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Puerto Rico

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

El huracán María provocó muertes y causó daños generalizados en infraestructuras, viviendas y servicios esenciales. Se experimentaron retrocesos en las medidas de protección de las personas transgénero y en las libertades de expresión y de asociación. Las medidas de austeridad ponían en peligro los derechos humanos. La policía hizo un uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas en el Día Internacional del Trabajo.

El 20 de septiembre, el huracán María provocó el mayor desastre natural de la historia moderna de la isla. Según las autoridades, murieron al menos 64 personas. Sin embargo, dada la incertidumbre sobre la cifra exacta, el gobernador anunció que se realizaría una nueva investigación. El huracán destruyó infraestructuras y edificios y dejó a mucha gente sin vivienda y sin acceso a agua potable, alimentos y servicios esenciales, incluidas la atención médica y la educación. La lenta respuesta de los gobiernos local y federal agudizó la crisis humanitaria causada por el huracán. En octubre, los expertos en derechos humanos de la ONU señalaron que la falta de una respuesta eficaz a la emergencia se había producido en el contexto de una “delicada situación que ya existía en la isla, causada por una creciente deuda y por medidas de austeridad”. En diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por las labores de emergencia y reconstrucción.

En febrero, el Departamento de Educación eliminó el programa que incorporaba la perspectiva de género en el currículo de los colegios públicos, establecido por el gobierno anterior para garantizar la igualdad de género en la educación y en todos los proyectos del Departamento de Educación; el nuevo currículo tendría solo un concepto binario del género. El Departamento de Educación eliminó también las directrices que permitían a los alumnos vestir un uniforme escolar acorde con su identidad de género.

La protección de las personas transgénero sufrió otro retroceso cuando el presidente del Senado firmó una orden administrativa que eliminaba las medidas de protección que habían permitido a quienes trabajaban en el legislativo vestirse y utilizar los lavabos públicos según su identidad de género.

En julio, el gobernador Rosselló firmó una orden ejecutiva para la creación de un consejo consultivo sobre cuestiones relativas a las personas LGBTI, con el fin de promover e implementar iniciativas para estas personas en todos los departamentos gubernamentales y en colaboración con la sociedad civil.

El 19 de mayo, el gobernador Rosselló firmó la entrada en vigor de varias enmiendas al Código Penal que ilegalizaban ciertas conductas, como bloquear la entrada a obras en construcción o instituciones educativas tácticas éstas empleadas tradicionalmente por quienes protestaban pacíficamente, lo cual debilitaba potencialmente los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. El paso de esas enmiendas por la Asamblea Legislativa fue muy apresurado, con consultas limitadas con la sociedad civil, por lo que entraron en vigor inmediatamente después de su aprobación, sin el período de espera habitual de 90 días. Las enmiendas parecían ser un intento directo por parte del gobierno de desalentar la protesta pacífica.

Puerto Rico seguía afrontando una grave crisis financiera, como consecuencia de su enorme deuda externa, de más de 70.000 millones de dólares estadounidenses, según cifras de las autoridades.

La Junta de Supervisión y Administración Financiera, creada por las autoridades estadounidenses en 2016, implementó varias medidas de austeridad a lo largo del año. Esas medidas podrían tener consecuencias negativas para los derechos humanos, en especial para el acceso a la atención médica, la vivienda, la educación y el empleo. El 9 de enero, el experto independiente de la ONU sobre deuda externa y derechos humanos expresó públicamente su preocupación por los efectos adversos que podrían tener las nuevas medidas de austeridad en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. El gobierno de Puerto Rico seguía negándose a auditar detalladamente su deuda, pese a los pedidos de las organizaciones de la sociedad civil local.

En diciembre visitó Puerto Rico el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, que expresó su preocupación por la falta de consideración dada a la protección social en las medidas de austeridad previstas.

Se denunció un uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la policía en las protestas relacionadas con la crisis fiscal. El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, la Unión Americana de Libertades Civiles documentó un uso indiscriminado de gas lacrimógeno contra manifestantes sin que se hubieran dado órdenes de dispersión previas, lo cual era contrario al derecho y las normas internacionales. Los observadores reunieron botes que revelaban que se había empleado gas lacrimógeno caducado. Además, las pruebas videográficas mostraron el uso de balas de goma contra manifestantes en gran parte pacíficos. Se planteó asimismo preocupación por el hecho de que no podía identificarse adecuadamente a los agentes de policía durante las protestas y por que en las manifestaciones se habían infiltrado policías encubiertos que practicaron detenciones sin identificarse.

A pesar de que la pena capital se abolió en Puerto Rico en 1929, todavía podía imponerse por delitos que, según la legislación federal de Estados Unidos, fueran punibles con la pena de muerte. En febrero, la Fiscalía Federal estadounidense para el Distrito de Puerto Rico anunció que pediría, una vez más, la aplicación de la pena de muerte contra Alexis Candelario Santana, en el nuevo juicio cuyo inicio estaba previsto el 1 de agosto de 2018. Candelario Santana había sido condenado en 2013 a cadena perpetua.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Jefe del Estado: Donald Trump (sustituyó a Barack Obama en enero)
Jefe del gobierno: Ricardo Rosselló Nevares
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