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derechos humanos en todo el mundo

Canadá

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Las respuestas gubernamentales a la pandemia de COVID-19, la situación de los defensores y defensoras indígenas de la tierra, el cambio climático y los casos de esterilización forzada y obligada de mujeres y niñas indígenas ocurridos en el pasado suscitaron preocupación.

Información general

Los gobiernos de todos los niveles instituyeron medidas de salud pública en respuesta a la COVID-19. Existía preocupación por lo inadecuado de las respuestas para los grupos que experimentaban un impacto desproporcionado, como los pueblos indígenas, las comunidades negras y racializadas, las mujeres, las personas de edad avanzada, las trabajadoras y trabajadores sexuales, las personas que solicitaban asilo y los trabajadores y trabajadoras migrantes. Los gobiernos no actuaron respecto a una propuesta formulada por más de 300 organizaciones y personas expertas para realizar una supervisión de las respuestas a la pandemia basada en una perspectiva de derechos humanos.

Derechos de los pueblos indígenas

A lo largo del año, los defensores y defensoras indígenas de la tierra sufrieron amenazas y violencia en sus territorios.

En enero y febrero, los pueblos indígenas organizaron acciones de solidaridad con los defensores y defensoras de la tierra del territorio wet’suwet’en que se enfrentaban a violaciones de derechos cometidas por los gobiernos federal y de la Columbia Británica, y por la Real Policía Montada de Canadá.

En abril, el gobierno federal y la Primera Nación Asubpeeschoseewagong llegaron a un acuerdo para financiar un centro de salud con el propósito de abordar decenios de intoxicación por mercurio.

En mayo, las Primeras Naciones del norte de la provincia de Manitoba presionaron con éxito para que la empresa Manitoba Hydro las consultara sobre las medidas para prevenir la propagación de la COVID-19 en el lugar de la construcción de la represa hidroeléctrica de Keeyask.

En julio, el gobierno de la Columbia Británica ordenó llevar a cabo una revisión independiente de las obras de construcción de la represa Site C, que carecía del consentimiento de las Primeras Naciones directamente afectadas y se exponía a riesgos geotécnicos cada vez mayores.

En septiembre, Joyce Echaquan —una mujer atikamekw— retransmitió en directo los insultos racistas que recibió del personal sanitario antes de su fallecimiento en un hospital de Quebec. Su muerte suscitó llamamientos para abordar el racismo en el sistema sanitario.

En octubre, el gobierno y la policía no respondieron de manera adecuada a los actos violentos y los daños a la propiedad que sufrieron los pescadores mi’kmaq de Nueva Escocia al ejercer su derecho a pescar langosta.

En diciembre, el gobierno federal presentó un proyecto de ley para implementar la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ese mismo mes, Canadá objetó y recurrió la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos canadiense que determinaba que los niños y niñas de las Primeras Naciones tenían derecho a recibir de Canadá una indemnización por discriminación.

Actuación inadecuada para impedir el cambio climático

En febrero, el Tribunal Federal de Apelaciones desestimó el recurso presentado por grupos indígenas contra la construcción del oleoducto de Trans Mountain cuyo propósito era transportar alquitrán extraído de las arenas petrolíferas de Alberta.

En septiembre, el Tribunal Supremo de Canadá conoció del recurso presentado por tres provincias que cuestionaban la facultad constitucional del gobierno federal para promulgar un sistema de tarificación del carbono de ámbito nacional.

En noviembre, el gobierno presentó una propuesta de legislación en materia climática que formalizaría el compromiso de alcanzar cero emisiones netas de carbono en 2050, pero la sociedad civil la criticó por considerarla insuficiente teniendo en cuenta la responsabilidad de Canadá como nación próspera.

En diciembre, el gobierno hizo público un nuevo plan para cumplir los objetivos climáticos de Canadá que contemplaba un aumento considerable de la tarificación del carbono en los años sucesivos.

Derechos de las mujeres

En febrero, en su respuesta a las recomendaciones emitidas en 2018 por el Comité de la ONU contra la Tortura sobre la esterilización forzada y obligada de mujeres y niñas indígenas, el gobierno no se comprometió a investigar los casos, a suspender esa práctica ni a garantizar justicia para las sobrevivientes.

En septiembre, el gobierno prometió invertir en un sistema de cuidado infantil y aprendizaje temprano de ámbito nacional que fuera “accesible, asequible, inclusivo y de alta calidad”.

También en septiembre, el gobierno prometió “acelerar” la elaboración de un plan nacional de acción en respuesta al informe de la investigación nacional sobre las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas, publicado en 2019, y reiteró su compromiso de elaborar un plan nacional de acción sobre la violencia de género, aunque no dio detalles del proceso.

En noviembre, el Tribunal Superior de Quebec conoció de la impugnación de la ley provincial sobre el “laicismo”, que prohibía que ciertos funcionarios públicos exhibieran símbolos religiosos en su lugar de trabajo, lo que planteaba motivos de preocupación sobre la equidad de género, la discriminación, la libertad religiosa y la libertad de expresión.

Discriminación

Un número desproporcionado de personas indígenas, negras y otras personas racializadas murieron durante el año tras haber interactuado con la policía.

En septiembre, el gobierno federal “prometió abordar el racismo sistémico”, inclusive en las actuaciones policiales y el sistema de justicia, pero no prohibió las prácticas policiales de comprobación de documentos de identidad y realización de controles en la calle.

En octubre, un agente de la policía de Ottawa fue absuelto de los cargos relativos a la muerte en 2016 de Abdirahman Abdi —un hombre negro— durante una detención violenta.

También en octubre, el gobierno facilitó el regreso a Canadá desde el noreste de Siria de una niña huérfana canadiense de cinco años, pero se negó a actuar en los casos de al menos otros 46 ciudadanos, entre ellos 25 menores de edad, detenidos arbitrariamente en campos controlados por las fuerzas kurdas.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En marzo, como parte de las medidas de control de fronteras establecidas en relación con la COVID-19, el gobierno prohibió entrar en Canadá a la mayoría de las personas solicitantes de asilo procedentes de Estados Unidos.

En julio, el gobierno de Quebec anunció que dejaría de denegar servicios de salud pública a niños y niñas ciudadanos canadienses cuyos progenitores no lo fueran y no estuvieran cubiertos por el seguro médico provincial. Este cambio no se había aplicado al acabar el año.

En julio, el Tribunal Federal revocó el Acuerdo de Tercer País Seguro entre Canadá y Estados Unidos, que excluía la mayoría de las solicitudes de asilo presentadas en los puestos fronterizos terrestres oficiales. La sentencia se suspendió en octubre pendiente del resultado de una apelación.

En agosto, el gobierno federal anunció un programa para otorgar la residencia permanente a las personas solicitantes de asilo que hubieran trabajado en centros de atención médica entre marzo y agosto. El programa no contemplaba a las personas solicitantes del estatuto de refugiado que hubieran trabajado en otros servicios esenciales afectados por la COVID-19.

Rendición de cuentas de las empresas

En febrero, el Tribunal Supremo resolvió que la demanda judicial presentada por ciudadanos eritreos contra Nevsun Resources —con sede en Vancouver— sobre los abusos contra los derechos humanos relacionados con la mina que la empresa tenía en Eritrea podía proseguir en los tribunales canadienses. En octubre, los demandantes llegaron a un acuerdo confidencial con la empresa.

En junio, la provincia de Alberta aprobó la Ley de Defensa de Infraestructuras Críticas, que prohibía las protestas y otras acciones parecidas contra infraestructuras consideradas “esenciales”. Estaba pendiente una impugnación de la ley por vulneración de la libertad de expresión, de reunión y de asociación.

En septiembre, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y las sustancias y desechos peligrosos pidió a Canadá que concediera a la Defensoría del Pueblo para Cuestiones de Responsabilidad Empresarial (CORE, por sus siglas en inglés) las facultades prometidas para llevar a cabo investigaciones independientes sobre presuntos abusos contra los derechos humanos relacionados con empresas canadienses que desarrollaban actividades en el extranjero.

Export Development Canada no emprendió ninguna acción respecto a los llamamientos de la sociedad civil para que reformara su selección, basada en la diligencia debida, de los préstamos para proyectos controvertidos, como la represa Hidroituango en Colombia. La fiscalía no dio cumplimiento a una recomendación emitida en 2019 por el equipo de investigación para que se acusara penalmente a los responsables del desastre de la mina de Mount Polley que había tenido lugar en 2014. Estaba pendiente un recurso presentado por las comunidades afectadas contra el permiso concedido a la empresa para verter al lago Quesnel aguas residuales sin tratar procedentes de actividades mineras.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En octubre, el gobierno presentó una propuesta de legislación para prohibir la terapia de conversión que pretende cambiar la orientación sexual de las personas o suprimir su identidad o expresión de género.

Transferencias irresponsables de armas

En abril, el gobierno federal puso fin a una moratoria sobre la concesión de nuevos permisos de exportación de armas a Arabia Saudí pese a que preocupaba que las fuerzas saudíes fueran responsables de crímenes de guerra en Yemen.

En octubre, el gobierno federal suspendió la exportación de armas a Turquía mientras investigaba unas denuncias de que en el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia se estaba utilizando indebidamente tecnología canadiense de sensores para drones.

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