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Uruguai

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

La detención en espera de juicio continuó utilizándose de manera generalizada. Siguieron impunes los delitos cometidos en el pasado; los defensores y defensoras de los derechos humanos que investigaban dichos crímenes recibían amenazas de muerte. Resultaba difícil acceder a servicios de salud reproductiva en las zonas rurales, y los objetores de conciencia que se negaban a practicar abortos seguían obstruyendo el acceso a abortos legales.

El Sistema de Monitoreo de Recomendaciones (Simore), que desde diciembre de 2016 había recopilado información sobre la implementación por parte de Uruguay de las recomendaciones formuladas por organismos internacionales, todavía no contaba con un mecanismo efectivo de participación de la sociedad civil. Aún no se había desplegado en su totalidad la Red Interinstitucional para la Elaboración de Informes y Seguimiento de la Implementación de Recomendaciones y Observaciones en Materia de Derechos Humanos, creada también en 2016.

El Instituto nacional de Derechos Humanos, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, continuó documentando y elaborando informes sobre violaciones de derechos humanos en las prisiones, incluidos el hacinamiento y la falta de acceso a servicios de salud y a la educación.

En la mayoría de los casos seguía imponiéndose la prisión preventiva y a menudo se denegaba la libertad condicional en espera de juicio.

Una propuesta de enmienda al Código de la Niñez y la Adolescencia amenazaba con aumentar el porcentaje de casos sujetos a prisión preventiva obligatoria y con eliminar los límites temporales de dichas detenciones, lo que ponía en peligro los derechos de las personas jóvenes en el sistema penal de menores.

Las personas con discapacidad psicosocial seguían siendo recluidas contra su voluntad y en régimen de aislamiento en instituciones psiquiátricas.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU formuló varias recomendaciones a Uruguay, entre ellas aumentar la aplicabilidad directa de estos derechos en el sistema judicial, reforzar la legislación contra la discriminación, adoptar una ley sobre salud mental que se ajustase a las normas internacionales, aprobar un proyecto de ley integral contra la violencia de género, y garantizar el derecho al trabajo para las personas con discapacidad.

En febrero, varios defensores y defensoras de los derechos humanos que investigaban violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar (1973-1985) denunciaron haber recibido amenazas de muerte; no se investigó el origen de dichas amenazas. En mayo, esas amenazas fueron denunciadas por un grupo de defensores y defensoras de los derechos humanos en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que las autoridades uruguayas no asistieron.

El Grupo de Trabajo por la Verdad y la Justicia, establecido en 2015 y de ámbito nacional, no había obtenido resultados concretos en relación con las reparaciones para las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos en el pasado.

En octubre, la Suprema Corte de Justicia resolvió que los crímenes de lesa humanidad estaban sujetos a prescripción, lo que dificultaba el acceso de las víctimas a la justicia e impedía procesar a las personas sospechosas de ser penalmente responsables de esos crímenes.

Continuaba la falta de una política integral contra la discriminación que protegiera a las personas LGBTI frente a la violencia en las escuelas y los espacios públicos y que garantizara el acceso de estas personas a los servicios de salud.

Según datos oficiales, entre enero y noviembre hubo 27 feminicidios. Seguía pendiente la adopción y la aplicación de una ley integral contra la violencia de género, como parte del “Plan de Acción 2016-2019: por una vida libre de violencia de género”.

Continuaba la carencia de políticas públicas que garantizaran el acceso a servicios de salud en las zonas rurales, y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en dichas zonas continuaba siendo limitado.

Persistían los obstáculos para acceder al aborto, debido a la falta de regulación de la objeción de conciencia por parte de médicos y otro personal de salud.

La tasa de embarazo de niñas y adolescentes seguía siendo elevada debido, en parte, a la ausencia de servicios adecuados de salud sexual y reproductiva y de información para prevenir los embarazos no deseados.

República Oriental del Uruguay
Jefe del Estado y del gobierno: Tabaré Vázquez