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Paraguay

Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

Las autoridades seguían criminalizando la protesta social. Las investigaciones sobre casos de tortura y otros malos tratos no avanzaron. Los desalojos forzosos seguían constituyendo un problema grave y afectaban a los derechos de miles de campesinos y campesinas de pequeña escala y familias indígenas. Las autoridades no adoptaron medidas para proteger a las personas LGBTI ni a los defensores y defensoras de los derechos humanos. Los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y los embarazos forzados de niñas seguían siendo motivo de gran preocupación.

Información general

Hubo denuncias de mala gestión en el Ministerio Público y en la Defensoría del Pueblo que, en el segundo caso, dieron lugar a la dimisión del defensor del Pueblo.

Libertad de reunión y de expresión

Persistían las restricciones a la libertad de expresión. En diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en la causa de Santiago Leguizamón, periodista asesinado en 1991. La Corte responsabilizó a Paraguay de violar el derecho a la libertad de expresión, entre otros derechos, y ordenó al Estado proporcionar reparación.

Varios estudiantes, incluida la activista Vivian Genes, seguían afrontando cargos de incendio provocado en relación con un fuego que en 2021 había afectado a la sede del partido gobernante. El incendio se había producido durante las protestas sociales contra la mala gestión de los recursos destinados a abordar la pandemia de COVID-19. Las autoridades judiciales decidieron elevar la causa a juicio oral y público.

En abril, Aurora Lezcano, estudiante encausada por haber participado en una protesta social en la universidad donde estudiaba en 2017, fue absuelta tras un proceso penal que había durado años.

El periodista Juan Carlos Lezcano fue absuelto de cargos de difamación en la segunda de las cinco causas abiertas contra él por informar sobre irregularidades en la administración pública. En noviembre, él y la directora del medio informativo impreso para el que trabajaba fueron declarados culpables de difamación en la tercera de esas causas y condenados a pagar una multa.

Tortura y otros malos tratos

Persistía la impunidad por la tortura y otros malos tratos.

En abril, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura confirmó que los cadetes superiores de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López habían infligido tortura y otros malos tratos al personal de menor rango. El Mecanismo constató además que en los centros penitenciarios persistían las violaciones de derechos humanos.

El Ministerio Público no realizó avances en relación con las denuncias de 35 sobrevivientes de tortura y malos tratos infligidos en la base naval de Ciudad del Este en 2020.

Impunidad

Diez años después de la masacre de Curuguaty —operación en la que la policía había desalojado por la fuerza a 70 miembros de una comunidad campesina de pequeña escala, incluidas mujeres y niños y niñas, y que se había saldado con la muerte de 11 campesinos y 6 policías—, las autoridades aún no habían determinado la responsabilidad de las violaciones de derechos humanos que se habían cometido, ni garantizado justicia, verdad y reparación para las víctimas y sus familias.

Derechos económicos, sociales y culturales

Las autoridades no avanzaron lo suficiente en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, lo que afectaba sobre todo a las comunidades más marginadas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia sobre las políticas agrarias que habían generado un número creciente de desalojos forzosos, que a su vez habían derivado en detenciones arbitrarias y homicidios y dejado a miles de campesinos y campesinas de pequeña escala y de familias indígenas sin sus medios de vida.

La cámara legislativa aprobó una ley que creaba una comisión para estudiar las posibilidades de recuperación de las tierras obtenidas de manera irregular (“mal habidas”) durante la dictadura militar.

Pese a las deficiencias del sistema de salud que la pandemia de COVID-19 había puesto de manifiesto, el Estado siguió sin adoptar medidas concretas para establecer, mediante procesos participativos, un sistema de salud pública universal que atendiera las necesidades básicas mínimas y garantizara la atención primaria de la salud de la población.

Actuación deficiente contra la crisis climática y la degradación ambiental

Paraguay seguía siendo uno de los países de América del Sur más vulnerables al cambio climático. Aun así, las autoridades siguieron permitiendo la expansión de los monocultivos, lo que posiblemente minaba los ecosistemas nativos. Las comunidades marginadas fueron las más afectadas por esa y otras dimensiones de la degradación ambiental, como la deforestación y el uso de productos agroquímicos y fertilizantes.

Derechos de los pueblos indígenas

Las autoridades siguieron sin tener en cuenta los derechos de los pueblos indígenas.

La comunidad Tekoha Sauce del Pueblo Avá Guaraní seguía esperando que le devolvieran sus tierras, usurpadas decenios atrás por Itaipú Binacional. Mediante una demanda judicial en curso en 2022, esta empresa intentó desalojar a personas de la comunidad de otra parte de su territorio ancestral donde se hallaban asentadas.

En junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que Paraguay seguía violando los derechos de la comunidad indígena Yakye Axa del pueblo Enxet, y anunció medidas de seguimiento más firmes para garantizar el acceso de la comunidad a su propio territorio, así como su intención de visitar el país en los meses siguientes.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Las autoridades siguieron descuidando los derechos de las personas LGBTI.

No se tuvo constancia de avance alguno en las causas penales abiertas en relación con las agresiones cometidas contra personas LGBTI durante la Marcha del Orgullo celebrada en 2019 en la ciudad de Hernandarias, acto que había sido prohibido en parte por ser contrario a la “moral pública”. La demanda penal presentada por Amnistía Internacional en octubre de 2019 contra la decisión de la municipalidad continuaba paralizada.

Paraguay fue denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por violar los derechos de Yren Rotela y Mariana Sepúlveda, dos mujeres trans que llevaban reivindicando desde 2016 el derecho a cambiar legalmente sus nombres de acuerdo con su identidad de género. En diciembre, la Corte Suprema de Justicia destrabó el caso de Mariana Sepúlveda, de forma que pudiera seguir su curso ante la instancia pertinente.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Pese a las numerosas recomendaciones formuladas por los órganos de tratados y los procedimientos especiales de la ONU, las autoridades no establecieron un mecanismo concreto de protección para las personas que defendían los derechos humanos.

Derechos de la infancia

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia anunció la elaboración del contenido del Programa Nacional de Prevención y Atención Integral del Abuso Sexual hacia Niños, Niñas y Adolescentes y, a partir de agosto, informó periódicamente sobre su avance.

El Ministerio Público documentó 1.452 casos de malos tratos y 3.804 casos de abuso sexual de niños y niñas en 2022.

Hasta noviembre, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social había registrado 10.332 alumbramientos de adolescentes de entre 15 y 19 años, de las que 570 eran indígenas, y 420 casos de alumbramientos de niñas de entre 10 y 14 años, de las que 84 eran indígenas.

Derechos de las mujeres

El Ministerio de la Mujer registró 36 casos de femicidio durante el año.

Un tribunal de apelación resolvió que la causa del sacerdote que había sido declarado culpable en 2021 de acosar sexualmente a Alexa Torres había prescrito, y sobreseyó el caso. Alexa recurrió la resolución del tribunal de apelación ante la Corte Suprema de Justicia, que al terminar el año aún no se había pronunciado.

En noviembre, la prensa publicó la filtración de una circular interna del Ministerio de Relaciones Exteriores en la que se pedía al cuerpo diplomático paraguayo que evitara mencionar cuestiones que hicieran referencia a “temas de género”, así como utilizar términos tales como “diversidad”, “interseccionalidad” y “derechos sexuales y reproductivos”. El Ministerio de Educación y Ciencias pidió públicamente al profesorado y a las direcciones de las escuelas que siguieran acatando una resolución de 2017 que prohibía los materiales didácticos sobre cuestiones de género e instaba al profesorado a presentar denuncias oficiales si se hallaban materiales de ese tipo.

República del Paraguay
Jefe del Estado y del gobierno: Mario Abdo Benítez