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Omán

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

La libertad de expresión seguía estando sometida a restricciones indebidas, entre ellas el enjuiciamiento y condena de quienes publicaran información sobre la COVID-19 considerada “falsa” por el gobierno. En el marco de una reforma de la Ley de Residencia Extranjera, se eliminó el requisito impuesto a los trabajadores y trabajadoras extranjeros de obtener un “certificado de no objeción” de su entidad empleadora para cambiar de trabajo. Las mujeres seguían estando discriminadas en la legislación y en la práctica. Los tribunales impusieron condenas a muerte.

Información general

Omán continuó aplicando medidas de “omanización” para sustituir la mano de obra expatriada por nacionales omaníes.

En abril, el país se adhirió a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, rechazó la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas y el Comité de la ONU contra la Tortura para recibir denuncias de particulares e interestatales. Formuló también una reserva respecto del artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que afectaba al derecho de los trabajadores y trabajadoras públicos a la huelga y a sindicarse.

Libertad de expresión

El gobierno siguió imponiendo restricciones indebidas al derecho a la libertad de expresión y detuvo y, en ocasiones, enjuició a periodistas y ciberactivistas.

El 1 de marzo, poco después de que se confirmasen los primeros casos de COVID-19 en Omán, el nuevo sultán, Haitham bin Tarik, dictó un decreto en el que reafirmó los poderes extraordinarios del Servicio de Seguridad Interna, que tenía el difuso mandato de “combatir actividades perjudiciales para la seguridad y la estabilidad del sultanato” y que se había visto implicado reiteradamente en la detención de personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

También en marzo, el gobierno prohibió la circulación de todas las publicaciones impresas como parte de las medidas adoptadas para contener la COVID-19. Anunció que habían sido enjuiciadas y condenadas varias personas, algunas de las cuales se dedicaban a la labor editorial y al “suministro de rumores”, por no respetar las normas sobre la COVID-19 que prohibían la “difusión de noticias falsas” e “incitar” en contra de las posturas adoptadas por los organismos de salud estatales.

En junio, el gobierno estableció el Centro de Ciberdefensa, bajo la dirección del jefe del Servicio de Seguridad Interna, y lo dotó de amplios poderes para, entre otras cosas, inspeccionar redes de Internet, sistemas de información y dispositivos electrónicos de instituciones civiles, militares y privadas.

También en junio, el Juzgado de Primera Instancia de Ibri impuso a Awad al Sawafi una condena condicional de un año de prisión, una multa y la prohibición de usar las redes sociales durante un año por acusar en Twitter a organismos del Estado de “intimidación continua a ciudadanos”. El Tribunal de Apelación confirmó posteriormente la sentencia. Ese mismo mes, el Juzgado de Primera Instancia de Mascate, la capital, condenó al exmiembro de la Asamblea Consultiva Salem al Awfi y al periodista Adel al Kasbi a un año de prisión por comentarios en Internet sobre corrupción y justicia. Ambos quedaron en libertad bajo fianza. En julio, el Servicio de Seguridad Interna detuvo al activista Ghazi al Awlaqi por comentarios que había hecho en las redes sociales acusando a las autoridades de intimidar a usuarios de ellas. Quedó en libertad en septiembre.

El 17 de noviembre, el sultán indultó a 390 personas, entre ellas cuatro presos de conciencia de un total de seis que habían sido condenados a cadena perpetua en juicios injustos celebrados en 2018 contra miembros de la tribu Shuhuh por imprecisos cargos contra la seguridad nacional. Ese mismo mes, la policía irrumpió agresivamente y sin orden judicial en dos viviendas de la localidad de Khasab, provincia de Musandam, y detuvo arbitrariamente a varias personas, a las que mantuvo bajo custodia durante una semana.

Trabajadores y trabajadoras migrantes

Los trabajadores y trabajadoras migrantes seguían estando vinculados a sus entidades empleadoras por el sistema de kafala (patrocinio), en virtud del cual dependían de ellas para entrar en el país y mantener su residencia legal.

En junio, la Real Policía de Omán aprobó una reforma —efectiva desde enero de 2021— que les permitiría cambiar de empleo al finalizar su contrato sin el permiso de sus entidades empleadoras. No estaba claro si la reforma afectaba a las personas empleadas en el servicio doméstico. Hasta entonces, a las personas migrantes que cambiaban de trabajo sin el permiso de su entidad empleadora se les prohibía entrar en el país durante dos años.

El sistema laboral, unido a unas condiciones de vida insalubres, como los alojamientos masificados, y al acceso desigual a la atención médica y al seguro de salud, puso a la población trabajadora migrante en una situación aún más vulnerable y en riesgo de contraer la infección durante la pandemia de COVID-19.1

Derechos de las mujeres

Las mujeres seguían sufriendo discriminación en la ley y en la práctica, sobre todo en asuntos como el divorcio, la custodia de los hijos e hijas y la herencia. Continuaba sin haber legislación específica para abordar la violencia de género. Omán mantuvo sus reservas respecto a las disposiciones de la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, incluidos su artículo 9.2, que otorga a las mujeres los mismos derechos que a los hombres con respecto a la nacionalidad de sus hijos e hijas, y su artículo 16, que da a las mujeres igualdad de derechos en los asuntos relativos al matrimonio y las relaciones familiares.

Pena de muerte

No se tuvo noticia de nuevas condenas a muerte. Se ejecutó a tres hombres y una mujer.

  1. Oman: Ensure protection of migrant workers in COVID-19 response (MDE 20/2166/2020)

A continuación puedes ver contenidos relacionados con este país.

Sultanato de Omán
Jefe del Estado y del gobierno: Haitham bin Tariq (sustituyó a Qabús bin Said al Said en enero)

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