Saltar al contenido
Actuamos por los derechos humanos en todo el mundo
Buscar

Estados Unidos de América

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

Dos años después de que un comité del Senado informara sobre abusos cometidos en el marco del programa de detención secreta gestionado por la CIA, seguía sin haber rendición de cuentas por los crímenes de derecho internacional que se habían perpetrado al aplicarlo Se transfirió a más detenidos fuera del centro de detención estadounidense de la bahía de Guantánamo, Cuba, pero otros seguían recluidos allí indefinidamente, mientras que en algunos casos continuaban los procedimientos preliminares ante comisión militar. Persistía la preocupación por el trato dispensado a las personas refugiadas y migrantes, por el uso del aislamiento en las prisiones federales y estatales y por el empleo de la fuerza en las actuaciones policiales. Durante el año se llevaron a cabo 20 ejecuciones. En noviembre, Donald Trump fue elegido presidente; su toma de posesión estaba programada para el 20 de enero de 2017.

En agosto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó preocupación por que Estados Unidos no hubiera llevado a cabo la investigación que estaba jurídicamente obligado a realizar sobre la tortura en el contexto de la lucha antiterrorista. El Comité observó que Estados Unidos no había proporcionado más información relativa al informe del Comité Selecto de Inteligencia del Senado sobre el programa de detención secreta gestionado por la CIA tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 (11-S). El informe completo, de 6.963 páginas, seguía clasificado como alto secreto, y el Comité Selecto de Inteligencia no lo había publicado al terminar el año.

El 16 de agosto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU señaló que Estados Unidos no había ofrecido información adicional sobre las denuncias que indicaban que a los detenidos de Guantánamo se les había negado el acceso a recursos legales por las torturas y otras violaciones de derechos humanos que habían sufrido bajo custodia estadounidense.

No se adoptó medida alguna para poner fin a la impunidad de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluidas las torturas y desapariciones forzadas, cometidas en el marco del programa de detención secreta de la CIA tras el 11-S.

En mayo, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia resolvió que el informe del Comité Selecto de Inteligencia del Senado sobre el programa de detención secreta de la CIA seguía siendo un “archivo perteneciente al Registro del Congreso” y no estaba sujeto a divulgación en virtud de la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información. En noviembre se presentó una petición para que la Corte Suprema de Estados Unidos revisara esa resolución. Por otro lado, a finales de diciembre, una corte federal de primera instancia del Distrito de Columbia ordenó al gobierno que preservara el informe del Comité Selecto de Inteligencia y depositara en ella una copia electrónica o en papel para su almacenamiento en lugar seguro. Al terminar el año se desconocía si el gobierno iba a recurrir contra esta orden.

El 12 de agosto, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia desestimó una demanda por daños y perjuicios interpuesta en nombre del ciudadano afgano Mohamed Jawad, que había permanecido recluido bajo custodia militar estadounidense desde 2002 hasta 2009. Durante ese periodo, había sido sometido a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Tenía menos de 18 años cuando fue puesto bajo custodia estadounidense en Afganistán y transferido para su reclusión a Guantánamo.1 La Corte de Apelaciones confirmó la decisión tomada en primera instancia, según la cual se desestimaba la demanda porque los tribunales federales carecían de jurisdicción en virtud de la sección 7 de la Ley de Comisiones Militares de 2006.2

En octubre, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito revocó la decisión de una corte de primera instancia que había desestimado la demanda interpuesta por unos ciudadanos iraquíes que afirmaban haber sido sometidos a tortura por interrogadores empleados por CACI Premier Technology Inc. en la prisión de Abu Ghraib, en Irak, en 2003 y 2004. La Corte de Apelaciones sostuvo que la conducta intencionada de los interrogadores contratados —ilegal en el momento en que se produjo— no podía quedar exenta de revisión judicial.

Al concluir el año, casi ocho años después de que el presidente Obama se comprometiera a cerrar el centro de detención de la bahía de Guantánamo para enero de 2010, 59 hombres seguían recluidos allí, la mayoría sin cargos ni juicio. Durante 2016, 48 detenidos fueron transferidos a las autoridades gubernamentales de Arabia Saudí, Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, Emiratos Árabes Unidos, Ghana, Italia, Kuwait, Mauritania, Montenegro, Omán, Senegal y Serbia.

En agosto, el Comité de la ONU contra la Tortura afirmó que no se había aplicado su recomendación de poner fin a las detenciones indefinidas sin cargos ni juicio, que constituían por sí mismas una violación de la Convención de la ONU contra la Tortura.

Continuaron los procedimientos preliminares ante comisión militar iniciados por delitos punibles con la muerte contra cinco detenidos acusados formalmente en 2012 —en virtud de la Ley de Comisiones Militares de 2009— de estar implicados en los atentados del 11-S. Los cinco detenidos —Khalid Sheikh Mohammed, Walid bin Attash, Ramzi bin al Shibh, Ammar al Baluchi y Mustafa al Hawsawi— habían permanecido incomunicados hasta cuatro años bajo custodia secreta de Estados Unidos antes de ser trasladados a Guantánamo en 2006. El juicio no había comenzado al finalizar 2016.

También continuaron los procedimientos preliminares ante comisión militar contra Abd al Rahim al Nashiri. En 2011 se había ordenado su juicio por un delito punible con la muerte en relación con el intento de atentado con bomba cometido en el año 2000 contra el buque estadounidense USS The Sullivans y con los atentados con bombas contra el también estadounidense USS Cole, ese mismo año, y el superpetrolero francés Limburg, en 2002, todos ellos perpetrados en Yemen. Abd al Rahim al Nashiri había estado casi cuatro años bajo custodia secreta de la CIA antes de ser trasladado a Guantánamo en 2006. En agosto de 2016, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia resolvió que la sentencia sobre su alegación de que los delitos que se le imputaban no eran enjuiciables ante comisión militar porque no se habían cometido en un contexto de hostilidades ni guardaban relación con ellas debía esperar hasta la etapa de apelación final del caso, algo que probablemente tardaría aún diez años.

Omar Khadr —que en 2010 se había declarado culpable de los cargos formulados contra él en virtud de la Ley de Comisiones Militares por su conducta en Afganistán en 2002, cuando tenía 15 años, y que en 2012 había sido transferido a su país natal (Canadá)— pidió la recusación de uno de los jueces del Tribunal de Revisión de las Comisiones Militares por falta de imparcialidad. La Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia rechazó la solicitud tras determinar una vez más que el pronunciamiento sobre la recusación debía esperar a la decisión sobre el recurso final de apelación.

Durante el año, el recurso de apelación de Omar Khadr ante el Tribunal de Revisión de las Comisiones Militares contra su sentencia condenatoria, que entre otras alegaciones incluía que se había declarado culpable de delitos que no constituían crímenes de guerra enjuiciables ante comisión militar, se mantuvo en suspenso a la espera del fallo de la Corte de Apelaciones sobre el caso del detenido de Guantánamo Ali Hamza Suliman al Bahlul, que cumplía una condena a cadena perpetua impuesta en 2008 en virtud de la Ley de Comisiones Militares de 2006. En 2015, una sala de tres jueces de la Corte había anulado la sentencia condenatoria dictada contra Ali Hamza Suliman al Bahlul por conspiración para cometer crímenes de guerra, por considerar que el cargo no estaba reconocido en el derecho internacional y no podía ser enjuiciado por un tribunal militar. El gobierno consiguió que el caso fuera revisado por la Corte en pleno, que, en octubre de 2016, confirmó la sentencia condenatoria por conspiración en una votación dividida, en la que hubo cinco votos particulares y no se resolvió la cuestión principal. De los nueve jueces de la Corte, dos juezas y un juez discreparon, alegando que el Congreso no tenía competencia para tipificar la conspiración como delito enjuiciable ante comisión militar y recalcando que “por mucha deferencia que el poder judicial deba al poder ejecutivo en asuntos de seguridad nacional y defensa, no es absoluta”. Un juez y una jueza suscribieron un voto particular en el que afirmaban que no había lugar a decidir sobre la cuestión principal por motivos de procedimiento relativos exclusivamente al caso de Ali Hamza Suliman al Bahlul.

Las autoridades seguían sin registrar la cifra exacta de personas muertas durante el año a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; la documentación recabada por los medios de comunicación arrojaba una cifra de cerca de 1.000 víctimas mortales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció planes para crear un sistema de registro de dichas muertes, en virtud de la Ley de Denuncias de Muertes bajo Custodia, cuya aplicación estaba prevista para 2017. No obstante, el programa no era obligatorio para los organismos encargados de hacer cumplir la ley, por lo que los datos recopilados podrían no reflejar las cifras totales. Según los limitados datos disponibles, entre las víctimas de homicidio policial había una cantidad desproporcionada de hombres negros.

Al menos 21 personas murieron en 17 estados tras recibir descargas de armas de electrochoque de la policía, con lo que el total de víctimas fallecidas en esas circunstancias desde 2001 se elevó al menos a 700. La mayoría de las víctimas no iban armadas ni parecían representar una amenaza de muerte o lesión grave cuando se utilizó el arma de electrochoque.

En julio, las muertes de Philando Castile en Falcon Heights, Minnesota, y Alton Sterling en Baton Rouge, Luisiana, desencadenaron protestas contra la policía en todo el país. En otras ciudades, como Tulsa, en Oklahoma, y Charlotte, en Carolina del Norte, tuvieron lugar protestas similares contra el uso de la fuerza por parte de la policía. La utilización de material antidisturbios pesado y de armas y material de uso militar para controlar esas manifestaciones suscitó honda preocupación en relación con el derecho de reunión pacífica de las personas que se manifestaban.

A pesar de que las manifestaciones de Standing Rock (Dakota del Norte) y sus alrededores contra el oleoducto Dakota Access fueron mayoritariamente pacíficas, las autoridades locales y estatales encargadas de hacer cumplir la ley respondieron con duras cargas policiales. Los organismos locales encargados de hacer cumplir la ley bloquearon con una barrera policial la carretera que llevaba a los lugares de protesta. Los agentes de policía actuaron equipados con material antidisturbios y armas de asalto y emplearon pulverizadores de pimienta, balas de goma y armas de electrochoque contra las personas que se manifestaban. Hubo más de 400 detenciones después de agosto, principalmente por entrada en propiedad privada y resistencia no violenta. Las autoridades acusaron a periodistas y activistas de delitos leves, como entrada en propiedad privada.

No prosperaron los intentos del Congreso de Estados Unidos de promulgar legislación para impedir la venta de armas de asalto o para llevar a cabo comprobaciones exhaustivas de antecedentes de los compradores de armas. El Congreso siguió negándose a financiar al Centro de Control y Prevención de Enfermedades para que llevara a cabo o patrocinara una investigación sobre las causas de la violencia con armas de fuego y cómo prevenirla.

Durante el año se detuvo a más de 42.000 menores de edad no acompañados y a 56.000 personas que componían unidades familiares al cruzar la frontera sur de manera irregular. Las familias permanecían bajo custodia durante meses —algunas durante más de un año— mientras se tramitaba su petición de permanecer en Estados Unidos. Muchas estaban recluidas en centros sin acceso adecuado a atención médica ni asistencia letrada. El alto comisionado de la ONU para los Refugiados calificó de crisis humanitaria y de protección la situación en el Triángulo Norte de Centroamérica.

Las autoridades habían reasentado a más de 12.000 personas refugiadas sirias al terminar el año, y afirmaron que, de aceptar a 70.000 personas refugiadas al año, pasarían a admitir a 85.000 durante el año fiscal 2016 y a 100.000 en 2017. Varios legisladores presentaron proyectos de ley para impedir que vivieran en sus estados personas refugiadas legalmente admitidas. En septiembre, Texas anunció que se retiraba del Programa Federal de Reasentamiento de Personas Refugiadas, alegando supuestos motivos de seguridad, a pesar de que las personas refugiadas debían someterse a un exhaustivo proceso de selección antes de entrar en Estados Unidos. Kansas y Nueva Jersey también se retiraron del Programa.

Las mujeres indígenas seguían teniendo 2,5 veces más probabilidades de ser violadas o agredidas sexualmente que las no indígenas. También seguían sufriendo notorias desigualdades en el acceso a atención posterior a la violación, como exámenes médicos, kits para la asistencia tras una violación —una caja de material de uso médico para reunir pruebas forenses— y otros servicios básicos de salud.

Persistía la disparidad en el acceso de las mujeres a la atención a la salud sexual y reproductiva, incluida la salud materna. El índice de mortalidad materna había aumentado durante los últimos seis años; las mujeres afroamericanas seguían teniendo una probabilidad casi cuatro veces mayor de morir a causa de complicaciones derivadas del embarazo que las mujeres blancas.

La amenaza de sanciones penales por consumo de drogas durante el embarazo continuó disuadiendo a las mujeres pertenecientes a grupos marginales de acceder a atención médica, incluida la atención prenatal. Con todo, en julio expiró la perjudicial reforma de la ley de “agresión fetal” de Tennessee, gracias al éxito del trabajo de incidencia realizado para conseguir que no adquiriera carácter permanente.3

Persistía la discriminación jurídica de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales a nivel estatal y federal. No existía protección federal alguna que prohibiera la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en el lugar de trabajo, la vivienda o la atención a la salud. Aunque algunas ciudades y estados concretos promulgaron legislación contra la discriminación que incluía protección por motivos de orientación sexual e identidad de género, la inmensa mayoría de los estados no brindaban protección a las personas LGBTI. La terapia de reorientación sexual, calificada como una forma de tortura por el Comité de la ONU contra la Tortura, seguía siendo legal en la mayoría de los estados y territorios. Las personas transgénero seguían viéndose particularmente marginadas. El índice de asesinatos de mujeres transgénero era elevado, y las leyes estatales discriminatorias —como el “proyecto de ley de los aseos” de Carolina del Norte, que prohibía a las ciudades permitir a las personas transgénero usar los aseos públicos de acuerdo con su identidad de género— vulneraban sus derechos.

El número de personas recluidas en condiciones de privación física y social en prisiones federales y estatales de todo el país superaba en todo momento las 80.000. En enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó unos principios rectores y unas recomendaciones normativas para limitar en las prisiones federales el uso del régimen de aislamiento y de la reclusión restrictiva (reclusión en prisiones o centros de detención con normas diferentes de las que se aplican a la población reclusa general). Las recomendaciones hacían hincapié en la reclusión de los presos y presas en un entorno lo menos restrictivo posible, en el que no se aislara a las personas con enfermedad mental y en el que se limitara drásticamente el uso del régimen de aislamiento con menores de edad.

Veinte hombres fueron ejecutados en cinco estados, lo que elevó a 1.442 la cifra total de ejecuciones desde que, en 1976, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobara las nuevas leyes sobre la pena capital. Fue la cifra total anual más baja desde 1991. Se dictaron alrededor de 30 nuevas sentencias de a muerte. Al final del año había aproximadamente 2.900 personas pendientes de ejecución.

Por primera vez desde 1996, Texas llevó a cabo menos de 10 ejecuciones. Respecto a Oklahoma, por primera vez desde 1994 no realizó ninguna ejecución. Texas y Oklahoma sumaban el 45% de las ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos desde 1976 hasta 2016.

En los comicios celebrados en noviembre, el electorado de Oklahoma votó a favor de reformar la Constitución estatal para prohibir que los tribunales del estado declararan la pena de muerte una pena “cruel o insólita”. En California, el estado con más personas condenadas a muerte, la población votó en contra de revocar la pena capital, y en Nebraska el electorado rechazó la derogación de la pena de muerte introducida por la Cámara de Representantes del estado en 2015.

Durante el año siguieron vigentes las moratorias de las ejecuciones dictadas en los estados de Pensilvania, Washington y Oregón.

En Florida, donde las ejecuciones habían ido en aumento durante los últimos años, se suspendieron durante todo el año a raíz de que en enero la Corte Suprema de Estados Unidos resolviera en la causa Hurst v Florida que el estatuto de pena capital del estado era inconstitucional, porque sólo otorgaba a los jurados un papel consultivo a la hora de decidir quién era condenado a muerte. La Cámara de Representantes de Florida aprobó un nuevo estatuto, pero en octubre la Corte Suprema del estado lo declaró inconstitucional porque no requería la unanimidad del jurado en un veredicto de pena de muerte. En diciembre, la Corte Suprema de Florida resolvió que la sentencia de la causa Hurst se aplicaba a las personas cuyas condenas a muerte aún no hubieran sido declaradas definitivas en apelación preceptiva antes de 2002, que eran poco más de 200 de un total de casi 400. A consecuencia de ello, estas personas podían tener derecho a nuevas vistas de determinación de la pena.

En agosto, a raíz de la sentencia de la causa Hurst v Florida, la Corte Suprema de Delaware anuló el estatuto de pena capital del estado, porque otorgaba a los jueces la facultad última de decidir si la fiscalía había demostrado todos los hechos necesarios para imponer la pena de muerte. El fiscal general de Delaware anunció que no iba a recurrir la sentencia.

Los estados seguían teniendo dificultades con los protocolos de inyección letal y la adquisición de fármacos. Luisiana no iba a llevar a cabo ninguna ejecución en 2017 por el litigio ante un tribunal federal sobre el protocolo de inyección letal. Ohio continuó teniendo problemas para abastecerse de los fármacos necesarios para la inyección letal, y por segundo año consecutivo no se llevaron a cabo ejecuciones en el estado. En marzo, la Corte Suprema de Ohio resolvió por cuatro votos contra tres que el estado podía intentar ejecutar a Romell Broom por segunda vez. El primer intento, efectuado en 2009, se había suspendido después de que el equipo de inyección letal tratara infructuosamente, durante dos horas, de colocar una vía intravenosa. Al concluir el año aún no se había fijado la fecha de ejecución de Romell Broom.

La Corte Suprema de Estados Unidos intervino en varios casos de pena de muerte. En marzo concedió un nuevo juicio al condenado a muerte de Luisiana Michael Wearry, 14 años después de haber sido declarado culpable. La Corte concluyó que la conducta indebida de la fiscalía, que incluía la ocultación de pruebas exculpatorias, había vulnerado el derecho de Michael Wearry a un juicio justo. En mayo concedió un nuevo juicio al preso de Georgia en espera de ejecución Timothy Foster, por discriminación racial en la selección del jurado. Timothy Foster, afroamericano, había sido condenado a muerte por un jurado compuesto exclusivamente por blancos después de que la fiscalía rechazara sin causa a todos los aspirantes negros a miembros del jurado.

En agosto, el Grupo Nacional de Legisladores Estatales Hispanos aprobó por abrumadora mayoría una resolución que pedía la abolición de la pena de muerte en todo el país. Entre los argumentos esgrimidos en la resolución para oponerse a la pena capital se citaban la discriminación racial, la ineficacia, el costo y el riesgo de error.

En abril fue puesto en libertad, tras pasar 42 años recluido en una prisión de Luisiana, Gary Tyler, afroamericano que había sido condenado inicialmente a muerte por el homicidio por disparos de un niño blanco de 13 años en 1974, durante unos disturbios relacionados con la integración escolar. Gary Tyler, que tenía 16 años en el momento de los hechos, fue declarado culpable y condenado a muerte por un jurado compuesto exclusivamente por blancos. Su condena a muerte fue anulada después de que la Corte Suprema de Estados Unidos resolviera en 1976 que el estatuto de pena de muerte preceptiva de Luisiana era inconstitucional, y su condena a cadena perpetua fue revocada después de que, en 2012, la Corte prohibiera la cadena perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad condicional para los delitos cometidos por menores de 18 años. La fiscalía aceptó anular la condena por asesinato y permitió que se declarara culpable de homicidio involuntario; Gary Tyler fue condenado a la pena máxima de 21 años de prisión, menos de la mitad del tiempo de cárcel que ya había cumplido.4

  1. USA: From ill-treatment to unfair trial. The case of Mohamed Jawad, child “enemy combatant” (AMR 51/091/2008)
  2. USA: Chronicle of immunity foretold (AMR 51/003/2013)
  3. USA: Tennessee “Fetal Assault” Law a threat to women’s health and human rights (AMR 51/3623/2016)
  4. EE. UU.: El caso de Gary Tyler, Luisiana (AMR 51/089/1994); Juicio injusto (AMR 51/182/2007)
Estados Unidos de América
Jefe del Estado y del gobierno: Barack Obama