Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos en el marco del prolongado conflicto armado aumentaron en los departamentos del Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Norte de Santander. Ocho jóvenes perdieron la vida en los ataques que las fuerzas armadas lanzaron contra los grupos armados Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los departamentos del Chocó, Guaviare y Caquetá. Aumentaron los asesinatos de excombatientes de las FARC-EP. Al menos 100.000 personas fueron desplazadas o confinadas forzosamente como consecuencia del prolongado conflicto, lo que afectó particularmente a los derechos de los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes. En el marco del Paro Nacional hubo numerosas denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad contra quienes se manifestaban de forma pacífica, especialmente en Cali. La policía detuvo arbitrariamente y torturó a manifestantes, y hubo denuncias de violencia sexual y de género contra mujeres y personas LGBTI. Al menos 100 personas sufrieron traumatismos oculares por el uso excesivo e ilegítimo de armas de letalidad reducida por parte de los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Los homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos y las amenazas dirigidas contra estas personas alcanzaron niveles alarmantes.
Más de 28 millones de personas recibieron la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19 entre febrero y el 31 de diciembre, según el Ministerio de Salud y Protección Social. Hasta el 31 de diciembre se habían registrado 129.942 muertes por COVID-19 durante el año.
Miles de personas protestaron de forma pacífica en el marco del Paro Nacional, que comenzó el 28 de abril. Las protestas fueron provocadas inicialmente por una propuesta de reforma tributaria que el gobierno trató de imponer durante una crisis social agravada por la pandemia de COVID-19. La propuesta tributaria fue retirada tras la presión ejercida por las movilizaciones multitudinarias. Sin embargo, la agitación social continuó y contemplaba demandas sociales más amplias, peticiones de justicia por violaciones de derechos humanos, y protestas por la lenta implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y la violencia persistente en varias zonas del país.
El Consejo de Seguridad de la ONU amplió hasta 2022 el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.
En octubre, la Corte Constitucional amplió hasta el 27 de junio de 2022 el mandato de la Comisión de la Verdad.
Según el Instituto Kroc, que monitoreaba el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016 entre las FARC-EP y el Estado colombiano, la aplicación del Acuerdo seguía llevándose a cabo con lentitud. Preocupaba la considerable demora de los avances en la reforma rural integral (punto 1), el fin del conflicto armado (punto 3) y la solución al problema de las drogas ilícitas (punto 4).
En el primer semestre de 2021 se celebraron dos reuniones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. El mandato de esta comisión, establecido por el Acuerdo de Paz y que conllevaba la participación de la sociedad civil, era crear una política pública para el desmantelamiento de los grupos armados. No se celebraron más reuniones pese a la petición de avances expresada por miembros de la sociedad civil.
Entre enero y noviembre se registraron 41 casos de homicidio o desaparición forzada de excombatientes, según la organización de la sociedad civil Indepaz.
Los avances en la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito se vieron obstaculizados por la compleja situación de seguridad y la reanudación de la fumigación aérea con glifosato.
En agosto, en cumplimiento del Acuerdo de Paz, se crearon 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para las víctimas.
Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), se llevó a cabo la práctica ilegal de perfilación de las personas que denunciaron en las redes sociales la violencia policial durante el Paro Nacional. Las capacidades de inteligencia militar se destinaron a elaborar el perfil de al menos 57 periodistas mediante la recopilación de datos tales como la ubicación geográfica y la actividad en las redes sociales.
El Ministerio de Defensa promovió la campaña “La verdad en un mar de mentiras” y difundió publicaciones que afirmaban que las denuncias de violencia policial eran “noticias falsas” y “terrorismo digital”.
La FLIP denunció 402 ataques contra profesionales de los medios de comunicación que documentaron las protestas sociales entre abril y noviembre. Según esta organización, 170 personas recibieron amenazas y 20 fueron detenidas de forma arbitraria en el marco de las protestas.
José Alberto Tejada, un periodista que había documentado el Paro Nacional en Cali, fue víctima de más de 14 incidentes de seguridad.1 El 31 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares en su favor.
La periodista Claudia Julieta Duque denunció que la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior había recopilado información privada sobre sus desplazamientos entre febrero y agosto sin su autorización.
El Decreto 575, que disponía el despliegue de las fuerzas armadas en las operaciones de orden público en ocho departamentos, fue promulgado el 28 de mayo y suspendido temporalmente en julio por el Consejo de Estado.
Entre el 28 de abril y el 30 de junio murieron 84 personas en el marco de las protestas, 1.790 resultaron heridas, y 298 defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron ataques. Entre las personas heridas, 103 sufrieron traumatismos oculares.2
Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, expresó en junio su profunda preocupación por las denuncias de violaciones graves de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad de Colombia. En diciembre, su oficina publicó un informe que afirmaba que se había verificado la muerte de 46 personas (44 civiles y dos agentes policiales) en el marco de las protestas —principalmente en la ciudad de Cali—, así como 60 denuncias de violencia sexual. De esas denuncias, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) verificó 16 casos de violencia sexual presuntamente cometida por miembros de la Policía Nacional.
Cali fue el epicentro de la represión policial de la protesta social.3 El 3 de mayo comenzó la Operación Siloé, una incursión conjunta de miembros de la Policía Nacional, el ESMAD y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) en la que se utilizaron armas letales contra personas que protestaban pacíficamente. Kevin Agudelo murió tras recibir un disparo durante una vigilia por las víctimas de la violencia policial. El 9 y el 28 de mayo, la Policía Nacional y varios civiles armados agredieron a manifestantes en Cali, en lo que podía considerarse un tipo de paramilitarismo urbano.
Tras las numerosas denuncias registradas sobre la respuesta militarizada y la represión policial de las manifestaciones, la CIDH realizó entre el 8 y el 10 de junio una visita de trabajo a Colombia. En sus observaciones y recomendaciones, pidió, entre otras cosas, el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la separación de la Policía Nacional —incluido el ESMAD— del Ministerio de Defensa para garantizar que sus acciones respondieran a un enfoque civil y no a uno militar.
La violencia policial contra las personas que protestaban continuó en agosto, septiembre y octubre, lo que dio lugar a que 25 organizaciones de la sociedad civil pidieran que la CIDH activara el Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia dispuesto en el informe sobre la visita de trabajo realizada por la Comisión.
Hasta el 27 de mayo, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada había registrado 775 desapariciones forzadas en el marco del Paro Nacional, y seguía sin conocerse la suerte de 327 personas.
El 5 de junio, el joven de 17 años Duván Felipe Barros Gómez desapareció en el marco de las manifestaciones celebradas en la capital (Bogotá). Tras un mes de búsqueda por parte de su familia, su cuerpo sin vida fue hallado en el depósito de cadáveres de las instalaciones de Medicina Legal.
Según la Campaña Defender la Libertad, en la que participaron varias ONG, 3.275 personas fueron detenidas arbitrariamente en el marco de las manifestaciones que tuvieron lugar entre el 28 de abril y el 30 de junio.
El 28 de mayo, Álvaro Herrera, Noé Muñoz y Sebastián Mejía fueron golpeados y detenidos por civiles armados, y posteriormente permanecieron 24 horas bajo custodia de la Policía Nacional en Cali. Álvaro Herrera y Sebastián Mejía denunciaron que habían sido sometidos a tortura y otros tratos crueles e inhumanos durante la detención.
En el marco del Paro Nacional, la Minga Indígena fue atacada el 9 de mayo por civiles armados, con el consentimiento de la Policía Nacional.4Un total de 10 personas indígenas, entre ellas la defensora de los derechos humanos Daniela Soto, resultaron gravemente heridas.
Hermilda Benítez Domico, natural del resguardo indígena Río Murindó, y Oracio Carupia, miembro del pueblo indígena Embera Eyabida, murieron en junio por la explosión de unas minas terrestres en el municipio de Dabeiba (departamento de Antioquia).
El 28 de septiembre, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 022 en respuesta al riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes indígenas en la localidad de La Pedrera (departamento de Amazonas) por parte de las disidencias de las FARC-EP.
El movimiento Proceso de Comunidades Negras denunció que entre el 28 de abril y julio se habían registrado al menos 15 casos de violencia de género contra mujeres negras en el marco de las protestas de Cali. Además, la ONG Temblores denunció que 491 mujeres habían sufrido violencia policial en el marco de las manifestaciones, y 35 habían sido víctimas de violencia sexual por parte de funcionarios del Estado.
En julio, la red de organizaciones de la sociedad civil Cinco Claves presentó un informe a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el que pedía la apertura de un caso nacional sobre violencia sexual, violencia reproductiva y violencia motivada por la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas en el marco del conflicto armado. Asimismo, la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados presentó un informe que documentaba 109 casos de violencia sexual cometida contra mujeres y niñas afrocolombianas en el marco del conflicto armado.
El 18 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia histórica en la causa de Jineth Bedoya contra Colombia, y declaró al Estado responsable de la tortura física, sexual y psicológica que esta periodista había sufrido en el año 2000.
En noviembre, la Corte Constitucional no se pronunció sobre una demanda presentada en 2020 por la red de organizaciones de la sociedad civil Causa Justa para despenalizar el aborto. Estaba previsto que la Corte dictara sentencia en enero de 2022.
Según la ONG Caribe Afirmativo, cinco personas LGBTI fueron víctimas de violencia policial en el marco las protestas que tuvieron lugar entre el 28 de abril y el 10 de junio.
El 21 de mayo, un joven gay que participaba en una protesta fue detenido de forma arbitraria y agredido sexualmente en una comisaría policial en el municipio de Soledad (departamento de Atlántico). Según informes, un guardia incitó a los reclusos a que abusaran sexualmente del joven cuando se descubrió su orientación sexual.
Según el Centro de Investigación y Educación Popular, ocho personas indígenas defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio en los departamentos del Cauca, Nariño, Putumayo y La Guajira durante la primera mitad del año. Se trataba de Carmen Ofelia Cumbalaza (precandidata al concejo municipal por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia), María Bernarda Juajibioy, Gilberto Findicué, Aura Esther García, Fernando Esneider Lozada, Geovanny Cabezas (líder juvenil y guardia indígena del resguardo Kwe’sx Kiwe Nasa), y Oneida Argenis Yatacué y su esposo Marcelino Yatacué. Entre enero y el 31 de octubre, la OACNUDH recibió 180 denuncias de homicidio de defensores y defensoras de los derechos humanos, de las cuales verificó 67. Las cifras más elevadas de denuncias de asesinato de personas defensoras de los derechos humanos se presentaron en los departamentos de Valle del Cauca (31), Cauca (10) y Antioquia (6).
Según la ONG Programa Somos Defensores, entre enero y septiembre se registraron 501 amenazas, 86 homicidios y 72 intentos de homicidio contra personas defensoras de los derechos humanos. El 41,6% de estos actos tuvieron lugar en el marco del Paro Nacional.
La defensora ambientalista Jani Silva se vio obligada a abandonar su domicilio en Puerto Asís (departamento de Putumayo) el 23 de julio cuando salió a relucir un plan para asesinarla.5
El 14 diciembre, Temblores denunció presuntas órdenes de seguimiento e interceptación contra sus miembros por parte de la Fiscalía General de la Nación. La organización de derechos humanos había documentado la violencia policial y representado a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas.
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, 60.751 personas fueron desplazadas forzosamente, principalmente en los departamentos del Chocó, Cauca, Nariño y Norte de Santander, y 50.969 personas fueron confinadas forzosamente, lo que significaba que se veían obligadas a permanecer en territorios con acceso limitado a alimentos, agua potable y servicios básicos a causa del conflicto armado. La inmensa mayoría (95%) eran personas indígenas o miembros de comunidades afrodescendientes.
En julio, 4.099 personas fueron desplazadas forzosamente en el municipio de Ituango (departamento de Antioquia) debido a la disputa territorial existente entre las disidencias de las FARC-EP y el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Los crímenes de derecho internacional y los abusos y violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado interno siguieron cobrándose víctimas, especialmente en las zonas rurales. Según la ONG Dejusticia, tres menores de edad perdieron la vida el 2 de marzo cuando las fuerzas armadas bombardearon un campamento de las disidencias de las FARC-EP en el departamento de Guaviare. Yeison Stiven Yule Pequi, de 17 años y perteneciente al resguardo indígena Altamira, murió el 5 de julio tras un ataque aéreo lanzado por el Ejército Nacional sobre un campamento de las disidencias de las FARC-EP en el departamento del Caquetá. El 16 de septiembre, cuatro menores de edad murieron en un ataque aéreo lanzado por el ejército sobre un campamento del ELN en el departamento del Chocó.
Dos menores de edad venezolanos, uno de ellos perteneciente al pueblo indígena binacional Wayuú, murieron el 9 de octubre en el municipio de Tibú (departamento de Norte de Santander) a manos de los hombres armados que ejercían el control territorial en la zona.
La OACNUDH confirmó que hasta el 31 de octubre se habían registrado 43 masacres (asesinatos de tres o más personas efectuados por el mismo presunto asesino al mismo tiempo y en el mismo lugar) y se estaban verificando 36 más.
EL 28 de enero, la JEP imputó cargos a ocho miembros del antiguo secretariado de las FARC-EP por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
En julio, en dos decisiones diferentes, la JEP imputó cargos a 25 exmilitares en relación con 127 ejecuciones extrajudiciales que habían tenido lugar en la región del Catatumbo (en la costa norte del Caribe) entre 2002 y 2003, y 120 ejecuciones similares que habían tenido lugar entre 2007 y 2008. Los homicidios se habían presentado falsamente como bajas de rebeldes en combate (conocidas como “falsos positivos”).
También en julio, la Corte Constitucional decidió trasladar el caso de Dilan Cruz —manifestante de 18 años muerto a manos de la policía en 2019— de los tribunales militares al sistema de justicia ordinaria.
El 28 de octubre, el fiscal de la Corte Penal Internacional cerró el examen preliminar sobre Colombia por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y firmó un acuerdo de cooperación con el gobierno.
El 8 de febrero, el gobierno anunció la creación del Estatuto Temporal de Protección para las personas migrantes y refugiadas de origen venezolano, que les permitiría mantener regularizada su situación durante 10 años.
Según la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, en agosto había en Colombia 1.842.390 personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela, de las cuales 1.182.059 habían empezado su proceso de regularización migratoria.
El 30 de marzo, la Defensoría del Pueblo informó sobre una crisis humanitaria en el departamento de Arauca debido a la llegada de más de 4.000 personas provenientes de Venezuela que necesitaban protección internacional a raíz de las operaciones militares entre el ejército venezolano y los grupos armados que tenían lugar en la frontera.
En octubre, entre 15.000 y 20.000 personas migrantes y solicitantes de asilo provenientes de países como Haití, Senegal y Ghana continuaban atrapadas en el municipio de Necoclí (departamento de Antioquia), un punto de tránsito clave para quienes trataban de cruzar a Panamá. Tres mujeres perdieron la vida el 12 de octubre tras el naufragio de una embarcación que había salido de Necoclí con destino a San Blas (Panamá).
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