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El Salvador

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

El aumento de los niveles de violencia continuaba afectando a los derechos de las personas a la vida, la integridad física, la educación y la libertad de circulación. Se tuvo noticia del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y de un incremento de las peticiones de asilo de personas con ciudadanía salvadoreña en diversos países de la región. La prohibición total del aborto amenazaba los derechos de las mujeres. No obstante, al finalizar el año, estaba pendiente ante la Asamblea Legislativa una propuesta que despenalizaría el aborto en determinadas circunstancias. Una defensora de los derechos humanos fue procesada por cargos de calumnia y difamación. La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993. Persistía la impunidad por la violencia y otros delitos contra lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).

Los niveles de violencia y otro tipo de delitos —principalmente consecuencia de la actividad de las bandas delictivas (denominadas maras o pandillas)— seguían asolando el país: durante la primera mitad del año se denunciaron 3.438 homicidios, frente a los 3.335 del mismo periodo de 2015. La prensa también informó sobre la violencia sexual contra mujeres y niñas a manos de miembros de las maras.

En abril, las autoridades aprobaron una serie de “medidas extraordinarias” para tratar de poner coto a la ola de violencia que azotaba al país. Dichas medidas incluían reformas jurídicas para introducir regímenes penitenciarios más estrictos y la creación de una Fuerza Especializada de Reacción integrada por un millar de efectivos policiales y militares para luchar contra las maras. Según los medios de comunicación, quienes criticaban estas medidas manifestaban preocupación por que el uso del ejército en operaciones de seguridad pública podía dar lugar a violaciones de los derechos humanos.

Se acusó a miembros de las fuerzas de seguridad de cometer violaciones de derechos humanos durante las operaciones de lucha contra la delincuencia organizada. En abril, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos informó de que tanto la policía como el ejército habían hecho un uso excesivo de la fuerza y cometido ejecuciones extrajudiciales en dos operaciones de seguridad llevadas a cabo en 2015. La prensa también informó de que el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos había afirmado que se estaban investigando otros casos similares.

Los derechos de las mujeres seguían amenazados. Continuaba vigente la prohibición total del aborto, incluso en casos de violación o de peligro para la vida de la mujer.

En mayo, María Teresa Rivera fue puesta en libertad tras pasar cuatro años en prisión; había sido condenada por homicidio agravado tras sufrir una emergencia obstétrica. El juez la puso en libertad tras revisar su sentencia y dictaminar que no había pruebas suficientes que sustentaran los cargos en su contra.1 Más de 20 mujeres seguían cumpliendo largas condenas de prisión tras sufrir complicaciones relacionadas con el embarazo o emergencias obstétricas.

En julio, una nueva propuesta presentada por un grupo de parlamentarios de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) —el principal partido de la oposición— pretendía aumentar las penas de prisión por someterse a un aborto, de un máximo de 8 años a un máximo de 50 años. La reforma no se había aprobado al acabar el año.2

En octubre, un grupo de parlamentarios pertenecientes al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido en el poder, presentó una propuesta para despenalizar el aborto en cuatro circunstancias, entre ellas cuando peligrara la vida de la mujer o cuando el embarazo fuera consecuencia de violación. La propuesta seguía pendiente al terminar el año.

Los niveles de violencia de género eran elevados. Desde enero hasta julio, 338 mujeres murieron de forma violenta; según datos oficiales, la cifra equivalente para 2015 fue de 249.

En agosto, la defensora de los derechos humanos Sonia Sánchez Pérez fue absuelta de todos los cargos. Su juicio se celebró tras una demanda interpuesta por una empresa privada que la acusaba de calumnia y difamación por las declaraciones que había realizado sobre el impacto medioambiental de un proyecto de infraestructura de la empresa en su comunidad. Sonia Sánchez Pérez también había denunciado amenazas contra su seguridad personal. La empresa presentó un recurso contra esa sentencia.

Muchas de las personas que intentaban salir del país huían de los efectos del aumento del control de zonas del país por parte de las maras y del impacto que esta situación tenía sobre los derechos de la población local a la vida, la integridad física, la educación y la libertad de circulación.

Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales eran frecuentemente blanco de abusos, intimidación y violencia a causa de su orientación sexual o identidad de género. En particular, las mujeres transgénero, que a menudo enfrentaban grandes obstáculos para acceder a la justicia debido a la discriminación, sufrían violencia y extorsión a manos de las maras. Al no poder hallar protección ni justicia, algunas personas LGBTI huían del país porque era el único modo de dejar atrás la violencia.

Aumentaron las expulsiones de personas con ciudadanía salvadoreña, especialmente desde México. Sin embargo, El Salvador no adoptó ningún protocolo o mecanismo efectivo para identificar y proteger a las personas devueltas a las comunidades de las que habían huido.3

El Salvador se adhirió al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en marzo.

En junio se celebró una audiencia de supervisión de cumplimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con dos casos de desaparición forzada cometidos durante el conflicto armado. En septiembre, la Corte dictó sentencia en uno de los casos, Contreras y otros vs El Salvador, y solicitó que el Estado proporcionara información detallada y actualizada sobre las investigaciones penales y sobre todos los esfuerzos realizados para identificar y llevar ante la justicia a las personas sospechosas de ser penalmente responsables de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos.

En julio, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, lo que supuso un importante paso para las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado que reclamaban justicia.4

Según la información recibida, en febrero fueron detenidos cuatro miembros del ejército contra los cuales un juez español había dictado una orden de detención en 2011 por su implicación en el asesinato, en 1989, de seis sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y la hija de ésta. No obstante, de acuerdo con información publicada en la prensa, la Corte Suprema denegó la petición de extradición en agosto.

En septiembre, un tribunal ordenó la reapertura del caso de El Mozote, en el que se juzgaba la ejecución de centenares de civiles a manos de miembros del ejército perpetrada en diciembre de 1981.

Durante 2016, Estados Unidos deportó a El Salvador a dos ex militares que ocuparon el cargo de ministro de Defensa durante el conflicto armado; se los acusaba de cometer violaciones de derechos humanos en la década de 1980.5

  1. El Salvador: Liberación de mujer encarcelada tras perder embarazo, una victoria para los derechos humanos (comunicado, 20 de mayo)
  2. El Salvador: Escandalosa propuesta de aumento de penas de cárcel para mujeres acusadas de aborto (comunicado, 12 de julio)
  3. ¿Hogar dulce hogar? El papel de Honduras, Guatemala y El Salvador en la creciente crisis de refugiados (AMR 01/4865/2016)
  4. El Salvador rechaza Ley de Amnistía en fallo histórico (noticia, 14 de julio)
  5. El Salvador debe abolir la Ley de Amnistía y enfrentar su sangriento pasado (noticia, 14 de enero)
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Jefe del Estado y del gobierno: Salvador Sánchez Cerén
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