Información extraída de nuestro INFORME 2022/23
Los defensores y defensoras de los derechos humanos seguían sufriendo agresiones, amenazas y hostigamiento a causa de su labor; quienes defendían la tierra, el territorio y el medioambiente corrían especial peligro. Persistían los asesinatos y amenazas contra excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP). Continuaron los ataques contra los medios de comunicación y su personal, lo que amenazaba la libertad de expresión. Se denunció el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de autoridades del Estado. Líderes y lideresas y defensores y defensoras indígenas fueron objeto de agresiones y asesinatos y, en zonas del país donde aún había grupos armados de oposición en activo, las comunidades indígenas y afrodescendientes sufrieron desplazamiento forzado y, en algunos casos, afrontaron crisis humanitarias. El informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición reconoció que se habían cometido actos de violencia reproductiva durante los decenios que había durado el conflicto armado (1964-2016). Varios exmilitares, civiles y excomandantes de las FARC-EP fueron acusados formalmente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto. Se despenalizó el aborto. Continuaron las agresiones contra las personas LGBTI. Persistía la violencia de género, y las personas sobrevivientes seguían teniendo dificultades para acceder a justicia, verdad y reparación. Las refugiadas venezolanas sufrían violencia y discriminación basadas en la nacionalidad y el género.
Información general
El 13 de marzo se celebraron elecciones parlamentarias. Conforme establecía el Acuerdo de Paz de 2016, se reservaron algunos escaños para excombatientes de las FARC-EP y para víctimas del conflicto armado.
En junio, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia (en adelante, Comisión de la Verdad) hizo público su informe final, en el que destacaba la necesidad de abordar las desigualdades, la discriminación, el racismo, la violencia de género y la violencia contra los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes, arraigados en el país, y de garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto armado.
Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá y exguerrillero del Movimiento 19 de Abril (M-19), ganó las elecciones presidenciales y en agosto comenzó sus cuatro años de mandato. Lo acompañaba Francia Márquez, defensora ambiental y primera mujer negra que ocupaba la vicepresidencia del país.
En agosto, las autoridades reconocieron la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar denuncias individuales relacionadas con las víctimas de ese delito. En septiembre, Colombia ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En octubre, el Congreso aprobó el Acuerdo de Escazú.
El presidente Petro restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela, y en septiembre se reanudaron algunas operaciones fronterizas entre los dos países.
En octubre, el presidente Petro restableció y reanudó las reuniones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada por el Acuerdo de Paz con el fin de elaborar una política pública para el desmantelamiento de los grupos armados.
Ese mismo mes, el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) retomaron las conversaciones de paz y propusieron un “cese al fuego multilateral”. Además, el gobierno estudiaba la posibilidad de negociar con otros actores armados en el marco de una política de “paz total”.
Colombia era uno de los países de América del Sur con mayor recurrencia de fenómenos meteorológicos extremos, y aproximadamente el 84% de su población estaba expuesta a múltiples peligros ambientales. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, las zonas insulares y costeras, así como los ecosistemas de alta montaña, eran muy vulnerables al cambio climático.
En enero, la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional debido a la constante y masiva violación de los derechos fundamentales a la vida, la integridad física y la seguridad de excombatientes de las FARC-EP. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), una organización de la sociedad civil, denunció 42 homicidios de excombatientes durante el año. El Consejo de Seguridad de la ONU insistió en su preocupación por la persistencia de las amenazas, las agresiones y los homicidios contra excombatientes de las FARC-EP que habían firmado el Acuerdo de Paz.
Según el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016 entre las FARC-EP y el Estado colombiano seguía llevándose a cabo con lentitud, especialmente en la aplicación de los enfoques de género y etnia. El Instituto señaló que el 37% de las disposiciones del Acuerdo se habían aplicado en grado mínimo, y el 15% no se habían iniciado.
Durante el año, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBDP) recuperó los cuerpos sin vida de 185 personas cuya desaparición se había denunciado en el contexto del conflicto armado, en departamentos del país tales como Antioquia, Santander y Sucre. En junio, la UBDP informó también de que, desde su creación en 2017, había entregado los restos de 167 víctimas a sus familiares y seres queridos.
En mayo, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresó su alarma por la detención arbitraria de los periodistas Luis Ángel y Luna Mendoza mientras cubrían el destacado caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci cerca de la ciudad de Cartagena.
Ese mismo mes, algunos medios de comunicación de los departamentos de Antioquia y Córdoba recibieron amenazas de muerte en el contexto de un paro armado declarado por el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC, también conocido como “Clan del Golfo”).
En julio, el Consejo de Estado colombiano declaró al Estado responsable de tortura psicológica, amenazas, persecución, exilio e interceptación ilegal entre 2001 y 2010 en el caso de la periodista Claudia Julieta Duque y su familia.
En agosto, los periodistas Leiner Montero y Dilia Contreras fueron asesinados en el departamento de Magdalena. Según la FLIP, los homicidios estaban relacionados con su actividad profesional.
En septiembre, la FLIP denunció las amenazas que habían recibido unos periodistas de Telemundo que informaban sobre la ruta migratoria del Tapón del Darién.
Entre enero y septiembre, la FLIP había registrado 595 violaciones de la libertad de expresión contra periodistas, incluidos 2 casos de violencia sexual. En los primeros 5 meses del año, la misma organización denunció que las amenazas contra el personal de medios de comunicación que cubría el proceso electoral habían aumentado un 59% con respecto a 2018.
En mayo, el líder indígena Luis Tombé murió por disparos en el marco de una protesta ambiental que tuvo lugar en la ciudad de Miranda (departamento del Cauca), cuando unos miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) abrieron fuego contra manifestantes que pedían la liberación de compañeros que habían sido detenidos por la policía.
En junio, la plataforma de la sociedad civil Campaña Defender la Libertad criticó el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes por parte del ESMAD, que había provocado un traumatismo ocular a una persona en una protesta en la Universidad Distrital de Bogotá en la que se pedían más recursos y la mejora de la infraestructura de la universidad.
Según la Campaña Defender la Libertad, entre marzo y junio aumentaron las detenciones arbitrarias efectuadas por las fuerzas de seguridad del Estado en el contexto preelectoral.
Los homicidios y amenazas contra líderes y lideresas y defensores y defensoras indígenas continuaron.
En enero, el pueblo indígena Totoroez denunció el asesinato de Albeiro Camayo, miembro de la Guardia Indígena, a manos de disidentes de las FARC-EP en el departamento del Cauca.
En febrero, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció el asesinato de Julio César Bravo, defensor de los derechos humanos y líder del pueblo Pastos en el departamento de Nariño.
Ese mismo mes, combatientes del ELN en el departamento del Chocó asesinaron a Luis Chamapuro, miembro del pueblo Wounan.
También en febrero, el líder indígena, defensor de los derechos humanos y miembro de la Guarda Indígena Dilson Arbey Borja fue asesinado en la ciudad de Turbo (departamento de Antioquia).
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato en marzo de Miller Correa en un contexto de amenazas constantes contra su comunidad y sus líderes. Miller Correa era defensor de los derechos humanos y miembro del pueblo Nasa del departamento del Cauca.
En septiembre, 2 niños indígenas wayuu murieron por malnutrición en el departamento septentrional de La Guajira, lo que elevó a 39 el número de víctimas mortales infantiles en esa zona en lo que iba de año. El 6 de septiembre, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta pública solicitando al gobierno que tomase medidas para abordar la situación humanitaria existente en la región.
En junio, al menos 100 personas indígenas del resguardo del Alto Andágueda (departamento del Chocó), fueron víctimas de desplazamiento forzado tras unos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados ilegales.
Las organizaciones indígenas del Chocó señalaron el riesgo de desplazamiento que corrían las familias de la etnia emberá debido a la presencia de grupos armados ilegales en el resguardo Jurubida Chori del Alto Baudó.
En septiembre, las comunidades awá pusieron de relieve la crisis humanitaria y la violencia permanentes que afrontaban debido a la presencia de actores armados ilegales en los resguardos indígenas de los departamentos de Nariño y Putumayo.
En julio, la JEP anunció la apertura del Caso 11, relativo a la violencia sexual, la violencia reproductiva y la violencia motivada por la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas en el contexto del conflicto armado.
El Observatorio de Feminicidios informó de que en 2022 se habían registrado 557 feminicidios.
Las víctimas de la violencia de género, incluida la violencia sexual, cometida por agentes del Estado en el contexto del Paro Nacional de 2021 se enfrentaban a constantes obstáculos para acceder a justicia y reparación.1
En febrero, la Corte Constitucional dictó una sentencia que despenalizaba el aborto hasta la semana 24 de embarazo. Esta decisión histórica respondía a una demanda presentada por el movimiento Causa Justa.
El informe final de la Comisión de la Verdad reconocía que se habían cometido actos de violencia reproductiva tales como aborto forzado, esterilización forzada y anticoncepción forzada en el contexto del conflicto armado. Recomendaba que el Estado se abstuviera de reanudar los programas de fumigación aérea para erradicar los cultivos ilícitos con glifosato, herbicida que tenía efectos negativos para la salud reproductiva.
Según la ONG Caribe Afirmativo, entre enero y julio, 15 hombres gays fueron asesinados en Medellín, percibiéndose un aumento del peligro que corrían las personas LGBTI en esa ciudad.
La JEP abrió una investigación (el Caso 07) sobre los delitos sexuales y la discriminación cometidos contra los niños, niñas y adolescentes LGBTI reclutados a la fuerza durante el conflicto armado.
La Corte Constitucional reconoció un marcador de género no binario en el documento nacional de identidad, estableciendo un precedente jurídico en favor de la diversidad de género.
En marzo, la defensora de los derechos de las lesbianas Paola Andrea Jaraba Martínez fue objeto de violencia y amenazas, al parecer relacionadas con su orientación sexual y su trabajo en el departamento de Córdoba.
Según la ONG Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans, entre enero y agosto fueron asesinadas 16 mujeres trans en Colombia.
Las personas defensoras de los derechos humanos seguían siendo objeto de agresiones, amenazas y hostigamiento por su labor. Quienes defendían la tierra, el territorio y el medioambiente corrían especial peligro.
En febrero, varios defensores y defensoras de los derechos humanos de la región del Magdalena Medio recibieron amenazas en un panfleto distribuido por un grupo armado que se hacía llamar Autodefensas Unidas de Colombia. En el panfleto se calificaba de objetivos militares a esas personas y se les daba 48 horas para que abandonaran la zona junto con sus familias o se atuvieran a las consecuencias. Entre los defensores y defensoras atacados se encontraban Carolina Agón y Ramón Abril. Diez días después, la defensora ambiental Yuvelis Natalia Morales, de 21 años, se vio obligada a huir de Colombia después de que asaltaran su casa.
En mayo, unas personas no identificadas dispararon contra cuatro ambientalistas miembros de la Federación de Pescadores Artesanales, Ambientales y Turísticos de Santander (FEDESPAN) —organización ambientalista que trabajaba en la ciudad de Barrancabermeja— que evaluaban un posible daño ambiental en la región del Magdalena Medio.
En julio, la presidenta de la FEDESPAN, Yuli Velásquez, fue víctima de un ataque armado en el que su guardaespaldas resultó herido.2
En agosto, el ministro del Interior instaló en el municipio de Caldono (departamento del Cauca) el primer Puesto de Mando Unificado por la Vida. El objetivo de ese espacio, y de otros similares establecidos posteriormente en otras zonas del país, era escuchar las peticiones y preocupaciones de las comunidades y proteger la vida de líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas en situación de riesgo.
Según la ONG Programa Somos Defensores, entre enero y septiembre se cometieron 621 ataques contra personas defensoras de los derechos humanos.
INDEPAZ registró el homicidio de 189 líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos en 2022.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios denunció que entre enero y julio hubo 220 emergencias humanitarias relacionadas con desplazamientos forzados y confinamientos (situaciones en las que la población se veía obligada a permanecer en sus territorios a causa del conflicto armado y tenía acceso limitado a alimentos, agua potable y servicios básicos) que afectaron al menos a 249.106 personas, principalmente en la zona del Pacífico y la frontera entre Venezuela y Colombia.
En enero estallaron enfrentamientos entre disidentes de las FARC-EP y el ELN en el departamento de Arauca que provocaron el desplazamiento forzado de 3.860 personas.
En mayo, grupos armados no estatales impidieron a 7.989 personas abandonar sus hogares o circular con libertad en las zonas de Nóvita y San José del Palmar (departamento del Chocó).
Entre enero y junio, el Comité Internacional de la Cruz Roja registró 377 víctimas de artefactos explosivos —como minas terrestres antipersonales y restos explosivos de la guerra— en 16 departamentos, siendo Cauca, Antioquia, Arauca, Norte de Santander y Meta los más afectados.
Según la ONG de derechos humanos Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 11 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente el 28 de marzo durante una incursión militar que tuvo lugar en el municipio de Puerto Leguízamo (departamento de Putumayo).
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta por la presencia del grupo paramilitar denominado Comandos de Frontera en el departamento de Caquetá y el peligro grave que eso suponía para la vida y la integridad física de los líderes y lideresas de la sociedad civil y los excombatientes de las FARC-EP.
El 5 de mayo, las AGC impusieron un toque de queda de 4 días en 10 departamentos del norte de Colombia a raíz del anuncio de la decisión de extraditar a su comandante, conocido como “Otoniel”, a Estados Unidos. Durante el denominado “paro armado” se registraron al menos 127 actos de violencia en 73 municipios, incluidos 4 homicidios, 5 amenazas de muerte, 36 casos de restricción de la circulación, un caso de tortura y un secuestro.
En mayo, las comunidades afrodescendientes denunciaron enfrentamientos armados en Istmina, Sipí, Nóvita, Medio San Juan y Litoral del San Juan (departamento del Chocó), que provocaron desplazamientos forzados colectivos y el confinamiento de varias comunidades negras. En junio, actores armados no identificados mataron a Jesusita Moreno y Rómulo Angulo López, miembros del territorio colectivo afrodescendiente de Malaguita, en Bajo San Juan (departamento del Chocó).
INDEPAZ confirmó que hasta el 1 de diciembre se habían registrado 91 masacres (asesinatos de 3 o más personas efectuados por el mismo presunto asesino al mismo tiempo y en el mismo lugar) que habían causado la muerte de 289 personas.
El 18 de febrero, la JEP anunció la apertura de nuevos casos sobre la responsabilidad de los combatientes de las FARC-EP por actos de violencia sexual, desplazamiento forzado y desaparición forzada, por otros crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad y altos cargos del Estado en coordinación con grupos paramilitares, así como por crímenes contra las comunidades y territorios étnicos.
Al concluir el año, la JEP había acusado a 79 exmilitares (incluidos algunos mandos), 4 civiles y un exagente de los servicios de inteligencia de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en relación con las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas que habían tenido lugar en los departamentos de Norte de Santander, Casanare y Antioquia, y en la Costa Caribe. La JEP también acusó a 8 excomandantes del antiguo secretariado de las FARC-EP de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en el contexto de una política de secuestro y toma de rehenes, entre otros delitos.
En septiembre, excombatientes de las FARC-EP reconocieron haber cometido homicidios, desaparición forzada, reclutamiento forzado y otros delitos contra la población civil en el norte del Cauca.
En junio, UNICEF anunció que más de 5.000 niños, niñas y adolescentes habían atravesado el Tapón del Darién entre Colombia y Panamá desde principios de 2022, cifra que duplicaba la registrada en el mismo periodo de 2021.
Las autoridades afirmaron que en julio vivían en Colombia 2.477.000 personas venezolanas, de las cuales el 96% había solicitado el Estatuto Temporal de Protección.
Persistía la violencia de género contra las refugiadas venezolanas, y las autoridades colombianas no garantizaban el derecho de las mujeres venezolanas a una vida sin violencia ni discriminación.3
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