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Argentina

Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

Persistía la impunidad por la violencia de género, y muchos femicidios y agresiones contra personas LGBTI quedaron impunes. El acceso al aborto seguía siendo difícil en muchas partes del país, pese a que había sido despenalizado poco tiempo atrás. Las investigaciones sobre varios casos clave de desaparición y muerte bajo custodia policial no avanzaron. Las autoridades no adoptaron medidas para mejorar la integración de las personas refugiadas y solicitantes de asilo.

Información general

El país seguía sumido en una crisis económica y social. En el primer semestre de 2022, el 36,5% de la población vivía en situación de pobreza.

En septiembre, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sufrió un intento de asesinato.

También en septiembre, la experta independiente de la ONU sobre los efectos de la deuda externa visitó Argentina y se refirió a la necesidad de garantizar que las obligaciones internacionales en materia de deuda del país no pusieran en peligro los derechos humanos.

En noviembre, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias concluyó que Argentina no investigaba de manera efectiva ni prevenía las muertes ilegítimas, y que las víctimas solían pertenecer “a los sectores en situación de vulnerabilidad y más desfavorecidos de la población” mientras que los responsables quedaban impunes.

Derechos de las mujeres y de las personas LGBTI

Violencia contra mujeres, niñas y personas LGBTI

Según datos recogidos por las ONG, durante 2022 se registraron 233 homicidios por razones de género, de los cuales el 91% tuvo lugar en el ámbito familiar.

Pese a que la opinión pública mostraba interés por la lucha contra la violencia de género, los índices de enjuiciamiento siguieron siendo bajos, y sólo el 15,5% de los casos denunciados dio lugar a sentencias condenatorias, según el Ministerio Público Fiscal.

En octubre, después de más de cuatro años de colaboración entre los sistemas de justicia argentino, brasileño y nicaragüense, el actor Juan Darthés testificó en Brasil en el juicio en el que se lo acusaba de ejercer violencia sexual contra Thelma Fardin. La sentencia definitiva del caso se aplazó hasta 2023.

Aumentaron la violencia y los ataques contra mujeres y periodistas LGBTI. Al menos dos periodistas que defendían los derechos humanos de las mujeres presentaron denuncias ante los tribunales por ciberacoso y violencia. Sus casos seguían pendientes de resolución al terminar el año.

Seguían sin conocerse la suerte y el paradero de Tehuel de la Torre, hombre transgénero de 21 años que se encontraba desaparecido desde marzo de 2021. No se llevó a cabo ningún tipo de investigación transfeminista, imparcial, efectiva o independiente sobre el caso.

Derechos sexuales y reproductivos

Seguían existiendo importantes obstáculos para acceder a los servicios de aborto pese a que en 2020 se había aprobado una ley que despenalizaba y legalizaba el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo. Las autoridades no llevaron a cabo ninguna campaña para difundir información sobre la ley.

Miranda Ruiz, una médica de Tartagal (provincia de Salta), fue finalmente absuelta tras haber sido encausada por atender una solicitud de aborto legal.

Ana, una mujer de 30 años que había sufrido un aborto espontáneo, quedó finalmente en libertad después de haber sido acusada de homicidio agravado y pasar 8 meses encarcelada en la provincia de Corrientes.

Según los datos oficiales más actualizados publicados durante el año, en 2020 habían dado a luz diariamente al menos 3 niñas menores de 15 años. Pese a que entre 2016 y 2020 había disminuido el número de embarazos de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años, más de 50.000 personas de ese grupo de edad había dado a luz en 2020.

Educación sexual integral

Al finalizar el año seguía pendiente un litigio contra una resolución aprobada en mayo por el Ministerio de Educación de la provincia de Chaco en la que se autorizaba que un congreso de formación docente incluyera contenido que hacía caso omiso del derecho al aborto y los derechos de la infancia y patologizaba la diversidad sexual.

Uso excesivo de la fuerza

Al finalizar el año seguía pendiente una sentencia contra los 13 agentes policiales acusados en el caso de Valentino Blas Correas, muchacho de 17 años de la provincia de Córdoba que había muerto en agosto de 2021 por disparos efectuados por la policía.

El 5 de junio, Daiana Soledad Abregú fue hallada muerta en un calabozo policial en la ciudad de Laprida (provincia de Buenos Aires). Aunque los exámenes iniciales sugerían que la joven se había quitado la vida, una segunda autopsia descartó la hipótesis de suicidio. Los cinco policías (hombres y mujeres) acusados de homicidio agravado seguían en libertad.

Al finalizar el año seguía pendiente de aprobación en la cámara baja un proyecto de Ley de Abordaje Integral de la Violencia Institucional en Seguridad y Servicios Penitenciarios.

Libertad de reunión

El gobierno provincial de Jujuy presentó un proyecto de ley para reformar la Constitución de la provincia y limitar la protesta social mediante la prohibición del bloqueo de carreteras y de la “usurpación del espacio público”. El debate de la reforma se aplazó hasta 2023.

Impunidad

Seguían celebrándose ante tribunales civiles ordinarios juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar de 1976-1983. Entre 2006 y diciembre de 2022 se dictaron 286 sentencias, con lo que el total de personas declaradas culpables se elevó a 1.088 y, el de absoluciones, a 166.

La investigación sobre la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro en 2020 no registró avances significativos. El joven había sido visto por última vez en un puesto de control policial de la provincia de Buenos Aires.

Al terminar el año, la investigación sobre la desaparición y muerte de Santiago Maldonado no había registrado avance alguno. Su cadáver había sido hallado en un río en territorio mapuche de la provincia de Chubut en 2017, 78 días después de que la Gendarmería Nacional Argentina llevara a cabo un violento operativo.

Persistía la preocupación por la ausencia de políticas públicas institucionales sobre la búsqueda eficaz de personas desaparecidas, y no se llevaron a cabo investigaciones sobre las presuntas desapariciones forzadas.

Derechos de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas seguían encontrando serias dificultades para acceder a los derechos colectivos sobre la tierra. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas sólo había completado el 43% del relevamiento de los territorios indígenas dispuesto en la Ley de Emergencia 26.160. Los pueblos indígenas seguían siendo desalojados de sus territorios pese a la prohibición estipulada en esa misma ley.

Las autoridades de la provincia de Formosa negaban la existencia del pueblo Nivaclé con anterioridad al periodo colonial y, por tanto, se negaban a expedir certificados de nacimiento y documentos de identidad a sus integrantes, especialmente las personas de edad avanzada. Según las organizaciones de la sociedad civil, aproximadamente el 30% del pueblo Nivaclé seguía careciendo de documentación, lo que vulneraba el derecho a la identidad de esas personas y las colocaba en situación de riesgo de apatridia.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En mayo, las autoridades establecieron un programa de patrocinio comunitario para las personas que huían de los disturbios sociales y los desastres naturales que tenían lugar en América Central, el Caribe y México. Sin embargo, se excluía a quienes necesitaban protección internacional por otros motivos y procedían de otros países.

Las autoridades suspendieron la reubicación de nueva población con necesidades de protección internacional en el marco del programa de patrocinio comunitario de personas procedentes de Siria (Programa Siria). Tampoco aprobaron el reglamento de la ley sobre personas refugiadas para que quienes estuvieran en situación de refugio y solicitud de asilo tuvieran un mejor acceso a derechos fundamentales como la educación, el trabajo y la atención médica.

Actuación deficiente contra la crisis climática y la degradación ambiental

El Congreso no aprobó la Ley de Humedales, que llevaba más de un decenio pendiente de aprobación, pese a las intensas olas de calor, las sequías y los incendios que afectaron a amplias zonas del país y pusieron en peligro las tierras y los medios de vida.

República Argentina
Jefe del Estado y del gobierno: Alberto Fernández