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Uruguay

Información extraída de nuestro INFORME 2021/22

Tras sufrir algunos retrasos iniciales, el programa de vacunación contra la COVID-19 avanzó. Sin embargo, las políticas para abordar la pandemia no pudieron revertir la desigualdad estructural que ya existía, y que en 2021 se agravó y afectó especialmente a los derechos económicos, sociales y culturales de los sectores más vulnerables de la población. Unas cifras de encarcelamiento sin precedentes provocaron con frecuencia condiciones penitenciarias inhumanas. En 2021 se produjo el mayor número de muertes en prisión de la historia reciente del país. La violencia contra las mujeres siguió intensificándose y el número de feminicidios denunciados aumentó. Aunque varios miembros de las fuerzas armadas fueron procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen cívico-militar (1973-1985), no se produjeron avances sustanciales en el esclarecimiento de la suerte corrida por las víctimas de desaparición forzada durante ese periodo. Se observaron obstáculos para acceder a la información pública, especialmente sobre salud sexual y reproductiva.

Información general

La agenda social y política estuvo dominada durante el año por la movilización social que pretendía recoger el número de firmas necesario para activar un referéndum que pudiera dejar sin efecto 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada en 2020. Las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos expresaron su preocupación por las consecuencias de la imprecisa formulación de las disposiciones de esta ley, que podría afectar negativamente a los derechos humanos, sobre todo en materia de seguridad pública, derechos de las personas presas y libertad de expresión.

Libertad de expresión

Ocho periodistas se enfrentaron a acciones judiciales, en su mayor parte emprendidas por miembros del Parlamento o del gobierno, en relación con el contenido de sus artículos.

En junio, la Cámara de Representantes aprobó un “enfático rechazo” a un artículo, publicado por la cadena de noticias alemana Deutsche Welle, en el que se afirmaba que la libertad de prensa estaba en peligro en Uruguay y que el derecho de acceso a la información se hallaba restringido.

Derecho a la información

Varias solicitudes de información pública no obtuvieron respuesta o la recibida fue insatisfactoria.

En 2021 no se publicó la información relativa a los derechos sexuales y reproductivos que antes se ofrecía periódicamente.

Las autoridades denegaron el acceso a los contratos firmados con las empresas suministradoras de las vacunas contra la COVID-19.

Al final del año, el Parlamento estaba examinando un proyecto de ley para modificar la Ley 18.381 sobre el acceso a la información pública. De ser aprobado, las reformas añadirían condiciones y restringirían el acceso a las solicitudes de información, representando un retroceso en cuanto a transparencia y libertad de información.

Las organizaciones de la sociedad civil cuestionaron las estadísticas oficiales relativas a los delitos y expresaron su preocupación por que el descenso en las tasas de delincuencia se hubiera atribuido a políticas de seguridad pública sin considerar los estudios académicos que demostraban el impacto de la pandemia en esa reducción.

Condiciones penitenciarias inhumanas

Las ya duras condiciones de reclusión empeoraron durante el año. Según datos oficiales aprobados por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, la población de las cárceles aumentaba de forma constante, y en diciembre alcanzó la cifra de 13.852 personas. De acuerdo con World Prison Brief, Uruguay presentaba en 2021 la mayor tasa de encarcelamiento per cápita de América del Sur. En el contexto de unas condiciones de enorme insalubridad y hacinamiento, el número de personas que murieron en prisión por causas naturales en 2021 aumentó un 154% con respecto al año anterior.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Diecisiete miembros del ejército y la policía, retirados o en activo, fueron declarados culpables de tortura, secuestro y asesinato cometidos durante el régimen cívico-militar de las décadas de 1970 y 1980. No se produjeron avances sustanciales en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada durante ese periodo porque no se hallaron nuevas pruebas en las zonas de excavación y las personas sospechosas de ser penalmente responsables no aportaron nuevos datos.

Derechos económicos, sociales y culturales

Según el Centro de Investigaciones Económicas y la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe, las políticas adoptadas por el gobierno no fueron suficientes para compensar los efectos de la pandemia en la pobreza, el empleo y la actividad económica. Además, las decisiones sobre los recortes en el gasto público, los sueldos de la función pública y las pensiones provocaron un descenso de los salarios reales; los primeros afectaron de forma significativa al bienestar de la población, especialmente a las personas que vivían en situación de vulnerabilidad.

Derecho a la salud

Pese al retraso en la puesta en marcha del programa de vacunación debido a la compra tardía de los suministros, se logró aplicar una dosis de la vacuna al 78% de la población y, dos, al 75%. Ello dio pie a que se levantaran las restricciones y descendiera el número de pacientes en cuidados intensivos, lo que, sumado a la solidez del sistema de salud pública universal del país, redundó en una buena situación sanitaria con respecto a la COVID-19 hacia finales de 2021.

Las políticas públicas no abordaron las crecientes necesidades en cuanto a salud mental, pese a las peticiones de mejora formuladas por especialistas. Según el Ministerio de Salud Pública, la tasa de suicidios aumentó un 20% en 2021 con respecto al promedio de los cinco años anteriores.

Derechos sexuales y reproductivos

Los embarazos de niñas menores de 15 años seguían siendo un problema no reconocido en gran medida, pese a los 60 alumbramientos y 47 abortos de niñas de ese grupo etario en 2020, último año del que se disponía de estadísticas.

Aunque había un protocolo establecido de atención a niñas embarazadas menores de 15 años y un sistema de notificación para los equipos médicos que atendían sus casos, las políticas públicas en este ámbito seguían siendo insuficientes. Además, no se impartía educación sexual integral de forma sistemática y exhaustiva.

La ley sobre el aborto en Uruguay, que se había modificado en 2012, permitía practicar el aborto en el primer trimestre a petición de la embarazada. No obstante, las dificultades para acceder al aborto persistían en las zonas rurales, donde los centros de salud eran menos accesibles y el personal médico se negaba a practicar abortos por objeción de conciencia. Además, algunas personalidades políticas pronunciaron discursos para desincentivar el aborto entre las personas que vivían en la pobreza; tales declaraciones discriminatorias podrían ser síntoma de un retroceso enorme para los derechos sexuales y reproductivos en el país.

Violencia contra mujeres y niñas

Según el Observatorio contra la Violencia Basada en Género y Acceso a la Justicia, el número de feminicidios aumentó en 2021: se registraron 30. Los cambios que introdujo el Ministerio del Interior en la manera de registrar las denuncias de violencia de género afectaron a las estadísticas, puesto que los delitos reiterados cometidos por una misma persona dejaron de figurar como incidentes independientes para agruparse bajo una sola denuncia.

También se observaron obstáculos para poder aplicar la ley sobre violencia de género (Ley 19.580) debido a la falta de asignación de recursos necesarios para crear juzgados multimateria capaces de abordar todos los asuntos relacionados con este tipo de violencia.

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República Oriental del Uruguay
Jefe del Estado y del gobierno: Luis Alberto Lacalle Pou

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