1961-2021: 60 años actuando por los
derechos humanos en todo el mundo

Siria

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Las partes en el conflicto de Siria seguían cometiendo con impunidad violaciones graves del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y abusos flagrantes contra los derechos humanos. Fuerzas gubernamentales sirias y rusas llevaron a cabo ataques directos contra civiles y bienes civiles, incluidos hospitales y escuelas, mediante bombardeos aéreos de ciudades de las gobernaciones de Idlib, Hama y Alepo, donde causaron el desplazamiento de cerca de un millón de personas. Las fuerzas gubernamentales continuaron obstaculizando el acceso de la ayuda humanitaria a la población civil. Las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente a personas participantes en manifestaciones pacíficas y a civiles que se habían reconciliado con el gobierno, y continuaron manteniendo recluidas arbitrariamente a decenas de miles de personas, entre las que había activistas participantes en acciones pacíficas, personal de ayuda humanitaria, profesionales de la abogacía y periodistas y que en muchos casos eran víctimas de desaparición forzada. El autodenominado Ejército Nacional Sirio, apoyado por Turquía, sometió a la población civil de Afrín y Ras al Ain, ciudades del norte del país bajo el control efectivo de Turquía, a una amplia variedad de abusos, como saqueos y confiscación de bienes, detenciones arbitrarias y secuestros. En el noroeste, el grupo armado de oposición Hayat Tahrir al Sham detuvo arbitrariamente y atacó a activistas de medios de comunicación, periodistas, personal médico y de ayuda humanitaria y otras personas. En el nordeste, la Administración Autónoma dirigida por el Partido de la Unión Democrática (PYD) llevó a cabo detenciones arbitrarias y continuó manteniendo recluidas en condiciones inhumanas a decenas de miles de personas presuntamente vinculadas al grupo armado Estado Islámico. El gobierno sirio no protegió adecuadamente a su personal sanitario de la COVID-19 ni ofreció una respuesta nacional firme, lo que puso en peligro miles de vidas. Decenas de miles de personas internamente desplazadas estaban expuestas a contraer la COVID-19 debido a las terribles condiciones de vida.

Información general

Continuó el conflicto entre el gobierno y sus aliados y los grupos armados de oposición en Idlib, Hama, Alepo y Daraa. En enero se intensificaron considerablemente en el noroeste de Siria las hostilidades entre el gobierno, apoyado por Rusia, y Hayat Tahrir al Sham. El 2 de marzo, el gobierno había recuperado el control de la autopista Damasco-Alepo, así como ciudades y otras localidades clave del sur de la gobernación de Idlib y del oeste de la gobernación de Alepo. El 5 de marzo, Rusia y Turquía acordaron aplicar un alto el fuego y llevar a cabo patrullas militares conjuntas en la autopista Alepo-Latakia (también conocida como M4).

Entre enero y abril, grupos armados no identificados efectuaron ataques de artillería e hicieron explotar automóviles con bombas en Afrín, ciudad del norte de Siria controlada por grupos armados proturcos, donde mataron e hirieron a muchos civiles y dañaron infraestructuras civiles como viviendas y mercados. Entre marzo y julio, en la gobernación suroccidental de Daraa, se intensificaron las tensiones entre grupos armados de oposición y fuerzas gubernamentales tras producirse enfrentamientos, bombardeos y homicidios selectivos de ambos bandos.

En abril, la Junta de Investigación establecida en 2019 por el secretario general de la ONU para investigar “incidentes” en los que habían “sido destruidas o resultado dañadas instalaciones que figuraban en la lista de exclusión del conflicto de las Naciones Unidas e instalaciones apoyadas por las Naciones Unidas” en el noroeste de Siria publicó un resumen de sus conclusiones. La Junta concluyó que era “muy probable” que “el Gobierno de la República Árabe Siria o sus aliados” hubieran llevado a cabo tres ataques aéreos y que un ataque con cohetes tierra-tierra que había investigado hubiera sido efectuado “por grupos armados de la oposición o por Hay’at Tahrir al-Sham”. En octubre, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas publicó sendos informes sobre dos presuntos ataques con armas químicas efectuados en Idlib y Alepo el 1 de agosto de 2016 y el 24 de noviembre de 2018, respectivamente. En ninguno de ellos se determinó si se habían utilizado o no sustancias químicas como armas.

Israel siguió llevando a cabo ataques aéreos contra fuerzas del gobierno sirio e iraníes y de Hezbolá en Siria.

En junio, Estados Unidos aprobó la Ley César de Protección de Civil en Siria, que imponía sanciones a autoridades del gobierno, mandos militares y empresarios sirios.

Ataques ilegítimos

Ataques directos contra la población civil y contra bienes de carácter civil cometidos por el gobierno de Siria y Rusia

La población civil del noroeste de Siria —en concreto la gobernación de Idlib, el norte de la gobernación de Hama y el oeste de la gobernación de Alepo— continuó sufriendo ataques aéreos y terrestres, que se sumaron a unas condiciones humanitarias extremas. Entre enero y marzo, el gobierno sirio, con el respaldo de Rusia, sometió a la población civil a ataques ilegítimos dirigidos contra zonas habitadas e infraestructuras civiles, incluidas instalaciones médicas y escuelas1.

Habitantes, docentes y personal sanitario de las zonas afectadas explicaron que soportaban ataques incesantes contra sus viviendas, escuelas y hospitales. Un médico dijo que, en enero, tres bombardeos aéreos arrasaron al menos dos edificios de viviendas en las proximidades del hospital en el que trabajaba en Idlib y mataron a 11 civiles, incluido un colega suyo. Había indicios de que el ataque había sido responsabilidad de Rusia.

Negación de acceso humanitario

El aluvión de ataques efectuados contra población e infraestructuras civiles en el noroeste de Siria entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, cuando se alcanzó un alto el fuego, obligó a cerca de un millón de personas a buscar refugio en campos para personas desplazadas ya desbordados cerca de la frontera turca o en edificios a medio construir, granjas, escuelas o la misma calle. Las personas desplazadas vivían en condiciones intolerables, con acceso limitado a vivienda, alimentos y medicamentos adecuados.

La propagación de la COVID-19 en el noroeste de Siria agravó aún más la situación y representó un desafío para las organizaciones humanitarias, que ya tenían dificultades para satisfacer las necesidades de la población. El 10 de enero, el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó hasta julio la autorización del mecanismo que permitía a la ONU hacer llegar asistencia humanitaria a Siria a través de la frontera con Turquía. La resolución redujo el alcance geográfico del mecanismo de cuatro a dos cruces fronterizos, Bab al Hawa y Bab al Salam. Después de varios intentos fallidos, el Consejo de Seguridad aprobó el 11 de julio la Resolución 2533, que prorrogaba 12 meses la entrega de ayuda facilitada por la ONU sólo desde Bab al Hawa.

Las fuerzas gubernamentales continuaron obstaculizando en todo el país el acceso de los organismos de ayuda humanitaria de la ONU y de las organizaciones humanitarias internacionales radicadas en Damasco. Un informe publicado en julio por Oxfam y el Consejo Noruego para los Refugiados describió las dificultades y los obstáculos impuestos por el gobierno para la entrega de ayuda humanitaria, como trabas burocráticas, injerencias en las actividades humanitarias y restricción de las asociaciones con ONG sirias y comunidades locales.

Detención arbitraria y desapariciones forzadas

El gobierno sirio continuó sometiendo a desaparición forzada a decenas de miles de personas —incluidos periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de la abogacía y activistas políticos— y siguió recurriendo a la detención arbitraria para reprimir protestas pacíficas e impedir las actividades humanitarias y de derechos humanos. El 7 de junio estallaron inusuales protestas contra el gobierno en la ciudad de Sueida, en el suroeste del país, para reclamar un “cambio de régimen” y la mejora de las condiciones de vida tras el aumento del desempleo y de los precios de los alimentos, entre otros problemas, como consecuencia de la crisis económica. Entre el 9 y el 16 de junio, las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente al menos a 11 hombres por participar en las protestas y no les permitieron el acceso a asistencia letrada ni a sus familias.2 Quedaron en libertad en junio tras las presiones de líderes comunitarios.

En las gobernaciones de Daraa y Damasco Rural, las fuerzas gubernamentales continuaron deteniendo arbitrariamente a antiguos cooperantes, profesionales médicos, ex miembros de las fuerzas de defensa civil, activistas políticos y dirigentes de comités locales aun cuando se hubieran sometido al denominado acuerdo de reconciliación y recibido la acreditación de seguridad.

Abusos cometidos por grupos armados

Ejército Nacional Sirio

El Ejército Nacional Sirio, grupo armado proturco, sometió a una amplia variedad de abusos contra los derechos humanos a la población civil en Afrín y Ras al Ain, como saqueos, confiscaciones de bienes, detenciones arbitrarias, secuestros y tortura y otros malos tratos.

Los saqueos y confiscaciones de bienes afectaron especialmente a la población kurda siria, que había abandonado la zona durante las hostilidades de 2018 y 2019. En algunos incidentes, los combatientes confiscaron viviendas de civiles que aún seguían allí tras someterlos a extorsión, hostigamiento, secuestro y tortura para obligarlos a marcharse, y también amenazaron y detuvieron arbitrariamente a personas que habían presentado denuncias y las obligaron a pagar dinero por su liberación, según la Comisión de Investigación Internacional Independiente sobre la situación en la República Árabe Siria.

El Ejército Nacional Sirio detuvo y secuestró a civiles en Afrín y los torturó y sometió a otros malos tratos por diversas razones, como criticar a sus miembros y haber pertenecido a la Administración Autónoma dirigida por el PYD y su brazo militar y de seguridad. Por ejemplo, en agosto, miembros del grupo armado sacaron de su casa, en Afrín, a un hombre kurdo de 70 años que había criticado abiertamente a sus combatientes por propinar una paliza a un joven y lo tuvieron recluido durante dos meses. Le negaron el acceso a su familia, que tuvo que pagar a “intermediarios” una importante suma de dinero por su liberación. Además, le confiscaron el automóvil.

El Ejército Nacional Sirio detuvo, violó y sometió a otras formas de agresión sexual a mujeres y niñas, según la Comisión de Investigación de la ONU.

Hayat Tahrir al Sham

Hayat Tahrir al Sham, que controlaba parte del noroeste de Siria, detuvo arbitrariamente a personas que se oponían a su gobierno o su ideología, como activistas de medios de comunicación, periodistas, profesionales médicos y personal de ayuda humanitaria, entre otras. El 20 de agosto, combatientes de Hayat Tahrir al Sham detuvieron arbitrariamente a un médico, que también era director de una escuela de medicina, por exponer dibujos en una muestra artística que a su juicio violaba la sharia (ley islámica).

Entre abril y junio, Hayat Tahrir al Sham dispersó en varias ocasiones protestas por medios violentos, como disparar, golpear y detener a los participantes. Las protestas estaban centradas en la apertura de puntos de paso comerciales entre Idlib y Alepo y las zonas controladas por el gobierno. El 10 de junio, según la Red Siria de Derechos Humanos, Hayat Tahrir al Sham golpeó e insultó a 13 periodistas que filmaban a una patrulla conjunta ruso-turca en la autopista M4.

Abusos cometidos por la Administración Autónoma dirigida por el PYD

La Administración Autónoma dirigida por el PYD siguió controlando parte de la región predominantemente kurda del nordeste de Siria, incluidas Raqqa y Qamishli. Detuvo arbitrariamente a personal de ayuda humanitaria, activistas políticos y árabes.

Las Fuerzas Democráticas Sirias, el brazo militar de la Administración Autónoma, continuaron manteniendo recluidas a miles de personas presuntamente vinculadas al Estado Islámico en el campo de Al Hol, en condiciones precarias y sin acceso a recursos legales.

Derecho a la salud

El gobierno sirio no protegió adecuadamente al personal sanitario de la COVID-19 ni dio una respuesta firme a la propagación de la enfermedad, y se negó a proporcionar información transparente y coherente sobre el brote en el país.3

Miles de vidas continuaban en peligro al no haber información transparente y efectiva ni pruebas diagnósticas. Familiares de pacientes de COVID-19, profesionales de la medicina y trabajadores y trabajadoras de ayuda humanitaria afirmaron que los hospitales públicos se habían visto obligados a rechazar pacientes a causa de la falta de camas, bombonas de oxígeno y respiradores. Desesperados, algunos residentes se vieron obligados a alquilar bombonas de oxígeno y respiradores a precios exorbitantes.

La inadecuada distribución de equipos de protección individual por el gobierno sirio puso en peligro la vida del personal sanitario. El Ministerio de Salud no publicó información sobre el impacto de la COVID-19 en el personal sanitario; la única disponible era la que comunicaba a la ONU. El sindicato de médicos de Siria informó de que al menos 61 profesionales sanitarios habían muerto debido a la enfermedad hasta agosto, mientras que fuentes oficiales informaron de 15 muertes.

Personas refugiadas y desplazadas internamente

Al terminar el año, el número de personas internamente desplazadas en Siria desde 2011 ascendía a 6,7 millones, mientras que 5,5 millones habían buscado refugio fuera del país. Debido al número limitado de plazas de reasentamiento ofrecidas por los países occidentales, el número de solicitudes de reasentamiento presentadas por las personas refugiadas sirias más vulnerables descendió a 10.056, frente a 29.562 en 2019, según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.

El deterioro de las condiciones humanitarias en los países vecinos, con el aumento del desempleo y de los obstáculos administrativos y económicos para obtener o renovar los permisos de residencia, siguió impulsando a las personas refugiadas a retornar a Siria. Entre enero y julio, según el ACNUR, 21.618 personas refugiadas sirias organizaron su propio retorno desde Egipto, Irak, Jordania, Líbano y Turquía.

Personas desplazadas en toda Siria continuaron viviendo en campamentos improvisados abarrotados, escuelas y mezquitas que no ofrecían un nivel de vida adecuado. Tenían acceso limitado a ayuda, servicios básicos, agua apta para el consumo, higiene, alimentos, atención de la salud, educación y oportunidades de ganarse el sustento, y corrían un riesgo mayor de contraer la COVID-19.

Entre enero y marzo, casi un millón de personas huyeron a otras zonas de Siria a causa de la ofensiva militar en el noroeste del país, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. Entre enero y junio, 204.000 personas habían retornado a sus lugares de origen. Miles continuaban en situación de desplazamiento interno en el nordeste de Siria como consecuencia de la ofensiva militar lanzada por Turquía en 2019.

El campo de Al Hol, en la gobernación de Al Hasake, era el que mayor número de personas desplazadas albergaba, unas 65.000, la mayoría mujeres, niñas y niños que vivían en condiciones terribles. Debido al acceso limitado a atención médica en Al Hol, 8 menores de 5 años murieron entre el 6 y el 10 de agosto por complicaciones relacionadas con malnutrición, deshidratación, insuficiencia cardiaca, hemorragias internas y otras causas, según UNICEF. Entre enero y agosto, el abastecimiento de agua en las zonas controladas por grupos armados proturcos desde el punto de distribución de Alouk se interrumpió en 13 ocasiones, lo que afectó a los habitantes y a las personas internamente desplazadas de la ciudad de Al Hasake, así como en Tel Tamer y las zonas circundantes, incluidos el campo de Al Hol y otros.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En abril comenzó ante el Tribunal Regional Superior de Coblenza (Alemania) el juicio de dos ex agentes de los servicios de seguridad del gobierno sirio acusados de crímenes de lesa humanidad. El 18 de septiembre, Países Bajos invocó la responsabilidad de Siria en graves violaciones de derechos humanos, especialmente en tortura en virtud de la Convención de la ONU contra la Tortura. De acuerdo con lo dispuesto en la Convención, si Siria y Países Bajos no llegaban a un acuerdo en el plazo de seis meses, cualquiera de las partes podía remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia.

Pena de muerte

Continuó en vigor la pena de muerte para numerosos delitos. Las autoridades revelaron escasa información sobre condenas a muerte y ninguna sobre ejecuciones.

  1. Siria: “No estamos a salvo en ningún lugar”. Ataques ilegales y desplazamiento masivo en el noroeste de Siria (MDE 24/2089/2020)
  2. Siria: Manifestantes pacíficos detenidos en Sweida deben ser puestos en libertad inmediatamente (noticia, 24 de junio)
  3. Syria: Lack of adequate COVID-19 response puts thousands of lives at risk (noticia, 12 de noviembre)

A continuación puedes ver contenidos relacionados con este país.

República Árabe Siria
Jefe del Estado: Bachar al Asad
Jefe del gobierno: Husein Arnous (sustituyó a Imad Jamis en junio)

Noticias

Ver más noticias

Artículos

Análisis, opinión, historias personales y otros

Ver más artículos

Documentos

Ver más documentos