Información extraída de nuestro INFORME 2020/21
Los crímenes de derecho internacional y los abusos y violaciones de derechos humanos en el marco del prolongado conflicto armado interno aumentaron en las zonas rurales donde estaba en disputa el control de los territorios anteriormente dominados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP). Las principales víctimas seguían siendo los miembros de las comunidades rurales. Persistía la violencia sexual contra las mujeres y las niñas, al igual que la impunidad por ese tipo de delitos. Colombia fue ampliamente reconocida como el país más peligroso del mundo para quienes defendían los derechos humanos. Las medidas de protección para los defensores y defensoras del territorio, la tierra y el medioambiente seguían siendo limitadas e ineficaces, y continuaba la impunidad por los delitos cometidos contra ese colectivo. En 2020, los homicidios de líderes y lideresas sociales alcanzaron niveles estremecedores. Preocupaban la retirada de los programas de protección de defensores y defensoras de los derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza por las autoridades para aplicar las cuarentenas obligatorias y el hecho de que no se garantizara el derecho a la salud de los pueblos indígenas amazónicos en el marco de la pandemia de COVID-19. En su respuesta a las protestas que tuvieron lugar en todo el país en septiembre, la policía empleó tortura e hizo uso excesivo de fuerza letal, lo que causó la muerte de 10 personas. La Corte Suprema de Justicia dictó en septiembre una sentencia histórica en la que ordenaba que se tomaran medidas para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y reconocía el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado.
El gobierno declaró el 17 de marzo el estado de emergencia económica, social y ecológica para reducir la propagación de la COVID-19. El ejecutivo aprobó una cantidad sin precedentes de decretos legislativos, 164, algunos de los cuales fueron declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional.
En agosto, la Corte Suprema de Justicia ordenó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez fuera puesto bajo arresto domiciliario preventivo en el marco de unos procedimientos judiciales por presuntos delitos de soborno, fraude y manipulación de testigos. Esa medida se levantó en octubre, pero los procedimientos judiciales continuaban.
El Consejo de Seguridad de la ONU amplió hasta 2021 el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.
En octubre, algunos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) interceptaron una misión humanitaria de miembros de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Defensoría del Pueblo del departamento de Caquetá e incendiaron el vehículo en el que viajaban.
Según el Instituto Kroc, que monitoreaba el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016 entre las FARC-EP y el Estado colombiano, la aplicación del Acuerdo se llevaba a cabo con lentitud. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad no realizó progresos para desmantelar organizaciones delictivas ni para garantizar la presencia del Estado en los territorios más golpeados por el conflicto armado a pesar de la presión ejercida por la sociedad civil para que intensificara sus esfuerzos.
No hubo avances significativos durante el año en la aplicación de la reforma rural integral ni en la resolución del problema de las drogas ilícitas a través de los programas de sustitución voluntaria de cultivos, que eran aspectos fundamentales del Acuerdo de Paz. En vez de ello, el gobierno fijó un objetivo de erradicación forzada del cultivo de coca, dirigida por las fuerzas armadas, en más de 130.000 hectáreas. A pesar del estado de emergencia sanitaria, económica, social y ecológica, estas operaciones continuaron en al menos siete departamentos.
Las medidas del gobierno para contener la COVID-19 no garantizaron adecuadamente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Las comunidades carecían históricamente de suficiente acceso a la salud, al agua o a los alimentos, y también de condiciones sociales y de saneamiento para enfrentarse al virus. Además, las medidas de aislamiento les impidieron acceder a sus medios de subsistencia.1
Los crímenes de derecho internacional y los abusos y violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado interno siguieron cobrándose víctimas, especialmente en las zonas rurales donde se concentraban las disputas territoriales entre diferentes grupos armados. La violencia generada dio lugar a que miles de personas fueran desplazadas forzosamente, confinadas, sometidas a violencia sexual o víctimas de homicidios selectivos.
Grupos guerrilleros —el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL)—, las fuerzas de seguridad del Estado y grupos paramilitares —las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), entre otros— cometieron actos de violencia.
Un informe elaborado por más de 500 organizaciones de la sociedad civil constató una clara expansión de los grupos paramilitares rearmados y estimó que las AGC tenían presencia en 22 de los 32 departamentos del país (aproximadamente el 90% del territorio colombiano). En el sur de los departamentos de Córdoba y Antioquia se produjeron enfrentamientos entre dos subgrupos de las AGC, provocados por una disputa territorial por el tráfico de drogas y las zonas mineras.
En la región del Catatumbo continuaba el conflicto armado territorial entre el ELN y el EPL. En los departamentos del Cauca, Nariño y el Meta, algunos disidentes de las FARC-EP se enfrentaron a otros actores armados. En el departamento del Chocó continuaba el conflicto entre el ELN y los grupos paramilitares por el control de la minería ilegal.
A consecuencia de los enfrentamientos armados, 23.128 personas pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes en el departamento del Chocó se vieron confinadas durante todo 2020.
Al menos 69 personas, en su mayoría civiles, sufrieron heridas a causa de las minas terrestres. Según algunas comunidades, ciertos grupos armados habían puesto más minas terrestres antipersonales. Las zonas más afectadas fueron los departamentos de Nariño, Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Guaviare, el Cauca, el Chocó y Córdoba.
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, el número de víctimas de desplazamiento forzado ascendía a 16.190 personas en junio. El departamento más afectado era Nariño, seguido del Chocó, Antioquia, el Cauca, Caquetá y Norte de Santander. Las principales causas fueron los enfrentamientos entre grupos armados y las amenazas contra la población civil. Un centenar de excombatientes de las FARC fueron trasladados del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de la localidad de Ituango al municipio de Mutatá, ambos lugares en el departamento de Antioquia. Se tuvo noticia de 2 desplazamientos masivos de más de 1.590 miembros de los pueblos indígenas Embera Dobidá.
Hasta el 25 de diciembre, la OACNUDH había verificado 66 masacres, definidas como incidentes en los que 3 o más personas hubieran sido asesinadas al mismo tiempo y en el mismo lugar por el mismo presunto asesino. Según la organización de la sociedad civil Indepaz, entre enero y septiembre hubo 51 masacres de personas protegidas por el derecho internacional humanitario.
El 16 de julio, el pueblo indígena Embera de la comunidad de Geandó denunció la muerte de una niña de nueve años a causa de un disparo recibido durante un enfrentamiento armado entre el ELN y las AGC.
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia denunció el asesinato durante el primer semestre del año de 41 exmiembros de las FARC-EP que se encontraban en proceso de reincorporación en el marco del Acuerdo de Paz.
Hubo avances con respecto a la justicia y los derechos de las víctimas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de que Justicia Especial para la Paz (JEP) le había comunicado que, hasta julio de 2020, había dictado más de 29.000 decisiones judiciales. Se abrieron 7 macrocasos, uno de ellos sobre los homicidios ilegítimos presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
Preocupaba el hecho de que las operaciones de fumigación para erradicar la producción de coca en algunas zonas pudieran destruir también cultivos legales de los que dependía la alimentación de las comunidades campesinas. Además, esas operaciones exponían al virus de la COVID-19 a una población con acceso limitado a los servicios de salud. Hubo reiterados llamamientos a las autoridades colombianas para que adoptaran con urgencia medidas adecuadas para garantizar los derechos de las comunidades rurales, entre ellos el derecho a la salud, al agua y a la alimentación, y pusieran fin a las operaciones de erradicación forzada de cultivos.2
En las subregiones del Bajo Cauca, noreste de Antioquia y Catatumbo, y en el sur del departamento de Bolívar, las fuerzas del Estado hicieron uso excesivo de la fuerza al aplicar las medidas de aislamiento para contener la COVID-19.
El pueblo indígena Awá del resguardo de Pialapí-Pueblo Viejo (departamento de Nariño) condenó el homicidio de un indígena durante una protesta contra la erradicación forzada de la coca en la zona.
Anderson Arboleda, un joven afrodescendiente, murió el 19 de mayo en Puerto Tejada (departamento del Cauca), debido presuntamente a una paliza que le había propinado un agente de la Policía Nacional.
La Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’was (ASOU ́WAS) denunció que el Ejército Nacional había matado a un líder indígena durante unas operaciones militares efectuadas en el municipio de Chitagá (departamento de Norte de Santander). La comunidad desmintió la declaración del Ejército Nacional de que la muerte se había producido en combate.
En mayo, la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) denunció dos incidentes violentos que habían tenido lugar en su región, en los que agentes de las fuerzas de seguridad que erradicaban forzadamente cultivos de coca habían disparado de forma indiscriminada contra campesinos y habían causado la muerte de dos de ellos en el municipio de Teorama.
El 9 de septiembre, el abogado Javier Ordóñez murió como consecuencia de la tortura y el uso excesivo de la fuerza a los que fue sometido por la Policía Nacional en Bogotá.3 El 10 de septiembre, el ministro de Defensa, responsable de la Policía Nacional, informó de que 403 personas —entre ellas 194 miembros de las fuerzas de seguridad— habían resultado heridas y otras 10 habían muerto (7 en Bogotá y 3 en Soacha) en el marco de las protestas que habían tenido lugar los días 9 y 10 de septiembre en respuesta al homicidio de Javier Ordóñez. Había en curso una investigación interna sobre la muerte del abogado.
Colombia era el país más peligroso del mundo para defender los derechos ambientales, según la ONG Global Witness. El 17 de agosto, la OACNUDH declaró que había documentado 97 casos de asesinato de defensores y defensoras de los derechos humanos, de los cuales había verificado 45 homicidios. Las víctimas eran miembros de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, defensores y defensoras del derecho a la tierra y el medioambiente, y personas implicadas en la implementación del Acuerdo de Paz. El programa Somos Defensores informó de que, entre enero y diciembre, habían resultado muertos 135 defensores y defensoras de los derechos humanos a causa de su trabajo, y que se esperaba confirmación de otros 65 homicidios.
En marzo, la Fiscalía General de la Nación informó de que había habido avances en 173 de los 317 casos de homicidio de personas que defendían los derechos humanos. Estos esfuerzos eran insuficientes para combatir la impunidad por los ataques contra los defensores y defensoras.
El Movimiento Ríos Vivos denunció que las medidas colectivas de protección para quienes defendían los derechos humanos eran inadecuadas y no garantizaban a los miembros del movimiento el derecho a la vida y a la integridad física porque no abordaban las causas estructurales de la violencia y las autoridades no cumplían sus compromisos.
El Proceso de Comunidades Negras (PCN) del distrito de Buenaventura manifestó en repetidas ocasiones que la impunidad por las amenazas fomentaba nuevos ataques. El Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) denunció que los campesinos que defendían los derechos relacionados con la tierra sufrían altos niveles de violencia y carecían de protección del Estado.
El Asentamiento Ancestral Indígena Kubeo-Sikuani (departamento del Meta) condenó la falta de reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y subrayó que esa era una de las causas principales de la violencia que los afectaba.
La Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de La Perla Amazónica (ADISPA) destacó la amenaza que representaban los nuevos grupos armados que habían aparecido tras la firma del Acuerdo de Paz.4
Las fuerzas de seguridad del Estado continuaron llevando a cabo campañas difamatorias y de vigilancia ilegal contra líderes y lideresas sociales, periodistas y personas opositoras al gobierno. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció en mayo que el Ejército Nacional sometía a vigilancia ilegal a las defensoras de los derechos humanos Luz Marina Cuchumbe y Jani Rita Silva. En mayo, varios medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos denunciaron que las fuerzas armadas estaban llevando a cabo operaciones ilegales de vigilancia contra más de 130 personas, entre ellas periodistas nacionales e internacionales, defensores y defensoras de los derechos humanos y personalidades políticas.
Las denuncias de violencia de género aumentaron durante las medidas de aislamiento impuestas para contener la COVID-19. Según el Observatorio Feminicidios Colombia, entre enero y noviembre se registraron 568 feminicidios, entre los que figuraban casos de mujeres empaladas, quemadas, sometidas a abusos sexuales, torturadas y desmembradas.
Las mujeres venezolanas en situación migratoria irregular encontraban obstáculos para acceder a los servicios de salud.
Las organizaciones que defendían los derechos de las mujeres denunciaron que las dificultades para acceder a los servicios de aborto legal aumentaron durante el año. El 16 de septiembre, 91 organizaciones de la sociedad civil y 134 activistas presentaron una petición a la Corte Constitucional para eliminar el delito de aborto del Código Penal. Esta cuestión seguía pendiente al finalizar el año.
La organización Colombia Diversa denunció que 71 personas LGBTI habían sido asesinadas en 2020. Las organizaciones defensoras de los derechos de las personas LGBTI condenaron la muerte en septiembre de Juliana Giraldo, una mujer trans, por un disparo efectuado por un soldado en Miranda (departamento del Cauca).
La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) informó en mayo de que en Colombia vivían 1.764.883 migrantes y refugiados de Venezuela, de los que 8.824 habían solicitado la condición de refugiado.
A pesar de que el gobierno había prohibido los desalojos forzosos durante el estado de emergencia, personas refugiadas y migrantes se vieron sometidas a ellos en periodos en los que estaban en vigor medidas de aislamiento. Miles de personas regresaron a Venezuela, pese al riesgo que su vida corría allí, debido a la escasez de oportunidades en Colombia. También se registraron casos de detención arbitraria. La ONG Dejusticia denunció que los grupos armados organizados al margen de la ley de los departamentos de La Guajira, Norte de Santander y Arauca (en la frontera con Venezuela) ponían en peligro la vida y la integridad física de las personas que habían llegado a Colombia huyendo de Venezuela.
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