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México

Información extraída de nuestro INFORME La situación de los derechos humamos en el mundo, abril 2024

El gobierno siguió estigmatizando a las personas feministas y defensoras de los derechos humanos que protestaban contra su inacción en materia de violencia de género y, en algunos estados, las fuerzas de seguridad reprimieron con violencia a mujeres manifestantes. La cifra de homicidios de periodistas continuaba en niveles máximos, y muchas de las víctimas habían recibido medidas oficiales de protección. Al terminar el año se habían registrado más de 109.000 casos de personas desaparecidas y no localizadas. La militarización de la seguridad pública aumentó y la legislación consolidó la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública hasta 2028. La Guardia Nacional utilizó fuerza excesiva en varias de sus operaciones. La falta de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información dificultaba a las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias el acceso a la verdad, la justicia y la reparación.

Información general

Con frecuencia, las fuerzas militares mexicanas no protegieron el derecho a la vida y la seguridad de todas las personas. Los militares llevaban 16 años participando en las operaciones de seguridad pública y, en ese periodo, los homicidios habían aumentado significativamente en el país.

La Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) figuraban entre las 10 instituciones federales que recibieron el mayor número de denuncias por violaciones de derechos humanos durante el año. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 476 quejas contra la Guardia Nacional y 404 contra la SEDENA en relación con múltiples crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos, entre ellos torturas, homicidios, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.

El Congreso de la Unión aprobó en septiembre la incorporación de la Guardia Nacional a la SEDENA —aunque una jueza federal suspendió esa decisión en octubre— y también la extensión hasta 2028 de un acuerdo que permitía a las fuerzas armadas participar en operaciones de seguridad pública. Estas decisiones fueron promovidas por el gobierno y apoyadas por el Congreso sin la participación de la sociedad civil.1 Las organizaciones de la sociedad civil, las personas activistas de derechos humanos y las familias de las personas desaparecidas salieron a la calle para protestar contra la creciente militarización del país.

En 2022, la Guardia Nacional se hizo cargo de 227 áreas que normalmente eran competencia de organismos civiles, y de las cuales 148 no guardaban relación con la seguridad pública, como la construcción de aeropuertos y autopistas, la gestión de la vacunación contra la COVID-19 y el control migratorio.

En noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que un decreto presidencial de mayo de 2020 que autorizaba la participación permanente de las fuerzas armadas en las operaciones de seguridad pública hasta 2024 era constitucional. Al concluir el año, estaban pendientes ante la Suprema Corte casos similares relacionados con la inconstitucionalidad de la Ley de la Guardia Nacional y la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública.2

Libertad de expresión y de reunión

El año resultó ser el más mortífero de la historia para la prensa nacional. Al menos 13 periodistas fueron víctimas de homicidio en posible relación con la labor que desempeñaban. Muchos casos quedaban sin investigarse de manera apropiada, y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas siguió sin cumplir su objetivo de salvaguardar la vida y la seguridad física de estos grupos.

En sus conferencias de prensa matutinas, el presidente criticó duramente a los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil que habían cuestionado las acciones gubernamentales, y los acusó de ser “conservadores” y “opositores”. La víspera del Día Internacional de las Mujeres, el presidente declaró públicamente que las feministas que iban a manifestarse se estaban preparando con “marros, sopletes y bombas molotov” y que “eso no e[ra] defender a las mujeres”, sino una postura conservadora en contra de la política de transformación del gobierno.

En abril, agentes de policía armados y otros vestidos de civil golpearon a unas mujeres que protestaban frente a la Fiscalía de Chimalhuacán (estado de México). Las manifestantes exigían sanciones contra tres mujeres policías que habían golpeado y detenido a una activista y defensora de los derechos humanos a la que se había mantenido recluida en régimen de incomunicación durante dos horas. La policía también roció con gas lacrimógeno a las mujeres delante de la Fiscalía. Los agentes de la Guardia Nacional que estaban presentes se abstuvieron de proteger a las manifestantes.

En mayo, integrantes de diversas organizaciones y movimientos feministas se reunieron en la ciudad de Irapuato (estado de Guanajuato) para protestar pacíficamente contra la violencia de género, especialmente los feminicidios y las desapariciones forzadas de mujeres. Varias mujeres policía golpearon y detuvieron de forma arbitraria al menos a 28 manifestantes.

Violencia contra mujeres y niñas

Entre enero y noviembre se denunciaron 3.450 asesinatos de mujeres. De ellos se investigaron como feminicidios 858, cifra que equivalía a 2,5 diarios. Los estados que presentaron los índices más elevados de denuncias de feminicidio fueron el estado de México (131), Nuevo León (85) y Ciudad de México (70). La violencia estructural contra las mujeres siguió menoscabando su derecho a una vida libre de violencia y a disfrutar de un entorno seguro sin temor.

En enero, un juez del municipio de Nezahualcóyotl (estado de México) declaró a un hombre culpable del feminicidio de Diana Velázquez, cometido en 2017. Sin embargo, las autoridades no garantizaron que se llevaran a cabo investigaciones efectivas para identificar a otros presuntos autores del delito.

En febrero, en respuesta a un conflicto de intereses y a la falta de debida diligencia por parte de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, la Fiscalía General de la República se hizo cargo de la investigación del feminicidio de Karla Pontigo, que había sido asesinada en 2012. El gobernador estatal de San Luis Potosí no se reunió con la madre de Karla, pese a las reiteradas peticiones de ella.

En noviembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México canceló por tercera vez la disculpa pública a la que su titular se había comprometido para reconocer la falta de debida diligencia en las investigaciones sobre los feminicidios de Nadia Muciño Márquez, Diana Velázquez Florencio, Daniela Sánchez Curiel y Julia Sosa Conde.3

Uso excesivo de la fuerza

En abril, en la ciudad de Irapuato (estado de Guanajuato), un agente de la Guardia Nacional disparó contra un automóvil en el que viajaban varios estudiantes de la Universidad de Guanajuato, causando la muerte a uno de ellos y heridas a otra.

En agosto, en la ciudad de Nuevo Laredo (estado de Tamaulipas), unos agentes de la Guardia Nacional dispararon contra un automóvil en el que viajaba una mujer con un niño y una niña; Heidi Mariana, de cuatro años, murió, y Kevin, su hermano de siete años, resultó herido.

En octubre, unos agentes de la Guardia Nacional dispararon municiones reales al aire para dispersar una protesta pacífica en el estado de Jalisco.

Desapariciones forzadas

Durante el año, las autoridades registraron al menos 9.826 casos de personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 6.733 eran hombres y, 3.077, mujeres. Con ellas, al final de 2022 se elevaba a más de 109.000 el número total de personas desaparecidas y no localizadas en México desde 1964. La impunidad sobre esta cuestión prevalecía; según la Comisión Nacional de Búsqueda sólo se habían dictado 36 sentencias condenatorias por el delito de desaparición.

En 2022, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas publicó un informe que exponía la crisis forense existente en el país; las autoridades del Estado seguían teniendo bajo custodia más de 52.000 cadáveres pendientes de identificación.

En agosto, el gobierno mexicano presentó el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa que habían desaparecido en 2014. La CoVAJ reconoció que la desaparición de los estudiantes era un crimen de Estado en el que estaban implicados el grupo criminal Guerreros Unidos y altos cargos del gobierno mexicano, incluidos algunos miembros de las fuerzas armadas.

En septiembre, Omar Gómez Trejo, fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República, dimitió alegando injerencias indebidas por parte de la Fiscalía, que había cancelado 21 de las órdenes de aprehensión solicitadas, de las cuales 16 se dirigían contra personal militar. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hacía un seguimiento de los avances en el caso de Ayotzinapa, criticó esas injerencias, así como la auditoria sobre el trabajo de la UEILCA iniciada por la fiscalía el 5 de septiembre. Rosendo Gómez Piedra fue designado nuevo fiscal principal de la UEILCA, pese a que su nombramiento no contaba con el apoyo de las familias de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil.4

En agosto, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración anunció la creación del Centro Nacional de Identificación Humana para apoyar las investigaciones relativas a las desapariciones y ayudar a las fiscalías y las procuradurías.

En octubre, un juez federal resolvió una demanda de amparo presentada por la organización de derechos humanos Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y ordenó la creación en los 40 días siguientes de una base de datos forense de ámbito nacional, una de las medidas pendientes desde la aprobación en 2017 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.

Durante el año fueron asesinadas al menos tres madres que buscaban a sus hijos desparecidos. En octubre, Rosario Lilián Rodríguez Barraza y Blanca Esmeralda Gallardo fueron asesinadas en los estados de Sinaloa y Puebla, respectivamente, y en noviembre, María del Carmen Vázquez fue asesinada en el estado de Guanajuato.

Detención y reclusión arbitrarias

En agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia pública en relación con el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, que habían permanecido más de 17 años recluidos en espera de juicio. Estaba previsto que se dictara una sentencia en 2023.

En noviembre, la Suprema Corte eliminó la prisión preventiva oficiosa para los delitos de fraude fiscal, contrabando y evasión de impuestos mediante facturas falsas. Al finalizar el año estaba pendiente otra causa relacionada con la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa.

En diciembre, la Suprema Corte ordenó la excarcelación inmediata de Gonzalo García, Juan Luis López y Héctor Muñoz, que habían permanecido siete años y medio recluidos arbitrariamente en el estado de Tabasco. La Corte consideró que se habían vulnerado sus derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso.

Tortura y otros malos tratos

Según el Registro Nacional del Delito de Tortura, entre enero y septiembre hubo 1.840 denuncias de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por agentes del Estado. Con ellas se elevaba a 14.243 el número total de denuncias registradas desde 2018. Los estados que presentaron el mayor número de casos denunciados fueron Ciudad de México, Chihuahua y el estado de México. No obstante, se creía que el número real de casos era mucho más elevado porque, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más del 93% de todos los delitos del país no se denunciaban. Una de las razones de esta significativa falta de denuncias era que la mayoría de los delitos denunciados quedaban impunes.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las personas defensoras de los derechos humanos continuaron siendo objeto de amenazas, estigmatización, encarcelamiento injusto, tortura y homicidio. Las familias de algunas de ellas también recibieron amenazas. Las mujeres defensoras de los derechos humanos sufrieron además violencia sexual.

Al menos 10 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio a lo largo del año. Según un informe publicado en 2022 por la ONG Global Witness, en 2021 habían sido asesinadas 54 personas defensoras de la tierra y activistas medioambientales, lo que convertía a México en el país más mortífero del mundo para quienes defendían esos derechos.

En marzo, en una declaración pública, el presidente calificó a los miembros del Parlamento Europeo de “borregos” por una comunicación de esa institución que ponía de relieve los ataques y homicidios contra los defensores y defensoras de los derechos humanos que se cometían en México.

En marzo, el defensor de los derechos ambientales Trinidad Baldenegro fue asesinado en la localidad de Coloradas de la Virgen (estado de Chihuahua). Era el último de los miembros del pueblo indígena Rarámuri que habían perdido la vida por su labor de derechos humanos; entre las víctimas anteriores figuraba Julián Carrillo, que había sido asesinado en 2018.

En junio, tres hombres fueron asesinados en una iglesia de la localidad de Cerocahui (estado de Chihuahua); dos de ellos eran Javier Campos Morales y Joaquín Mora, sacerdotes y defensores de los derechos humanos que se habían dedicado a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara.

En octubre salieron a la luz nuevos casos de uso del programa espía Pegasus, en esa ocasión contra dos periodistas, un defensor de los derechos humanos y un político de la oposición. Esos hallazgos indicaban que había contratos entre la SEDENA y empresas relacionadas con ventas anteriores de Pegasus. Como respuesta a esas informaciones, el presidente afirmó que el gobierno no espiaba, sino que hacía labores de inteligencia. Ese mismo mes, el colectivo de activismo digital Guacamaya filtró información de diversos servidores pertenecientes a las fuerzas armadas que revelaba el seguimiento realizado a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional.5

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

El matrimonio entre personas del mismo sexo se legalizó en el estado de Tamaulipas en octubre, con lo que el número de estados de México que reconocían este tipo de unión ascendía a 32.

Derechos sexuales y reproductivos

Durante el año hubo 4 estados más que despenalizaron el aborto, con lo que el número de estados en los que esta práctica era legal ascendía a 11: Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz.

Actuación deficiente contra la crisis climática y la degradación ambiental

En noviembre, México actualizó el objetivo de su contribución determinada a nivel nacional para pasar del 22% al 35% en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2030. Durante la 27 Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP27), México anunció nuevos compromisos para abordar la crisis climática, entre ellos duplicar la producción de energía limpia sumándole 105 gigavatios.

En mayo, un juez federal suspendió la construcción del tramo cinco del Tren Maya, señalando que ponía en peligro la biodiversidad y los derechos sobre las tierras de los pueblos indígenas que dependían de los frágiles ecosistemas de la selva maya. Pese a ello, el presidente catalogó el proyecto como de seguridad nacional, lo que permitió que las obras continuaran.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

El Instituto Nacional de Migración recibió la tercera cifra más alta de quejas por violaciones de derechos humanos (1.997 quejas) de todas las instituciones estatales, mientras que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ocupó el décimo puesto (333 quejas) de esa clasificación.

Las autoridades mexicanas recluyeron al menos a 281.149 personas en centros de detención migratoria masificados y expulsaron al menos a 98.299, en su mayoría de América Central, entre las que había miles de niños, niñas y adolescentes no acompañados.

Durante el año, las autoridades detuvieron a varias personas refugiadas y migrantes en los aeropuertos de todo el país y las sometieron a tratos inhumanos y degradantes.

El organismo nacional que se ocupaba de las personas refugiadas recibió 118.478 solicitudes de asilo, la mayoría de las cuales correspondían a solicitantes procedentes de Honduras, seguido de Cuba, Haití y Venezuela.

Las autoridades siguieron colaborando con Estados Unidos en la aplicación de políticas estadounidenses que menoscababan el derecho a solicitar asilo y el principio de no devolución (non-refoulement), como la expulsión sumaria de las personas procedentes de América Central y Venezuela en virtud del Título 42 del Código de Estados Unidos, que limitaba drásticamente el acceso al procedimiento de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Las personas expulsadas a México desde Estados Unidos sufrían múltiples formas de violencia, entre ellas secuestros, violencia sexual y robos.

La Suprema Corte dictó dos sentencias históricas en favor de la protección de las personas migrantes: en mayo declaró que las revisiones migratorias existentes en el interior de México eran inconstitucionales por su carácter discriminatorio, y en octubre reconoció que el poder ejecutivo no había publicado protocolos oficiales claros para la protección de las personas que regresaban a territorio mexicano con arreglo al plan estadounidense “Quédate en México” (también conocido como Protocolos de Protección a Migrantes).

Derechos de los pueblos indígenas

El Congreso de la Unión siguió sin aprobar legislación para regular el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado en los proyectos que los afectaban derecho garantizado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pese a que una sentencia de la Suprema Corte de 2020 le ordenaba hacerlo.

  1. México: Militarizar la seguridad pública generará más violaciones de derechos humanos y perpetuará la impunidad, 9 de septiembre
  2. Américas: Intentos de militarización de la seguridad pública en la región son una amenaza para los derechos humanos, 29 de noviembre
  3. México: Derechos de víctimas de feminicidio en riesgo, 13 de diciembre
  4. México: El Estado debe garantizar la memoria, verdad y justicia para las familias de los estudiantes de Ayotzinapa, 28 de septiembre
  5. Américas: Seguimiento por militares a organizaciones de la sociedad civil demuestra el deterioro del respeto a los derechos humanos, 7 de octubre
Estados Unidos Mexicanos
Jefe del Estado y del gobierno: Andrés Manuel López Obrador