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Puerto Rico 2019

Transcurridos dos años del huracán María, decenas de miles de personas seguían viviendo bajo lonas impermeables azules. Las autoridades trataron de limitar la libertad de expresión y de asociación mediante el uso excesivo de la fuerza. Las organizaciones de la sociedad civil se vieron obligadas a litigar para acceder a información pública. Hubo una movilización de activistas en torno a la crisis climática y a unos proyectos de ley que, si se hubieran aprobado, podrían haber menoscabado los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. La gobernadora Wanda Vázquez Garced declaró el estado de alerta nacional a causa de los altos índices de violencia de género.

Información general

En julio, Ricardo Rosselló dimitió como gobernador tras varios días de protestas masivas. Las protestas se desencadenaron por la filtración de una conversación a través de la plataforma de mensajería Telegram entre el gobernador y miembros de su círculo más cercano que incluía, entre otras cosas, insultos sexistas y homófobos y comentarios despectivos sobre las personas que habían muerto durante el huracán María.

Libertad de expresión y asociación

Según la organización no gubernamental Kilómetro 0, 20 personas resultaron heridas y 17 fueron detenidas durante las dos semanas de protestas que provocaron la dimisión del gobernador Rosselló. El periódico The New York Times verificó imágenes de vídeo que mostraban que la policía puertorriqueña había utilizado gas lacrimógeno contra multitudes confinadas en calles pequeñas, disparado balas de goma a corta distancia y golpeado a manifestantes que no representaban una amenaza, en circunstancias que constituían uso excesivo o innecesario de la fuerza.

Falta de rendición de cuentas

Durante el año, las organizaciones de la sociedad civil se vieron obligadas a litigar para acceder a la información pública, lo que obstaculizaba aún más su labor.

En junio, la organización no gubernamental Kilómetro 0 ganó un caso para acceder a los informes policiales en los que constaba la fuerza empleada por los agentes.

En agosto, tras numerosas críticas, también se hizo finalmente público un plan para hacer frente a los desastres en el que se establecía la respuesta que el gobierno y otros actores darían si se produjera otro huracán o terremoto catastrófico. Esto sólo se logró tras el litigio que el Centro de Periodismo Investigativo había entablado en 2018 y que había obligado a las autoridades a publicar un plan parcial e inacabado.

Crisis climática

Un informe de 2018 del Programa de Investigación del Cambio Global de Estados Unidos dirigido al Congreso estadounidense indicaba que las costas de Puerto Rico podrían verse gravemente afectadas por la subida del nivel del mar generada por el cambio climático, entre otras razones porque la dependencia de la isla respecto de las importaciones la hacía más vulnerable a los efectos relacionados con el clima.

En octubre, las organizaciones de la sociedad civil celebraron el foro público “La mar se levanta y nosotras también” para debatir las medidas contra el cambio climático, la subida del nivel del mar y su impacto en las comunidades en situación de mayor riesgo ante sus efectos.

Derecho a la vivienda

Transcurridos dos años del huracán María, decenas de miles de personas seguían viviendo bajo lonas impermeables azules, facilitadas en un principio por la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) como solución temporal de emergencia para las familias que habían perdido sus viviendas durante el huracán.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En mayo, el gobernador Rosselló presentó los proyectos de ley del Senado núms. 1254 y 1253. El primero trataba de prohibir al colectivo de profesionales de la salud ofrecer las denominadas “terapias de conversión”, que aseguraban falsamente que podían cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Sin embargo, este proyecto de ley no prohibía de manera explícita la administración de esas terapias por parte de organizaciones religiosas.

El segundo proyecto de ley pretendía proteger el derecho a actuar, o a abstenerse de actuar, fundamentándose en las creencias religiosas individuales y, al igual que otros proyectos de ley presentados en Estados Unidos sobre esta cuestión, podría haber permitido el uso del concepto de la denominada “libertad religiosa” para discriminar a las personas LGBTI.

En abril, más de 30 organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por los dos proyectos de ley.

En junio, el gobernador Rosselló retiró los proyectos de ley tras amplios debates públicos y polémicas.

Violencia contra mujeres y niñas

Según la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la policía recibió 3.880 denuncias de violencia de género en el ámbito familiar en el primer semestre del año, y nueve mujeres habían sido asesinadas en contextos de este tipo de violencia hasta agosto.

Según los medios de comunicación, el Instituto de Ciencias Forenses tenía acumuladas en septiembre al menos 2.000 pruebas de violación sin tramitar.

En septiembre, tras las reiteradas peticiones de las organizaciones de la sociedad civil de que se declarara el estado de emergencia debido al elevado número de casos de violencia de género, la gobernadora Vázquez declaró el estado de alerta nacional. Esta medida no se ajustaba a las peticiones realizadas por las organizaciones de mujeres, pero la decisión fue un paso importante que reconocía la magnitud de la violencia de género en la isla.

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