, imparciales y transparentes sobre las denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos cometidos en Ecuador durante las protestas.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

El 11 de abril, la policía detuvo al defensor de los derechos digitales Ola Bini después de que la ministra del Interior, María Paula Romo, lo acusara de “colabora[r] con los intentos de desestabilización en contra del Gobierno”. Ola Bini quedó en libertad tras 70 días de detención en espera de juicio después de que una resolución judicial reconociera que su detención había sido arbitraria y vulneraba el derecho internacional. Posteriormente se le acusó del delito de “acceso no consentido a un sistema informático”, y al finalizar el año permanecía en espera de juicio.[2]

Las autoridades todavía tenían que diseñar e implementar una política nacional para la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos, incluido un protocolo de investigación sobre los delitos cometidos contra estas personas. Al concluir el año, nadie había comparecido ante la justicia en relación con las amenazas y ataques contra las integrantes del colectivo Mujeres Amazónicas Patricia Gualinga, Nema Grefa, Salomé Aranda y Margoth Escobar.[3]

Derechos de los pueblos indígenas

En julio, la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas emitió un informe sobre su visita al país y recomendó a Ecuador que garantizara que no otorgaría nuevas concesiones a industrias extractivas sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados. Asimismo, recomendó que se revisara y, en caso necesario, se cancelara toda concesión ya otorgada que no se ajustara a la Constitución y a las normas internacionales.

En octubre, el pueblo de Sarayaku interpuso una demanda ante los tribunales locales para exigir el pleno cumplimiento de una sentencia de 2008 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos según la cual el pueblo debía ser consultado.

Personas migrantes y refugiadas

Persistía la preocupación por el endurecimiento de los requisitos para las personas refugiadas venezolanas que buscaban protección internacional en Ecuador. En enero, el presidente culpó públicamente a los inmigrantes venezolanos de casos de violencia de género y feminicidios. Tras dicha declaración, la ciudad de Ibarra registró varios ataques xenófobos contra ciudadanos venezolanos.

Violencia contra mujeres y niñas

En septiembre, la Asamblea Nacional rechazó un proyecto de ley que proponía modificar el Código Penal para despenalizar el aborto en caso de malformación del feto y violación, con lo que se seguían poniendo en peligro las vidas de mujeres y niñas embarazadas.


[1] Ecuador: Estados miembros de la OEA deben exigir a Ecuador investigar represión violenta durante estado de excepción (noticia, 15 de octubre)

[2] Ecuador: Violaciones de derechos humanos en proceso penal contra Ola Bini (AMR 28/0871/2019)

[3] Ecuador: “No nos van a detener”. Justicia y protección para las mujeres amazónicas defensoras de la tierra, el territorio y el ambiente (AMR 28/0039/2019)

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