Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

Argentina

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

La pandemia de COVID-19 agravó la persistente crisis económica del país. Las medidas para frenar la propagación del virus incrementaron la violencia por motivos de género. Los pueblos indígenas se vieron desproporcionadamente afectados por la pandemia. Hubo denuncias de desapariciones forzadas y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Se despenalizó y legalizó el aborto durante las primeras 14 semanas de embarazo.

Información general

Argentina seguía inmersa en una profunda crisis económica y social. En junio, según cifras oficiales, el 40,9% de la población vivía en la pobreza y el índice de desempleo era del 13,1%. Persistía la preocupación por los pagos de deuda y la obligación de los Estados de proteger los derechos sociales y económicos durante la pandemia y el periodo de recuperación.

En marzo, el Decreto 297/2020 impuso un confinamiento en todo el país y restringió la libertad de circulación para frenar la propagación de la COVID-19.

El estricto control de los desplazamientos entre provincias dejó a centenares de personas atrapadas fuera de su jurisdicción, sin acceso a suficiente atención médica, higiene y, en ocasiones, a la reunificación familiar. En noviembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a la provincia de Formosa que, después de ocho meses de aplicación de medidas restrictivas, permitiera a 8.300 personas regresar a sus hogares. La sentencia aún no se había aplicado en su totalidad.

El Ministerio de Seguridad aprobó un nuevo protocolo policial que establecía el uso de información obtenida de fuentes abiertas durante la emergencia sanitaria, lo que suscitó preocupación por la posible vigilancia masiva online.

El personal sanitario y el que realizaba labores esenciales desempeñaron un papel fundamental en la respuesta a la COVID-19. Un total de 64.958 profesionales de la salud se habían infectado con el virus hasta el 18 de diciembre.

Derechos de las mujeres

La pandemia agravó y puso de relieve las desigualdades de género existentes. Según los datos disponibles, el trabajo no remunerado doméstico y de cuidados representaría el 16% del producto interior bruto si fuera remunerado. Las mujeres realizaban más del 75% del trabajo doméstico y de cuidados del país.

Violencia contra mujeres y niñas

La violencia contra las mujeres aumentó durante la pandemia. En noviembre, las llamadas de emergencia a las líneas de atención telefónica habían aumentado un promedio de más del 18% en comparación con 2019.

Según los grupos de monitoreo de la sociedad civil, en 2020 se cometieron al menos 298 feminicidios.

Las medidas de confinamiento dieron lugar a un aumento de las interacciones online, y las mujeres sufrieron violencia y abusos en las redes sociales, especialmente al defender sus derechos humanos.

Derechos sexuales y reproductivos

En diciembre, el Congreso dio un paso histórico al despenalizar y legalizar el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo. Transcurrido ese plazo, éstos se permitían en los casos en los que el embarazo pusiera en peligro la vida o la salud de la persona embarazada o fuera consecuencia de una violación. En diciembre, el Senado aprobó por unanimidad el Programa de los Mil Días, cuyo objetivo era fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y niños y niñas en sus primeros años de vida.

En Argentina, según datos oficiales, se registraba un parto de una niña menor de 15 años cada cuatro horas. La mayoría de esas niñas se veían forzadas a llevar a término embarazos que eran consecuencia de violencia sexual.

Durante la pandemia se incrementaron las barreras para acceder a un aborto legal. Además, a las mujeres y las adolescentes se les interrumpió el tratamiento anticonceptivo por el temor a contraer la COVID-19 al acudir a los centros de salud.

Derechos de los pueblos indígenas

Las comunidades indígenas aún no contaban con un reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra pese a que la Constitución reconocía su derecho a sus territorios ancestrales.

Continuaba la injerencia en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas por parte de particulares o de fuerzas estatales. Las comunidades sufrían actos de violencia, restricciones de la libertad de circulación y escasez en el suministro de alimentos, y carecían de acceso suficiente a agua potable y de condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.

Preocupaban las repercusiones de la COVID-19 para los pueblos indígenas, que seguían enfrentándose a obstáculos para acceder a las prestaciones sociales.

El gobierno federal declaró la minería como sector esencial durante la pandemia. Persistía la preocupación por los proyectos para la posible extracción de litio en tierras indígenas sin que se llevara a cabo un estudio exhaustivo del posible impacto en los recursos naturales y sin garantizar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas. En Salinas Grandes, las comunidades indígenas seguían exigiendo información sobre los posibles impactos de la minería en sus fuentes de agua.

Impunidad

Seguían celebrándose ante tribunales civiles ordinarios juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar de 1976-1983. Entre 2006 y diciembre de 2020 se dictaron 250 sentencias, con lo que el total de personas declaradas culpables se elevó a 1.013 y el de absoluciones, a 164.

En septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado responsable de violar el derecho a la vida y a la integridad física de las víctimas, así como de operaciones de encubrimiento que favorecían la impunidad, en relación con el atentado con explosivos en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en julio de 1994.

Al terminar el año continuaba la investigación sobre la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Su cadáver había sido hallado en 2017 en un río en territorio mapuche de la provincia de Chubut, 78 días después de que las fuerzas de seguridad, en el marco de un operativo de represión, perimetraran la zona.

Uso excesivo de la fuerza y desapariciones forzadas

Hubo numerosos incidentes de uso excesivo de la fuerza en el contexto de la imposición del confinamiento asociado a la COVID-19. En mayo, agentes de policía mataron en la provincia de Tucumán a Luis Espinoza, cuyo cadáver no fue hallado hasta una semana después de su muerte.

También en mayo, las fuerzas de seguridad irrumpieron violentamente en las viviendas de integrantes del pueblo indígena Qom en Fontana (provincia de Chaco) y se llevaron detenidos a tres hombres y una niña de 16 años. Éstos denunciaron haber sido sometidos a tortura y otros malos tratos, incluido el abuso sexual de la niña.

El cadáver de Facundo Astudillo Castro fue hallado 107 días después de que se denunciara su desaparición a finales de abril. Había sido visto por última vez en un puesto de control policial de la provincia de Buenos Aires. La autopsia determinó que había muerto por asfixia. La existencia de informes policiales contradictorios y otros indicios señalaban que la policía de Buenos Aires podría ser responsable de su desaparición y muerte.

Persistía la preocupación por la falta de políticas públicas institucionales sobre la búsqueda eficaz de personas desaparecidas y la falta de investigación de las desapariciones forzadas.

Derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo

El Decreto 70/2017, que modificaba la Ley de Migraciones e introducía graves medidas regresivas en relación con los derechos de las personas migrantes, continuaba en vigor pese a que varios mecanismos de derechos humanos lo habían considerado inconstitucional.

Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo encontraban dificultades para llevar a cabo los procedimientos de regularización y acceder a los programas de asistencia social. Estos colectivos, con acceso limitado al mercado de trabajo formal y a una vivienda adecuada, se encontraban entre los más afectados por la crisis de COVID-19. El cierre de las fronteras afectó al reasentamiento de refugiados a través del Programa Siria, un programa argentino de patrocinio comunitario. Se paralizó el reasentamiento de nueve familias refugiadas sirias cuyo traslado a Argentina había sido aprobado y se suspendió el trámite de nuevas solicitudes de patrocinio comunitario.

Actuación inadecuada para impedir el cambio climático

Argentina ratificó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

Más de 120.000 hectáreas en 11 provincias se vieron afectadas por incendios forestales, muchos de ellos relacionados con la deforestación.

A continuación puedes ver contenidos relacionados con este país.

República Argentina
Jefe del Estado y del gobierno: Alberto Fernández

Noticias

Ver más noticias

Artículos

Análisis, opinión, historias personales y otros

Ver más artículos

Documentos

Ver más documentos