Colombia: El cese al fuego bilateral con el ELN, un histórico paso adelante
Información extraída de nuestro Informe 2016/17
El Congreso ratificó en noviembre un acuerdo de paz entre el gobierno y el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Su ratificación marcó oficialmente el fin del conflicto armado entre las dos partes —que había durado cinco decenios—, tras más de cuatro años de conversaciones. No obstante, hubo un aumento de los homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos, entre los que había líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos. El proceso de paz con el segundo mayor grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), no había comenzado al concluir el año. Persistían las dudas sobre si el acuerdo de paz con las FARC garantizaría que todas las personas sospechosas de ser penalmente responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra rindieran cuentas con arreglo al derecho internacional.
En junio, el gobierno y las FARC firmaron un acuerdo bilateral de alto el fuego y de cese de las hostilidades.1 El acuerdo entró en vigor el 29 de agosto, aunque desde 2015 había un alto el fuego de facto. El 24 de agosto, las dos partes alcanzaron un acuerdo de paz,2 que se firmó el 26 de septiembre en Cartagena.3 Sin embargo, el acuerdo fue rechazado el 2 de octubre en referéndum, en parte por la preocupación que suscitaba la laxitud de sus disposiciones relativas a la justicia.
El 12 de noviembre, las dos partes anunciaron un acuerdo de paz revisado, que se firmó el 24 de noviembre. Tras la ratificación del acuerdo por el Congreso el 30 de noviembre, estaba previsto que las FARC iniciaran un proceso de desmovilización y desarme de seis meses de duración, que debía ser supervisado y verificado en parte por una misión de observadores de la ONU desarmados. Al terminar el año, los combatientes de las FARC todavía no se habían congregado en las zonas de concentración desde donde debían comenzar el proceso de desmovilización; ello se debió a retrasos a la hora de hacer habitables dichas zonas.
El 28 de diciembre, el Congreso aprobó una ley que preveía amnistías o indultos a combatientes de las FARC y la renuncia a la persecución penal de los miembros de las fuerzas de seguridad, siempre que sus beneficiarios no estuvieran siendo investigados por crímenes de derecho internacional o no hubieran sido declarados culpables de cometer tales delitos. Aquellas personas que hubieran cumplido al menos cinco años de prisión por crímenes de derecho internacional serían, bajo determinadas circunstancias, puestas en libertad condicional. Las ambigüedades de la ley podían dar lugar a que muchos responsables de abusos contra los derechos humanos eludieran la justicia.
Las modificaciones introducidas en el acuerdo de paz no reforzaban de manera significativa los derechos de las víctimas. Sin embargo, en caso de aplicarse de manera efectiva, la disposición que exigía a las FARC proporcionar un inventario de los bienes adquiridos en el conflicto —bienes que se emplearían para brindar reparación a las víctimas— supondría un acontecimiento positivo.
El acuerdo de paz establecía la Jurisdicción Especial para la Paz —que entraría en vigor una vez que fuera aprobado por el Congreso—, a fin de investigar y castigar a los responsables de crímenes de derecho internacional; también establecía una comisión de la verdad y un mecanismo para localizar e identificar a las personas desaparecidas a consecuencia del conflicto.
Sin embargo, a pesar de contar con algunos aspectos positivos, el acuerdo no cumplía el derecho y las normas internacionales sobre los derechos de las víctimas: entre otras cosas, incluía castigos que parecían no ajustarse a la gravedad de determinados crímenes, y una definición de la responsabilidad de la cadena de mando que podría dificultar la rendición de cuentas de los jefes de las FARC y de los de las fuerzas de seguridad por los delitos cometidos por sus subordinados.
El 30 de marzo, el gobierno y el ELN anunciaron que entablarían negociaciones de paz. No obstante, el proceso aún no había comenzado al terminar el año debido a que el ELN no había liberado a uno de sus rehenes más conocidos.
El presidente Santos fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz el 7 de octubre por su papel para conseguir el acuerdo de paz.4
Hasta el 1 de diciembre de 2016, la Unidad de Víctimas, establecida por el gobierno, había registrado las siguientes cifras: casi 8 millones de víctimas del conflicto desde 1985, entre las que había unas 268.000 víctimas de homicidio, la mayoría civiles; más de 7 millones de víctimas de desplazamiento forzado; alrededor de 46.000 víctimas de desaparición forzada; al menos 30.000 casos de toma de rehenes; más de 10.000 víctimas de tortura; y aproximadamente 10.800 víctimas de minas terrestres antipersonales y de artefactos explosivos no detonados. Las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros eran responsables de esos crímenes.
La reducción de las hostilidades entre las fuerzas de seguridad y las FARC durante el año dio lugar a una fuerte disminución de la violencia relacionada con el combate que afectaba a la población civil. No obstante, las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, particularmente las que habitaban en zonas de interés para los sectores agroindustrial, minero y de infraestructuras, continuaban haciendo frente a abusos y violaciones de derechos humanos.
En agosto, cuatro miembros del pueblo indígena awá murieron por disparos de hombres armados no identificados en tres ataques distintos en el departamento de Nariño. Entre las víctimas se encontraba Camilo Roberto Taicús Bisbicús, líder del resguardo indígena de Hojal La Turbia, en el municipio de Tumaco.
En marzo, más de 6.000 personas, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes, fueron desplazadas a la fuerza de tres zonas fluviales en el departamento del Chocó a causa de los enfrentamientos entre grupos armados.
Se recibieron denuncias de homicidios ilegítimos cometidos por las fuerzas de seguridad, así como denuncias de uso excesivo de la fuerza, especialmente por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), durante protestas.5
El 29 de febrero, unos soldados mataron al campesino Gilberto de Jesús Quintero en la vereda de Tesorito, municipio de Tarazá, en el departamento de Antioquia. En un primer momento, el ejército afirmó que se trataba de un guerrillero del ELN muerto en combate. Sin embargo, varios testigos sostenían haber visto a los soldados intentar vestir el cadáver con uniforme militar de combate, y el ejército afirmó posteriormente que el homicidio había sido un error militar.
Las investigaciones penales sobre las ejecuciones extrajudiciales que implicaban a miembros de las fuerzas de seguridad avanzaron con lentitud. Un informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional publicado en noviembre afirmaba que, hasta julio, la Fiscalía General de la Nación estaba investigando 4.190 ejecuciones extrajudiciales. Hasta febrero se habían dictado un total de 961 sentencias condenatorias, de las que sólo unas pocas implicaban a oficiales de alto rango. Según un informe publicado en marzo por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al concluir 2015, 7.773 miembros de las fuerzas de seguridad estaban siendo investigados por ejecuciones extrajudiciales. En noviembre, un juez dictó sentencias condenatorias contra más de una docena de miembros del ejército por el homicidio ilegítimo de cinco hombres jóvenes de Soacha, departamento de Cundinamarca, cometido en 2008.
El ELN y las FARC siguieron cometiendo abusos contra los derechos humanos, aunque los casos atribuibles a las FARC disminuyeron con el avance del proceso de paz.
Hubo amenazas de muerte contra líderes y lideresas indígenas y periodistas. Por ejemplo, en junio, un hombre que afirmaba pertenecer al ELN telefoneó a María Beatriz Vivas Yacuechime, lideresa del Consejo Regional Indígena del Huila, y amenazó con matarla a ella y a su familia. En julio, el periodista Diego D’Pablos y el camarógrafo Carlos Melo recibieron mensajes con amenazas de muerte de alguien que afirmaba ser miembro del ELN. Ambos, junto con su compañera periodista Salud Hernández-Mora, habían sido secuestrados por el ELN en la región septentrional de Catatumbo ese mismo año.6
El 24 de marzo, dos hombres que afirmaban ser miembros de las FARC llamaron a la casa del líder indígena Andrés Almendras, en la vereda Laguna-Siberia del municipio de Caldono, en el departamento del Cauca. Andrés Almendras no se hallaba en su domicilio en ese momento, así que los hombres preguntaron a su hija dónde estaba el “sapo” porque querían que se marchara de la zona.
Los grupos paramilitares seguían operando pese a su supuesta desmovilización 10 años antes. Ya actuaran solos o en connivencia con agentes del Estado, fueron responsables de numerosas violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios y amenazas de muerte.7
En abril, varias ONG locales denunciaron que un grupo armado conformado por unos 150 paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) había entrado en la comunidad afrodescendiente de Teguerré, en el territorio colectivo de Cacarica, ubicado en el departamento del Chocó. Durante el año se tuvo noticia de otras incursiones de las AGC en la zona de Cacarica. Algunos líderes comunitarios fueron amenazados por este grupo paramilitar, que los había declarado “objetivos militares”.
Se recibió información cada vez más abundante sobre incursiones paramilitares en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el departamento de Antioquia, algunos de cuyos miembros habían sido amenazados.8
Hasta el 30 se septiembre, sólo 180 de los más de 30.000 paramilitares que supuestamente habían abandonado las armas durante el proceso de desmovilización promovido por el gobierno habían recibido sentencias condenatorias en virtud de la Ley de Justicia y Paz de 2005 por crímenes relacionados con la violación de derechos humanos; la mayoría de ellos habían recurrido las sentencias. La mayor parte de los paramilitares no se sometieron al proceso de Justicia y Paz, y recibieron amnistías de facto.
Muy pocos de los sospechosos de ser responsables de crímenes de derecho internacional relacionados con el conflicto comparecieron ante la justicia. No obstante, en el marco del proceso de paz, el gobierno y las FARC pidieron formalmente perdón por su papel en varios casos emblemáticos de violaciones de los derechos humanos.
El 30 de septiembre, en La Chinita, municipio de Apartadó, en el departamento de Antioquia, las FARC pidieron perdón por matar a 35 habitantes de la localidad el 23 de enero de 1994.
El 15 de septiembre, el presidente Santos pidió formalmente perdón por la implicación del Estado en los homicidios —cometidos durante las décadas de 1980 y 1990— de alrededor de 3.000 miembros del partido Unión Patriótica, fundado por el Partido Comunista de Colombia y las FARC, que se enmarcaba en el fallido proceso de paz durante el gobierno de Belisario Betancur.
En febrero, la Corte Constitucional resolvió que la reforma (Acto Legislativo Núm. 1) de 2015 que otorgaba a los tribunales militares competencia para oír los casos relativos al servicio militar y a los crímenes cometidos en servicio activo se ajustaba a la Constitución. La reforma también estipulaba que, en las investigaciones sobre personal militar respecto a crímenes relacionados con el conflicto, sería de aplicación el derecho internacional humanitario, y no el derecho internacional de los derechos humanos, a pesar de que muchos de esos crímenes no se habían cometido en actos de combate y de que la inmensa mayoría de las víctimas eran civiles. Sin embargo, la Corte decidió que en las investigaciones también sería de aplicación el derecho internacional de los derechos humanos. Aun así, se temía que la sentencia de la Corte ayudara muy poco a poner fin a la impunidad, dado el terrible historial del sistema de justicia militar a la hora de procesar a los miembros de las fuerzas armadas implicados en violaciones de derechos humanos.
Siguió informándose de un gran número de amenazas y homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente líderes comunitarios, activistas ambientales y en favor de los derechos sobre la tierra y de personas que hacían campaña por la paz y la justicia. La mayoría de las amenazas se atribuían a grupos paramilitares, pero en la mayor parte de los casos resultaba difícil identificar qué grupos eran responsables de los homicidios. Según la ONG Somos Defensores, al menos 75 defensores y defensoras fueron víctimas de homicidio hasta el 8 de diciembre de 2016, frente a 63 en todo 2015. En general, estos ataques no tenían lugar en un contexto de combate entre las partes beligerantes, sino que se trataba de homicidios selectivos. También se robó información delicada de las oficinas de varias organizaciones de derechos humanos. Hasta el 20 de diciembre, la ONG Escuela Nacional Sindical había registrado 17 homicidios de sindicalistas.
El 29 de agosto, tres dirigentes de la ONG Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), Joel Meneses, Nereo Meneses Guzmán y Ariel Sotelo, fueron abatidos a tiros por un grupo de hombres armados en el municipio de Almaguer, en el departamento del Cauca.
En agosto, Ingrid Vergara, portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), recibió una llamada telefónica amenazadora tras asistir a una audiencia pública sobre derechos humanos celebrada en el Congreso, en la capital, Bogotá. Durante años, Ingrid Vergara y otros miembros de MOVICE habían sido objeto de amenazas y hostigamiento reiterados por su labor de derechos humanos.
El proceso de restitución de tierras, aplicado desde 2012, continuó avanzando con lentitud en lo referente a la devolución a sus legítimos ocupantes de tierras que habían sido objeto de apropiación indebida durante el conflicto. Según la Unidad de Restitución de Tierras —de carácter estatal— hasta el 5 de diciembre, los jueces de restitución de tierras se habían pronunciado en una serie de casos de campesinos que reclamaban unas 62.093 hectáreas, y de una comunidad afrodescendiente y cuatro comunidades indígenas que reclamaban 131.657 hectáreas.
Los activistas sobre los derechos a la tierra continuaron siendo víctimas de amenazas y homicidios.9 El 11 de septiembre, el líder afrodescendiente Néstor Iván Martínez murió abatido a tiros por unos atacantes no identificados en el municipio de Chiriguaná, departamento del Cesar. Néstor Iván Martínez participaba activamente en campañas de defensa del medio ambiente y de los derechos sobre las tierras, y también había hecho campaña contra actividades mineras.
El 29 de enero, el Congreso aprobó la Ley 1776, que creaba grandes proyectos agroindustriales denominados Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES). Sus detractores sostenían que dichos proyectos podrían socavar los derechos sobre la tierra de las comunidades rurales.
En febrero, la Corte Constitucional decretó la inconstitucionalidad de la legislación que estipulaba que no se aceptarían reclamaciones de restitución de tierras en las áreas denominadas Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (PINES). La Corte resolvió que dichas tierras podían ser expropiadas por el Estado, pero que los reclamantes tendrían derecho a una audiencia formal sobre la expropiación y a la indemnización establecida por los tribunales.
El 9 de junio, la Corte Constitucional hizo pública su sentencia de diciembre de 2015 que anulaba tres resoluciones de la Agencia Nacional de Minería y del Ministerio de Minas y Energía que habían declarado Áreas de Reserva Estratégica Minera (AEM) 20 millones de hectáreas de tierra, que incluían territorios indígenas y de afrodescendientes. La Corte dictó que la delimitación de cualquier AEM dependería del consentimiento previo de las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitaran en esas áreas.
Se siguieron denunciando delitos de violencia sexual cometidos por todas las partes en el conflicto. Hasta el 1 de diciembre, la Unidad de Víctimas había registrado, desde 1985, más de 17.500 víctimas de delitos contra la integridad sexual relacionados con el conflicto.
En marzo, la ONG Mesa de seguimiento a los Autos 092 de 2008 y 009 de 2015 de la Corte Constitucional publicó un informe sobre el estado de aplicación de ambos autos. Los autos hacían hincapié en la prevalencia de la violencia sexual contra las mujeres relacionada con el conflicto y ordenaban al Estado combatir esos delitos y llevar ante la justicia a los sospechosos de ser penalmente responsables. El informe determinaba que, pese a que el Estado había hecho algunos avances a la hora de investigar dichos delitos, no había actuado de manera efectiva para garantizar el derecho de las supervivientes a la verdad, la justicia y la reparación. La inmensa mayoría de los sospechosos de ser penalmente responsables de esos delitos no había comparecido ante la justicia al concluir el año.
En agosto, el gobierno promulgó el Decreto 1314, por el que se creaba una comisión para desarrollar un programa integral de Garantías para la Mujeres Lideresas y Defensoras de los derechos Humanos, que incluiría mecanismos de prevención y protección.
En junio, la Fiscalía General de la Nación dictó una resolución para adoptar un protocolo de investigación de los delitos de violencia sexual.
En marzo, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos publicó un informe en el que felicitaba al gobierno y a las FARC por los avances realizados en aras de alcanzar un acuerdo de paz. No obstante, afirmaba sobre los grupos paramilitares (a los que se refería en el informe como “grupos armados posdesmovilización”): “socavan constantemente los derechos humanos y la seguridad ciudadana, la administración de justicia y la construcción de paz, incluyendo la restitución de tierras. La desarticulación de grupos que mantienen control sobre tierras despojadas a través del uso de la violencia o las amenazas constituye un desafío permanente para la paz”.
En sus observaciones finales sobre Colombia, publicadas en octubre, el Comité contra la Desaparición Forzada, de la ONU, reconocía los esfuerzos de las autoridades colombianas y destacaba la reducción de casos de desaparición forzada durante los años precedentes. Aun así, expresaba preocupación por que Colombia siguiera sin reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones presentadas por las víctimas o en nombre de éstas, así como por la falta de avances significativos en la investigación de dichos delitos.
En noviembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU destacó la notable reducción del impacto del conflicto sobre la población civil. Sin embargo, expresó preocupación por las violaciones de derechos humanos que se seguían cometiendo, incluidas las privaciones arbitrarias de la vida, las desapariciones forzadas, la tortura y la persistencia de la impunidad. Asimismo, expresó preocupación por los abusos cometidos por “grupos armados ilegales surgidos de la desmovilización de organizaciones paramilitares” y por las denuncias de connivencia entre algunos de estos grupos y agentes estatales.
