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Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

Canadá

Información extraída de nuestro INFORME La situación de los derechos humamos en el mundo, abril 2024

Los grupos marginados sufrían desigualdad interseccional y discriminación sistémica y tenían que hacer frente a obstáculos a la hora de realizar sus derechos humanos. El derecho de reunión se vio a menudo amenazado, especialmente en el caso de los defensores y defensoras indígenas de la tierra. Las autoridades no actuaron para mitigar la crisis climática.

Libertad de reunión

En febrero, las autoridades se acogieron a la Ley de Emergencias para poner fin al bloqueo provocado en la capital, Ottawa, por la “caravana de la libertad”, que protestaba contra los mandatos de vacunación y las restricciones relacionadas con la COVID-19. Su paso estuvo marcado por incidentes de racismo, violencia, hostigamiento, intimidación y discurso de odio.1 El 25 de abril, el gobierno creó una comisión de emergencia en materia de orden público para examinar la aplicación de la Ley.

El 3 de noviembre, el gobierno de Ontario aprobó el Proyecto de Ley 28, que ilegalizaba el ejercicio del derecho constitucional de las personas miembros del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE, por sus siglas en inglés) —incluido el profesorado de apoyo y de educación infantil y el personal de conserjería y secretaría, entre otros profesionales— a celebrar una huelga que se había convocado. El 14 de noviembre se derogó.2

Derechos de los pueblos indígenas

El pueblo Innu de Pessamit condenó el cambio climático, las prácticas forestales, los proyectos hidroeléctricos y las políticas coloniales que ponían en peligro sus formas de vida tradicionales y su identidad, incluidos sus derechos culturales, que, por otro lado, cualquier plan de lucha contra el cambio climático debía contemplar.3

En abril, el primer ministro, Justin Trudeau, reconoció oficialmente el papel que la iglesia católica y el gobierno habían desempeñado en la creación, mantenimiento y funcionamiento del sistema de escuelas residenciales, y que la Cámara de los Comunes calificó por unanimidad de genocidio después, el 27 de octubre.

El 1 de junio, 19 defensores y defensoras de la tierra que se oponían a la construcción de conducciones para el transporte de combustibles fósiles en sus tierras fueron acusados de desacato.4 El 22 de junio, un grupo de defensores y defensoras de la tierra wet’suwet’en presentó una demanda civil contra la ministra de Justicia de la provincia de Columbia Británica, 3 agentes de la Real Policía Montada de Canadá y las empresas Forsythe Security y Coastal GasLink Pipeline Ltd. por vigilancia, hostigamiento e intimidación. La causa seguía abierta al terminar el año.

En septiembre, Coastal GasLink empezó a perforar en territorio wet’suwet’en, pese a la oposición de los líderes y lideresas hereditarios.5

Las naciones indígenas pedían mantener un diálogo entre naciones con los gobiernos federal y provinciales sobre todas las cuestiones, pero las autoridades no actuaron para obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas en relación con los proyectos de extracción de recursos.

Derecho al agua

Al concluir el año seguían vigentes 33 avisos de largo plazo sobre la calidad del agua potable que afectaban a 29 comunidades de Primeras Naciones; estos avisos se emitían cuando había constancia de que el agua no era segura. En agosto, el territorio de Nunavut declaró un estado de excepción en la ciudad de Iqaluit debido a la escasez de agua.

Tras una demanda colectiva interpuesta por varias Primeras Naciones, la Ley sobre la Salubridad del Agua Potable de las Primeras Naciones, de 2013, fue anulada y las autoridades se comprometieron a presentar una nueva ley en consulta con las Primeras Naciones.

Derechos de las mujeres y de las niñas

En julio, el Comité Permanente sobre Derechos Humanos del Senado reconoció el efecto desproporcionado que la esterilización forzada o bajo coacción tenía sobre las mujeres indígenas, las mujeres negras y racializadas y las personas con discapacidad. En noviembre, un estudio realizado en Quebec confirmó que las mujeres indígenas sufrían esterilización forzada y violencia obstétrica.

Seguía habiendo lagunas en la recopilación de datos desglosados y en los mecanismos de rendición de cuentas que exigía la implementación del Informe de avances 2022 del Plan de Acción Nacional destinado a poner fin a la violencia contra las personas de dos espíritus, las mujeres y las niñas indígenas. En noviembre se presentó un nuevo plan de acción nacional para erradicar la violencia de género.

En octubre, una coalición de organizaciones de la sociedad civil que representaba a las personas negras, indígenas y transgénero que ejercían trabajo sexual impugnó ante el Tribunal Superior de Ontario la legislación que penalizaba esa actividad. La sentencia seguía pendiente al concluir el año.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En agosto, el gobierno puso en marcha el primer Plan Federal de Acción para las Personas de Dos Espíritus, Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Queer, Intersexuales y de otros grupos sexuales y de género (2ELGBTQI+, por sus siglas en francés) y prometió nuevos recursos económicos que darían prioridad a las organizaciones de la sociedad civil de personas negras, indígenas y racializadas. No se proporcionaron recomendaciones básicas en materia de salud, empleo y apoyo a las personas refugiadas, ni información sobre la puesta en marcha del plan.

Discriminación

En abril, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial condenó la criminalización de las personas secwepemc y wet’suwet’en defensoras de la tierra por parte del gobierno federal, la provincia de Columbia Británica, el Grupo de Intervención para la Seguridad de la Comunidad y la Industria de la Real Policía Montada de Canadá y empresas de seguridad privada.

En junio, el Servicio de Policía de Toronto publicó un informe en el que reconocía someter a un uso desproporcionado de la fuerza y a registros corporales sin ropa a miembros de comunidades racializadas, sobre todo personas negras.

En octubre, el Tribunal Superior de Quebec declaró inconstitucionales los controles de tráfico arbitrarios por considerar que estaban basados en criterios raciales. El ejecutivo quebequés recurrió la decisión en noviembre, incumpliendo un compromiso que había adquirido en 2020.

El 4 de ese mismo mes, el gobierno federal intentó que se desestimara una demanda colectiva interpuesta por un grupo de empleados federales negros que afirmaban la existencia de discriminación sistémica en los servicios públicos. La sentencia seguía pendiente al finalizar el año.

En noviembre, un tribunal de apelaciones vio el recurso presentado contra la decisión de un juez del Tribunal Superior de Quebec de ratificar la mayor parte del Proyecto de Ley 21, que prohibía a quienes desempeñaban determinadas funciones de servicio público usar símbolos religiosos.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En mayo, el Tribunal Superior de Quebec restableció el acceso de las familias de personas solicitantes de refugio a los servicios de cuidado infantil subsidiados, que el gobierno de esa provincia denegaba desde 2018. El ejecutivo quebequés recurrió la decisión.

En junio, el gobierno de Columbia Británica anunció que pondría fin a la detención migratoria en sus prisiones provinciales, aduciendo preocupación por los derechos humanos. Las provincias de Nueva Escocia, Alberta y Manitoba hicieron lo mismo.

En agosto, el Tribunal Superior de Ontario desestimó una petición de que se impugnara la negación de atención sanitaria esencial a las personas migrantes en situación irregular en Canadá, así como el rechazo a indemnizar a una persona afectada.

En octubre, la Corte Suprema de Canadá vio un recurso de inconstitucionalidad contra el Acuerdo de Tercer País Seguro, que impedía pedir protección en Canadá a la mayoría de solicitantes de refugio que llegaban a los puntos de entrada terrestre oficiales.

Perduraban las disparidades en materia de reasentamiento de las personas refugiadas. Las autoridades se comprometieron a reasentar a 40.000 personas afganas y a aumentar a 3.000 plazas el cupo de patrocinio para personas refugiadas de ese país. Sin embargo, no limitaron el número de personas ucranianas que podían solicitar autorizaciones de viajes de emergencia y visados de estancia temporal gratuitos.

Actuación deficiente contra la crisis climática

Canadá siguió presentando la tasa de emisiones de gases de efecto invernadero per cápita más elevada de los 10 países con mayores niveles de emisiones y figuraba entre los que más financiación pública destinaban a los combustibles fósiles.

En abril de 2021 se había anunciado una nueva contribución determinada a nivel nacional que planteaba una reducción de las emisiones de entre el 40% y el 45% con respecto a los niveles de 2005 para el año 2030 y un nivel cero neto de emisiones para 2050. Este objetivo no reflejaba el grado de responsabilidad y la capacidad de Canadá, y era insuficiente para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 °C.

Canadá se comprometió a duplicar su contribución a la financiación climática, elevándola a 5.300 millones de dólares canadienses (3.900 millones de dólares estadounidenses) a lo largo de los siguientes cinco años para apoyar las iniciativas internacionales sobre el clima en los países en vías de desarrollo. Este compromiso no cubría su cuota de responsabilidad por la crisis climática.

Hasta el 1 de julio, la empresa pública de fomento de las exportaciones Export Development Canada había financiado el sector del petróleo y el gas, dentro y fuera del país, con 3.400 millones de dólares canadienses (2.500 millones de dólares estadounidenses).

  1. Amnesty International Canada statement on “Freedom Convoy” blockade, 11 de febrero
  2. Amnesty International Canada welcomes repeal of ‘chilling’ Ontario anti-strike bill, 7 de noviembre
  3. Cualquier marejada podría ahogarnos. Historias de la crisis climática, 3 de noviembre
  4. Canadá: Personas indígenas defensoras de la tierra, en peligro, 22 de junio
  5. Canadá: La construcción de un gasoducto en territorios indígenas pone en peligro a defensores y defensoras de la tierra, 3 de octubre
Canadá
Jefe del Estado: Carlos III (sustituyó a Isabel II en septiembre), representado por la gobernadora general Mary May Simon
Jefe del gobierno: Justin Trudeau