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Brasil

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

La policía continuó haciendo un uso excesivo e innecesario de la fuerza, especialmente en el contexto de protestas. Las personas jóvenes y los varones negros —principalmente quienes vivían en favelas y otras comunidades marginadas— eran blanco desproporcionado de la violencia a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley. Los defensores y defensoras de los derechos humanos —especialmente aquellos que defendían los derechos medioambientales y los derechos a la tierra— sufrían cada vez más amenazas y agresiones. La violencia contra las mujeres y niñas seguía siendo generalizada. Se intensificaron las violaciones de derechos humanos y la discriminación contra las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes.

El 31 de agosto, la presidenta Dilma Rousseff fue destituida tras un largo proceso en el Congreso, tras el cual el vicepresidente Michel Temer la sustituyó en el cargo. El nuevo gobierno anunció diversas medidas y propuestas que podrían tener repercusiones en los derechos humanos, como una reforma constitucional (PEC 241/55) que impondría un techo de gasto público durante los próximos 20 años y que afectaría negativamente a las inversiones en educación, salud y otros ámbitos. La enmienda fue aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado, y fue fuertemente criticada por el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos.

En el Congreso, estaban pendientes de debate varias propuestas que afectarían a los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas, la infancia y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). En septiembre, una comisión especial de la Cámara de Representantes aprobó cambios en el derecho de familia para definir la familia como la unión entre un hombre y una mujer.

Brasil todavía no había ratificado el Tratado sobre el Comercio de Armas ni firmado la Convención sobre Municiones en Racimo. Brasil desempeñó un papel significativo en las negociaciones en curso sobre un tratado que prohibiría las armas nucleares, cuya conclusión estaba prevista para 2017.

En diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Brasil culpable de tolerar el trabajo esclavo y la trata de personas, basándose en las condiciones que soportaban los trabajadores y trabajadoras agrícolas del estado septentrional de Pará.

Los homicidios y la violencia por arma de fuego seguían siendo elevados en todo el país; se estimaba que la cifra de víctimas de homicidio en 2015 superaba las 58.000. Las autoridades no propusieron un plan para abordar la situación.

El 29 de enero, 10 personas murieron y 15 resultaron heridas a manos de hombres armados en la ciudad de Londrina, en el estado de Paraná. Seis de las siete personas detenidas durante la investigación del incidente eran agentes de la Policía Militar.

En marzo, tras visitar Brasil, la relatora especial de la ONU sobre cuestiones de las minorías presentó ante el Consejo de Derechos Humanos sus recomendaciones para abolir tanto la Policía Militar como la clasificación automática de los homicidios policiales como “resistencia seguida de muerte” (lo que presuponía que la policía actuaba en defensa propia y, por tanto, no daba lugar a ninguna investigación).

En septiembre, tras varios días de asaltos de bandas delictivas contra autobuses y edificios públicos, el gobierno federal autorizó el despliegue de las Fuerzas Armadas en el estado de Rio Grande do Norte para apoyar a la policía. Al menos 85 personas fueron detenidas por su presunta participación en los asaltos.

El 18 de noviembre, siete hombres murieron por disparos en Imperatriz, Maranhão, después de que un agente de la Policía Militar fuera de servicio sufriera un intento de robo y agresión.

Juegos Olímpicos de 2016

Las autoridades y los organizadores de los Juegos Olímpicos de 2016 no aplicaron las medidas necesarias para impedir que las fuerzas de seguridad cometieran violaciones de derechos humanos antes de la celebración del acontecimiento deportivo y en su transcurso.1 Esto dio lugar a la repetición de abusos ya cometidos durante otros grandes eventos deportivos celebrados en la ciudad de Río de Janeiro, como por ejemplo los Juegos Panamericanos de 2007 o la Copa Mundial de la FIFA de 2014.

Decenas de miles de militares y agentes de seguridad fueron desplegados en Río de Janeiro. El número de personas muertas a manos de la policía en esa ciudad durante el periodo inmediatamente anterior a los juegos, entre abril y junio, aumentó un 103% en relación con el mismo periodo de 2015.

Durante los Juegos Olímpicos (del 5 al 21 de agosto), las operaciones policiales se intensificaron en zonas concretas de Río de Janeiro, entre ellas las favelas de Acari, Cidade de Deus, Borel, Manguinhos, Alemão, Maré, Del Castilho y Cantagalo. Los residentes denunciaron intensos tiroteos que duraban horas y abusos contra los derechos humanos, que incluían registros ilegales de casas, amenazas y agresiones físicas. La policía admitió haber matado al menos a 12 personas durante los Juegos Olímpicos en la ciudad de Río de Janeiro y haber participado en 217 tiroteos durante operaciones policiales llevadas a cabo en el estado.2

Durante el relevo de la antorcha olímpica por el país, la policía respondió con fuerza excesiva e innecesaria a manifestaciones pacíficas celebradas en Angra dos Reis y Duque de Caxias, ambos en el estado de Río de Janeiro. Se emplearon indiscriminadamente balas de goma, granadas paralizantes y gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos y transeúntes, entre los que había niños y niñas.

El 10 de mayo, la presidenta Rousseff firmó la denominada “Ley General de las Olimpiadas” (Ley núm. 13.284/2016), en un clima de inquietud por la posibilidad de que dicha ley impusiera restricciones indebidas a la libertad de expresión y de reunión pacífica, unas restricciones contrarias al derecho y las normas internacionales de derechos humanos. En virtud de las disposiciones de la nueva ley, decenas de personas fueron expulsadas de instalaciones deportivas durante los primeros días de los juegos por vestir camisetas con lemas o llevar banderas u otras señales de protesta. El 8 de agosto, un tribunal federal falló contra la prohibición de realizar protestas pacíficas en el interior de las instalaciones olímpicas.

El 5 de agosto, día de la ceremonia de inauguración de los juegos, se celebró cerca del estadio de Maracanã, en la ciudad de Río de Janeiro, una protesta contra el impacto negativo de los Juegos Olímpicos. La policía la reprimió haciendo un uso innecesario de la fuerza y empleó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes en una plaza en la que había niños jugando. La mayoría de los agentes que intervinieron en la represión de la manifestación no llevaban identificación policial adecuada.

El 12 de agosto, también cerca del estadio de Maracanã, la Policía Militar hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza para reprimir duramente una protesta encabezada principalmente por estudiantes. En torno a 50 manifestantes fueron detenidos y uno resultó herido; la mayoría eran menores de 18 años. Al terminar el año, algunos de los detenidos estaban siendo investigados por infracciones establecidas en el Estatuto del Aficionado al Fútbol (Estatuto do Torcedor), que tipificaba como delito alterar el orden o provocar la violencia en un radio de 5 km de unas instalaciones deportivas.

Los homicidios cometidos por la policía seguían siendo elevados, y en algunos estados aumentaron. En el estado de Río de Janeiro, 811 personas murieron a manos de la policía entre enero y noviembre. Se tuvo noticia de varias operaciones policiales —la mayoría en favelas— en las que se produjeron homicidios. Se adoptaron algunas medidas para reducir la violencia policial en Río de Janeiro, pero todavía no habían tenido ningún efecto. Tras una resolución del Consejo Nacional del Ministerio Público, el 5 de enero la Fiscalía General del Estado de Río de Janeiro creó un grupo de trabajo para supervisar las actividades de la policía y las investigaciones de homicidios policiales. La Policía Civil anunció que las investigaciones de todos los casos de homicidios a manos de la policía se transferirían progresivamente a la división especializada en homicidios.

La mayoría de los homicidios cometidos por policías quedaban impunes. Nadie había rendido cuentas por el homicidio ilegítimo de un niño de dos años, cometido 20 años atrás (en 1996), durante una operación de la Policía Militar en la favela de Acari, en la ciudad de Río de Janeiro. El delito prescribió el 15 de abril. En octubre se celebró la primera vista pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los homicidios de 26 personas cometidos durante unas operaciones policiales llevadas a cabo en octubre de 1994 y mayo de 1995 en la favela de Nova Brasilia, en la ciudad de Río de Janeiro. Los homicidios todavía no se habían investigado y nadie había comparecido ante la justicia.

En julio, el fiscal general pidió remitir a la autoridad federal la investigación de los homicidios de 12 personas a manos de la policía, cometidos en febrero de 2015 en el barrio de Cabula de la ciudad de Salvador, estado de Bahía.

El 6 de noviembre, cinco hombres que habían desaparecido el 21 de octubre, tras haberse dirigido a ellos unos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, fueron hallados muertos en Mogi das Cruzes, São Paulo. Los cadáveres mostraban señales de ejecución, y las investigaciones iniciales llevadas a cabo por las autoridades indicaban la participación de guardias municipales.

El 17 de noviembre, cuatro jóvenes murieron por disparos de la unidad ROTA de la Policía Militar en Jabaquara, São Paulo.

El 1 de febrero, 12 agentes de la Policía Militar fueron declarados culpables y condenados por los delitos de tortura con resultado de muerte, fraude de procedimiento y “ocultación de cadáver” en el caso de la desaparición forzada de Amarildo de Souza, en Río de Janeiro.

En abril, las investigaciones policiales declararon a 23 agentes de la Policía Militar sospechosos de la desaparición forzada de Davi Fiuza, de 16 años, en la ciudad de Salvador, estado de Bahía, en octubre de 2014. Sin embargo, el caso no llegó al Ministerio Público y ninguno de los acusados había sido juzgado al concluir 2016.

Las cárceles seguían teniendo graves problemas de hacinamiento y se denunciaban torturas y otros malos tratos. Según el Ministerio de Justicia, al terminar 2015, el sistema penitenciario contaba con una población de más de 620.000 personas, aunque su capacidad total era de aproximadamente 370.000.

Hubo motines carcelarios en todo el país. En octubre, 10 hombres fueron decapitados o quemados vivos en una prisión del estado de Roraima, y 8 murieron de asfixia en una celda durante el incendio de una prisión en el estado de Rondônia.

El 8 de marzo, el relator especial sobre la tortura denunció, entre otras cosas, las precarias condiciones de vida y la práctica habitual de la tortura y otros malos tratos a reclusos por parte de la policía y de los guardias penitenciarios en Brasil.

En septiembre, un tribunal de apelación declaró nulos el juicio y las sentencias dictadas contra 74 agentes de policía por la masacre de la prisión de Carandiru, ocurrida en 1992, en la que 111 hombres murieron a manos de la policía.

El año estuvo marcado por una serie de protestas mayoritariamente pacíficas en todo el país por cuestiones como el proceso de destitución, la reforma educativa, la violencia contra las mujeres, las repercusiones negativas de los Juegos Olímpicos de 2016 y la reducción del gasto público en salud y educación. La respuesta policial fue con frecuencia violenta, lo que desembocaba en un uso innecesario y excesivo de la fuerza.

Hasta un millar de escuelas públicas en todo el país fueron ocupadas pacíficamente por estudiantes que se oponían a la reforma educativa y a los recortes propuestos por el gobierno. En junio, la policía de Río de Janeiro hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza para disolver una manifestación pacífica de estudiantes ante la sede de la Secretaría de Educación.

La policía hizo uso innecesario de la fuerza en varios estados para dispersar manifestaciones contra el nuevo gobierno y contra la propuesta de reforma constitucional (PEC 241/55) que limitaría el gasto público. En São Paulo, una estudiante perdió la visión del ojo izquierdo debido a la explosión, cerca de ella, de una granada aturdidora lanzada por la policía.

En enero, Rafael Braga Vieira, un hombre que había sido detenido en 2013 tras una protesta en Río de Janeiro, fue arrestado de nuevo por cargos falsos de narcotráfico.

El 10 de agosto, un tribunal estatal no reconoció la responsabilidad del estado por la pérdida de visión en un ojo de Sergio Silva a consecuencia del impacto de un dispositivo disparado por la policía durante una protesta celebrada en São Paulo en 2013. El tribunal consideró que el hecho de estar en la manifestación conllevaba la asunción implícita del riesgo de resultar herido por la policía.

En marzo, el Congreso aprobó la Ley Antiterrorista (13.260/2016) y el presidente la sancionó. Dicha ley recibió numerosas críticas por la vaguedad de su redacción y por dar margen para su aplicación arbitraria a protestas sociales.

Respecto a las cifras de 2015, aumentaron los ataques, las amenazas y los homicidios contra defensores y defensoras de los derechos humanos. Al menos 47 defensores y defensoras perdieron la vida de manera violenta entre enero y septiembre —entre las víctimas había pequeños agricultores, campesinos, trabajadores rurales, pueblos indígenas, incluidas comunidades quilombola, pescadores, habitantes de las riveras y abogados— en su lucha por el acceso a la tierra y a los recursos naturales. Rara vez se investigaban los homicidios, las amenazas y las agresiones contra defensores y defensoras de los derechos humanos, y esos delitos quedaban por regla general impunes.

A pesar de la existencia de una política nacional y de un programa de protección de defensores y defensoras de los derechos humanos, las deficiencias en la aplicación del programa y la falta de recursos daban lugar a que estas personas siguieran siendo objeto de homicidios y amenazas. En junio, la suspensión de varios acuerdos entre gobiernos, tanto en el ámbito estatal como en el federal, para aplicar el programa, unidos a los recortes, socavaron todavía más su efectividad.

En abril se cumplió el 20 aniversario de la masacre de Eldorado dos Carajás, en la que 19 campesinos y campesinas sin tierra fueron asesinados y 69 personas resultaron heridas en una operación brutal en la que participaron más de 150 policías en el sudeste del estado de Pará. Sólo dos mandos de la operación fueron declarados culpables de asesinato y agresión. Ningún agente de policía ni otras autoridades rindieron cuentas. Desde la masacre, sólo en Pará, más de 271 trabajadores y trabajadoras rurales habían perdido la vida de manera violenta.

La demarcación y titulación de tierras indígenas continuó avanzando de forma extremadamente lenta, a pesar de que el plazo constitucional para ello había expirado 23 años antes. El Congreso estaba debatiendo una reforma constitucional (PEC 215) que permitiría a los legisladores bloquear las demarcaciones de tierras, lo que supondría ejercer de manera efectiva el veto a los derechos de los pueblos indígenas consagrados tanto en la Constitución como en el derecho internacional. La demarcación de tierras fue bloqueada en algunos casos por terratenientes que las empleaban para producir artículos para la exportación.

Peligraba gravemente la supervivencia de la comunidad guaraní-kaiowá de Apika´y en el estado de Mato Grosso do Sul. En julio, esta comunidad fue desalojada a la fuerza de sus tierras ancestrales. A pesar de que había recibido notificación del desalojo, no había sido consultada ni se le habían dado opciones de reubicación. Las familias de Apika´y quedaron viviendo en los márgenes de una autopista, con acceso limitado a agua y alimentos.

En octubre, una investigación de la Fiscalía General concluyó que el asesinato del indígena Terena Oziel Gabriel se había producido por un disparo de la Policía Federal en una operación de 2013 en la finca Buriti, en el estado de Mato Grosso do Sul.

Durante una visita efectuada en marzo, la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas denunció que Brasil no había demarcado las tierras indígenas, y que el país socavaba las instituciones estatales encargadas de proteger los derechos de los pueblos indígenas.

Hasta octubre, vivían en el país aproximadamente 1,2 millones de personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo. El gobierno no dedicó los recursos y esfuerzos adecuados para cubrir las necesidades de las personas solicitantes de asilo, por ejemplo para tramitar sus peticiones. El plazo medio de tramitación de las solicitudes de asilo era de al menos dos años, con lo que durante ese periodo esas personas quedaban en un limbo legal.

En diciembre, la Cámara de Representantes aprobó un nueva ley de migración que protegía los derechos de las personas solicitantes de asilo, migrantes y apátridas; la ley se estaba debatiendo en el Senado al terminar el año.

Las personas migrantes y solicitantes de asilo denunciaron sufrir discriminación de manera habitual cuando intentaban acceder a servicios públicos tales como la atención a la salud y la educación. A lo largo de 2016, 455 personas naturales de Venezuela —entre ellas muchos niños y niñas— fueron expulsadas del estado de Roraima, en numerosos casos sin poder acceder al debido proceso.

En mayo, el gobierno federal provisional disolvió el Ministerio de Asuntos de la Mujer, Igualdad Racial y Derechos Humanos y lo redujo a un departamento del Ministerio de Justicia, lo que causó una importante disminución de los recursos y programas dedicados a proteger los derechos de las mujeres y de las niñas.

Durante el año, varios estudios mostraron que la violencia mortal contra las mujeres había aumentado un 24% durante el decenio anterior y confirmaron que Brasil era uno de los peores países de Latinoamérica para las niñas, sobre todo debido a los niveles extremadamente altos de violencia de género y de embarazos adolescentes, y a los reducidos índices de finalización de la educación secundaria.

Las violaciones colectivas de una niña el 21 de mayo y una mujer el 17 de octubre en el estado de Río de Janeiro atrajeron la atención de todo el país, y confirmaron además que el estado no respetaba, protegía ni hacía realidad los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Entre enero y noviembre se denunciaron 4.298 casos de violación en el estado de Río de Janeiro, 1.389 de ellos en la capital.

En el año 2016 se cumplió también el décimo aniversario de la entrada en vigor de la legislación contra la violencia en el ámbito familiar. El gobierno no aplicaba la ley con rigor a pesar de que la violencia intrafamiliar y la impunidad por esos delitos seguían siendo generalizadas.

En agosto, un adolescente murió y otros seis resultaron gravemente heridos en el incendio de un centro de detención de menores en la ciudad de Río de Janeiro. En septiembre, un adolescente hospitalizado tras el incidente murió a causa de las heridas sufridas. Durante el año, la cifra de personas recluidas en centros de detención de menores en Río de Janeiro aumentó un 48%, lo que agravaba la ya crítica situación de hacinamiento, las malas condiciones de vida y la tortura y otros malos tratos.

Aunque la Cámara de Representantes había aprobado en 2015 una propuesta de reforma constitucional que reduciría de 18 a 16 años la edad a la que los menores podían ser juzgados como adultos, ésta seguía debatiéndose en el Senado a finales de año.

  1. ¡La violencia no es parte de estos juegos! Riesgo de violaciones de derechos humanos en los Juegos Olímpicos de Río 2016 (AMR 19/4088/2016)
  2. Legado de violencia. Homicidios a manos de la policía y represión de protestas en las Olimpiadas de Río 2016 (AMR 19/4780/2016)
República Federativa del Brasil
Jefe del Estado y del gobierno: Michel Temer (sustituyó a Dilma Rousseff en agosto)
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