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Guatemala 2019

Los niveles de impunidad e inseguridad siguieron siendo elevados. Las autoridades continuaron obstruyendo la lucha contra la impunidad, lo que ponía en peligro la justicia y el Estado de derecho. El gobierno consiguió cerrar de manera definitiva la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El Congreso avanzó en los debates sobre proyectos de ley regresivos, acercándolos a su aprobación. Aumentaron los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos en un contexto de reducción del espacio de la sociedad civil. Al concluir el año, Guatemala aún no había ratificado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) ni la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Información general

En junio se celebraron elecciones generales, y estaba previsto que el nuevo presidente electo, Alejandro Giammattei, tomara posesión del cargo en enero de 2020.

En septiembre, tras el homicidio de tres soldados, el gobierno decretó el estado de emergencia durante 30 días en 22 municipios situados en el este del país; el estado de emergencia se amplió otros 30 días durante los cuales organizaciones comunitarias y emisoras de radio denunciaron redadas.

Impunidad

Las más altas autoridades socavaron sistemáticamente los importantes logros en materia de justicia y derechos humanos conseguidos en el último decenio.

Incumpliendo órdenes de la Corte de Constitucionalidad, máximo órgano judicial del país, el gobierno continuó obstruyendo el trabajo de la CICIG, y rechazó renovar su mandato, lo que dio lugar a su cierre definitivo. La CICIG cerró en septiembre tras 12 años de funcionamiento. Junto con el Ministerio Público, la CICIG había investigado e identificado más de 70 estructuras delictivas en más de 120 importantes casos de corrupción, varios de ellos relacionados con violaciones de derechos humanos. La respuesta inadecuada del Ministerio Público a los incumplimientos por parte del gobierno de las sentencias de la Corte de Constitucionalidad y la ausencia de un plan de transición para el cierre de la CICIG debilitaron el Estado de derecho y la lucha contra la impunidad.[1]

En el Congreso, avanzaron los debates sobre legislación regresiva, como el proyecto de ley 5377, que concedería una amnistía a las personas acusadas e incluso a las condenadas por crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado (1960-1996).

Defensores y defensoras de los derechos humanos

La situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos continuó deteriorándose. Corrían especial peligro las personas que se centraban en defender la tierra, el territorio y el medioambiente, las que luchaban contra la impunidad en casos relacionados con el conflicto armado interno o en casos de corrupción asumidos por la CICIG. La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), organización local de derechos humanos, registró 467 ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos al menos 20 homicidios e intentos de homicidio, sobre todo en zonas rurales. La inmensa mayoría de estos ataques seguían impunes, y la aplicación del protocolo interno 5-2018 del Ministerio Público para la investigación de dichos ataques continuaba siendo insuficiente.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos también continuaron haciendo frente a campañas difamatorias en las redes sociales, en los medios de comunicación nacionales y por parte de altos funcionarios, incluidos miembros del gobierno y del Congreso, dirigidas a desacreditar sus actividades legítimas. UDEFEGUA también denunció el aumento del uso indebido del sistema de justicia penal a través de denuncias penales infundadas cuyo único propósito era hostigar a la Unidad y restringir sus actividades legítimas. Algunas de esas denuncias las presentaron autoridades del más alto nivel.

El Congreso también siguió adelante con el debate sobre el proyecto de ley 5257, que podía haber dado lugar al cierre arbitrario de organizaciones de la sociedad civil y a una mayor criminalización de éstas; con todo, pese a los numerosos intentos, el Congreso no había logrado promulgar dicha ley al finalizar el año.

El procurador de los Derechos Humanos también hizo frente a varias denuncias penales y mociones presentadas por el Congreso para su destitución por su defensa de los derechos humanos. Su oficina también sufrió varias restricciones presupuestarias que limitaban su capacidad para desempeñar sus funciones.

Al terminar el año, Guatemala todavía no había adoptado la política pública para la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014.

Sistema de justicia

Seguían pendientes importantes desafíos para la independencia de fiscales, jueces y magistrados en Guatemala, en particular de quienes trabajaban en casos de gran repercusión, como los asumidos por la CICIG, y en casos relacionados con el conflicto armado interno. Algunas autoridades judiciales denunciaron incidentes de seguridad y enfrentaron campañas difamatorias y estigmatización constantes, así como decenas de denuncias penales, disciplinarias y de otra índole dirigidas a castigarlas por sus sentencias favorables a los derechos humanos y a la lucha contra la impunidad, o a disuadirlas de asumir tales casos. En octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en favor de la jueza Erika Aifán y otros tres magistrados (dos hombres y una mujer) de la Corte de Constitucionalidad.

En septiembre, la Corte de Constitucionalidad ordenó suspender y repetir el proceso de selección de magistrados debido a graves irregularidades, incluida la falta de evaluaciones del desempeño de jueces y magistrados, de cuya realización era responsable el Consejo de la Carrera Judicial.

Personas migrantes y refugiadas

La violencia, la desigualdad y la pobreza continuaron siendo los principales factores de expulsión para la migración forzada desde el país, y llevaron a miles de personas guatemaltecas a buscar protección en México y Estados Unidos.

Pese a ello y a otras deficiencias del sistema de protección de personas refugiadas de Guatemala, los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos firmaron en julio un Acuerdo de Cooperación de Asilo, también conocido como acuerdo de “tercer país seguro”. En virtud de este programa, desde noviembre, Estados Unidos inició la devolución de personas solicitantes de asilo de Honduras y El Salvador a Guatemala, lo que generó honda preocupación por el peligro para el derecho de estas personas a la vida y la integridad física, y a la protección contra la deportación.


[1] Última oportunidad de justicia. Peligrosos retrocesos para los derechos humanos y la lucha contra la impunidad en Guatemala (AMR 34/0611/2019)

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