Colombia 2019

Cientos de miles de personas salieron a la calle en noviembre y diciembre para mostrar su descontento por las posibles medidas de austeridad. El comité que las representaba entregó al presidente Duque una lista de 13 demandas, entre ellas que el gobierno cumpliera plenamente las obligaciones contraídas en virtud del acuerdo de paz y que hiciera más para impedir los homicidios de activistas sociales y exmiembros de las FARC-EP. Las manifestaciones fueron en su mayoría pacíficas. Dilan Cruz, de 18 años, murió por disparos de un policía durante una protesta en Bogotá.

La violencia provocada por el conflicto armado interno en curso y por las disputas sobre el control territorial tras la firma del acuerdo de paz de 2016 causó estragos. Las principales víctimas seguían siendo los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas y los defensores y defensoras de los derechos humanos. Continuaba la preocupación ante la impunidad por los crímenes cometidos durante el conflicto armado y las amenazas y homicidios que sufrían los defensores y defensoras de los derechos humanos. Persistía la violencia contra las mujeres, en especial la violencia sexual.

La ausencia de autoridades del Estado y su desatención hacia los territorios controlados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) dejaron un vacío de poder en zonas históricamente disputadas por varios grupos armados por sus recursos naturales o su ubicación estratégica. Esta situación exacerbó los problemas estructurales de desigualdad, exclusión y pobreza extrema que afectaban a la mayoría de la población campesina y a las comunidades afrodescendientes e indígenas, con distinto impacto en función del género. En este contexto, en 2019 los homicidios de activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos alcanzaron niveles históricos.

Información general

En marzo, el presidente Duque realizó objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. La Corte Constitucional rechazó las objeciones en mayo y el presidente tuvo que firmar la Ley.

En septiembre, más de 500 organizaciones sociales y ONG presentaron un informe tras el primer año del presidente Duque en el poder. Sostenían que el Estado estaba imponiendo un programa de reforma agraria, sustitución de cultivos y ayuda a las víctimas distinto al establecido en el acuerdo de paz, y que estaba reduciendo los fondos para la implementación del acuerdo. También hicieron hincapié en que el gobierno no promovía legislación para aplicar las disposiciones del acuerdo, en que sus propuestas legislativas eran contrarias a dicho acuerdo y en que estaba socavando el “Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.

El 5 de octubre, la Corte Suprema de Justicia vinculó formalmente al expresidente Álvaro Uribe con una investigación penal por fraude procesal y soborno. Días después, Álvaro Uribe acusó injustamente a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) de pagar “para manipular testigos” contra él.

En octubre, el gobierno y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos firmaron un acuerdo para renovar el mandato de la Oficina en el país.

Claudia López se convirtió en la primera mujer y la primera persona de la comunidad LGBTI elegida alcaldesa de Bogotá en las elecciones de octubre.

En noviembre, el ministro de Defensa se vio obligado a dimitir tras ser interrogado en el Congreso sobre la muerte de niños y niñas en el bombardeo de un campamento de las disidencias de las FARC-EP. El presidente Iván Duque había asegurado que el ataque era el resultado de la labor “estratégica, meticulosa, impecable” de las Fuerzas Armadas, a cuyos miembros definió como “héroes” de su país por su actuación contra una “cuadrilla de delincuentes narcoterroristas”. El ministro también fue acusado de matar a los menores de edad a sabiendas y después ocultar la información.

Conflicto armado interno

En enero, el Comité Internacional de la Cruz Roja declaró que había al menos cinco conflictos armados no internacionales en Colombia: cuatro de ellos implicaban al gobierno colombiano contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y elementos del antiguo Bloque Oriental de las FARC-EP que no aceptaron el proceso de paz; el quinto conflicto armado no internacional implicaba al ELN y el EPL y se centraba en la región del Catatumbo.

El 17 de enero, un atentado con coche bomba en la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá mató a 23 personas e hirió a más de 80. Inmediatamente después de que el ELN reivindicara el atentado, el presidente Duque declaró el fin de las negociaciones de paz con el grupo guerrillero, que habían comenzado en febrero de 2017.

En agosto, el ejército bombardeó lo que, según afirmaba, era un campamento de un grupo guerrillero; según información oficial, en el ataque murieron el líder del grupo, Rogelio Bolívar Córdoba (también conocido como Gildardo Cucho) y 13 de sus seguidores. Al concluir el año se estableció que en el lugar había menores de edad que también murieron en el ataque. Según los exámenes forenses presentados en el Congreso, entre las personas muertas había una niña de 12 años, un niño de 15 y una niña de 16. Otra información señalaba que podían haber sido 16 los niños y niñas muertos en el ataque. Esta revelación y el hecho de que el gobierno la hubiera ocultado dieron lugar a la dimisión del ministro de Defensa Guillermo Botero en noviembre.

Los enfrentamientos entre distintos grupos armados continuaron y fueron la causa principal de desplazamiento y confinamiento forzado. Entre enero y julio, más de 32.000 personas fueron desplazadas a la fuerza y más de 350.000 se vieron afectadas por graves restricciones a la libertad de circulación y al acceso a servicios básicos. Las consecuencias las sufrían principalmente las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Resultaban especialmente preocupantes los enfrentamientos entre el ejército, el ELN, grupos surgidos de antiguos grupos paramilitares —como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Águilas Negras y el Clan del Golfo— y nuevos grupos armados, como las disidencias de las FARC-EP, en regiones que incluían el Chocó, Norte de Santander, Antioquia y Nariño. Las disputas entre el ELN y el EPL en Norte de Santander se intensificaron y dieron lugar a un aumento de los combates con el ejército en una región que sufría ya de exclusión social y acumulaba una historia de violencia.

Norte de Santander era una de las regiones más afectadas. Sólo durante los seis primeros meses de 2019, 309 civiles sufrieron las consecuencias del conflicto en la región, casi el doble de la cifra total registrada en 2018. De estas 309 personas, el 62% fue víctima de homicidio intencional y el 13% lo fue de desaparición forzada y otros delitos graves. En el 85% de los casos, nadie había sido llevado ante la justicia al terminar el año.

El 31 de diciembre, 300 miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia sometieron a confinamiento forzado a cuatro comunidades de Bojayá (departamento del Chocó) y amenazaron al defensor de los derechos humanos Leyner Palacios, que había denunciado públicamente la presencia de estos grupos armados ilegales en sus territorios.

Reciclaje de viejas tácticas

A mediados de 2019, el New York Times afirmó que tenía información según la cual el gobierno había presionado al ejército colombiano para que intensificara los ataques a fin de aumentar la cifra de muertos entre aquellos a quienes denominaba “delincuentes y guerrilleros”. La filtración de la posible reintroducción de la estrategia de disparar a matar, que había alcanzado su punto culminante en la década del 2000 con los denominados “falsos positivos” (homicidios de civiles perpetrados por agentes del Estado presentados falsamente como bajas en combate), suscitó indignación en el país, sobre todo porque algunas comunidades ya habían señalado el retorno de dicha política de ejecuciones extrajudiciales en los meses anteriores.

Uno de tales casos fue el del exmiliciano Dimar Torres, que murió a manos del ejército en Convención (Norte de Santander) cuando se disponía a cruzar un puesto de control. Aunque el personal del ejército negó conocer el paradero de Dimar en el momento de su desaparición, los vecinos hallaron su cadáver poco después en una fosa donde lo habían arrojado en un intento de encubrir el homicidio. Si bien el ejército aceptó la responsabilidad una semana después, inicialmente justificó el homicidio afirmando que Dimar Torres había amenazado a un soldado con un arma de fuego durante una pelea. Al finalizar el año continuaba el proceso penal contra los acusados en este caso.

Asimismo, se condenó la estrategia de confrontación adoptada con el aumento de la militarización en las regiones con presencia de grupos armados. Eso, sumado al plan de reanudar el uso de fumigación aérea con glifosato para erradicar los cultivos de coca, constituía un claro desafío a las sentencias de la Corte Constitucional y las disposiciones del acuerdo de paz en materia de sustitución de cultivos ilícitos, que incluían la firma de acuerdos colectivos con las familias que manifestaran su intención de reemplazar la coca por otros cultivos.

Nueva fase del conflicto armado

A finales de agosto, varios miembros de las FARC-EP, entre los que figuraban los líderes Iván Márquez, Jesús Santrich y “El Paisa”, publicaron un video en las redes sociales en el que anunciaban que se estaban armando para iniciar “una nueva Marquetalia [...] en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana”.

Antes de la difusión de este video, el paradero de Iván Márquez y “El Paisa” se desconocía desde agosto de 2018, y el de Jesús Santrich desde junio de 2019. Jesús Santrich había quedado en libertad en mayo tras cumplir un año de prisión y después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazara extraditarlo a Estados Unidos por presuntas actividades de narcotráfico. Tanto Iván Márquez como Jesús Santrich se contaban entre los ocho hombres y dos mujeres representantes del partido político de las FARC elegidos automáticamente para el Congreso.

La cifra de disidentes de las FARC-EP era incierta, pero según información oficial iba en aumento.

Acuerdo de paz

Según el Instituto Kroc, hasta febrero de 2019 sólo se habían aplicado plenamente el 23% de las medidas requeridas por el acuerdo de paz establecido entre el gobierno y las FARC-EP.

Hasta septiembre de 2019, la Oficina del Alto Comisionado Para la Paz había identificado como miembros de la guerrilla a 13.202 personas, de las que 12.978 habían iniciado un proceso de reintegración. Un total de 3.038 personas vivían en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). La ONU informó de que había un grupo más numeroso de exmiembros de la guerrilla (9.138 personas) que prefirió la reintegración urbana, principalmente debido a que ofrecía más oportunidades de empleo. No obstante, un número significativo de personas también estaban abandonando los ETCR porque no se estaban beneficiando de proyectos productivos y se estaban viendo desatendidas y sumidas en la pobreza.

Además, el partido político de las FARC afirmó que, hasta junio de 2019, más de 130 exmiembros de la guerrilla habían muerto y 11 habían desaparecido.

La Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación del Acuerdo Final señaló preocupantes retrasos y graves retrocesos ocasionados por la aprobación de leyes y decretos contrarios a las disposiciones del acuerdo.

También consideró especialmente problemática la reticencia del gobierno a implementar el capítulo del acuerdo sobre reforma agraria. El problema de la tenencia y la falta de distribución de la tierra fue uno de los principales factores que había dado lugar al conflicto armado en Colombia y, por consiguiente, la reforma agraria era clave para crear una paz sostenible y garantizar protección para las comunidades rurales en peligro.

Fue en el “Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, establecido por el acuerdo, donde se identificaron los mayores avances, a pesar de la reducción de su presupuesto en aproximadamente un 30% hasta 2020 (de 90.000 millones de dólares estadounidenses a 67.000 millones) y de sufrir múltiples ataques a su legitimidad. El elemento judicial de este sistema, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), era la institución que con mayor frecuencia recibía críticas por parte del presidente Iván Duque, de su partido y de algunos medios de comunicación. Uno de los obstáculos que entorpecían el funcionamiento de la JEP eran las objeciones a la ley estatutaria de la institución presentadas por el presidente, que fueron finalmente rechazadas por la Corte Constitucional en mayo. Algunas víctimas también expresaron preocupación por que el proceso no estuviera centrado en las víctimas y no garantizara la seguridad de los testigos.

La Fiscalía General de la Nación inició un proceso penal contra altos cargos de la JEP alegando que habían incurrido en difusión de falsedades y fraude procesal. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación preliminar contra la presidenta de la JEP y contra un magistrado que habían sido señalados por un miembro del partido del presidente, Centro Democrático, y acusados de corrupción y conflicto de intereses. La investigación proseguía al finalizar el año.

Durante el año, la JEP abrió dos casos relativos a la victimización de miembros de Unión Patriótica y al reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado. En años anteriores, la JEP había abierto cinco casos importantes relativos a la reclusión ilegal por parte de las FARC-EP, la situación de los derechos humanos en municipios de Nariño, los homicidios cometidos por agentes del Estado presentados falsamente como bajas en combate (“falsos positivos”), la situación humanitaria en municipios de Urabá y la situación territorial en municipios del Norte del Cauca.

En diciembre de 2019, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses halló una fosa común en la ciudad de Dabeiba, entre Medellín y la costa del Caribe, que contenía aproximadamente 50 cadáveres de personas que podían haber sido ejecutadas extrajudicialmente. La JEP estaba llevando a cabo una investigación sobre el caso. Según el Instituto de Medicina Legal, seguían sin identificarse 200.000 cadáveres de personas desaparecidas entre 2005 y 2007, víctimas del ejército en operaciones de “falsos positivos”.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos, en particular quienes defendían los derechos vinculados a la tierra, el territorio y el medioambiente, continuaron siendo blanco de un gran número de ataques y amenazas por la labor que desempeñaban. Los riesgos a los que se enfrentaban estaban directamente relacionados con las causas estructurales del conflicto armado, como las disputas en torno a la tierra y los recursos naturales. Muchos defensores y defensoras participaban en la reclamación de derechos colectivos relativos al reconocimiento y la protección de los territorios de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas. Dichos territorios eran a menudo objeto de disputas entre grupos armados por motivos de interés económico y control social.

En octubre fueron asesinadas en Cauca 15 personas en cinco días, entre ellas cinco líderes indígenas. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) declaró que en el país moría de manera violenta una persona indígena cada tres días.

La situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos y las comunidades que continuaban oponiéndose al conflicto armado se vio agravada por las nuevas dinámicas que surgieron tras la firma del acuerdo de paz, ya que nuevos grupos armados se estaban disputando el control sobre zonas previamente controladas por las FARC-EP. En algunos casos, las disidencias de las FARC-EP se enfrentaban a otros grupos armados por territorios que históricamente habían estado bajo su control. La escasa presencia de autoridades del Estado en muchas zonas rurales del país dejó a comunidades sin protección efectiva. Algunos líderes sociales denunciaron un aumento de las amenazas contra ellos, y la Defensoría del Pueblo documentó que entre la firma del acuerdo de paz, en 2016, y junio de 2019 habían muerto de manera violenta 482 defensores y defensoras de los derechos humanos. La ONG Somos Defensores registró 591 ataques contra defensores y defensoras (29% de mujeres y 71% de hombres) entre enero y junio de 2019, que incluían 59 homicidios y 477 amenazas de muerte. Un informe de la ONU registró la muerte violenta de 86 defensores y defensoras de los derechos humanos durante el año. La impunidad por dichos ataques seguía siendo la norma. La falta de protección integral y efectiva para estas personas en 2019 era evidente. Las autoridades del Estado reaccionaron a esta situación creando un plan de acción para coordinar la respuesta a la crisis por parte de instituciones estatales sobre cuestiones relativas a la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos y la prevención de homicidios, hasta que se estableciera una política pública adecuada. Al concluir el año, el Ministerio del Interior declaró que se habían iniciado una serie de talleres para crear una política integral para la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos.

No obstante, se debilitaron otras medidas existentes —incluidas las establecidas en el acuerdo de paz— cuyo objetivo era erradicar las causas subyacentes de los peligros a los que se enfrentaban los defensores y defensoras. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, mecanismo creado por el acuerdo de paz para desmantelar grupos armados ilegales en Colombia, sólo se reunió formalmente dos veces en 2019.

Las instituciones encargadas de brindar protección a los defensores y defensoras de los derechos humanos —como la Unidad Nacional de Protección— siguieron aplicando medidas reactivas e individuales fundamentales para la protección de algunas de estas personas en las ciudades, pero que resultaban en gran medida inadecuadas en el contexto de las comunidades rurales. Aparte de cuatro proyectos piloto sobre los que informó el Ministerio del Interior, las medidas colectivas para la protección de comunidades y sus líderes eran escasas.

Las defensoras de los derechos humanos se enfrentaban a riesgos especiales. Aunque la mayoría de los ataques seguían estando dirigidos contra hombres, aumentaron los ataques contra mujeres. De los 59 defensores y defensoras muertos de manera violenta entre enero y junio de 2019, 10 (el 17%) eran mujeres; en 2018 lo fueron tres.

Según un informe de Oxfam, diversos actores aumentaron los peligros a los que se enfrentaban las defensoras de los derechos humanos. Muchas eran mujeres afrodescendientes o indígenas que vivían en zonas de alta marginación. Como consecuencia, la violencia les afectaba de manera desproporcionada, no sólo a ellas individualmente, sino también a sus comunidades. El proceso cada vez más complejo para denunciar los ataques también tuvo el efecto de disuadir de presentar denuncias y aumentar la impunidad de los agresores.

Personas venezolanas en busca de protección internacional

La crisis en Venezuela de los últimos años siguió afectando a países de la región y en particular a Colombia, que albergaba el mayor número de personas que huían de Venezuela. Muchas de las personas que llegaban a Colombia lo habían hecho a través de rutas irregulares terrestres controladas por bandas y se encontraban en mal estado de salud. Se siguió denunciando la existencia de víctimas de reclutamiento forzoso, tráfico de mujeres y explotación infantil.

A finales de junio, la cifra oficial de personas venezolanas que residían en Colombia era de 1,4 millones. Más del 60% de esta población vivía en Bogotá, Norte de Santander, La Guajira, Atlántico y Antioquia.

Según cifras oficiales, hasta octubre Colombia había concedido casi 600.000 permisos especiales de permanencia, que autorizaban a las personas que cumplían requisitos específicos a permanecer en el país durante un periodo de dos años. También se otorgaron tarjetas de movilidad fronteriza que permitían el acceso a zonas de frontera durante un máximo de siete días para adquirir bienes y servicios antes de regresar a Venezuela. Según información publicada en los medios de comunicación, entre febrero y septiembre la cifra de personas venezolanas con tarjeta de movilidad fronteriza pasó de 2.908.336 a 4.315.000, un aumento del 70,04% en sólo seis meses.