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Síria

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Las partes en el conflicto armado cometieron con impunidad crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario, así como abusos contra los derechos humanos. Las fuerzas del gobierno y sus aliados, especialmente Rusia, perpetraron ataques indiscriminados y ataques directos contra civiles y bienes civiles mediante bombardeos aéreos y de artillería en los que utilizaron armas químicas y otras armas prohibidas internacionalmente, matando e hiriendo a cientos de personas. Las fuerzas gubernamentales mantuvieron asedios prolongados en zonas densamente pobladas donde limitaron el acceso a la ayuda humanitaria y médica a miles de civiles. Las fuerzas del gobierno y gobiernos extranjeros negociaron acuerdos locales que provocaron el desplazamiento forzado de miles de civiles tras asedios prolongados y ataques ilegítimos. Las fuerzas de seguridad detuvieron y siguieron manteniendo recluidas a decenas de miles de personas, entre ellas activistas cuya labor era pacifica, personal humanitario, profesionales del derecho y periodistas, sometiendo a muchas a desaparición forzada y a tortura u otros malos tratos que causaron varias muertes. Los grupos armados de oposición bombardearon indiscriminadamente zonas civiles y sometieron a asedio prolongado zonas predominantemente civiles, limitando el acceso a la ayuda humanitaria y médica. El grupo armado Estado Islámico cometió homicidios ilegítimos de civiles, a quienes bombardeó y utilizó como escudos humanos. Las fuerzas de la coalición dirigida por Estados Unidos efectuaron ataques contra el Estado Islámico en los que murieron y resultaron heridos civiles, en ocasiones en violación del derecho internacional humanitario. Al concluir el año, el conflicto había causado más de 400.000 muertes y desplazado a más de 11 millones de personas dentro y fuera de Siria.

El conflicto armado de Siria entró en su séptimo año. Las fuerzas gubernamentales y sus aliados, entre los que había combatientes iraníes y de Hezbolá, capturaron la mayoría de las zonas que estaban en poder del Estado Islámico y otros grupos armados en las gobernaciones de Homs y Deir ez Zor y otras zonas. Contaban con el apoyo de las fuerzas armadas rusas, que efectuaron ataques contra el Estado Islámico y otros grupos armados que luchaban contra el gobierno, según informes matando e hiriendo a civiles. Las Fuerzas Democráticas Sirias, integradas por grupos armados kurdos de Siria y árabes, arrebataron la gobernación de Raqqa al Estado Islámico en octubre. Contaban con el apoyo de la coalición internacional dirigida por Estados Unidos, que efectuó ataques aéreos contra el Estado Islámico en el norte y el este de Siria, matando e hiriendo a cientos de civiles. Otros grupos armados de oposición que combatían fundamentalmente contra las fuerzas gubernamentales, como el Movimiento Islámico Ahrar al Sham, Hayat Tahrir al Sham y Yaysh al Islam, controlaban o se disputaban zonas en las gobernaciones de Damasco Rural, Idleb y Alepo, a veces luchando entre ellos. Israel efectuó presuntamente varios ataques en Siria contra Hezbolá, posiciones del gobierno sirio y otros combatientes.

Rusia siguió bloqueando los esfuerzos del Consejo de seguridad de la ONU por obtener justicia y rendición de cuentas. El 12 de abril, Rusia vetó una resolución que condenaba el uso de armas químicas en Siria y pedía que los responsables rindieran cuentas. El 17 de noviembre, vetó una resolución que ampliaba el mandato del mecanismo de investigación conjunto de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y la ONU, establecido por el Consejo de Seguridad en 2015 para investigar los ataques con armas químicas y determinar la responsabilidad del uso de estas armas en Siria.

Los esfuerzos de la ONU en aras de la paz fueron infructuosos, y las partes en el conflicto y sus aliados trasladaron las negociaciones diplomáticas a Astaná, capital de Kazajistán. Las conversaciones diplomáticas auspiciadas por Rusia, Irán y Turquía tenían por objeto reforzar el acuerdo de alto el fuego nacional negociado en diciembre de 2016 y aplicar la “hoja de ruta a la paz” contenida en la Resolución 2254 de 2015 de la ONU. En mayo de 2017, las conversaciones entabladas con la mediación de Rusia establecieron cuatro zonas de distensión en Siria, en las gobernaciones de Idleb, Daraa, Homs y Damasco Rural.

La Comisión de Investigación Internacional Independiente sobre la situación en la República Árabe Siria, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011, siguió vigilando y denunciando las violaciones del derecho internacional cometidas por las partes en el conflicto, aunque el gobierno sirio continuó prohibiéndole la entrada en el país.

En julio, Catherine Marchi-Uhel fue nombrada jefa del Mecanismo Internacional Imparcial Independiente, establecido en diciembre de 2016 por la Asamblea General de la ONU para ayudar en la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de derecho internacional más graves cometidos en Siria desde marzo de 2011.

Ataques indiscriminados y ataques directos contra civiles y bienes de carácter civil

Las fuerzas del gobierno y sus aliados continuaron cometiendo crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario, como ataques indiscriminados y ataques directos contra civiles y bienes de carácter civil como viviendas, hospitales y centros médicos. Las fuerzas gubernamentales efectuaron ataques contra zonas controladas o disputadas por grupos armados de oposición, matando ilegítimamente e hiriendo a civiles y causando daños en bienes de carácter civil mediante bombardeos aéreos y de artillería.

Según la ONG Physicians for Human Rights, el 19 de septiembre las fuerzas gubernamentales lanzaron ataques aéreos contra tres hospitales de la gobernación de Idleb que causaron la muerte de un miembro del personal, destruyeron ambulancias y dañaron las instalaciones. El 13 de noviembre, fuerzas sirias y rusas efectuaron ataques aéreos diurnos contra un gran mercado de Atareb, localidad controlada por la oposición en la gobernación de Alepo, matando al menos a 50 personas, en su mayoría civiles. El 18 de noviembre, las fuerzas gubernamentales lanzaron bombardeos aéreos y de artillería contra población civil sitiada de la Guta oriental, en Damasco Rural, matando al menos a 14 personas.

El 4 de abril, aviones de combate del gobierno efectuaron un ataque con armas químicas prohibidas internacionalmente contra Jan Sheijun, en la zona rural de Idleb, matando a más de 70 civiles e hiriendo a cientos. El 30 de junio, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas concluyó que en Jan Sheijun la población había estado expuesta a sarín, gas neurotóxico prohibido.

Asedios y negación de acceso humanitario

El gobierno siguió manteniendo asedios prolongados en zonas predominantemente civiles. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH) informó de que, de un total de 419.920 personas que se hallaban cercadas en Siria, casi 400.000 lo estaban por fuerzas gubernamentales en la Guta oriental. Las fuerzas gubernamentales privaron a la población de las zonas asediadas de acceso a asistencia médica, otros bienes y servicios básicos y ayuda humanitaria, a la vez que la sometían a reiterados bombardeos aéreos y de artillería y otros ataques. En octubre, UNICEF anunció que 232 niños y niñas de la Guta oriental sufrían desnutrición aguda grave.

Desplazamiento forzado de civiles

Entre agosto de 2016 y marzo de 2017, el gobierno y los grupos armados de oposición negociaron cuatro acuerdos de reconciliación que provocaron el desplazamiento forzado de miles de personas de cinco zonas sometidas a asedio: Daraya, el este de la ciudad de Alepo, el barrio de Al Waer de la ciudad de Homs y las localidades de Kefraya y Fua. El gobierno y, en menor medida, los grupos armados de oposición sometieron estas zonas densamente pobladas a asedios prolongados y bombardeos ilegítimos, obligando a los grupos armados de oposición a rendirse y negociar un acuerdo que provocó la evacuación de combatientes y el desplazamiento masivo de civiles. Los asedios y bombardeos ilegítimos que causaron el desplazamiento forzado de civiles formaban parte de un ataque sistemático y generalizado del gobierno contra civiles y equivalían a crímenes de lesa humanidad.

Ataques indiscriminados y ataques directos contra civiles

Las fuerzas del Estado Islámico efectuaron ataques directos contra la población civil y ataques indiscriminados en los que murieron y resultaron heridos civiles. Durante la operación que lanzaron a mediados de año las Fuerzas Democráticas Sirias y la coalición dirigida por Estados Unidos para recuperar la ciudad de Raqqa, las fuerzas del Estado Islámico impidieron que la población residente huyera y usaron a civiles como escudos humanos.

El Estado Islámico reivindicó la responsabilidad de una serie de atentados suicidas y otros ataques con explosivos dirigidos contra civiles, entre ellos uno cometido en febrero en la ciudad de Alepo en el que murieron 50 personas y otro perpetrado en octubre en la capital, Damasco, que mató a 17 civiles. Hayat Tahrir al Sham reivindicó la responsabilidad de dos atentados suicidas con explosivos cometidos cerca de un lugar de peregrinación chií de Damasco el 11 de marzo y en los que murieron 44 civiles y resultaron heridos 120.

En mayo estallaron luchas internas entre grupos armados de oposición en la Guta oriental; duraron varios días y causaron la muerte de más de 100 personas entre civiles y combatientes. Los grupos armados de oposición de la Guta oriental también efectuaron durante el año ataques indiscriminados con cohetes y morteros contra barrios controlados por el gobierno, matando e hiriendo a varias personas. En noviembre, grupos armados de oposición dispararon cohetes poco precisos contra la localidad de Nubul (gobernación de Alepo), controlada por el gobierno, matando a tres civiles.

Homicidios ilegítimos

Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, el Estado Islámico ejecutó sumariamente a más de 100 civiles acusados de colaborar con el gobierno en la localidad de Al Qaryatan, gobernación de Homs, antes de que la recuperasen las fuerzas gubernamentales.

Asedios y negación de asistencia humanitaria

Los grupos armados de oposición mantuvieron asedios prolongados de zonas predominantemente civiles, limitando el acceso a la ayuda humanitaria y médica y a otros bienes y servicios esenciales. La OCAH informó de que Hayat Tahrir al Sham y el Movimiento Islámico Ahrar al Sham sometían a asedio a 8.000 personas en las localidades de Kefraya y Fua, en la gobernación de Idleb.

La coalición dirigida por Estados Unidos continuó su campaña de ataques aéreos contra el Estado Islámico. Estos ataques, algunos de los cuales violaron el derecho internacional humanitario, mataron e hirieron a civiles. En junio, las fuerzas de la coalición hicieron un uso ilegítimo de munición de fósforo blanco contra barrios civiles de las afueras de Raqqa. En mayo, una serie de ataques de la coalición estadounidense contra una finca en el noroeste de Raqqa causaron la muerte de 14 miembros de una familia —8 mujeres, un hombre y 5 menores— e hirieron de gravedad a otros 2 menores. También en mayo, un ataque aéreo dirigido contra unas casas de las afueras del norte de Raqqa mató a 31 personas. En julio, un ataque de la coalición contra un edificio residencial situado a 100 metros de un objetivo del Estado Islámico mató a una familia, entre cuyos miembros había tres menores de edad. Las fuerzas de la coalición atacaron también embarcaciones que cruzaban el río Éufrates al sur de Raqqa, matando a decenas de civiles que trataban de huir de los intensos combates en la ciudad. La coalición no investigó de forma adecuada los informes sobre víctimas civiles y violaciones del derecho internacional humanitario.

La Administración Autónoma, dirigida por la formación kurda siria Partido de la Unión Democrática (PYD), seguía controlando la mayoría de las regiones fronterizas del norte, predominantemente kurdas. Detuvo arbitrariamente a varios activistas de la oposición kurda siria entre los que había miembros del Consejo Nacional Kurdo en Siria. Muchos fueron sometidos a detención prolongada en espera de juicio, en condiciones precarias.

Entre 2011 y 2017, 6,5 millones de personas se vieron desplazadas dentro de Siria y más de 5 millones buscaron refugio fuera del país, de las que 511.000 se convirtieron en refugiadas durante 2017, según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y la OCAH. Las autoridades de los Estados vecinos de Turquía, Líbano y Jordania, que albergaban a casi todas las personas refugiadas (incluida la población palestina desplazada de Siria), restringieron la entrada a las que seguían llegando, dejándolas expuestas a sufrir nuevos ataques, violaciones de derechos y privaciones en Siria. El número de plazas de reasentamiento y otras vías seguras y legales para las personas refugiadas que ofrecieron los Estados europeos y otros fue muy inferior a las necesidades identificadas por el ACNUR.

Algunas de las personas desplazadas dentro de Siria vivían en campos de acogida improvisados, con acceso limitado a la ayuda humanitaria y a otras posibilidades de cubrir las necesidades básicas o de ganarse la vida.

Las fuerzas de seguridad sirias mantenían recluidas a miles de personas sin juicio, a menudo en condiciones que constituían desaparición forzada. Decenas de miles de personas continuaban sometidas a desaparición forzada, en algunos casos desde el estallido del conflicto en 2011. Entre ellas había personas que habían expresado de forma pacífica críticas u oposición al gobierno, así como familiares de personas buscadas por las autoridades que habían sido detenidos en su lugar.

La tortura y otros malos tratos bajo custodia de los servicios de seguridad e inteligencia del gobierno y en las prisiones estatales continuaban siendo práctica sistemática y generalizada y seguían provocando un elevado número de muertes de detenidos. Por ejemplo, gran número de internos de la prisión militar de Saydnaya murieron tras ser torturados reiteradamente y privados de forma sistemática de comida, agua, ventilación, medicamentos y atención médica. Sus cadáveres se enterraron en fosas comunes.

Las fuerzas gubernamentales llevaban a cabo homicidios ilegítimos de personas que estaban bajo su custodia en la prisión militar de Saydnaya, cerca de Damasco. Entre 2011 y 2015 hasta 13.000 reclusos de esta prisión habían sido ejecutados extrajudicialmente por la noche en ahorcamientos masivos. La gran mayoría de las víctimas eran civiles considerados contrarios al gobierno y fueron ejecutadas tras estar recluidas en condiciones que constituían desaparición forzada. Antes de ser ahorcadas, eran condenadas a muerte en el Tribunal Militar de Campaña del barrio de Al Qabun de Damasco, en “juicios” que duraban entre uno y tres minutos. El Tribunal era tristemente famoso por celebrar actuaciones a puerta cerrada que no cumplían las normas internacionales mínimas sobre juicios justos.

En agosto, la familia del desarrollador de software Bassel Khartabil supo que lo habían matado en 2015, tras haber sido “juzgado” y “condenado a muerte” por el Tribunal Militar de Campaña de Al Qabun. Había sido detenido el 15 de marzo de 2012 por los Servicios de Inteligencia Militar sirios y recluido en régimen de incomunicación durante ocho meses antes de ser trasladado a la prisión de Adra, en Damasco, en diciembre de 2012. Permaneció en Adra hasta el 3 de octubre de 2015, cuando lo trasladaron a un lugar no revelado antes de su ejecución.

Continuaba vigente la pena de muerte para numerosos delitos. Las autoridades revelaron poca información sobre condenas a muerte y ninguna sobre ejecuciones.

República Árabe Siria
Jefe del Estado: Bachar al Asad
Jefe del gobierno: Imad Jamis