Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.
Todas las partes en el prolongado conflicto de Siria y sus aliados seguían perpetrando ataques ilegítimos, homicidios de civiles y destrucción de infraestructuras vitales. Grupos armados apoyados por Turquía mataron ilegítimamente a cuatro civiles. El gobierno y los grupos armados negaron a la población civil el acceso a la ayuda humanitaria. El gobierno seguía sometiendo a decenas de miles de personas a desaparición forzada; la Asamblea General de la ONU creó una institución internacional para esclarecer la suerte de quienes habían desaparecido y ofrecer reparación a sus familias. El gobierno y las fuerzas armadas detuvieron arbitrariamente a varias personas por expresar sus opiniones. Las personas refugiadas seguían corriendo el riesgo de ser detenidas a su regreso a Siria. El gobierno seguía impidiendo a la población del noroeste de Siria —incluida la desplazada internamente allí— el acceso a servicios esenciales, con lo que violaba sus derechos económicos y sociales. El gobierno violó el derecho a la vivienda de habitantes de la ciudad de Alepo cuyas casas se habían visto afectadas por fuertes terremotos el 6 de febrero. El ejército israelí sofocó violentamente protestas contra la instalación de aerogeneradores en los Altos del Golán, zona siria ocupada por Israel desde hacía 56 años.
Información general
El 27 de enero, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas concluyó que había motivos razonables para creer que el gobierno sirio había utilizado armas químicas en ataques llevados a cabo el 7 de abril de 2018 en Duma, ciudad de la gobernación de Damasco Rural.
El 6 de febrero, dos terremotos de magnitud de 7,8 y 7,5 sacudieron el sudeste de Turquía y el norte de Siria, respectivamente. Según cálculos de la ONU, en Siria murieron al menos 6.000 personas, 400.000 familias se vieron desplazadas y más de 8,8 millones necesitaron ayuda urgente. Los terremotos agravaron las precarias condiciones económicas de la población, más de la mitad de la cual estaba ya en situación de inseguridad alimentaria.
El 7 de mayo, la Liga Árabe restituyó la membresía a Siria, que le había sido retirada en noviembre de 2011 por su brutal represión de protestas pacíficas.
El 27 de agosto, las Fuerzas Democráticas Sirias —la fuerza militar de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES)— detuvieron a Ahmad al Khabil, jefe del consejo militar de la ciudad de Deir ez Zor, por presunta comunicación con el gobierno sirio. Su detención desencadenó enfrentamientos armados entre las Fuerzas Democráticas Sirias y tribus árabes afines a Ahmad al Khabil, lo que provocó el desplazamiento de al menos 50.000 personas a zonas controladas por el gobierno.
En septiembre, miles de personas protestaron en As Suwayda, ciudad de mayoría drusa del sudoeste de Siria, por el deterioro de las condiciones económicas, y pidieron un cambio de “régimen”.
Israel continuó sus ataques aéreos contra fuerzas del gobierno sirio, fuerzas iraníes y fuerzas libanesas de Hezbolá en Siria. El 12 de octubre, en el contexto del conflicto armado de Gaza (véanse los apartados sobre Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, y Palestina), Israel atacó por aire los aeropuertos internacionales de Alepo y Damasco simultáneamente. Tres días después, fuerzas progubernamentales lanzaron cohetes contra los Altos del Golán ocupados.
Al finalizar 2023, un total de 5,6 millones de personas de Siria habían buscado refugio fuera del país desde el inicio del conflicto en 2011.
Ataques ilegítimos
Todas las partes en el conflicto y sus aliados siguieron llevando a cabo ataques terrestres y aéreos ilegítimos contra la población civil y contra bienes de carácter civil en el norte de Siria, donde mataron e hirieron a decenas de personas y destruyeron infraestructuras esenciales para la supervivencia.
El gobierno sirio y su aliada Rusia
Entre octubre y diciembre, el gobierno sirio, apoyado por fuerzas gubernamentales rusas, intensificó los ataques aéreos contra civiles y bienes de carácter civil en el noroeste de Siria, región bajo control de grupos armados de oposición. Según la ONU, a fecha de 21 de diciembre, estos ataques habían matado a 99 civiles y herido a más de 400. Asimismo, habían resultado dañadas 23 instalaciones sanitarias y 17 escuelas.
Antes de esta escalada, la Comisión de Investigación Internacional Independiente sobre la situación en la República Árabe Siria (Comisión de Investigación de la ONU) informó de que el gobierno sirio había lanzado múltiples ataques terrestres ilegítimos en el noroeste de Siria. El 9 de abril, las fuerzas gubernamentales bombardearon el populoso centro de la localidad de Sarmín, situada al este de la ciudad de Idlib y a unos 5 km de la línea del frente más cercana, lo que causó la muerte de un niño de 13 años y heridas a 3 menores más que estaban jugando en la calle. El 22 de junio, las fuerzas gubernamentales lanzaron 2 cohetes no guiados contra Sarmín, que causaron la muerte de una mujer e hirieron a otras 4 y a un niño.
De acuerdo también con la Comisión de Investigación de la ONU, a las 10.00 horas del 25 de junio, las fuerzas rusas efectuaron en la ciudad de Yisr al Shughur (gobernación de Idlib) un ataque aéreo contra un edificio de viviendas, adyacente a un mercado de verduras y utilizado posiblemente por un grupo armado, que causó la muerte de 3 civiles y heridas a 34 más.
Turquía
Según la Comisión de Investigación de la ONU, un misil aire-tierra guiado —probablemente turco—, disparado desde un dron el 18 de enero, alcanzó una camioneta que pasaba por delante de un supermercado en la carretera de Qamishli al Malikiya, en Hasake, gobernación de la zona controlada por la AANES, adversaria acérrima de Turquía y de la coalición denominada Ejército Nacional Sirio, compuesta por grupos armados respaldados por Turquía. En el ataque murieron un hombre y un niño de 11 años y resultaron heridas varias personas que se encontraban en el supermercado.
Turquía intensificó aún más los ataques aéreos contra el noreste de Siria después de que el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) perpetrara un atentado con bomba el 1 de octubre en Ankara, capital de Turquía, en el que resultaron heridos 2 agentes de policía. El 7 de octubre, las autoridades turcas afirmaron que desde el atentado habían muerto en ataques aéreos 58 combatientes kurdos en el noreste de Siria. Las autoridades kurdas gobernantes en el noreste de Siria informaron de que unos ataques turcos del 5 y 6 de octubre, efectuados en las inmediaciones de un campo de desplazados y de varios pueblos, habían matado a 11 civiles y habían tenido como objetivo al menos 3 instalaciones petroleras, 2 centrales eléctricas, 2 hospitales y una escuela. Según las autoridades locales, los ataques aéreos también provocaron cortes de electricidad que afectaron a decenas de miles de habitantes de las ciudades de Hasake y Qamishli.
Homicidios ilegítimos
El 20 de marzo, miembros del Ejército Nacional Sirio dispararon contra una familia kurda en la localidad de Jinderes, en el norte de Siria, cuando celebraba el Año Nuevo kurdo (Newroz). Mataron a cuatro civiles e hirieron a tres más. Al día siguiente, el Ejército Nacional Sirio detuvo a cuatro combatientes armados presuntamente responsables del ataque, pero no reveló el resultado de su juicio ni si las víctimas y sus familias habían recibido reparación.
Negación de acceso humanitario
El gobierno sirio y el Ejército Nacional Sirio bloquearon el acceso a la ayuda humanitaria, incluida la relacionada con el terremoto, en la gobernación de Alepo.
Gobierno sirio
Las autoridades seguían restringiendo el abastecimiento de combustible y otros suministros esenciales, como harina y medicamentos, a decenas de miles de civiles, incluidas las víctimas de desplazamiento interno, que vivían en zonas predominantemente kurdas de la región septentrional de Alepo controladas por el consejo civil kurdo, afiliado a la AANES. Cuando hacía mal tiempo, la gente quemaba objetos domésticos y plásticos para calentarse.
Tras los terremotos del 6 de febrero, las autoridades retrasaron las entregas de ayuda a Sheikh Maksoud y Ashrafieh, dos barrios de mayoría kurda del norte de la ciudad de Alepo, lo que agravó la crisis humanitaria. Un miembro del personal humanitario y representante local en el noreste de Siria contó a Amnistía Internacional que habían sido necesarios 7 días de negociaciones para que, el 16 de febrero, el gobierno permitiera que 100 camiones cargados de combustible y ayuda humanitaria enviados por la AANES entraran en esos barrios, y sólo a condición de que desviaran más de la mitad de la ayuda al gobierno y de que éste fuera el único responsable de distribuir allí la restante.
El gobierno continuó bloqueando la llegada de ayuda a 8.000 personas residentes en el campo de Rukban, asentamiento informal situado en una zona aislada e inhóspita de la frontera entre Siria y Jordania conocida como “la berma”. No había allí acceso a atención médica, saneamiento ni agua potable. El 20 de junio, fuerzas del ejército estadounidense con base cerca del campo entregaron suministros esenciales enviados por organizaciones humanitarias radicadas en Estados Unidos.
Ejército Nacional Sirio
Grupos armados del Ejército Nacional Sirio apoyados por Turquía impidieron la llegada de ayuda a personas afectadas por los terremotos en el distrito de Afrín (gobernación de Alepo), dispararon al aire para dispersar a multitudes que intentaban acceder a camiones con suministros de asistencia y desviaron ayuda destinada a las víctimas de los terremotos a sus propios familiares.1
Cuatro personas entrevistadas por Amnistía Internacional confirmaron que el Ejército Nacional Sirio había impedido la llegada a las zonas bajo su control de al menos 30 camiones de combustible y de otros que transportaban ayuda humanitaria enviada por la AANES. Los camiones habían tenido que esperar 7 días en el paso fronterizo entre el noreste de Siria y el norte de Alepo antes de que la AANES los recuperara. Un kurdo residente en un pueblo del distrito de Afrín que había perdido su vivienda en el terremoto explicó a Amnistía Internacional que, para obtener cualquier tipo de ayuda, se necesitaba wasta (conexiones) con los grupos armados y que nadie había ido a ayudarlos.
Detención arbitraria y desapariciones forzadas
Gobierno sirio
El gobierno continuaba sometiendo a desaparición forzada a decenas de miles de personas —entre ellas periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de la abogacía y activistas de la esfera política—, en muchos casos desde hacía más de 10 años.
Según la Comisión de Investigación de la ONU, las fuerzas gubernamentales seguían llevando a cabo detenciones arbitrarias por medios como aplicar la ley de ciberdelincuencia para reprimir las críticas a los servicios o políticas del gobierno.
El 23 de marzo, las fuerzas de seguridad detuvieron al activista Rami Viatli en la gobernación de Latakia. Según fuentes locales, su detención parecía deberse a una publicación en Facebook del 12 de marzo donde pedía a las autoridades que exigieran responsabilidades a los torturadores. El 5 de septiembre, las autoridades detuvieron sin orden judicial a la activista política Lama Abbas, quien dos días antes había utilizado las redes sociales para pedir a los habitantes de Latakia que no vendieran sus tierras.
En abril, las fuerzas de seguridad sirias detuvieron al menos a seis refugiados que habían sido deportados por las autoridades libanesas. Dos hombres que habían estado detenidos dijeron a Amnistía Internacional que las fuerzas de seguridad sirias los habían retenido en un centro de detención cercano a la frontera libanesa hasta que pagaron un soborno. Añadieron que las fuerzas de seguridad habían trasladado a dos de los refugiados detenidos a la Sección Palestina, centro de la inteligencia militar siria en Damasco, por haber desertado del ejército.
Hayat Tahrir al Sham
Hayat Tahrir al Sham, grupo armado afiliado a Al Qaeda y que controlaba gran parte de la gobernación de Idlib, seguía sometiendo a detención arbitraria, sin acceso a asistencia letrada ni a familiares, a periodistas, a activistas y a cualquiera que criticara su dominio.
La Comisión de Investigación de la ONU informó de que, en enero, Hayat Tahrir al Sham había mantenido recluido a un hombre durante una semana en Idlib por criticar discursos religiosos.
Derecho a verdad, justicia y reparación
El 29 de junio, la Asamblea General de la ONU creó una institución internacional independiente para esclarecer la suerte y el paradero de las decenas de miles de personas desaparecidas en Siria —víctimas en gran medida de desaparición forzada— desde 2011 y ofrecer reparación a sus familias.
El 8 de septiembre, un tribunal penal de París (Francia) anunció que iba a juzgar in absentia a tres altos cargos de los servicios sirios de seguridad acusados de complicidad en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Los juicios se celebrarían en mayo de 2024.
El 10 de octubre, la Corte Internacional de Justicia (también conocida como Tribunal Mundial) celebró la primera sesión pública del caso presentado por Canadá y Países Bajos para denunciar que el gobierno sirio estaba violando la Convención contra la Tortura. El 16 de noviembre, la Corte ordenó a las autoridades sirias que tomaran todas las medidas necesarias para impedir los actos de tortura y otros abusos bajo custodia.
El 15 de noviembre, la justicia francesa dictó órdenes internacionales de detención contra el presidente sirio, Bashar al Asad; su hermano, Maher al Asad, y otros dos altos cargos por acusaciones de complicidad en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, derivadas del empleo de armas químicas prohibidas contra civiles en la Guta oriental (Damasco Rural) en agosto de 2013, lo que había causado la muerte de 1.000 personas.
Derechos económicos y sociales
Alrededor de 4,4 millones de personas del noroeste de Siria, entre ellas 2,9 millones internamente desplazadas, seguían dependiendo totalmente para su supervivencia de la ayuda humanitaria coordinada por la ONU y proporcionada a través del mecanismo transfronterizo de ayuda humanitaria. El 11 de julio, Rusia puso fin al mecanismo transfronterizo tras vetar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que solicitaba su prórroga. El 9 de agosto, el gobierno sirio llegó a un acuerdo con la ONU para continuar con la ayuda transfronteriza hasta mediados de enero de 2024.
Los terremotos del 6 de febrero agravaron las necesidades humanitarias de la población del noroeste de Siria, incluido el creciente número de personas que vivían en tiendas de campaña sin apenas intimidad ni protección frente al calor, el frío o la lluvia extremos y con acceso limitado o nulo a agua, saneamiento y asistencia sanitaria.
Derecho a la vivienda
Habitantes y personal de ayuda humanitaria de la ciudad de Alepo denunciaron que las evaluaciones efectuadas por los comités de ingeniería establecidos por las autoridades para comprobar la seguridad estructural de los edificios podrían no haberse realizado de forma meticulosa y que las demoliciones llevadas a cabo tras los terremotos del 6 de febrero no cumplían los requisitos del debido proceso ni las salvaguardias contra los desalojos forzosos, descritos en las normas internacionales de derechos humanos.2 Quienes vivían en los edificios no habían podido impugnar las decisiones de los comités ni, a menudo, dispuesto de tiempo suficiente para retirar sus pertenencias antes de las demoliciones. En algunos casos de viviendas demolidas por considerarse inseguras, no les habían ofrecido un alojamiento alternativo ni indemnización alguna. Además, quienes intentaban reparar sus casas dañadas por los terremotos se enfrentaban a obstáculos burocráticos.
Altos del Golán ocupados
Los Altos del Golán seguían bajo la ocupación y la anexión ilegal de Israel. El 22 de junio, las fuerzas israelíes respondieron violentamente para sofocar las protestas de la minoría religiosa drusa siria contra la construcción de aerogeneradores en la zona. Según los medios de comunicación, 20 manifestantes resultaron heridos.
Derecho a un medioambiente saludable
Siria seguía enfrentándose a una sequía plurianual, causada por el aumento de las temperaturas debido al cambio climático y agravada por otros factores, como los fallos en la gestión del agua. Las partes beligerantes habían dañado, destruido y descuidado lugares e infraestructuras clave para el suministro de agua durante el conflicto y seguían obstruyendo la ayuda, lo que agravaba aún más el impacto de la sequía en la población siria.