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Bolivia

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

La crisis social, económica, política y de derechos humanos de Bolivia que había comenzado tras las elecciones del 20 de octubre de 2019 continuó en 2020. Esta crisis se vio acentuada por la pandemia de COVID-19, que alcanzó dimensiones muy preocupantes en el país y afectó de manera desproporcionada a quienes se encontraban en situación de vulnerabilidad. Continuaron las amenazas y el hostigamiento contra defensores y defensoras de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas, así como contra periodistas y personas opositoras políticas o aquellas percibidas como tales.

Información general

El 13 de agosto, después de dos aplazamientos por motivos de salud pública debido a la COVID-19, la Asamblea Legislativa Plurinacional, el gobierno interino y el Tribunal Supremo Electoral acordaron que el 18 de octubre de 2020 se celebrarían elecciones generales. El 23 de julio, tras el anuncio del segundo aplazamiento, se intensificaron las manifestaciones —incluidos cortes de ruta— en medio de denuncias por parte de las autoridades y la población en general de que los bloqueos impedían que los suministros clave para abordar la COVID-19 llegaran a diversas comunidades que los necesitaban. También se tuvo noticia de actos de violencia cometidos por algunas personas que participaban en las protestas y entre grupos de manifestantes, con intervenciones de las fuerzas de seguridad. Se recibieron informes de que el 14 de agosto, a primera hora, tuvo lugar un ataque con explosivos contra la sede de la Central Obrera Boliviana en La Paz. Este sindicato había desempeñado un papel fundamental en las manifestaciones.

Bolivia informó de sus primeros casos de COVID-19 en marzo de 2020, y la presidenta en funciones declaró el 12 del mismo mes la situación de emergencia nacional. Mediante decretos supremos y leyes posteriores, se establecieron más medidas de cuarentena y normativas obligatorias de permanecer en casa entre otras disposiciones sociales y económicas para abordar la pandemia. Hasta el 31 de diciembre, el Ministerio de Salud había notificado 160.124 casos confirmados de COVID-19 y 9.165 muertes relacionadas con el virus.

El 18 de octubre se celebraron elecciones para la presidencia, la vicepresidencia y la Asamblea Legislativa. El 8 de noviembre, Luis Arce, candidato del partido Movimiento Al Socialismo asumió su cargo como presidente.

Uso excesivo e innecesario de la fuerza

En el contexto de la crisis posterior a las elecciones se cometieron violaciones de derechos humanos, incluido el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Boliviana para reprimir las manifestaciones. Al menos 35 personas murieron y 833 resultaron heridas. Estas violaciones de derechos humanos no se investigaron, enjuiciaron y castigaron debidamente, lo que dio lugar a impunidad.1

Impunidad

El 23 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció un acuerdo con el gobierno interino de Bolivia para la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de carácter internacional, encargado de investigar los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Sin embargo, el gobierno cuestionó públicamente la independencia de dos de las cuatro personas que integraban el Grupo. El 28 de abril, la CIDH anunció que incorporaría a un quinto miembro “[c]on el fin de fortalecer las capacidades del GIEI” y que el Grupo se establecería pronto. El 23 de noviembre se estableció el GIEI, y el 22 de diciembre este mecanismo anunció que había concluido la etapa preliminar de su trabajo, que incluía reunirse con grupos de víctimas y testigos y con organizaciones de la sociedad civil.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las personas defensoras de los derechos humanos, entre ellas Waldo Albarracín, siguieron sufriendo amenazas y hostigamiento al tiempo que las investigaciones penales sobre los ataques contra ellas permanecían estancadas. Las autoridades no les proporcionaron suficiente protección para que pudieran llevar a cabo su legítima labor de defensa de los derechos humanos.

Libertad de expresión

Los periodistas y comunicadores sociales denunciaron que el derecho a la libertad de expresión se estaba restringiendo indebidamente en Bolivia mediante amenazas, ataques e intentos de acallar a los medios de comunicación nacionales e internacionales. El gobierno interino creó un clima de miedo y censura a través de sus declaraciones públicas y normativas, y sometió a hostigamiento y amenazas a opositores y presuntos opositores al gobierno. El ejecutivo emitió amenazas públicas, acusando a líderes políticos de “desinformar” y a periodistas de “sedición”, y también acusó a estas personas de participar en “movimientos de desestabilización y de desinformación” y de hacer “guerra virtual” contra el gobierno.

En el contexto de la pandemia, el gobierno también emitió normativas que planteaban una serie de motivos de preocupación, como los decretos supremos 4199, 4200 y 4231 (que modificaba los dos anteriores). Algunos artículos de estos decretos violaban el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, tipificando como delito contra la salud pública “desinform[ar]” sobre la COVID-19 o “genera[r] incertidumbre en la población”. Estos decretos fueron posteriormente derogados, pero, al igual que los procesos penales y las detenciones, sirvieron para intensificar el hostigamiento contra personas opositoras políticas y aquellas percibidas como tales.

Derechos de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas se vieron desproporcionadamente afectados por la pandemia. Su derecho a participar en los procesos de toma de decisiones sobre cuestiones que los afectaban continuaba siendo menoscabado por la concesión de licencias para proyectos económicos en tierras comunitarias sin que se hubiera obtenido su consentimiento libre, previo e informado. Según la Defensoría del Pueblo, en el contexto de la pandemia faltó una política de salud pública para proteger a los pueblos indígenas y aumentó el uso en las redes sociales de discursos racistas que los estigmatizaban.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

El 3 de julio, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz anuló una decisión del registro civil nacional que rechazaba la inscripción de una unión civil entre personas del mismo sexo. La Sala ordenó al Servicio de Registro Cívico que emitiera una nueva resolución que respetara las normas internacionales de derechos humanos. Esta orden no se cumplió, y el Servicio de Registro Cívico solicitó al Tribunal Constitucional Plurinacional una medida cautelar para suspender los efectos de la sentencia. Esta cuestión seguía pendiente al finalizar el año. El 9 de diciembre, el Servicio de Registro Cívico cumplió la orden de la Sala y emitió una nueva resolución por la que permitía a dos hombres convertirse en la primera pareja del mismo sexo que inscribía en registro su unión civil.

  1. Para sanar la pandemia de impunidad: 20 recomendaciones en materia de derechos humanos a las personas candidatas en las elecciones presidenciales 2020 en Bolivia (AMR 18/2871/2020)

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