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Puerto Rico

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Las autoridades no garantizaron los derechos de miles de personas que se quedaron sin hogar a causa de los terremotos de enero. Aumentó el número de feminicidios. Tras el homicidio de dos mujeres transgénero se presentaron por primera vez cargos federales por crímenes de odio.

Información general

En marzo, en respuesta a la pandemia de COVID-19, la gobernadora Wanda Vázquez declaró el estado de emergencia y firmó la primera de una serie de órdenes ejecutivas emitidas durante el año en relación con los toques de queda.

De acuerdo con las noticias publicadas en los medios de comunicación, el personal sanitario protestó en septiembre por la presunta carencia de equipos de protección individual (EPI) y acceso a pruebas diagnósticas para el virus de la COVID-19.

Derechos de la infancia

En mayo, la ONG local Instituto de Desarrollo de la Juventud advirtió de que las medidas relacionadas con la COVID-19 podrían incrementar la pobreza infantil del 58% al 65% si no se asignaban recursos suficientes para mitigarla.

Las organizaciones de la sociedad civil criticaron el cierre de los comedores que ofrecían almuerzos gratuitos en las escuelas públicas en el contexto de la COVID-19, y señalaron que aproximadamente el 70% del alumnado infantil del sistema de educación pública vivía en situación de pobreza y dependía de las comidas escolares.

Derecho a la vivienda

En enero se produjeron dos terremotos que provocaron daños en centenares de viviendas y obligaron a miles de personas a vivir durante meses en alojamientos temporales, albergues, vehículos o tiendas de campaña.

De acuerdo con las noticias publicadas en los medios de comunicación, el Departamento de la Vivienda había cerrado a finales de marzo todos los refugios que administraba.

En septiembre, según la Universidad de Puerto Rico en Cayey, únicamente el 34% de las 40.628 solicitudes de ayuda para vivienda presentadas a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) en los municipios más afectados habían recibido atención.

En la información publicada en los medios de comunicación se calculaba que las viviendas de 10.000 familias podían seguir afectadas 10 meses después de los terremotos.

Violencia contra mujeres y niñas

A pesar del estado de alerta nacional declarado en 2019 como respuesta simbólica al elevado número de casos de violencia de género, las autoridades no presentaron ningún plan para mitigar esa situación o proteger los derechos de las mujeres y niñas.

Según el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, 60 personas habían sido víctimas de homicidio por motivos de género a finales de diciembre, frente a las 37 registradas en todo 2019.

También según el Observatorio, durante los tres primeros meses del confinamiento insular en respuesta a la COVID-19 (entre mediados de marzo y finales de mayo) hubo 11 feminicidios, frente a los 6 documentados en el mismo periodo de 2019.

El gobierno seguía excluyendo del currículo educativo cualquier contenido relacionado con el “género”.

Uso excesivo de la fuerza

Durante el confinamiento impuesto en toda la isla para intentar mitigar el impacto de la COVID-19 se tuvieron noticias del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía que aplicaba las medidas de confinamiento; por ejemplo, se difundió un vídeo verificado en el que la policía parecía dar el alto a una persona que se dirigía a comprar alimentos y otros artículos básicos.1

En octubre, la policía había recibido más de 3.300 denuncias relacionadas con presuntas violaciones de las órdenes ejecutivas emitidas desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, y había detenido a más de 1.000 personas por presuntas infracciones.

Libertad de reunión

La víspera de las manifestaciones anuales del Primero de Mayo, la policía anunció que éstas quedaban prohibidas por orden ejecutiva. Tras las críticas formuladas por organizaciones de la sociedad civil que afirmaban que esa medida era anticonstitucional, las manifestaciones se celebraron.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Según el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, 6 de las 60 víctimas de los feminicidios registrados durante el año eran personas transgénero, 4 más que en el año anterior.

El violento homicidio en febrero de Alexa Luciano Ruiz, una mujer transgénero, provocó la indignación pública. De acuerdo con las noticias publicadas en los medios de comunicación, el día anterior a su muerte la policía había intervenido en respuesta a una denuncia presentada contra ella por utilizar el aseo de mujeres de un establecimiento de comida rápida. Las fotos del suceso se hicieron virales en las redes sociales.

En abril, por primera vez, las autoridades federales de Puerto Rico presentaron cargos en virtud de la Ley de Prevención de Delitos de Odio de Matthew Shepard y James Byrd Jr., firmada por el expresidente Obama en 2009, por el homicidio de otras dos mujeres transgénero: Serena Angelique Velázquez y Layla Peláez Sánchez.

  1. Américas: Las autoridades deben proteger a la población del COVID-19 en lugar de recurrir a medidas represivas (noticia, 15 de mayo)

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Jefa del gobierno: Wanda Vázquez Garced

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