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República Dominicana

República Dominicana 2019

La policía violaba, golpeaba y humillaba de manera habitual a las mujeres que realizaban trabajo sexual, en actos que podían constituir tortura y malos tratos por razón de género. La respuesta a la crisis de apatridia seguía siendo insuficiente. Las organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por la falta de protección internacional adecuada para las personas refugiadas venezolanas. El aborto seguía estando penalizado en todas las circunstancias.

Información general

Se fijaron elecciones generales para 2020.

Se aprobó un Plan Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2018-2020 que incluía la previsión de presentar al Congreso legislación integral contra la discriminación entre octubre y diciembre de 2019. Al terminar el año, este compromiso no se había cumplido. En agosto comenzó el proceso para nombrar a la nueva persona titular del cargo de Defensor del Pueblo.

Entre enero y septiembre, 58 mujeres fueron asesinadas por razón de género. El asesinato de la abogada Anibel González —a manos de su expareja, según informes— reavivó las frecuentes protestas que exigían una mejor respuesta a la violencia de género.

Según la Procuraduría General de la República, entre enero y septiembre hubo 5.417 denuncias de delitos sexuales (entre ellas 1.106 denuncias de violación), en comparación con las más de 6.300 denuncias de delitos sexuales (1.290 denuncias de violación) de 2018.

Tortura y otros malos tratos

En este contexto de violencia de género, las trabajadoras sexuales cisgénero y transgénero eran sometidas habitualmente a violación a punta de pistola, palizas y humillación por parte de la policía como castigo por transgredir las opiniones socialmente dominantes en torno al género y como forma de control social.[1]

La criminalización de las trabajadoras sexuales alimentaba las detenciones arbitrarias y posibilitaba que agentes de policía cometieran impunemente violaciones de derechos humanos. Las trabajadoras sexuales se enfrentaban a importantes barreras estructurales a la hora de denunciar la violencia ejercida por la policía, y las autoridades no investigaban, conforme establece el derecho internacional, los posibles casos de tortura u otros malos tratos infligidos por razón de género.

Las trabajadoras sexuales con identidades sujetas a discriminación múltiple —como las mujeres transgénero— sufrían una exclusión aún más pronunciada y corrían un mayor riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos.[2]

Las organizaciones de la sociedad civil defendieron la promulgación de legislación integral contra la discriminación y la elaboración de un protocolo nacional para investigar las denuncias de tortura por razón de género como, por ejemplo, la violación.

En septiembre, activistas por los derechos de las trabajadoras sexuales organizaron un evento paralelo durante el periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que la relatora sobre los derechos de las personas LGBTI reconoció que la violación por parte de la policía de mujeres que vendían servicios sexuales podía constituir tortura.

Discriminación: apátridas

Las organizaciones de la sociedad civil seguían denunciando que muchas personas de nacionalidad dominicana nacidas de progenitores extranjeros que habían sido inscritas como dominicanas al nacer pero a quienes posteriormente se les había retirado la nacionalidad (pertenecientes al denominado “Grupo A”) —la última vez mediante una sentencia de 2013 que dejó a miles de personas sin nacionalidad— no habían podido conseguir documentos de identidad dominicanos, lo que les impedía demostrar su nacionalidad y las ponía en riesgo de ser expulsadas.

Asimismo, las organizaciones seguían expresando su preocupación por el hecho de que las personas dominicanas nacidas de progenitores extranjeros cuyo nacimiento nunca se había registrado (pertenecientes al denominado “Grupo B”) no habían podido naturalizarse como dominicanas, a pesar de que habían tenido que inscribirse en el libro de extranjería y posteriormente iniciar un complejo proceso de naturalización.

Durante el año, el gobierno no facilitó información pública actualizada sobre el número de personas que habían podido conseguir documentos de identidad dominicanos o naturalizarse, lo que seguía dificultando la evaluación del alcance de la crisis de apatridia y facilitaba la persistente negación del problema por parte del gobierno.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Según el ACNUR, en octubre de 2019 había en República Dominicana 30.000 personas migrantes y refugiadas de nacionalidad venezolana, de las cuales 184 habían presentado la solicitud de asilo. En enero, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su evaluación del historial de derechos humanos del país realizada en el marco del proceso del Examen Periódico Universal, expresó su preocupación por el número extremadamente bajo de personas a las que se había concedido asilo y por otras deficiencias del sistema de asilo. Las organizaciones de la sociedad civil criticaron específicamente la ausencia de mecanismos apropiados para ofrecer protección internacional a las personas refugiadas venezolanas.

Derechos sexuales y reproductivos

República Dominicana seguía penalizando el aborto en todas las circunstancias. Resultó destacable que, durante el proceso del Examen Periódico Universal, el gobierno aceptara las recomendaciones relativas a garantizar que las mujeres y las niñas que desearan abortar no fueran objeto de sanciones penales.[3] Sin embargo, al acabar el año no se había adoptado ninguna medida concreta al respecto.


[1] República Dominicana: “Si ellos pueden tenerla, ¿por qué uno no?”. Tortura y otros malos tratos por razón de género contra trabajadoras sexuales en República Dominicana (AMR 27/0030/2019)

[2] República Dominicana: “Sueño con un futuro queer”. Conversación entre dos activistas el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero (noticia, 1 de abril)

[3] República Dominicana: Deben protegerse las garantías de los derechos humanos (AMR 27/0687/2019)

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