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Marruecos y el Sáhara Occidental

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

Las autoridades restringían el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, enjuiciando a periodistas y dispersando protestas por la fuerza. Las mujeres estaban discriminadas en la legislación y en la práctica. Las relaciones homosexuales consentidas seguían estando penalizadas. Los tribunales imponían condenas a muerte. No se llevaron a cabo ejecuciones.

En marzo, el gobierno obligó a la ONU a cerrar una oficina de enlace militar de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) y a retirar a personal civil después de que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se refiriera a la “ocupación” por Marruecos del Sáhara Occidental. En abril, el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó un año más el mandato de la MINURSO sin incluir ningún componente de observación de la situación de los derechos humanos. Al terminar el año, la MINURSO no había recuperado la capacidad que tenía antes de marzo.1

En septiembre, Marruecos solicitó su incorporación a la Unión Africana.

En octubre estallaron protestas por las condiciones sociales y económicas en diferentes partes del país. Cuando las autoridades empezaron a derribar asentamientos informales en la localidad de Sidi Bibi, cerca de Agadir, los residentes se enfrentaron a la policía. Tras la muerte del vendedor de pescado Mouhcine Fikri cuando intentaba recuperar la mercancía que le habían requisado las autoridades en Alhucemas, en la región del Rif, miles de personas salieron a la calle en las principales ciudades de Marruecos, incluidas la capital, Rabat, y Marrakech. También hubo grandes manifestaciones en Alhucemas. Las protestas disminuyeron después de cuatro días, cuando las autoridades presentaron cargos contra 11 personas en relación con la muerte de Mouhcine Fikri.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU examinó en octubre el historial de Marruecos en materia de derechos humanos.2

Las autoridades prosiguieron con sus esfuerzos por reformar el sistema de justicia. En febrero, el Parlamento aprobó leyes sobre el Consejo Judicial Supremo y el Estatuto de los Jueces que, no obstante, no establecían la independencia del poder judicial. En junio, el Consejo de Gobierno aprobó un anteproyecto de legislación para reformar y completar el Código Penal que contenía algunas disposiciones progresistas, aunque no abordaba las significativas deficiencias del Código vigente, como la pena de muerte y las restricciones indebidas a las libertades de expresión y religión, entre otras. Al concluir el año aún no se había promulgado la legislación. Continuaba sometido a examen un anteproyecto de ley de reforma del Código de Procedimiento Penal.

Las autoridades continuaron enjuiciando a periodistas y detractores del gobierno por ejercer su derecho a la libertad de expresión pacífica. Uno de ellos fue Ali Anouzla, destacado periodista independiente, acusado en enero de propugnar, apoyar e incitar al terrorismo en un artículo publicado en el sitio web Lakome.com en 2013. De ser declarado culpable, podía ser condenado hasta a 20 años de cárcel. Siete periodistas y activistas se enfrentaron a cargos como “menoscabar la seguridad del Estado” y “no informar de la financiación extranjera” por participar en un proyecto de capacitación en periodismo ciudadano emprendido con financiación extranjera. De ser declarados culpables, podían ser condenados hasta a cinco años de cárcel.3

En febrero, el Consejo Judicial Supremo cesó al juez Mohamed El Haini después de que el ministro de Justicia y Libertades lo acusara de haber violado el deber de discreción y expresado opiniones de carácter político al criticar los anteproyectos de ley sobre el Consejo Judicial Supremo y el Estatuto de los Jueces en redes sociales y otros medios.

Un nuevo Código de Prensa aprobado en agosto eliminó la pena de prisión por ejercer la libertad de prensa un mes después de que las autoridades hubieran reformado el Código Penal para castigar ciertas formas de expresión pacífica.

Las autoridades continuaron bloqueando el registro legal de varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas delegaciones de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, Libertad Ya y la Coordinadora Magrebí de Organizaciones de Derechos Humanos.

También impidieron que grupos de derechos humanos y otras asociaciones celebrasen reuniones y asambleas públicas y de otra índole, y siguieron expulsando a periodistas, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos extranjeros o impidiendo su entrada en el país. En junio, la ONG española Instituto Internacional para la Acción Noviolenta (NOVACT) cerró su oficina en Marruecos después de que las autoridades negaran la entrada en el país a dos miembros de su personal. Amnistía Internacional mantenía abierto un diálogo con las autoridades a fin de que levantaran las restricciones que todavía pesaban sobre sus actividades de investigación en Marruecos y el Sáhara Occidental.

Las autoridades continuaron restringiendo el derecho a la libertad de reunión pacífica. En enero, la policía dispersó por la fuerza protestas pacíficas de docentes en formación en Inezgane y otras ciudades y, según testigos, golpeó a los manifestantes con porras y escudos, hiriendo a más de 150.

En agosto, un tribunal condenó en un juicio injusto a ocho activistas a entre cuatro meses y un año de prisión por participar en una protesta pacífica en Sidi Ifni, en el sur de Marruecos.4 Un tribunal de apelación confirmó las sentencias condenatorias en octubre, aunque redujo una pena de cuatro meses de prisión a tres.

Las autoridades continuaron reprimiendo la disidencia pacífica en el Sáhara Occidental, dispersando protestas pacíficas y enjuiciando e imponiendo restricciones a activistas saharauis que propugnaban la autodeterminación o denunciaban violaciones de derechos humanos. Interrogaron a algunos defensores y defensoras de los derechos humanos a su regreso del extranjero y siguieron bloqueando el registro legal del Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos (CODESA) y de otros grupos saharauis de derechos humanos.

En julio, el Tribunal de Casación decidió que 23 manifestantes y activistas saharauis encarcelados por unos enfrentamientos mortales que habían tenido lugar en 2010 en Gdeim Izik debían ser juzgados de nuevo por un tribunal civil. Un tribunal militar había impuesto a la mayoría de ellos largas penas de prisión en un juicio injusto en 2013, basándose en “confesiones” que, según afirmaban, habían sido obtenidas mediante tortura. El nuevo juicio civil comenzó a finales de diciembre, pero se aplazó hasta enero de 2017. Al concluir el año, continuaban en prisión 21 de los 23 acusados.5

Las autoridades siguieron expulsando del Sáhara Occidental o prohibiendo la entrada en el territorio a periodistas y activistas extranjeros, así como a activistas de derechos humanos. En abril expulsaron a un juez español y otros juristas españoles, belgas y franceses que habían viajado a Rabat para hacer gestiones en favor de los presos de Gdeim Izik.

En abril, las fuerzas de seguridad detuvieron a Brahim Saika, activista del grupo Coordinadora de Saharauis sin Empleo, en Guelmim, cuando salía de su casa para asistir a una protesta pacífica convocada para reclamar más puestos de trabajo. Fue acusado de insultar y agredir a funcionarios públicos y de insultar a una institución pública, y comenzó una huelga de hambre tras acusar a la policía de haberlo sometido a malos tratos en detención. Murió en un hospital poco después, bajo custodia policial. Según los medios de comunicación, una autopsia oficial concluyó que había fallecido a causa de un virus, pero las autoridades no realizaron una investigación independiente, como había solicitado la familia, y enterraron sus restos en contra de los deseos de ésta.

Ali Aarrass, de doble nacionalidad belga y marroquí, seguía en prisión más de tres años después de que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyera que había sido declarado culpable en un juicio injusto y basado en una “confesión” presuntamente obtenida mediante tortura. En junio denunció en una carta abierta que otros detenidos y él habían sido sometidos a malos tratos. En octubre lo trasladaron a la Prisión Local de Tiflet II y lo recluyeron en régimen de aislamiento, y al final del año seguía allí. Al concluir el año, más de cuatro años después de haberse celebrado la vista de la apelación contra su sentencia condenatoria, el Tribunal de Casación no había resuelto su recurso.6

Hubo protestas de presos contra las duras condiciones de reclusión que soportaban, como higiene deficiente, alimentación y asistencia médica inadecuadas, y grave hacinamiento. Más de dos años después de la adhesión de Marruecos al Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura, aún no se había establecido el mecanismo nacional de prevención previsto en él.

Las autoridades no aplicaron recomendaciones clave formuladas por la Comisión de Equidad y Reconciliación, 10 años después de que ésta hubiera publicado el informe en el que analizaba las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1956 y 1999.

En julio, la cámara baja del Parlamento aprobó un anteproyecto de ley largo tiempo esperado para combatir la violencia contra las mujeres, pero al concluir el año seguía en estudio ante la cámara alta.7 A pesar de que contenía algunos elementos positivos, como medidas para proteger a las sobrevivientes de la violencia durante y después de las actuaciones judiciales, de no reforzarse de forma significativa no protegería efectivamente a las mujeres de la violencia y la discriminación.

El Código Penal seguía penalizando el aborto. Las autoridades propusieron reformas que permitían excepciones en caso de incesto y de violación y por determinadas causas médicas, pero incluían requisitos de notificación y aprobación de terceros que podían retrasar el acceso al aborto legal, con el consiguiente peligro para la salud de las mujeres. Al concluir el año aún no se habían promulgado las reformas.

En julio, el Parlamento aprobó una ley que regulaba el empleo de trabajadoras y trabajadores domésticos, en su mayoría mujeres y niñas. Aunque establecía los 18 años como edad mínima para trabajar en el sector, preveía un periodo de transición de cinco años durante el cual se podría seguir empleando a niñas y niños de 16 y 17 años.

Las autoridades continuaron aplicando el artículo 489 del Código Penal, que penalizaba las relaciones homosexuales consentidas, para enjuiciar y encarcelar a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. En marzo enjuiciaron a dos hombres que habían sido víctimas de un ataque homófobo perpetrado por unos jóvenes en la ciudad de Beni Mellal. La difusión en Internet de la grabación del ataque desencadenó condenas generalizadas. Uno de ellos fue condenado a cuatro meses de prisión en aplicación del artículo 489, pena que pasó a ser condicional en apelación, y al pago de una multa; al otro se le impuso una condena condicional de tres meses. Según los medios de comunicación, dos de los agresores fueron condenados en apelación a cuatro y seis meses de prisión, respectivamente.

Las autoridades continuaron impidiendo la entrada irregular de personas procedentes del África subsahariana a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, en el norte de Marruecos; hubo algunas denuncias de uso excesivo de la fuerza por las autoridades marroquíes y españolas. Según grupos de derechos humanos, las autoridades destruyeron reiteradamente campamentos improvisados de los alrededores de la ciudad de Nador, en el noreste del país, y desplazaron a decenas de personas a ciudades del sur.

En julio, la cámara legislativa aprobó legislación por la que se validaba la ratificación por Marruecos del Convenio 143 sobre los Trabajadores Migrantes, de la Organización Internacional del Trabajo. En agosto, el gobierno promulgó una nueva ley para combatir la trata de seres humanos. En diciembre, el rey Mohamed VI anunció una nueva tanda de regularizaciones de migrantes indocumentados.

Las autoridades siguieron sin establecer un sistema nacional de asilo, aunque permitían el acceso de las personas refugiadas a derechos y servicios básicos, como la educación. A las personas procedentes de Siria registradas en el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, les proporcionaban documentos que las protegían de la devolución (refoulement) sin tomar una decisión definitiva sobre su condición.

El Frente Polisario siguió sin pedir responsabilidades a los autores de los abusos contra los derechos humanos cometidos en campos bajo su control durante las décadas de 1970 y 1980. Brahim Ghali asumió el cargo de secretario general del Frente Polisario tras la muerte de Mohamed Abdelaziz en mayo.

Los tribunales continuaron dictando sentencias de muerte. No había ejecuciones desde 1993. En julio, las autoridades conmutaron las condenas a muerte de 23 personas por cadena perpetua.

  1. La ONU debe observar la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los campos de refugiados saharauis (noticia, 26 de abril)
  2. Morocco: The authorities must swiftly implement the recommendations of the UN Human Rights Committee (MDE 29/5158/2016)
  3. Juicio contra el periodismo ciudadano: Marruecos intensifica la represión de la libertad de prensa (noticia, 26 de enero)
  4. Marruecos: Activistas de Sidi Ifni deben recibir juicio de apelación justo y ser excarcelados si no se demuestran cargos de agresión (MDE 29/4763/2016)
  5. Se concede nuevo juicio civil a saharauis (MDE 29/4615/2016)
  6. Marruecos: Sobreviviente de tortura sigue detenido pese a pedir la ONU su liberación inmediata (MDE 29/4119/2016)
  7. Marruecos: El proyecto de ley sobre violencia contra las mujeres necesita salvaguardias más firmes (MDE 29/4007/2016)
Reino de Marruecos
Jefe del Estado: rey Mohamed VI
Jefe del gobierno: Abdelilah Benkirane