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Canadá

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

Se reasentó a unas 38.000 personas refugiadas sirias. Se puso en marcha una investigación nacional sobre la violencia contra las mujeres y niñas indígenas. Persistía la preocupación por el hecho de que no se respetaran los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de proyectos de desarrollo económico.

En enero, el Tribunal Canadiense de Derechos Humanos resolvió que la falta sistémica de financiación de los servicios de protección de la infancia para las comunidades de las Primeras Naciones constituía discriminación. El gobierno aceptó el fallo, pero no puso fin a la discriminación.

En mayo, el gobierno anunció su apoyo incondicional a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; al terminar el año, seguía sin estar claro cómo iba a colaborar con los pueblos indígenas para cumplir con ese compromiso.

En mayo, un informe financiado a nivel provincial confirmó que seguía habiendo contaminación por mercurio en la comunidad Grassy Narrows de las Primeras Naciones, en la provincia de Ontario.

En julio, el gobierno concedió permisos para iniciar la construcción de la represa Site C en la provincia de la Columbia Británica, a pesar de que no se habían resuelto las causas judiciales relativas a las obligaciones contraídas en virtud de un tratado histórico concertado con las Primeras Naciones afectadas.

En octubre, tras varias huelgas de hambre y otras protestas, el gobierno de la provincia de Terranova y Labrador convino en adoptar medidas para reducir los riesgos que la represa Muskrat Falls entrañaba para la salud y la cultura de los inuits.

En noviembre, el gobierno de la Columbia Británica reconoció la necesidad de abordar el impacto del sector de los recursos en la seguridad de las mujeres y niñas indígenas.

En marzo, el gobierno se comprometió a promover la salud sexual y reproductiva y los derechos de las mujeres y las niñas a través de su programa de desarrollo internacional.

En septiembre se puso en marcha la investigación nacional sobre las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas. Su mandato no incluía explícitamente actuaciones ni medidas policiales para abordar la ausencia de investigaciones adecuadas en el pasado. En noviembre, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la ONU, pidió a Canadá que se asegurara de que la investigación nacional investigara el papel de las actuaciones policiales.

En noviembre, los fiscales de la provincia de Quebec sólo presentaron cargos en 2 de las 37 denuncias interpuestas mayoritariamente por mujeres indígenas contra los abusos de la policía. El Independent Observer, designado para supervisar los casos, expresó preocupación por el racismo sistémico. En diciembre, el gobierno de Quebec anunció una investigación pública sobre el trato que los órganos provinciales daban a los pueblos indígenas.

En febrero se aprobó legislación para revocar las enmiendas introducidas en 2014 en la Ley de Ciudadanía que permitían privar de la nacionalidad canadiense a las personas con doble nacionalidad condenadas por terrorismo y otros delitos.

También en febrero, el gobierno retiró un recurso de apelación contra la decisión de 2015 que concedió la libertad bajo fianza a Omar Khadr, un ciudadano canadiense que había sido internado a los 15 años de edad en el centro de detención estadounidense de la bahía de Guantánamo, Cuba, donde permaneció recluido 10 años hasta su transferencia a una prisión canadiense en 2012.

En noviembre, la Corte Federal resolvió que la práctica del Servicio Canadiense de Inteligencia y Seguridad de conservar indefinidamente metadatos de registros de llamadas telefónicas y correos electrónicos era ilegal.

Se rompieron los procesos de mediación en los casos de Abdullah Almalki, Ahmad Abou Elmaati y Muayyed Nureddin, quienes pedían reparación sobre la base del informe de 2008 de una investigación judicial que documentaba el papel desempeñado por las autoridades canadienses en la detención, encarcelamiento y tortura de los tres en el extranjero.

Aumentó la preocupación por el uso generalizado de la reclusión en régimen de aislamiento, a raíz de que en octubre se hiciera público el caso de Adam Capay, un indígena que había permanecido durante más de cuatro años recluido en régimen de aislamiento en espera de juicio en Ontario.

En noviembre, el gobierno de Quebec inició una investigación pública sobre la vigilancia policial a periodistas.

Durante el año, 38.700 personas refugiadas sirias fueron reasentadas en Canadá gracias al patrocinio privado y del gobierno.

En abril se restauró plenamente el Programa Federal Provisional de Salud para personas refugiadas y solicitantes del estatuto de refugiado, y se revirtieron los recortes impuestos en 2012.

En agosto, el ministro de Seguridad Pública anunció un incremento de la financiación de los centros de detención de inmigrantes.

En junio, el gobierno de la Columbia Británica permitió reanudar plenamente las actividades en la mina del Monte Polley, a pesar de que había en curso una investigación penal sobre la rotura de la balsa de residuos en 2014 y de que seguía pendiente la aprobación del plan a largo plazo de la empresa para el tratamiento de aguas. En noviembre se planteó una acusación particular contra el gobierno provincial y contra Mount Polley Mining Corporation por violaciones de la Ley de Pesca.

En mayo se hizo público el quinto informe anual de evaluación del impacto que el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Colombia tenía sobre los derechos humanos. El informe seguía sin incluir una evaluación de los motivos de preocupación en materia de derechos humanos relacionados con las repercusiones de los proyectos extractivos para los pueblos indígenas y otras personas.

El gobierno no adoptó medidas para cumplir la promesa electoral formulada en 2015 de crear una defensoría de los derechos humanos para el sector extractivo. En marzo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU instó a Canadá a adoptar dicha medida, y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer hizo lo mismo en noviembre.

Tres empresas canadienses hacían frente a demandas civiles por presuntos abusos contra los derechos humanos asociados a proyectos en el extranjero. Hudbay Minerals tenía una causa abierta en Ontario en relación con una mina en Guatemala. En octubre, un tribunal de la Columbia Británica resolvió que se podía iniciar una causa contra Nevsun Resources en relación con una mina en Eritrea. En noviembre se celebró una vista de apelación en la Columbia Británica sobre la procedencia de incoar una causa que involucraba a Tahoe Resources en relación con una mina en Guatemala.

En febrero se revocó una política de 2007 que limitaba los esfuerzos del gobierno a la hora de solicitar indultos en nombre de ciudadanos canadienses condenados a muerte en países extranjeros.

En marzo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU pidió a Canadá que considerara dichos derechos plenamente justiciables.

En abril, el gobierno aprobó una venta de vehículos blindados ligeros a Arabia Saudí por valor de 15.000 millones de dólares canadienses, a pesar de la preocupación suscitada por la situación de los derechos humanos en el país de destino. No se había cumplido el compromiso —adquirido en 2015— de adherirse al Tratado sobre el Comercio de Armas de la ONU.

En mayo, el gobierno anunció planes de adherirse al Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura e inició consultas con los gobiernos provinciales y territoriales.

Ese mismo mes, el gobierno promulgó legislación para añadir la identidad y expresión de género como motivos prohibidos de discriminación en la Ley de Derechos Humanos de Canadá y en la legislación sobre crímenes de odio del Código Penal.

Canadá
Jefa del Estado: reina Isabel II, representada por el gobernador general David Johnston
Jefe del gobierno: Justin Trudeau
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