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Bolivia

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

Seguía pendiente la creación de una comisión de la verdad, la justicia y la reconciliación para las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional cometidos durante los regímenes militares (1964-1982). Hubo denuncias de que no se pedía el consentimiento libre, previo e informado a los pueblos indígenas para proyectos de prospecciones petrolíferas en el Amazonas. Se produjeron algunos avances para proteger los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) y los derechos sexuales y reproductivos. Las condiciones del sistema penitenciario seguían siendo preocupantes.

En agosto, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Rodolfo Illanes, murió de manera violenta durante unas protestas mineras. Los manifestantes se oponían a la promulgación de una enmienda a la Ley de Cooperativas, que reconocía el derecho de sindicalización.

Bolivia todavía no había establecido la comisión de la verdad, la justicia y la reconciliación para los crímenes cometidos durante los gobiernos militares, a cuya creación se había comprometido en marzo de 2015 en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En septiembre, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad publicó su informe sobre Bolivia. Entre otras recomendaciones, el Comité instó a Bolivia a mejorar y adaptar mecanismos y procedimientos para garantizar a las personas con discapacidad el acceso a la justicia, y le instó también a suprimir la práctica de la esterilización de estas personas sin su consentimiento libre, previo e informado.

En junio, la policía reprimió con gas lacrimógeno manifestaciones pacíficas de personas con discapacidad que exigían una prestación mensual por su discapacidad. En agosto se denunció ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la ONU, el uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones; el Comité instó a las autoridades bolivianas a llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial del incidente.

En marzo, varios líderes de pueblos indígenas amazónicos y el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) denunciaron que no se estaba garantizando el consentimiento libre, previo e informado para proyectos de prospecciones petrolíferas en territorios indígenas.

En mayo, la cámara baja de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la Ley de Identidad de Género, que establecía procedimientos administrativos para que las personas transgénero mayores de 18 años pudieran cambiar legalmente su nombre, sexo y datos de imagen en documentos oficiales.

En septiembre, el defensor del Pueblo respaldó un proyecto de ley que permitiría a las personas del mismo sexo contraer matrimonio civil, y a lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales disfrutar de los mismos derechos y garantías de atención a la salud y de seguridad social que las otras parejas. El proyecto de ley debía ser sometido a la consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional más avanzado el año.

En agosto, el Ministerio de Salud y la Universidad de San Andrés lanzaron el primer Observatorio de Mortalidad Materna y Neonatal para controlar y reducir los elevados índices de mortalidad materna e infantil en el país. Asimismo, el Ministerio de Salud anunció la elaboración de un proyecto de ley para garantizar el acceso oportuno a la planificación familiar.

En julio, el Tribunal Constitucional Plurinacional rechazó una acción de inconstitucionalidad abstracta contra dos artículos de la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas y su Reglamento Parcial. La petición había sido presentada por el defensor del Pueblo alegando que la ley podía vulnerar el derecho a la libertad de asociación para establecer ONG o fundaciones. En octubre, cuatro ONG presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con dicha ley.

En junio, el defensor del Pueblo publicó un informe que hacía hincapié en el grave problema de hacinamiento y corrupción en el sistema penitenciario y recalcaba también las persistentes violaciones de derechos humanos contra las personas privadas de libertad.

Estado Plurinacional de Bolivia
Jefe del Estado y del gobierno: Evo Morales Ayma
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