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Estados Unidos de América

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Las órdenes ejecutivas que suspendían los viajes a Estados Unidos desde varios países de mayoría musulmana desencadenaron recursos judiciales que continuaron a lo largo del año. Hubo fuertes ataques a los derechos de mujeres y niñas. Dieciocho detenidos fueron transferidos desde la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba; 41 detenidos permanecían en la base y continuaban los procedimientos preliminares ante comisiones militares. Los niveles de violencia por arma de fuego seguían siendo elevados. Se dictaron condenas a muerte y se llevaron a cabo ejecuciones.

El 20 de enero, Donald Trump juró su cargo como presidente tras una campaña electoral en la que hizo comentarios y prometió políticas que eran discriminatorios o contradecían de alguna otra forma los principios internacionales de los derechos humanos.

A lo largo del año, el presidente Trump promulgó varias órdenes ejecutivas que afectaban a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Dos órdenes con fecha del 25 de enero pedían la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, permitían la devolución (refoulement) y un aumento de la detención de las personas solicitantes de asilo y sus familias, incrementaban tanto las funciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas como el número de agentes, priorizaban la expulsión de personas migrantes (especialmente aquellas de las que se sospechaba que habían cometido delitos) y cancelaban la financiación de las “ciudades santuario” que no cooperaban con las autoridades federales para la detención de migrantes en situación irregular.

Una tercera orden ejecutiva promulgada el 27 de enero prohibía durante 90 días la entrada de personas extranjeras originarias de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen; suspendía durante 120 días el Programa Estadounidense de Admisiones de Refugiados (USRAP, por sus siglas en inglés); reducía de 110.000 a 50.000 el número de personas refugiadas aptas para ingresar en el país durante el año fiscal 2017, e imponía una prohibición indefinida del reasentamiento de personas refugiadas procedentes de Siria. Esa orden desató inmediatamente caos, protestas y recursos judiciales por discriminación hacia las personas musulmanas. Una semana más tarde, un juez federal dictó un auto que paralizaba temporalmente la orden en todo el ámbito nacional y que fue confirmado en apelación. El gobierno emitió el 6 de marzo una versión modificada de la orden con la que de nuevo suspendía el USRAP durante 120 días, reiteraba el límite de 50.000 personas refugiadas y prohibía durante 90 días el ingreso a Estados Unidos de personas ciudadanas de seis países (los siete iniciales menos Irak). Unos jueces federales de los estados de Maryland y Hawai dictaron autos de alcance nacional que bloquearon temporalmente la implementación de la nueva versión de la orden. El 26 de junio, la Corte Suprema permitió la entrada en vigor de una versión limitada de la orden. También resolvió que la prohibición podía aplicarse a personas refugiadas que contaran con el apoyo de agencias de reasentamiento.

Una segunda revisión de la orden, firmada el 24 de septiembre, prohibía indefinidamente la inmigración a Estados Unidos de ciudadanos y ciudadanas de siete países: Chad, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Siria y Yemen. También prohibía la emisión de ciertos tipos de visados con fines distintos de la inmigración en favor de ciudadanos y ciudadanas de Chad, Irán, Libia, Corea del Norte, Siria y Yemen, e impedía específicamente la emisión de visados para miembros de ciertas agencias estatales venezolanas y sus familiares. El 17 de octubre, los jueces federales de Hawai y Maryland de nuevo dictaron resoluciones contra la medida e impidieron que el gobierno la aplicara a personas ciudadanas de seis de esos países. El 13 de noviembre, una corte federal de apelaciones permitió la aplicación de esa tercera versión de la prohibición a las personas sin vínculos legítimos con Estados Unidos.

El 24 de octubre, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva para volver a poner en marcha el USRAP “con procedimientos mejorados de investigación de antecedentes”. El 4 de diciembre, la Corte Suprema concedió la petición del gobierno de que se permitiera temporalmente la aplicación completa de la última versión de la denominada “prohibición de entrada a los musulmanes” mientras continuaba el litigio al respecto.

El 16 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional federal puso fin al Programa de Refugiados Menores Centroamericanos. Ese programa había permitido a personas menores de 21 años que huían de la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras, y cuyos progenitores residían en Estados Unidos en situación regular, solicitar entrevistas para su reasentamiento como personas refugiadas antes de viajar a Estados Unidos. El Programa también permitía solicitar la entrada a Estados Unidos a los niños y las niñas de esos tres países que no podían optar a la condición de personas refugiadas y no tenían ninguna otra forma de reunirse con sus progenitores.

El 5 de septiembre, el gobierno anunció que pondría fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) si el Congreso no hallaba en un plazo de seis meses una solución legislativa a la situación migratoria de las personas amparadas por el programa. Ese anuncio ponía en peligro de expulsión a más de 800.000 personas. El objetivo del programa DACA era proteger de la expulsión a jóvenes migrantes que habían llegado a Estados Unidos durante su infancia y cumplían ciertos criterios de admisibilidad. El Congreso presentó el proyecto de ley DREAM para facilitar a las personas beneficiarias del programa DACA una vía para regularizar su situación migratoria; al finalizar el año, aún no se había aprobado como ley.

Más de 17.000 menores no acompañados y 26.000 personas que viajaban con sus familias fueron retenidas tras cruzar de manera irregular la frontera con México entre enero y agosto. Las familias permanecían bajo custodia durante meses, muchas de ellas sin acceso adecuado a atención médica y asistencia letrada, mientras se procesaba su petición de permanecer en Estados Unidos.

Los ataques a los derechos de las mujeres y de las niñas eran amplios y variados. La administración del presidente Trump revirtió políticas que requerían que las universidades investigaran la violencia sexual como discriminación por motivos de género y suspendió iniciativas de promoción de la igualdad salarial que ayudaban a las mujeres a determinar si estaban recibiendo un sueldo más bajo que sus colegas varones. Los ataques contra los derechos y la salud reproductivos de las mujeres fueron especialmente agresivos. El gobierno y el Congreso hicieron intentos reiterados de retirar la financiación de Planned Parenthood, una organización de salud que presta servicios vitales en materia de salud reproductiva y de otro tipo, especialmente a mujeres con ingresos bajos. El gobierno emitió normativas que eximían a los empleadores de brindar una cobertura de seguro médico que incluyera métodos anticonceptivos si eso chocaba con sus creencias religiosas o morales, lo cual dejó a millones de mujeres en peligro de perder su acceso a la contracepción. Persistían las fuertes desigualdades en el acceso de las mujeres indígenas a la atención tras una violación, incluido el acceso a exámenes médicos, equipos forenses para uso del personal médico y otros servicios esenciales de atención médica. El gobierno implementó asimismo la denominada “regla de la mordaza global”, que prohibía cualquier tipo de asistencia financiera estadounidense a hospitales u organizaciones que facilitaran información sobre abortos seguros y legales o proporcionaran acceso a éstos.

Los asesinatos de personas LGBTI se incrementaron durante el año en un marco de discriminación continuada contra ese colectivo en la legislación estatal y federal. Además, aumentaron las medidas discriminatorias del gobierno contra las personas LGBTI. Estados Unidos carecía aún de protección federal alguna que prohibiera la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en el lugar de trabajo, la vivienda o la atención de salud. Las personas transgénero seguían viéndose particularmente marginadas. La administración del presidente Trump revocó directrices que protegían a alumnos y alumnas transgénero de colegios públicos que empleaban las instalaciones correspondientes a su identidad de género. En agosto, el presidente Trump ordenó la revocación de la política anunciada en 2016 que permitía que las personas abiertamente transgénero se alistaran en las fuerzas armadas, cuya entrada en vigor estaba prevista el 1 de enero de 2018. El 30 de octubre, una jueza federal emitió una orden temporal que bloqueaba la implementación de esa directiva. En diciembre, la jueza resolvió que las personas transgénero podrían alistarse en las fuerzas armadas a partir del 1 de enero de 2018; las causas seguían tramitándose.

El 28 de noviembre, un jurado federal de Washington DC declaró culpable al ciudadano libio Ahmed Abu Khatallah de cargos de terrorismo relacionados con un ataque a un complejo diplomático estadounidense en Bengasi, Libia, perpetrado en 2012, en el que murieron cuatro ciudadanos estadounidenses. El jurado lo absolvió de asesinato. En agosto, el juez había resuelto que podía admitirse como prueba cualquier declaración realizada por Abu Khatallah durante las dos semanas que éste estuvo recluido en régimen de incomunicación en un buque militar estadounidense, tras haber sido capturado por fuerzas de Estados Unidos en Libia. El 29 de octubre, las fuerzas estadounidenses capturaron a otro ciudadano libio, Mustafa al Imam, en Libia. Fue trasladado en avión a Estados Unidos y compareció ante una corte federal el 3 de noviembre, tras cinco días en régimen de incomunicación. Al finalizar el año, afrontaba un juicio por delitos de terrorismo relacionados con el ataque de Bengasi.

Tras un atentado cometido en Nueva York el 31 de octubre en el que murieron 8 personas y 12 resultaron heridas, el ciudadano uzbeko Sayfullo Habibullaevic Saipov fue acusado formalmente e iba a ser juzgado por una corte federal, pese a la petición de dos veteranos senadores de que fuera transferido a la custodia militar como “combatiente enemigo” y a los comentarios del presidente Trump de que se plantearía enviarlo a Guantánamo. El presidente Trump hizo caso omiso de la presunción de inocencia en una serie de publicaciones en Twitter en las que pidió la pena de muerte para Sayfullo Saipov.

En enero, bajo la administración del presidente Barack Obama, 18 detenidos fueron trasladados desde el centro de reclusión de Guantánamo a Omán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. La mayoría de los 41 detenidos de Guantánamo restantes estaban recluidos sin cargos ni juicio. Antes de las elecciones, el presidente Trump había prometido mantener abierto el centro de detención e incrementar la cifra de detenidos allí recluidos; durante el año no hubo más traslados de detenidos con origen o destino en Guantánamo.

La negativa, en octubre, de la Corte Suprema a considerar dos impugnaciones jurisdiccionales permitió que continuaran los procedimientos ante comisiones militares en Guantánamo, en contravención de las normas internacionales sobre juicios justos.

En octubre, una comisión militar condenó a 13 años de prisión al ciudadano saudí Ahmed Mohammed Ahmed Haza al Darbi, que se había declaradoculpable en 2014 de conspiración, terrorismo y otros delitos. Había sido detenido en Azerbaiyán en junio de 2002 y entregado a agentes estadounidenses dos meses después.

En una entrevista el 25 de enero, el presidente Trump expresó su apoyo a la tortura y afirmó que “confiaría” en el secretario de Defensa, el director de la CIA y otras personas para decidir si Estados Unidos debía emplearla. No se adoptó medida alguna para poner fin a la impunidad de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluidas las torturas y desapariciones forzadas, cometidas en el marco del programa de detención secreta gestionado por la CIA tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El presidente Trump propuso para altos cargos gubernamentales al menos a tres personas que presuntamente habían estado implicadas en el programa de detención secreta: Gina Haspel, seleccionada en febrero para el cargo de subdirectora de la CIA; Steven Bradbury, propuesto para el cargo de asesor jurídico general del Departamento de Transporte; y Steven Engel, propuesto para dirigir la Oficina de Asesoramiento Jurídico (OLC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia. Se creía que Haspel era jefa del personal de la CIA en Tailandia en 2002, cuando la Agencia administraba un “lugar negro” en el que al menos dos detenidos fueron sometidos a tortura y desaparición forzada. Más tarde, Haspel fue jefa de gabinete del director del Centro contra el Terrorismo, la división de la CIA que gestionaba el programa de detención secreta. Como fiscal general adjunto en funciones en la OLC entre 2005 y 2009, Steven Bradbury escribió varios memorandos para la CIA en los que daba aprobación legal a métodos de interrogatorio y condiciones de detención que incumplían la prohibición internacional de la tortura y otros malos tratos. Como vicefiscal general adjunto en la OLC en 2007, Steven Engel también intervino en la redacción de uno de esos memorandos. El 7 de noviembre, el Senado ratificó su nombramiento por 51 votos contra 47. El 14 de noviembre, por 50 votos contra 47, el Senado ratificó el nombramiento de Bradbury. El nombramiento de Haspel no requería confirmación del Senado.

El 5 de septiembre debía comenzar un juicio civil con jurado contra James Mitchell y John “Bruce” Jessen, dos psicólogos contratados por la CIA que tuvieron una implicación destacada en el programa de detención. Sin embargo, en agosto se alcanzó un acuerdo extrajudicial.

El 19 de junio, la Corte Suprema dictó sentencia en una causa seguida contra ex altos cargos del gobierno estadounidense a instancias de varias personas de ascendencia árabe o sudasiática detenidas, como centenares de extranjeros más, en Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Tras los atentados, los detenidos permanecieron recluidos en duras condiciones durante meses y denunciaron diversos abusos. La Corte Suprema señaló que, si las acusaciones eran ciertas, lo ocurrido a los detenidos había sido “trágico” y que “nada en esta opinión deb[ía] interpretarse como una justificación del trato al que afirma[ba]n haber sido sometidos”. Sin embargo, resolvió que la causa básicamente no podía avanzar, manteniendo así la constante de bloqueo de los recursos judiciales en casos relativos a violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la lucha antiterrorista desde los atentados de 2001.

Las autoridades seguían sin registrar la cifra exacta de personas muertas a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley en todo Estados Unidos. Los datos recabados por el diario The Washington Post apuntaban que un total de 987 personas habían muerto durante el año a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley que emplearon armas de fuego. Según esos datos, las personas afroamericanas, que constituían un 13% de la población, representaban casi el 23% de las víctimas en 2017. Se tenía constancia de que un 24% de las víctimas mortales tenían problemas de salud mental. El Departamento de Justicia había presentado una propuesta para crear un sistema de seguimiento de esas muertes en virtud de la Ley de Denuncias de Muertes bajo Custodia, pero la medida no era obligatoria para los organismos encargados de hacer cumplir la ley, por lo que podría ocurrir que el número de casos registrados fuera inferior al real. No se difundió información sobre si el proceso de registro se había puesto en marcha durante el año.

Al menos 40 personas murieron en 25 estados tras recibir el impacto de proyectiles de armas de electrochoque accionadas por la policía, con lo que el total de víctimas fallecidas en esas circunstancias desde 2001 se elevó al menos a 802. La mayoría de las víctimas no iban armadas ni parecían representar una amenaza de muerte o lesión grave cuando se utilizó contra ellas el arma de electrochoque.

En septiembre, la absolución de un ex agente de policía de la muerte por disparos de Anthony Lamar Smith en 2011 provocó semanas de protestas en toda la ciudad de St. Louis, Misuri, y derivó en cientos de detenciones. Las organizaciones locales de derechos civiles afirmaron que la policía había llevado a cabo detenciones ilegítimas y que el uso de sustancias químicas irritantes por parte de los agentes constituía un uso excesivo de la fuerza. La policía de St. Louis empleó durante las manifestaciones material antidisturbios pesado y armas y equipos de uso militar. En agosto, el presidente Trump anuló las restricciones impuestas por el gobierno anterior para limitar la transferencia de ciertos equipos de uso militar a organismos encargados de hacer cumplir la ley.

En octubre, un hombre atacó a una multitud de asistentes a un concierto en Las Vegas, Nevada, y mató a 58 personas empleando accesorios que modifican las armas de fuego para permitir disparos rápidos como los de las armas completamente automáticas. En respuesta a la masacre, el Congreso estudió legislación y normas para prohibir esos dispositivos, pero las medidas no llegaron a promulgarseor. En noviembre, el Congreso introdujo una ley aparte para prevenir la violencia por armas de fuego, pero no la aprobó.

Al finalizar el año seguían pendientes dos leyes federales que, de aprobarse, facilitarían la obtención de silenciadores por parte de la población y la posibilidad de portar armas ocultas. La legislación vigente desde 1996 seguía negando financiación al Centro de Control y Prevención de Enfermedades para que llevara a cabo o patrocinara una investigación sobre las causas y las formas de prevención de la violencia con armas de fuego.

La administración del presidente Trump se planteaba suavizar las restricciones para la exportación de armas pequeñas, incluidos fusiles de asalto y municiones, mediante el traspaso de la responsabilidad de tramitar las ventas internacionales de armas de fuego no militares del Departamento de Estado al Departamento de Comercio. Esa medida debilitaría gravemente la supervisión de las ventas de armas y entrañaba el peligro de incrementar la afluencia de armas de fuego a países con altos niveles de violencia armada.

Veintitrés hombres fueron ejecutados en ocho estados, lo que elevó a 1.465 la cifra total de ejecuciones desde que, en 1976, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobara las nuevas leyes sobre la pena capital. Se impusieron alrededor de 39 nuevas condenas a muerte. Al final del año había aproximadamente 2.800 personas pendientes de ejecución.

Arkansas llevó a cabo sus primeras ejecuciones desde 2005. Ohio reanudó las ejecuciones tras una interrupción de más de tres años. Florida llevó a cabo sus primeras ejecuciones desde enero de 2016, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la ley del estado sobre la pena capitall. La decisión de la Corte Suprema de Florida de que esa resolución sólo era aplicable retroactivamente a alrededor de la mitad de las personas condenadas a muerte permitió que el estado comenzara a ejecutar a las personas a las que consideraba excluidas de la medida. Durante el año se impusieron las primeras condenas a muerte en aplicación de la nueva ley sobre condenas.

En el transcurso del año, fueron exculpadas 4 personas de los delitos por los que habían sido condenadas a muerte en los estados de Delaware, Florida, Arkansas y Luisiana, elevando a 160 la cifra de exoneraciones dictadas desde 1973.

Estados Unidos de América
Jefe del Estado y del gobierno: Donald Trump (sustituyó a Barack Obama en enero)
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