Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

Guatemala

Información extraída de nuestro INFORME 2021/22

La criminalización se utilizó cada vez más como estrategia para intimidar a quienes trabajaban en la administración de justicia. Entró en vigor una ley que amenazaba el derecho a defender los derechos humanos. Guatemala presentaba el menor porcentaje de personas con la pauta completa de vacunación contra la COVID-19 en América Latina en un contexto de denuncias de corrupción.

Información general

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitó Guatemala en junio y acordó con el presidente Giammattei abordar las causas fundamentales de la migración, como la desigualdad, la corrupción y el deficiente Estado de derecho. En julio, la destitución del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad desató protestas en todo el país contra la corrupción, la desigualdad económica y la respuesta del gobierno a la COVID-19.

Impunidad

Las personas que trabajaban en la administración de justicia y ocupaban cargos clave en la lucha contra la impunidad en casos de corrupción y violaciones graves de derechos humanos fueron destituidas o se les impidió ocupar sus cargos y soportaron amenazas, persecución penal y campañas difamatorias.1

En abril, la jueza Gloria Porras, que había destacado por apoyar las iniciativas de derechos humanos y contra la corrupción en años anteriores y que había resultado reelegida para su cargo en la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, abandonó el país después de que el Congreso bloqueara su ceremonia de juramento y le impidiera asumir sus funciones.

En junio, dos jueces y dos juezas de los tribunales de mayor riesgo en favor de los cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dictado medidas cautelares denunciaron ante el Ministerio Público que estaban siendo objeto de hostigamiento y amenazas. Un mes más tarde, la fiscal general destituyó a Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, quien huyó del país ante la inquietud acerca de su seguridad. En octubre, la fiscal general también trasladó a la jefa de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, quien había ayudado a poner al expresidente militar Efraín Ríos Montt a disposición de la justicia.

Defensores y defensoras de los derechos humanos y uso excesivo de la fuerza

Entre enero y noviembre, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) registró 839 agresiones contra personas que defendían los derechos humanos. Guatemala presentó de nuevo el cuarto mayor índice del mundo de homicidios per cápita de personas defensoras de la tierra y el medioambiente; según la ONG Global Witness, en 2020 habían muerto de forma violenta 13 personas.

Con todo, Guatemala aún no había ratificado al concluir el año el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), que incluía disposiciones para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales.

En mayo, los nuevos miembros de la Corte de Constitucionalidad rechazaron las impugnaciones judiciales presentadas por las organizaciones de la sociedad civil contra la polémica Ley de ONG, que entraría en vigor el 21 de junio. Posteriormente se interpusieron al menos tres recursos ante la Corte de Constitucionalidad en relación con algunos aspectos de la ley que podrían facilitar la comisión de violaciones graves del derecho a la libertad de expresión y asociación, al incluir cláusulas imprecisas que podrían dar lugar al cierre de ONG u otras medidas contra ellas. Las apelaciones seguían pendientes al terminar el año.

Continuaron las audiencias judiciales del caso del preso de conciencia Bernardo Caal Xol, encarcelado desde enero de 2018 por defender los derechos de las comunidades mayas q’eqchies afectadas por el proyecto de construcción de la represa hidroeléctrica OXEC.2 En agosto, la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de casación que el equipo de defensa jurídica de Bernardo Caal Xol había presentado solicitando su puesta en libertad. En octubre, unos agentes policiales actuaron con violencia contra personas mayas q’eqchies que llevaban tres semanas protestando de manera pacífica contra una empresa minera que operaba en su territorio, en el municipio de El Estor, así como contra otros manifestantes y periodistas. Tras el incidente, el presidente decretó el estado de sitio en el municipio.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

La población seguía huyendo de la violencia, la pobreza, la desigualdad y los efectos del cambio climático.

Centenares de personas de nacionalidad guatemalteca, junto con otras procedentes de otros países de América Central y Haití, fueron deportadas o devueltas ilegalmente por las autoridades mexicanas a zonas remotas de la frontera donde se las abandonaba sin ayuda.

Con el pretexto de hacer cumplir los protocolos relacionados con la COVID-19, las fuerzas de seguridad golpearon y usaron gas lacrimógeno contra una caravana de personas migrantes y solicitantes de asilo que trató de entrar en el país en enero.3

Derecho a la salud

Guatemala presentaba el menor porcentaje de personas con la pauta completa de vacunación contra la COVID-19 de América Latina: tan sólo el 25,7%, en un contexto de denuncias de corrupción en relación con la compra de vacunas y la gestión de la pandemia.

Se hizo público un detallado plan nacional de vacunación que no incluía a los pueblos indígenas.

Violencia contra mujeres y niñas

En marzo, tras dos decenios de lucha por la justicia por parte de la familia de María Isabel Véliz Franco —una niña de 15 años asesinada en 2001 y cuyo cadáver presentaba señales de violencia sexual—, un tribunal nacional condenó a un hombre a 30 años de prisión por su asesinato. Guatemala había sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014 por no haber investigado con diligencia la muerte de esta niña ni haber evitado la violación de sus derechos.

Derechos sexuales y reproductivos

En diciembre, el Congreso comenzó a debatir la iniciativa legislativa 5940 que, de aprobarse, violaría los derechos de los niños, niñas y adolescentes transgénero.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En mayo, las fuerzas de seguridad detuvieron a 11 agentes militares y policías retirados sospechosos de haber participado entre 1983 y 1985 en los secuestros, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos contra al menos 183 personas consideradas de la oposición política en el caso conocido como “Diario Militar”. Al terminar el año, al menos ocho de ellos se hallaban recluidos en espera de juicio.

  1. Guatemala: Organizaciones internacionales demandamos el cese de la criminalización contra personas funcionarias de justicia y defensoras de derechos humanos, 8 de junio
  2. Guatemala: Amnistía Internacional entrega 27957 firmas exigiendo la liberación de Bernardo Caal, 7 de julio
  3. Guatemala: La pandemia no puede ser un pretexto para negar protección internacional, 30 de marzo

A continuación puedes ver contenidos relacionados con este país.

República de Guatemala
Jefe del Estado y del gobierno: Alejandro Giammattei Falla

Noticias

Ver más noticias

Artículos

Análisis, opinión, historias personales y otros

Ver más artículos

Documentos

Ver más documentos