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Omán

Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

Las autoridades siguieron deteniendo y procesando a quienes expresaban opiniones críticas con las acciones y decisiones del gobierno o manifestaban creencias religiosas consideradas ajenas a las prácticas islámicas oficiales. Los trabajadores y las trabajadoras migrantes siguieron sufriendo explotación, trabajo forzoso y duras condiciones laborales. Las mujeres continuaron siendo discriminadas en la ley y en la práctica, tanto en el ámbito familiar como en el profesional. Se lograron algunos avances en las políticas sobre el cambio climático.

Información general

Las autoridades siguieron aplicando su política de “omanización”, con un aumento de la tasa de sustitución de trabajadores extranjeros por nacionales. En julio, Omán prohibió a los ciudadanos extranjeros trabajar en 207 profesiones.

Libertad de expresión

Las autoridades siguieron siendo intolerantes con las voces que mantenían una postura crítica respecto a las acciones y decisiones del gobierno. El 4 de agosto, el activista ambiental Ahmed Issa Qattan fue detenido por segunda vez en 18 meses y acusado de publicar comentarios en Twitter en contra de una decisión gubernamental que prohibía el pastoreo de camellos en las llanuras de la gobernación de Dhofar en vista de la construcción de complejos residenciales. Este activista inició una huelga de hambre en protesta por su detención, y fue puesto en libertad bajo fianza el 16 de agosto.

A finales de agosto, un grupo de activistas denunció la detención de tres hombres que habían iniciado una sentada pacífica en la capital, Mascate, para pedir reformas, entre ellas el fin de la corrupción gubernamental y la mejora de las prestaciones sociales. Las fuerzas de seguridad los arrestaron a las pocas horas de iniciar la sentada, después de que el vídeo de su reivindicación se hiciera viral. Los detenidos estuvieron en paradero desconocido hasta que quedaron en libertad bajo fianza el 20 de octubre. El 27 de octubre, un tribunal condenó a uno de los hombres, Hani Al Sarhani, a un año de prisión en virtud de los artículos 123 y 115 del Código Penal por lo que se consideraban actos destinados a “socavar el prestigio del Estado” y por convocar una reunión.

El 30 de octubre se emitió un decreto real para ampliar el artículo 97 del Código Penal conforme al cual atentar contra los derechos y prerrogativas del sultán, su esposa, el heredero o sus hijos o deshonrar la persona de cualquiera de ellos se castigaría con al menos tres años de cárcel.

Libertad de religión o de creencias

Las autoridades siguieron utilizando el artículo 269 del Código Penal para enjuiciar a personas por acciones que las autoridades consideraban hostiles contra el islam o denigrantes para los valores islámicos.

El 7 de junio, un tribunal del norte de Omán declaró culpables a 2 de 4 personas detenidas entre el 24 de julio y el 2 de agosto de 2021 basándose únicamente en las conversaciones y mensajes privados que habían intercambiado en Internet sobre cuestiones relativas a la libertad de pensamiento, la religión y el ateísmo. El tribunal condenó a Maryam al Nuaimi a 3 años de prisión y a Ali al Ghafri a 5 años. La causa contra Abdullah Hassan la remitió al Tribunal Especializado para revisión, y a Ghaith al Shibli lo absolvió.

Derechos de las personas migrantes

Las autoridades no tomaron ninguna medida para reformar el sistema de patrocinio (kafala) que permitía los abusos contra la población trabajadora migrante, ni para convertirse en parte de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, de 1990.

Pese a que las autoridades eximieron temporalmente del pago de multas a la población extranjera que no había renovado los permisos de residencia y de trabajo en plazo, y redujeron las tasas de emisión de esos permisos, las personas trabajadoras migrantes seguían estando sometidas a explotación, trabajo forzoso y condiciones laborales muy duras. En concreto, soportaban largas jornadas de trabajo —de entre 16 y 20 horas e impagos del salario, y no podían dejar el empleo porque el empleador retenía sus documentos de viaje.

A finales de marzo, 14 trabajadores migrantes murieron y otros 5 resultaron heridos al producirse un desprendimiento de rocas mientras trabajaban en una cantera en Ibri, gobernación de Al-Dhahira. Aunque la Federación General de Trabajadores de Omán pidió a las autoridades que investigaran urgentemente los fallos de la empresa que condujeron al incidente, no se hizo pública ninguna información al respecto.

Derechos de las mujeres

Omán no tomó medidas para poner fin a la discriminación de las mujeres, pese a las crecientes demandas de la sociedad civil en favor de la igualdad de derechos para las mujeres, en ámbitos como el matrimonio, el divorcio, la herencia, la nacionalidad y la custodia de los hijos, así como con respecto a las restricciones de circulación y el tipo de trabajo que se les permitía realizar. El aborto siguió estando tipificado como delito.

Las autoridades designaron por fin una línea telefónica para denunciar la violencia en el ámbito familiar, con inclusión del maltrato infantil, como consecuencia de la campaña llevada a cabo por activistas, pero siguieron sin aprobar leyes que definieran la violencia de género intrafamiliar y sin tomar medidas para establecer refugios oficiales, lo que hizo que el acceso a la protección fuera inexistente.

Actuación deficiente contra la crisis climática

Omán comenzó a actualizar la normativa sobre asuntos relacionados con el clima, a redactar una estrategia nacional que incluía una ley sobre el cambio climático y a crear una base de datos nacional para supervisar los compromisos adquiridos en 2021 sobre la reducción de las emisiones de carbono en un 7% de aquí a 2030.

Sultanato de Omán
Jefe del Estado y del gobierno: Haitham bin Tariq