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El Salvador

Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

Las autoridades declararon un estado de excepción que conllevó violaciones masivas de derechos humanos y el debilitamiento del Estado de derecho, así como el deterioro grave y continuo del acceso a la información pública. Los ataques contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos seguían siendo habituales. Las autoridades no aprobaron legislación que garantizara los derechos de las víctimas de los crímenes de derecho internacional cometidos durante el conflicto armado (1980-1992). Continuaba vigente la prohibición total del aborto.

Información general

A propuesta del presidente Bukele, la Asamblea Legislativa decretó en marzo un estado de excepción que luego prorrogó durante nueve meses —seguía en vigor al concluir el año— y modificó numerosas leyes como respuesta a un aumento notable de los homicidios presuntamente cometidos por pandillas.

En septiembre, el presidente anunció su intención de presentarse de nuevo a las elecciones, pese a las críticas de personas expertas y organizaciones que argumentaban que la Constitución prohibía la reelección inmediata.

Detenciones arbitrarias y juicios sin garantías

La mayoría de las más de 60.000 detenciones efectuadas durante el estado de excepción eran presuntamente arbitrarias porque no cumplían los requisitos legales, concretamente que se hubiera dictado una orden de arresto o que la persona en cuestión hubiera sido sorprendida en flagrante delito. Algunas de las detenciones estaban basadas únicamente en el hecho de tener tatuajes o antecedentes penales o de vivir en una zona controlada por una pandilla.1

Miles de personas fueron procesadas de manera indiscriminada, y a la mayoría de ellas se les negó el contacto con sus abogados, el acceso al expediente de caso, la información sobre los motivos de su detención o el derecho a ser oídas en la vista de acusación formal. Según organizaciones y profesionales de la abogacía locales, las vistas, que se celebraban de forma apresurada, se ocupaban de cientos de casos de acusación a la vez.

Al concluir el año, el presidente Bukele anunció la imposición de cercos militares en algunas zonas y ciudades como medida complementaria al estado de excepción. Sólo en diciembre, las fuerzas armadas y la policía cercaron tres de las ciudades más populosas y pobres y detuvieron a cientos de personas sospechosas de pertenecer a pandillas. La Asamblea Legislativa aprobó enmiendas procesales y penales contrarias al derecho internacional, como celebrar vistas y dictar condenas sin que la parte acusada estuviera presente, no revelar la identidad de los jueces, y suprimir los periodos máximos de detención en espera de juicio.

Según las organizaciones locales, hasta agosto seguían pendientes el 89% de los recursos de hábeas corpus interpuestos en defensa de las personas detenidas durante el estado de excepción.

El ministro de Seguridad y el presidente del partido gobernante anunciaron su intención de prorrogar el estado de excepción durante todo 2023.

Derecho a la vida y a la seguridad de la persona

Durante el estado de excepción, El Salvador presentó el índice de privación de libertad más elevado del mundo, con 1.927 personas presas por cada 100.000 habitantes. Al concluir el año había más de 94.000 personas recluidas, pese a que las prisiones tenían capacidad para albergar a 30.864, según datos oficiales de febrero de 2021 obtenidos por organizaciones locales.

El hacinamiento extremo daba lugar a violaciones del derecho a la vida y la integridad física, y provocó problemas graves de saneamiento y escasez de alimentos y productos básicos de higiene, lo que afectó gravemente a la salud de la población reclusa.

Se documentaron casos de personas privadas de libertad que fueron maltratadas por los guardias penitenciarios, así como casos de tortura infligida por miembros de pandillas —como palizas, linchamientos y amenazas constantes— que las autoridades penitenciarias no trataron de impedir.

Según informes, hasta noviembre habían muerto más de 90 hombres bajo custodia del Estado. Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron que muchos certificados de defunción documentaban señales de tortura y que, en un gran número de casos, las autoridades no habían comunicado oficialmente las muertes a las familias. No había pruebas a disposición pública de que esos hechos se estuvieran investigando con diligencia.

Libertad de expresión

A principios de 2022, las organizaciones Access Now, CitizenLab y Amnistía Internacional confirmaron que los teléfonos móviles de varias personas que ejercían el periodismo, así como de integrantes de organizaciones de la sociedad civil, habían sido infectados con el software espía Pegasus. Al concluir el año no constaba que ese hecho se estuviera investigando con diligencia.

En febrero, la Asamblea Legislativa aprobó enmiendas a la legislación penal que posibilitaban el uso de “agentes encubiertos digitales”, con lo que la policía podía realizar las operaciones encubiertas digitales que resultaran “necesarias”. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) alertó de que la imprecisión y las incoherencias que presentaba la ley podrían dar lugar a la legalización de la vigilancia abusiva.

En abril se modificó el Código Penal a fin de que dispusiera penas de entre 10 y 15 años de prisión para quienes generaran “ansiedad” o “zozobra” por informar sobre las pandillas, con la intención de silenciar a la prensa. APES registró 125 ataques contra periodistas e informó de que 11 habían abandonado el país a lo largo del año en un contexto de amenazas en las redes sociales y acusaciones públicas efectuadas por altos cargos gubernamentales.

Diversas organizaciones nacionales llamaron la atención sobre el deterioro de la transparencia y del acceso a la información pública.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Durante el estado de excepción, el presidente adoptó un discurso público agresivo que estigmatizaba y atacaba a las personas defensoras de los derechos humanos, las organizaciones internacionales y los medios de comunicación independientes.

En el primer semestre de 2022 se registraron 61 ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos, según la organización de derechos humanos Mesa por el Derecho a Defender Derechos.

Derechos sexuales y reproductivos

Continuaba vigente la prohibición total del aborto. Al menos 2 mujeres permanecían encarceladas y 6 se enfrentaban a procedimientos judiciales por cargos relacionados con emergencias obstétricas. En julio, una joven fue condenada a 50 años de cárcel por una emergencia obstétrica, lo que supuso el primer caso de aplicación de la pena máxima de prisión.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Las autoridades seguían sin adoptar legislación adecuada para garantizar plenamente los derechos de las víctimas de los crímenes de derecho internacional cometidos durante el conflicto armado interno (1980-1992).

Hubo pocos avances en la investigación y el enjuiciamiento de las personas sospechosas de responsabilidad penal por los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

  1. El Salvador: El presidente Bukele sumerge al país en una crisis de derechos humanos luego de tres años de gobierno, 2 de junio
República de El Salvador
Jefe del Estado y del gobierno: Nayib Armando Bukele Ortez