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Perú

Información extraída de nuestro INFORME 2021/22

Perú registró el mayor número de muertes por COVID-19 por millón de habitantes. Persistía la preocupación por la impunidad en relación con el uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios y funcionarias encargados de hacer cumplir la ley. Se presentaron acusaciones penales formales en causas relativas a actos de esterilización forzada y se reanudaron las actuaciones en otras vinculadas al ejercicio sistemático de violencia sexual. Las autoridades seguían sin abordar adecuadamente la crisis de salud que sufrían los pueblos indígenas a causa de la contaminación medioambiental por sustancias tóxicas. Aumentaron los casos de violencia de género, al igual que el número de mujeres desaparecidas.

Información general

Durante el primer semestre se celebraron elecciones legislativas y presidenciales. La campaña se caracterizó por la discriminación y el racismo contra el electorado de las comunidades rurales y los pueblos indígenas.

Uso excesivo de la fuerza

Las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía sobre las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, dos jóvenes que habían muerto a manos de la policía durante una protesta celebrada en noviembre de 2020, avanzaban muy despacio. Pese a que el gobierno concedió a las familias ayuda económica y en materia de salud y educación, el derecho de éstas a la verdad y la justicia no se había realizado al concluir el año.

Seguía vigente la Ley de Protección Policial de 2020, que incluía la presunción en favor de la policía en relación con la razonabilidad del uso de medios letales, disposición que era contraria al derecho internacional de los derechos humanos.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Aunque el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobó en abril un Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, tres defensores fueron asesinados durante el año. Según la ONG Global Witness, Perú era el tercer país más letal de América del Sur para quienes defendían los derechos humanos.

Al concluir el año, el Congreso seguía sin ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

Derecho a la salud

Según cifras oficiales, desde el comienzo de la pandemia se habían contagiado de COVID-19 un total de 2.301.177 personas y alrededor de 202.741 habían fallecido, lo que convertía a Perú en el país con mayor número de muertes por millón de habitantes. La falta de oxígeno y la insuficiente capacidad hospitalaria impedían a los servicios médicos responder a la demanda. Pese a los escándalos iniciales sobre corrupción y el incumplimiento por las autoridades gubernamentales del orden de prioridad del programa de vacunación, el proceso continuó con criterios claros de asignación de prioridades y en consonancia con las normas internacionales. Al finalizar el año, más del 80% de la población objetivo (mayor de 12 años) estaba vacunada.

Derechos de los pueblos indígenas

En julio, la Gerencia Regional de Salud de Cusco dio a conocer su plan de acción a Amnistía Internacional y a Fernando Serrano, experto en salud ambiental de la Universidad de San Luis (Estados Unidos).1 Una sentencia judicial dictada en diciembre de 2020 había ordenado la creación del plan para abordar la crisis de salud que afectaba a las comunidades indígenas del área minera de Espinar a causa de la existencia de sustancias tóxicas. Al finalizar 2021, el plan —que no estaba basado en un análisis específico de los riesgos para la salud humana y el medioambiente derivados de la exposición a metales tóxicos en Espinar— aún no había sido consultado adecuadamente con las comunidades.2

Gracias al trabajo de la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Tóxicos, Metaloides y otras Sustancias Tóxicas, al final del año se aprobó un plan especial multisectorial para garantizar la atención médica a la población afectada.

Derechos de las mujeres

Pese a la aprobación en 2020 de una ley que modificaba las normas de la legislación electoral para garantizar paridad y alternancia de género en las listas de candidatos, el Consejo de Ministros del nuevo gobierno estaba formado por un 87% de hombres, frente al 58% del gobierno anterior.

La pandemia agravó la desigualdad económica al incrementarse la carga de trabajo de cuidados no remunerado que recaía en las mujeres. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la recuperación económica favoreció más a los hombres que a las mujeres, y el empleo remunerado masculino aumentó un 15%, frente al 8% del femenino.

Violencia contra mujeres y niñas

Según el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas, dependiente del Ministerio del Interior, en 2021 se denunció la desaparición de 12.984 mujeres, frente a las 11.828 de 2020. Las mujeres representaban el 64% del total de personas desaparecidas, pero el gobierno no reconocía esa situación como forma de violencia de género.

Según la Defensoría del Pueblo, 146 mujeres habían sido víctimas de feminicidio en 2021, frente a las 136 de 2020.

Derechos sexuales y reproductivos

Las víctimas de las esterilizaciones forzadas efectuadas hacía más de 25 años seguían pidiendo verdad, justicia y reparación. En marzo, el Ministerio Público finalmente sustentó los cargos y la denuncia contra el expresidente Alberto Fujimori y varios de sus ministros de Salud “como autores mediatos”. En diciembre, la justicia ordenó que se llevara a cabo una investigación judicial en contra de todos ellos. Sin embargo, y pese a que el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas recogía más de 7.000 casos documentados, el ejecutivo siguió sin concederles reparaciones.

El Ministerio de Salud declaró que, durante la pandemia, el número de alumbramientos de madres menores de 10 años casi se había triplicado con respecto a 2019 (pasando de 9 a 24) y se habían registrado 1.149 alumbramientos de madres menores de 14 años. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, cuatro niñas menores de 15 años dieron a luz en Perú cada día durante el año.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Un grupo de congresistas presentó anteproyectos de ley sobre el reconocimiento jurídico de la identidad de género de las personas transgénero y el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Sin embargo, no se habían aprobado al concluir el año.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En 2021, Perú acogía a más de medio millón de solicitantes de asilo y más de 1,2 millones de personas de nacionalidad venezolana; el 43% de ellas se encontraba en situación irregular, lo que les impedía acceder a derechos tales como la atención médica.

En febrero de 2020 se había suspendido la tramitación de solicitudes de asilo debido a las restricciones relativas a la COVID-19, y la suspensión se mantuvo hasta el final de 2021.

En enero, el gobierno peruano militarizó las fronteras para limitar la llegada de personas solicitantes de asilo y migrantes. A raíz de ello se produjeron varios incidentes de intimidación por parte de las fuerzas armadas peruanas, tales como efectuar disparos al aire para dispersar a grupos de personas venezolanas en la frontera.

Se abrieron dos procesos de regularización para personas migrantes y solicitantes de asilo, pero se caracterizaron por los obstáculos burocráticos, los costos inasequibles o la prohibición arbitraria de regularización de ciertos grupos, tales como niños, niñas y adolescentes integrantes de grupos familiares. En diciembre comenzó el proceso de regularización de más de 3.000 niños, niñas y adolescentes.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Según la Defensoría del Pueblo, sólo se había recuperado el 20% de los cadáveres de las más de 21.000 personas que figuraban en el Registro Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en relación con el conflicto armado interno (1980-2000).

El juicio de los miembros de las fuerzas armadas peruanas acusados de haber violado sistemáticamente a decenas de mujeres en Manta (provincia de Huancavelica) hacía más de 35 años se reanudó el 27 de septiembre, lo que hizo albergar esperanzas de que las víctimas de violaciones de derechos humanos finalmente pudieran obtener verdad, justicia y reparación.

  1. Perú: Autoridades deben reformular y consultar plan de acción para atender crisis de salud por sustancias tóxicas en Espinar (Índice: AMR 46/4767/2021), 23 de septiembre
  2. Estado de salud fallido: Emergencia de salud en pueblos indígenas de Espinar, Perú (Índice: AMR 46/3829/2021), 18 de mayo

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