El 11 de octubre, la Corte Constitucional avaló el acuerdo de paz ratificado el 24 de noviembre de 2016 por el gobierno colombiano y el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, al finalizar 2017 aún no se había implementado legislación relativa a la mayoría de los puntos del acuerdo de paz.

En otras negociaciones mantenidas en Quito, Ecuador, entre el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno colombiano, las partes declararon el 4 de septiembre que el 1 de octubre entraría en vigor un cese al fuego bilateral que se mantendría hasta principios de 2018. El cese al fuego se declaró en principio por un periodo de cuatro meses, tras el cual el gobierno colombiano y el ELN comenzarían a debatir un posible acuerdo de paz. Sin embargo, a partir de octubre hubo varias denuncias de ataques del ELN contra civiles, que contradecían el acuerdo de cese al fuego. El ELN admitió un ataque de ese tipo: la muerte el 24 de octubre de Aulio Isaramá Forastero, líder indígena del Chocó, a manos de miembros del ELN. Las organizaciones de la sociedad civil del departamento del Chocó hicieron un llamamiento en reclamo de un “Acuerdo Humanitario Ya”, dirigido al gobierno nacional y a los guerrilleros del ELN, para implementar acciones humanitarias concretas que impidieran que los enfrentamientos en sus territorios siguieran poniendo en peligro a las comunidades étnicas del Chocó.

Entre el 28 de enero y el 18 de febrero, 6.803 guerrilleros de las FARC se trasladaron a 26 zonas de desmovilización con el apoyo de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, establecida por la Resolución 2261 del Consejo de Seguridad de la ONU (2016). El proceso de verificación del desarme de las FARC, que debía completarse en 180 días, comenzó el 1 de marzo. El 27 de junio concluyó el proceso de entrega de armas, y el 15 de agosto se completó el proceso de retirada de armas y municiones de los 26 campamentos de las FARC. En línea con el acuerdo de paz, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 2377 (2017), por la que aprobaba una segunda misión de verificación sobre la reinserción política, económica y social de miembros de las FARC, cuyas labores comenzaron el 26 de septiembre.

Pese a las estipulaciones del “Capítulo Étnico” del acuerdo de paz, hubo denuncias de falta de garantías para la participación efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en la implementación del acuerdo. El 21 de septiembre, los miembros de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas se declararon en alerta y asamblea permanente para exigir que se cumplieran plenamente las disposiciones del acuerdo de paz.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, creada en 2011 mediante la Ley 1148, registró un total de 8.532.636 víctimas durante los cinco decenios que duró el conflicto armado. Entre ellas se incluían 363.374 víctimas de amenazas, 22.915 víctimas de delitos sexuales, 167.809 víctimas de desapariciones forzadas, 7.265.072 víctimas de desplazamientos forzados y 11.140 víctimas de minas terrestres antipersonal. Los delitos contra 31.047 víctimas del conflicto armado se registraron por primera vez entre enero y octubre de 2017.

En los departamentos de Antioquia, Cauca, el Chocó y Norte de Santander, entre otros, persistían los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos, que incluían homicidios selectivos de miembros de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas, desplazamientos forzados colectivos, confinamientos forzados de comunidades en sus territorios (lo cual limitaba su libertad de circulación y su acceso a alimentos y servicios esenciales), reclutamientos forzados de niños y niñas, violencia sexual y uso de minas terrestres antipersonal.

A pesar de la firma del acuerdo de paz, el conflicto armado se intensificó en algunas zonas de Colombia como consecuencia de los enfrentamientos armados entre guerrilleros del ELN, grupos paramilitares y fuerzas del Estado que trataban de llenar el vacío de poder provocado por la desmovilización de las FARC. El 27 de noviembre, 13 personas murieron como consecuencia de un enfrentamiento entre disidentes de las FARC y miembros del ELN en Magüí Payán, departamento de Nariño. Se registraron quejas sobre la débil presencia del Estado en zonas históricamente controladas por las FARC, una debilidad que facilitaba las incursiones de otros grupos armados ilegales y el control por parte de esos grupos, y ponía en peligro a las comunidades afrodescendientes y campesinas y a los pueblos indígenas.

Las estructuras paramilitares seguían activas en varias partes del país, pese a su supuesta desmovilización según los términos de la Ley 975, aprobada en 2005. Hubo noticias de ataques paramilitares y amenazas contra líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el departamento de Antioquia.El 29 de diciembre, unos hombres armados intentaron matar a Germán Graciano Posso, el representante legal de la comunidad. Otros miembros de la comunidad desarmaron a los agresores, pero sufrieron heridas en ese proceso.La Comunidad de Paz había tratado de distanciarse del conflicto armado al negar formalmente la entrada a su territorio tanto a las fuerzas de seguridad del Estado como a los grupos guerrilleros o paramilitares. Pese a sus esfuerzos por mantenerse neutrales, las personas que vivían en San José de Apartadó seguían siendo víctimas de ataques, torturas, abusos sexuales y desplazamientos forzados a manos de todas las partes enfrentadas.

Hubo denuncias de incursiones paramilitares en el departamento del Chocó, en el noroeste de Colombia, que afectaron especialmente a comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas. El 8 de febrero, un grupo de paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia ingresó en la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza en Dios, en la cuenca del río Cacarica, departamento del Chocó, en busca de varias personas de las que afirmaron que figuraban en una “lista negra”. El 6 de marzo se informó de una incursión en la localidad de Peña Azul, en el municipio de Alto Baudó, en el Chocó, que provocó el desplazamiento a gran escala de familias y el confinamiento forzado de muchas personas en sus comunidades cercanas a Peña Azul. El 18 de abril, los residentes de Puerto Lleras, en el territorio colectivo de Jiguamiandó, en el Chocó, denunciaron haber recibido amenazas y que se había producido una incursión paramilitar en la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo que puso en peligro a todos los habitantes del lugar.

La presencia de minas terrestres antipersonal en sus territorios seguía representando un peligro para los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas. La instalación de esas minas constituye una grave violación del derecho internacional humanitario. El 11 de julio, Sebastián Carpio Maheche, de la comunidad indígena wounaan de Juuin Duur, en el resguardo emberá wounaan de Katio de Quiparadó, municipio de Riosucio, en el Chocó, resultó herido por la explosión de una mina terrestre antipersonal.

Los enfrentamientos entre guerrilleros del ELN, las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares ponían en grave peligro a los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas.Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de julio de 2017, 3.490 indígenas fueron víctimas de desplazamientos forzados masivos, 827 sufrieron confinamientos forzados, 115 recibieron amenazas y 30 fueron víctimas de homicidios, incluidos varios líderes comunitarios.

El ELN secuestró a dos periodistas neerlandeses el 19 de junio en la zona de El Tarra, en Norte de Santander. Ambos fueron liberados el 24 de junio. Según el defensor del Pueblo, continuaban las tomas de rehenes por parte de guerrilleros del ELN.

El punto 5 del acuerdo de paz creó el “Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, que incluía la Jurisdicción Especial para la Paz y mecanismos jurídicos como una unidad para investigar a las organizaciones delictivas que sucedieron al paramilitarismo y desmantelarlas. El punto 5 definió también la posición relativa a la reparación para las víctimas del conflicto armado. En este contexto, las víctimas del conflicto armado exigían garantías de acceso a la justicia, así como garantías del derecho a la verdad, a la reparación y, en especial, a la no repetición de los abusos cometidos —como los desplazamientos forzados y la violencia sexual— para las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en peligro. Aún no se habían satisfecho esas demandas, y la viabilidad a largo plazo del acuerdo de paz se veía amenazada porque no se había llevado ante la justicia a quienes habían perpetrado crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y abusos contra los derechos humanos.

En abril se adoptó el Acto Legislativo N.  1 de 2017 para garantizar que el Congreso aprobara legislación para la implementación del punto 5 del acuerdo de paz. Una de sus disposiciones establecía el trato ante la ley diferenciado (y de privilegio) de los agentes del Estado, en detrimento de los derechos de las víctimas de delitos cometidos por el Estado en el contexto del conflicto armado. La ley reconocía también la posibilidad de que el Estado no entablara enjuiciamientos penales en ciertos casos —aunque no quedaba claro cómo se iba a implementar eso—, lo cual incumplía potencialmente la obligación del Estado de investigar, llevar a juicio y castigar las violaciones graves de derechos humanos, y debilitaba los derechos de las víctimas a la verdad y a una reparación integral. El 27 de noviembre, el Congreso aprobó la Jurisdicción Especial para la Paz.

Hubo varias acusaciones de homicidios deliberados cometidos por fuerzas del Estado y denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en protestas en el Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Catatumbo.

Los habitantes de Buenaventura, en la costa del Pacífico, denunciaron la represión policial de manifestaciones pacíficas en el marco del “paro cívico” declarado el 16 de mayo para exigir que el gobierno colombiano garantizara los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho de quienes residían en la ciudad a participar en la implementación del acuerdo de paz con las FARC. En la zona estaba presente personal de la policía, el ejército y la marina. Quienes participaban en las protestas denunciaron que se había empleado gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos. El defensor del Pueblo denunció que aproximadamente 205 niños y niñas, así como 10 mujeres embarazadas y 19 personas de edad avanzada habían sufrido problemas de salud como consecuencia de ese uso. En total, 313 personas reportaron problemas de salud como consecuencia de su exposición al gas lacrimógeno y 16 sufrieron heridas de bala o traumatismos por golpes con objetos contundentes. El “paro cívico” concluyó el 7 de junio.

Se informó de la muerte de un indígena, Felipe Castro Basto, fallecido en el municipio de Corinto, en el norte del Cauca, cuando el ESMAD abrió fuego contra una manifestación de 200 indígenas.

La Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma) denunció que, el 5 de octubre, las fuerzas de seguridad habían matado a nueve campesinos al disparar indiscriminadamente contra una manifestación pacífica en Tumaco (Nariño).

Los defensores y defensoras de los derechos humanos seguían siendo víctimas de amenazas y homicidios selectivos. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó que al menos 105 defensores y defensoras de los derechos humanos habían sido víctimas de homicidio en Colombia en el transcurso del año. Persistía la preocupación por el aumento del número de ataques contra estas personas, especialmente líderes comunitarios; defensores y defensoras del derecho a la tierra, el territorio y el medio ambiente, y quienes participaban en campañas a favor de la firma del acuerdo final con las FARC. Seguía habiendo una tasa alarmante de ataques a defensores y defensoras de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, las comunidades campesinas y las mujeres, lo cual ponía en duda la implementación del acuerdo de paz.

Según la organización Somos Defensores, el número de homicidios de defensores y defensoras aumentó un 31% en la primera mitad del año, en comparación con el mismo periodo de 2016. Los homicidios de mujeres que ejercían algún tipo de liderazgo se incrementaron en relación con 2016: hubo siete muertes de ese tipo en los primeros seis meses de 2017.

Se tuvo noticia de homicidios de líderes afrodescendientes. El 8 de junio fue asesinado en Malambo, Atlántico, el defensor de los derechos humanos afrodescendiente Bernardo Cuero Bravo, de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados. Había sufrido amenazas y ataques en numerosas ocasiones por su trabajo en favor de la comunidad y por su defensa de quienes habían sido objeto de desplazamientos forzados. Pese a sus reiteradas solicitudes, la Unidad Nacional de Protección no le había asignado medidas de protección.

En noviembre y diciembre, dos líderes de territorios colectivos afrodescendientes que reclamaban tierras fueron asesinados por paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Hubo denuncias de que al menos 25 líderes más habían recibido amenazas de paramilitares en esas zonas en el transcurso del año.

Muchas de las amenazas de muerte dirigidas contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra otros activistas se atribuyeron a grupos paramilitares, pero en la mayoría de los casos de homicidio era difícil identificar a los grupos responsables. Sin embargo, la naturaleza de la labor que desempeñaban las víctimas, muchas de ellas líderes comunitarios o activistas que defendían los derechos sobre la tierra o los derechos medioambientales, indicaba que era posible que varias de ellas hubieran muerto por su trabajo en el ámbito de los derechos humanos. Además, parecía que los intereses económicos y políticos regionales y locales, así como diversos grupos armados, incluidos los paramilitares, percibían como una amenaza las denuncias de abusos.

Los esfuerzos de las organizaciones de mujeres lograron que el acuerdo de paz estableciera que las personas sospechosas de haber cometido delitos de violencia sexual debían comparecer ante los tribunales de la justicia transicional. Además, el acuerdo confirmó que esos delitos no podían ser objeto de amnistías ni indultos, aunque los grupos de defensa de los derechos humanos tenían serias reservas sobre las posibilidades de una implementación real de esa disposición.

Las estadísticas oficiales no mostraban avances en el acceso a la justicia para las sobrevivientes de violencia sexual, pese a las reiteradas denuncias de las organizaciones de mujeres sobre casos graves de violencia sexual perpetrada a lo largo del año. Según la organización Sisma Mujer, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2017 el defensor del Pueblo emitió 51 declaraciones para advertir sobre el riesgo de violencia sexual, incluidos 6 informes y notas relacionados con defensoras o lideresas en los que destacó los riesgos extraordinarios que afrontaban estas mujeres en concreto.

A causa de la debilidad de los mecanismos de protección, había un mayor riesgo de violencia de género, y especialmente de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, en el contexto de la transición a la paz. Las cifras oficiales reconocían que, tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2005, hubo un aumento del 28% en los casos de violencia sexual en las comunidades en las que se habían reinsertado excombatientes de las AUC. Sin embargo, el gobierno no había implementado aún mecanismos de prevención ni mecanismos para garantizar atención, asistencia, protección y acceso a la justicia para las sobrevivientes de violencia sexual, especialmente en las comunidades en las que se iban a reinsertar guerrilleros de las FARC en el transcurso del año. También había puntos débiles en los mecanismos destinados a garantizar que las sobrevivientes de violencia sexual eran escuchadas y podían participar en condiciones de igualdad en todos los organismos responsables de la implementación del acuerdo de paz.