Honduras

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

Se registraron violaciones de derechos humanos durante el tercer año de vigencia ininterrumpida del estado de excepción. Periodistas y personas defensoras de los derechos humanos estaban expuestas a altos riesgos de violencia. Las medidas del gobierno para enfrentar el cambio climático eran insuficientes. Las mujeres y las personas LGBTIQ+ seguían estando sometidas a violencia y discriminación.

Información general

Se registraron retrasos en el procesamiento y resultados de las elecciones generales celebradas en noviembre, también marcado por varias alegaciones de fraude.

En enero, el gobierno lanzó el plan “Hermana, hermano, vuelve a casa” para brindar asistencia a las personas retornadas a Honduras. Según el Instituto Nacional de Migración, más de 42,000 personas fueron devueltas al país en 2025, desde México y Estados Unidos principalmente.

Uso excesivo de la fuerza

La ONU y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos criticaron la prolongación del estado de excepción, que en diciembre cumplió tres años de vigencia ininterrumpida. En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil denunciaron violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad, especialmente detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, y tortura y otros tratos crueles e inhumanos.

Libertad de expresión

El gremio periodístico y los medios de comunicación enfrentaban altos niveles de violencia física y digital, lo que incluía declaraciones estigmatizantes de las autoridades, campañas de desprestigio e intimidaciones. En junio fue asesinado el periodista Javier Antonio Hércules Salinas, pese a que gozaba de medidas estatales de protección.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Era habitual que quienes defendían el medioambiente y el territorio enfrentaran actos violentos como intimidaciones, asesinatos y criminalización. Las personas garífunas corrían grave peligro. La Organización Fraternal Negra Hondureña denunció en abril la presunta desaparición forzada de Max Gil Castillo, hermano del presidente comunitario de la localidad de Punta Piedra. La ONU y otras organizaciones expresaron preocupación en varias ocasiones por las amenazas recibidas por líderes y lideresas garífunas, así como por el hostigamiento ejercido contra comunidades garífunas en los medios de comunicación y también con armas de fuego.

En febrero se puso en marcha el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, bajo el auspicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el propósito de reforzar la investigación de la autoría intelectual y los delitos relacionados con el asesinato de la lideresa lenca Berta Cáceres, ocurrido en 2016.

En septiembre, un juzgado decidió que tres hombres acusados del asesinato del ambientalista Juan López en 2024 fueran sometidos a juicio. La fiscalía reiteró su compromiso de investigar la autoría intelectual del delito, pero al concluir el año no había informado de ningún avance al respecto.

Al finalizar el año, el gobierno no había firmado el Acuerdo de Escazú.

Derecho a un medioambiente saludable

Seguía pendiente de implementación el Decreto 18-2024, que ordenaba la restauración ambiental del parque nacional Carlos Escaleras y la prohibición de la actividad minera en las áreas protegidas del país.

En mayo, la presentación ante el Congreso de un proyecto de ley para facilitar el otorgamiento de licencias ambientales generó alarma;¹ al concluir el año no había sido aprobado.

Honduras presentaba rezago en la formulación y adopción de medidas de adaptación al cambio climático y carecía de políticas sostenibles y articuladas para enfrentar la crisis climática, lo que provocaba desplazamientos forzados desde comunidades costeras y rurales.

Violencia por motivos de género

La ONG local Cattrachas registró 35 asesinatos de personas LGBTIQ+ entre enero y diciembre. El matrimonio entre personas del mismo sexo no estaba autorizado.

Las mujeres enfrentaban niveles altos de violencia. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras registró al menos 270femicidios y muertes violentas entre enero y diciembre. El aborto siguió estando penalizado.