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Argentina

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

Las mujeres y las niñas tenían dificultades para acceder a un aborto legal; la criminalización de los derechos sexuales y reproductivos se intensificó. Continuó la discriminación de los pueblos indígenas.

El Congreso de la Nación aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275). El Consejo Nacional de las Mujeres presentó el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

En junio y octubre hubo protestas multitudinarias, bajo el lema “Ni Una Menos”, por la violencia generalizada contra las mujeres, el feminicidio y la falta de políticas públicas para abordar la situación.

Argentina se sometió al escrutinio del Comité de Derechos Humanos, del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, todos ellos de la ONU.

En abril, una mujer de la provincia de Tucumán fue declarada culpable de “asesinato y condenada a ocho años de prisión tras —según su historial clínico— haber sufrido un aborto espontáneo en un hospital. El personal del hospital la había denunciado a la policía por, supuestamente, inducirse un aborto, y la mujer había permanecido recluida en espera de juicio durante más de dos años. Fue acusada primero de someterse a un aborto ilegal y, posteriormente, de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía (un delito que acarreaba penas de prisión de hasta 25 años). En agosto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó preocupación por el caso, recomendó al gobierno que considerara despenalizar el aborto y pidió la pronta liberación de la mujer. Asimismo, el Comité pidió a Argentina que liberalizara su legislación sobre el aborto a fin de garantizar que todas las mujeres y niñas tuvieran acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y “que las barreras legales, el ejercicio de objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud y la falta de protocolos médicos no oblig[aran] a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que pon[ía] su vida y su salud en riesgo”. La Corte Suprema de Tucumán ordenó en última instancia la libertad de la mujer aquel mismo mes, pero tuvo que dictar una resolución definitiva sobre la condena de ocho años de prisión que había impuesto a la mujer el tribunal de instancia inferior.

En julio, una niña de 12 años de la comunidad indígena wichí fue violada por un grupo de hombres no indígenas. A consecuencia de la violación, la niña quedó embarazada, y fue obligada a seguir adelante con el embarazo a pesar de que sus padres habían denunciado la violación. En su 31 semana de gestación le permitieron someterse a una cesárea sólo porque su embarazo era inviable.

En noviembre, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó a Argentina a garantizar que todas las provincias aprobaban protocolos para facilitar el acceso a abortos legales; instó también al país a garantizar que las mujeres tuvieran acceso a servicios de aborto y postaborto legales y seguros y a adoptar medidas definitivas para impedir el uso generalizado de la objeción de conciencia por parte de médicos que se negaran a realizar abortos, teniendo en cuenta particularmente las situaciones de embarazos precoces que fueran consecuencia de violación o incesto y que pudieran constituir tortura; y a acelerar la adopción del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo, que aumentara el acceso legal al aborto.

A pesar de que la Constitución reconocía los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y a participar en la gestión de sus recursos naturales, la mayoría de las comunidades indígenas seguían sin ver reconocidos legalmente sus derechos sobre la tierra.

Los pueblos indígenas denunciaron más de 200 casos de violaciones de sus derechos humanos relacionados con la tierra, la participación y la consulta, la igualdad, la no discriminación y el acceso a la justicia, entre otros.

En 2016 se cumplieron siete años de impunidad en el caso de Javier Chocobar, líder de la comunidad indígena chuschagasta, muerto por defender pacíficamente su tierra en la provincia septentrional de Tucumán.

En agosto, la Dirección Nacional de Migraciones y el Ministerio de Seguridad anunciaron la creación de un centro de detención de migrantes. Eso vulneraba los derechos a la libertad de la persona, a la libertad de circulación y a gozar de protección frente a la detención arbitraria.

Durante la Cumbre de Líderes sobre Refugiados celebrada en septiembre en Nueva York, Argentina se comprometió a recibir a 3.000 personas refugiadas sirias, dando prioridad a familias con hijos. Al concluir el año seguían sin concretarse los detalles del programa de reasentamiento.

Se celebraron juicios públicos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar de 1976 a 1983. Entre 2006 y diciembre de 2016 se habían emitido 173 sentencias, con lo que el número total de personas declaradas culpables se elevaba a 733.

En mayo se dictó una sentencia histórica en el caso de la Operación Cóndor, un plan de inteligencia coordinado que habían lanzado en la década de 1970 los regímenes militares que gobernaban Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Reynaldo Bignone, el último presidente de facto de Argentina en  esa época, fue condenado a 20 años de prisión. También se impusieron penas de prisión a otros 14 mandos militares. En agosto se dictó sentencia en el juicio histórico de La Perla —en relación con centros clandestinos en la provincia de Córdoba— y 28 responsables fueron condenados a cadena perpetua. Hubo 9 condenas de entre 2 y 14 años de prisión y 6 absoluciones.

En diciembre, la comisión bicameral —encargada de identificar los intereses económicos y financieros que habían estado en connivencia con la dictadura militar— creada por la Ley 27.217 de 2015 todavía no se había establecido.

Prosiguió la audiencia pública sobre el encubrimiento de la investigación del atentado de 1994 en el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el que habían perdido la vida 85 personas. Entre las personas acusadas se encontraban el ex presidente Carlos Menem, un ex juez y otros ex altos cargos. La causa principal sobre el atentado estaba estancada desde 2006. En agosto, la Unidad Fiscal de Investigación para la causa AMIA concluyó que la última víctima que quedaba por identificar era Augusto Daniel Jesús.

Se siguió denunciando el uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en las protestas públicas.

El 16 de enero, la líder social Milagro Sala fue detenida y acusada por protestar pacíficamente en Jujuy en diciembre de 2015. Pese a que se había ordenado su puesta en libertad en ese caso, se iniciaron nuevos procedimientos penales contra ella para mantenerla recluida. En octubre, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que su detención había sido arbitraria y pidió su liberación inmediata.

El 17 de febrero, el Ministerio de Seguridad de la Nación publicó el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas, que establecía que las fuerzas de seguridad reprimirían a quienes ejercieran su derecho de reunión pacífica y el sistema de justicia los enjuiciaría por la vía penal.

El 31 de marzo, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió la resolución FG N 25/2016, que entrañaba graves riesgos de que se impusieran restricciones indebidas al derecho de reunión pacífica.

El defensor de los derechos humanos Rubén Ortiz sufrió amenazas e intimidación por apoyar los derechos de las comunidades campesinas en la provincia de Misiones. Al finalizar el año había una investigación en curso.

Al concluir el año, no se había establecido el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, a pesar de la normativa gubernamental del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, compuesto por legisladores, autoridades del gobierno y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Las obligaciones del Comité incluían realizar visitas a centros de detención, prevenir el hacinamiento en las prisiones y regular las transferencias de reclusos.

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