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Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

La crisis de derechos humanos en Nicaragua continuó durante todo 2020, al igual que la estrategia de las autoridades de reprimir la disidencia. La respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19 no tenía en cuenta las recomendaciones sanitarias de las organizaciones internacionales. Continuó la detención y reclusión arbitraria de personas que hacían activismo político, y se adoptaron nuevas leyes amenazadoras contra la disidencia. Cientos de trabajadores y trabajadoras migrantes y solicitantes de asilo nicaragüenses que trataban de regresar al país en el contexto de la pandemia se enfrentaron a los obstáculos impuestos por el gobierno. Persistía la impunidad de las personas sospechosas de ser penalmente responsables de la violencia cometida contra los pueblos indígenas.

Derecho a la salud

A pesar de las recomendaciones formuladas por las organizaciones internacionales en el contexto de la pandemia de COVID-19, las autoridades nicaragüenses promovieron encuentros masivos en los que no era posible mantener el distanciamiento físico. En abril, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) expresó su preocupación por la respuesta del gobierno nicaragüense a la COVID-19, que no contemplaba la promoción de las medidas de distanciamiento físico sino más bien llamaba a celebrar encuentros masivos. La OPS también calificó de inadecuados los procesos de prevención y control implementados por las autoridades.1 En mayo, la OPS añadió que, pese a sus reiteradas peticiones y la respuesta del gobierno de que le permitiría visitar instalaciones de salud y proporcionaría información detallada, las autoridades no habían hecho nada al respecto.

Algunos grupos locales pusieron de manifiesto el hecho de que el gobierno no proporcionaba suficiente información sobre la pandemia y las políticas públicas de prevención, diagnóstico y contención. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) también señaló con preocupación la falta de transparencia en relación con la información oficial sobre la respuesta a la COVID-19.

En agosto, al menos 31 profesionales de la salud habían sido despedidos de su empleo en el sector público, según el Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua y profesionales del derecho locales, después de que hubieran expresado su preocupación por sus condiciones laborales y la falta de equipos de protección individual (EPI), o hecho pública su inquietud por la respuesta gubernamental a la pandemia.2

En el contexto de la COVID-19, preocupaba especialmente la situación de los activistas políticos y de las personas percibidas como opositoras que permanecían detenidas en el precario, masificado e insalubre sistema penitenciario de Nicaragua. Además, siguieron recibiéndose noticias sobre el escaso suministro de agua potable y la falta de atención médica adecuada y de medicamentos en el sistema penitenciario.3

Las organizaciones locales y las familias de las personas detenidas por motivos políticos denunciaron que algunas de las personas detenidas sufrían graves problemas de salud previos que las hacían especialmente vulnerables a la COVID-19. Además, informaron de que a ninguna se le realizaban pruebas diagnósticas para la COVID-19 ni se les brindaba atención médica adecuada.4 En mayo, la OACNUDH expresó su preocupación por los informes que indicaban que unas 40 de esas personas detenidas habían presentado síntomas compatibles con la COVID-19 o sufrían problemas de salud crónicos.

Libertad de expresión, de reunión y de asociación

Las autoridades continuaron atacando a periodistas, personas defensoras de los derechos humanos y ONG locales. Al concluir 2020, la inscripción legal de nueve organizaciones de derechos humanos —que la Asamblea Nacional había cancelado en diciembre de 2018— no se había restablecido, y los activos de esas entidades seguían confiscados. En junio, la Asamblea Nacional canceló la inscripción legal de otra ONG que trabajaba en el municipio de Camoapa. En agosto, la Fundación del Río denunció que seis de sus propiedades, que incluían áreas de reforestación y reservas naturales, habían sido confiscadas arbitrariamente.

A lo largo del año siguieron recibiéndose noticias de restricciones ilegítimas al derecho de reunión pacífica. La OACNUDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibieron informes de diferentes manifestaciones y actos públicos que habían sido reprimidos o restringidos por el gobierno o grupos progubernamentales.

Entre marzo y mediados de julio, el Observatorio de Agresiones a la Prensa Independiente de Nicaragua informó de 351 ataques, que incluían la criminalización de periodistas, detenciones arbitrarias y el hostigamiento de profesionales de los medios de comunicación y sus familias. Además, entre mediados de julio y mediados de diciembre, el Observatorio recibió informes de 943 agresiones.

En octubre, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos. Al mes siguiente aprobó, en primera lectura, una reforma de la Constitución que permitiría la prisión a perpetuidad. En ese contexto, existían temores bien fundados de que estas leyes se utilizaran contra personas que denunciaban las políticas represivas y pedían respeto por los derechos humanos.

En diciembre, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz. Ese mismo mes, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos declaró que esta ley trataba de restringir los derechos políticos y ponía en peligro derechos fundamentales consagrados en instrumentos internacionales.

Detención arbitraria

Cientos de personas habían sido encarceladas desde abril de 2018 por ejercer libremente sus derechos. En diciembre, las organizaciones locales denunciaron que más de 100 seguían recluidas. Hubo noticias de detenciones arbitrarias, incluso durante la pandemia, de activistas políticos.

Además, algunos activistas políticos excarcelados denunciaron hostigamiento y vigilancia por parte de las autoridades y grupos progubernamentales. Hasta principios de diciembre, al menos 31 personas excarceladas tras haber estado en prisión por motivos políticos habían sido detenidas de nuevo, según las organizaciones locales.

Derechos de los pueblos indígenas

Las ONG y comunidades locales siguieron denunciando la presencia de colonos no indígenas que se asentaban en sus tierras y llevaban a cabo amenazas y ataques. A pesar del hecho de que algunos de los ataques causaron la muerte de indígenas, el gobierno no adoptó ninguna medida de protección para determinar la responsabilidad por los homicidios o para evitar nuevos ataques, según las organizaciones locales y la información publicada en los medios de comunicación.

  1. Nicaragua: El gobierno aumenta el riesgo de contagio del COVID-19 en un país ya devastado por dos años de crisis (noticia, 16 de abril)
  2. Nicaragua: Organizaciones internacionales piden al presidente Ortega que cese el acoso y los despidos arbitrarios de personal sanitario (noticia, 17 de junio)
  3. Cárcel y COVID-19: El cóctel letal del gobierno de Nicaragua contra quienes le critican (noticia, 10 de agosto)
  4. “No quería morirse ahí”: Nicaragua castiga a mujeres activistas con cárcel en plena pandemia de COVID-19 (noticia, 14 de agosto)

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