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Siria

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

Las partes en los conflictos armados de Siria cometieron con impunidad crímenes de guerra, otras violaciones graves del derecho internacional humanitario y abusos flagrantes contra los derechos humanos. Las fuerzas del gobierno y de su aliado ruso perpetraron ataques indiscriminados y ataques directos contra civiles y bienes civiles mediante bombardeos aéreos y de artillería, causando miles de víctimas civiles. Se tuvo constancia de que las fuerzas gubernamentales habían utilizado también agentes químicos. Las fuerzas gubernamentales mantuvieron asedios prolongados que cercaron a la población civil y limitaron su acceso a bienes y servicios esenciales. Las autoridades detuvieron arbitrariamente a miles de personas, a muchas de las cuales sometieron a desaparición forzada, reclusión prolongada y juicio injusto, y continuaron infligiendo sistemáticamente tortura y otros malos tratos bajo custodia, causando varias muertes. También cometieron homicidios ilegítimos, incluidas ejecuciones extrajudiciales. El grupo armado Estado Islámico impuso asedios a la población civil; perpetró ataques directos contra civiles y ataques indiscriminados, algunos de ellos, según informes, con agentes químicos; cometió numerosos homicidios ilegítimos, y sometió a miles de mujeres y niñas a esclavitud sexual y otros abusos. Otros grupos armados no estatales impusieron asedios a zonas predominantemente civiles contra las que lanzaron ataques de artillería indiscriminados. Las fuerzas dirigidas por Estados Unidos efectuaron ataques aéreos contra el Estado Islámico y otros blancos, en los que murieron cientos de civiles. Al concluir el año el conflicto había causado más de 300.000 muertes, y había 6,6 millones de personas desplazadas dentro de Siria y 4,8 millones refugiadas en otros países.

Los conflictos armados de Siria prosiguieron durante el año, con la continua participación internacional. Las fuerzas del gobierno sirio y sus aliados, como la organización libanesa Hezbolá y grupos armados y milicias de otros países, controlaban gran parte del oeste de Siria e hicieron avances en otras zonas en disputa. Contaban con el apoyo de fuerzas armadas rusas, que efectuaron ataques aéreos en gran escala en todo el país, matando e hiriendo a miles de civiles, según organizaciones de derechos humanos. Algunos bombardeos aéreos rusos fueron aparentemente ataques indiscriminados o ataques directos contra la población civil o bienes de carácter civil y constituirían crímenes de guerra.

Los grupos armados no estatales que combatían fundamentalmente contra las fuerzas gubernamentales controlaban el noroeste y otras zonas del país, mientras que las fuerzas de la Administración Autónoma controlaban la mayor parte de las regiones fronterizas del norte, predominantemente kurdas. El Estado Islámico controlaba partes del este y el centro de Siria, aunque perdió terreno durante el año.

El Consejo de Seguridad de la ONU seguía dividido respecto de Siria y no logró garantizar una vía para la paz. Los esfuerzos del enviado especial de la ONU para Siria por promover conversaciones de paz fueron en gran medida infructuosos. En febrero, una resolución del Consejo de Seguridad respaldó un cese de hostilidades acordado por Rusia y Estados Unidos, que fue sin embargo efímero. En octubre, Rusia vetó un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad que pedía el fin de los ataques aéreos contra la ciudad de Alepo y el acceso humanitario sin trabas. Sin embargo, en diciembre, después de que las fuerzas gubernamentales lograran el control de Alepo, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que se había acordado un alto el fuego, respaldado por Rusia y Turquía, entre el gobierno y algunas fuerzas de oposición, seguido de nuevas negociaciones de paz a partir de enero de 2017. El 31 de diciembre, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una resolución en la que expresó satisfacción por la nueva iniciativa de paz, al mismo tiempo que pedía garantizar la entrega “rápida, segura y sin obstáculos” de la ayuda humanitaria en toda Siria.

La Comisión de Investigación Internacional Independiente sobre la Situación en la República Árabe Siria, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011, vigiló y denunció las violaciones del derecho internacional cometidas en el país, aunque el gobierno sirio continuó negándole la entrada.

En diciembre, la Asamblea General de la ONU acordó establecer un mecanismo internacional independiente para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Siria desde marzo de 2011.

Ataques indiscriminados y ataques directos contra civiles

Las fuerzas del gobierno y sus aliados continuaron cometiendo crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional, como ataques directos contra la población civil y ataques indiscriminados. Las fuerzas gubernamentales efectuaron ataques reiterados contra zonas controladas o disputadas por grupos armados de oposición, matando e hiriendo a civiles y causando daños en bienes de carácter civil en ataques ilegítimos. Llevaron a cabo bombardeos frecuentes de zonas civiles con armas explosivas que tenían efectos sobre amplias superficies, como proyectiles de artillería y bombas de barril no guiadas de gran potencia explosiva, arrojadas desde helicópteros. Los ataques mataron e hirieron a un gran número de civiles, entre ellos niños y niñas.

Aviones del gobierno y de las fuerzas aliadas rusas efectuaron varios ataques aparentemente deliberados contra hospitales, centros y consultorios médicos, y convoyes de ayuda, matando e hiriendo a civiles, incluido personal médico.

A medida que avanzaba el año, las fuerzas gubernamentales, con apoyo ruso, aumentaron los ataques contra Alepo oriental, alcanzando viviendas, instalaciones médicas, escuelas, mercados y mezquitas, y matando a cientos de civiles. También quedaron esparcidas por toda la zona municiones de racimo de fabricación rusa que, al no haber explotado, representaban un riesgo permanente para la población civil.

Según informes, el 1 de agosto aviones gubernamentales lanzaron dos bombas de barril que contenían gas de cloro en sendos barrios residenciales controlados por grupos armados no estatales de la ciudad de Saraqeb, provincia de Idleb, e hirieron al menos a 28 civiles.

El 26 de octubre, aviones supuestamente gubernamentales o rusos bombardearon un colegio en Haas, en la gobernación de Idleb, matando al menos a 35 civiles, entre ellos 22 escolares y 6 docentes.

Asedios y negación de acceso humanitario

Las fuerzas gubernamentales mantuvieron asedios prolongados en zonas predominantemente civiles controladas o disputadas por grupos armados, como la Guta oriental, Muadhamiyah al Sham, Madaya, Daraya y, desde septiembre, Alepo oriental. Los asedios dejaron expuesta al hambre y sin acceso a asistencia médica y otros servicios básicos a la población, que además fue sometida a reiterados bombardeos aéreos y de artillería y a otros ataques.

También impidieron salir de la zona a civiles que necesitaban asistencia médica. Por ejemplo, se tuvo noticia de que, el 19 de marzo, un niño de tres años murió en Al Waer, en la ciudad de Homs, después de que las fuerzas gubernamentales no le permitieran salir de la zona para ser atendido de una herida en la cabeza.

El 12 de mayo, las fuerzas gubernamentales impidieron la entrada en Daraya de un envío de ayuda humanitaria de la ONU, el primero desde 2012, y dispararon morteros contra una zona residencial de la localidad, matando a dos civiles. En junio, las fuerzas gubernamentales permitieron la entrada en Daraya de dos convoyes limitados, pero intensificaron al mismo tiempo sus ataques indiscriminados con bombas de barril, una sustancia incendiaria similar al napalm y otras municiones, lo que a finales de agosto obligó a quienes permanecían aún allí a entregarse a fin de ser evacuados.

A partir de julio, las fuerzas gubernamentales cercaron a alrededor de 275.000 personas en Alepo oriental, sometiéndolas a ataques aéreos intensificados, en especial con bombardeos de las fuerzas rusas. El 19 de septiembre, aviones presuntamente gubernamentales y rusos bombardearon en Urum al Kubra un convoy de ayuda humanitaria de la ONU y de la Media Luna Roja Árabe Siria destinado a Alepo, matando al menos a 18 civiles, entre quienes había personal de ayuda humanitaria, y destruyendo camiones de ayuda.

Ataques contra centros y profesionales médicos

Las fuerzas gubernamentales continuaron incluyendo entre sus objetivos las instalaciones médicas y a los profesionales de la salud de las zonas controladas por grupos armados de oposición. Bombardearon reiteradamente hospitales y otras instalaciones médicas, prohibieron o restringieron la inclusión de suministros médicos en los envíos de ayuda humanitaria a las zonas sitiadas o de difícil acceso y detuvieron a trabajadores y voluntarios médicos para interrumpir los servicios de salud de estas zonas o privarlas de ellos. En junio, la ONG Physicians for Human Rights acusó a las fuerzas gubernamentales y sus aliados de ser responsables de más del 90% de los 400 ataques contra instalaciones médicas y 768 muertes de profesionales de la salud perpetrados desde marzo de 2011.

La ONU informó de que, solamente en julio, habían sido atacadas 44 instalaciones médicas. Los días 23 y 24 de julio fueron alcanzados en ataques aéreos cuatro hospitales y un banco de sangre de la zona oriental de la ciudad de Alepo. Uno de ellos, un hospital infantil, fue atacado dos veces en menos de 12 horas.

Grupos armados no estatales cometieron crímenes de guerra, otras violaciones del derecho internacional humanitario y graves abusos contra los derechos humanos.

Ataques indiscriminados y ataques directos contra civiles

Las fuerzas del Estado Islámico efectuaron ataques directos contra la población civil y ataques indiscriminados en los que murieron civiles. El grupo armado reivindicó la responsabilidad de una serie de atentados suicidas y otros ataques con explosivos en el distrito de Sayida Zaynab, en el sur de Damasco, entre ellos uno cometido el 21 de febrero en el que murieron 83 civiles.

Las fuerzas del Estado Islámico también efectuaron presuntos ataques con armas químicas, especialmente en agosto y septiembre en el norte de Siria. El 16 de septiembre, municiones lanzadas por el Estado Islámico en Um Hawsh, cerca de Marea, en la gobernación de Alepo, provocaron ampollas y otros síntomas compatibles con la exposición al agente mostaza. Algunas de las personas afectadas eran civiles.

Entre febrero y abril, la coalición de grupos armados de oposición Fatah Halab (Conquista de Alepo) efectuó reiterados ataques indiscriminados con artillería, cohetes y morteros contra el distrito de Sheikh Maqsoud de la ciudad de Alepo, controlado por las Unidades de Protección Popular kurdas, conocidas como YPG, matando al menos a 83 civiles e hiriendo a más de 700. En mayo, al menos cuatro civiles de la zona necesitaron tratamiento médico por síntomas que indicaban que habían sido expuestos a un ataque con cloro.

Según el grupo de observación independiente Red Siria de Derechos Humanos, el 3 de noviembre grupos armados de oposición lanzaron municiones de poca precisión, como proyectiles de mortero y misiles, contra la zona occidental de Alepo, en poder del gobierno, matando al menos a 14 civiles.

Homicidios ilegítimos

Las fuerzas del Estado Islámico cometieron crímenes de guerra matando en ejecuciones sumarias a civiles, así como a miembros de grupos armados rivales y de las fuerzas gubernamentales que tenían en cautividad. En las zonas bajo su control de Al Raqqa, Deir ez Zor y Alepo oriental, el grupo armado llevó a cabo con frecuencia homicidios a modo de ejecución pública de personas acusadas de espionaje, contrabando, adulterio y blasfemia.

El 28 de julio se tuvo noticia de que miembros del Estado Islámico habían ejecutado sumariamente al menos a 25 civiles, entre mujeres, hombres y niños y niñas, en el pueblo de Buwayr, cerca de Manbij.

El 19 de julio, un vídeo publicado en Internet mostró a miembros del Movimiento de Nour al Dine al Zinki infligiendo malos tratos a un joven y decapitándolo después.

Asedios y negación de asistencia humanitaria

Las fuerzas del Estado Islámico impusieron un asedio a barrios de la ciudad de Deir ez Zor en poder del gobierno, a los que en ocasiones bombardearon indiscriminadamente. Agencias de la ONU y fuerzas rusas lanzaron reiteradamente ayuda desde el aire a las zonas sometidas a asedio; no obstante, activistas locales de derechos humanos denunciaron que las fuerzas gubernamentales de estas zonas confiscaban gran parte de la ayuda destinada a la población civil.

Secuestros

Tanto el Estado Islámico como otros grupos armados no estatales secuestraron a civiles y los utilizaron como rehenes.

En enero, Yabhat al Nusra secuestró al menos a 11 civiles en sus casas en la ciudad de Idleb. Al concluir el año seguía sin revelarse su suerte y su paradero.

También continuaban sin conocerse la suerte y el paradero de la defensora de los derechos humanos Razan Zaitouneh y su esposo, Wael Hamada, y de Nazem Hamadi y Samira Khalil, secuestrados el 9 de diciembre de 2013 por hombres armados no identificados en Duma, zona controlada por Yaysh al Islam y otros grupos armados.

No había noticias de la suerte o el paradero del defensor de los derechos humanos Abdullah al Khalil desde que fue secuestrado por presuntos miembros del Estado Islámico en la ciudad de Al Raqqa la noche del 18 de mayo de 2013.

La coalición internacional dirigida por Estados Unidos continuó su campaña de ataques aéreos iniciada en septiembre de 2014, principalmente contra el Estado Islámico, pero también contra otros grupos armados en el norte y el este de Siria, como Yabhat Fatah al Sham (anteriormente conocido como Yabhat al Nusra). Estos ataques, algunos de los cuales fueron aparentemente indiscriminados o desproporcionados, mataron e hirieron a cientos de civiles. Entre ellos figuraban presuntos ataques aéreos de la coalición efectuados cerca de Manbij y que mataron al menos a 73 civiles en Al Tujar el 19 de julio, y hasta a 28 en Al Ghandoura el 28 de julio. El 1 de diciembre se informó de que la coalición dirigida por Estados Unidos había admitido haber causado la muerte de 24 civiles cerca de Manbij en julio, aunque afirmaba que su ataque había “respetado el derecho de los conflictos armados”.

Las fuerzas turcas también efectuaron ataques aéreos y terrestres en el norte de Siria contra el Estado Islámico y grupos armados kurdos. Según informes, un ataque aéreo turco mató a 24 civiles cerca del pueblo de Suraysat, al sur de Yarabulus, el 28 de agosto.

Las fuerzas de la Administración Autónoma, dirigida por el Partido de la Unión Democrática (PYD), controlaban la mayor parte de las regiones fronterizas del norte, predominantemente kurdas. Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en febrero, las fuerzas del PYD demolieron las casas de decenas de civiles árabes en Tal Tamer, gobernación de Al Hassakeh, acusando a los propietarios de simpatizar con el Estado Islámico. El Alto Comisionado denunció también el reclutamiento forzoso de 12 menores de edad por las fuerzas de seguridad kurdas (asayish) y las YPG.

Según la Red Siria de Derechos Humanos, entre febrero y abril de 2016, al menos 23 civiles murieron por ataques de artillería y de francotiradores de las YPG en las zonas de la ciudad de Alepo controladas por la oposición.

Millones de personas continuaban siendo objeto de desplazamiento forzado debido a los conflictos. Alrededor de 4,8 millones de personas huyeron de Siria entre 2011 y el final de 2016, entre ellas 200.000 convertidas en refugiadas durante 2016, según la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR). Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, en el mismo periodo de seis años se vieron desplazadas internamente dentro de Siria unos 6,6 millones de personas más, la mitad de ellas niños y niñas. Las autoridades de los Estados vecinos de Turquía, Líbano y Jordania, que albergaban a casi todas las personas refugiadas (incluida la población palestina desplazada de Siria) restringieron la entrada a nuevos refugiados, dejándolos expuestos a sufrir nuevos ataques y privaciones en Siria. Más de 75.000 personas refugiadas de Siria llegaron a Europa por tierra o por mar; muchos Estados europeos y de otras regiones no aceptaron recibir a una parte equitativa de las personas refugiadas de Siria mediante reasentamiento u otras vías seguras y legales.

Las fuerzas gubernamentales mantenían a miles de personas recluidas sin juicio, a menudo en condiciones que constituían desaparición forzada, a las que se añadían las decenas de miles de personas cuya suerte y paradero seguían sin revelarse desde su desaparición forzada a manos de fuerzas gubernamentales de 2011 en adelante. Entre ellas había detractores y opositores pacíficos del gobierno, así como familiares de personas buscadas por las autoridades que habían sido detenidos en su lugar.

Entre quienes seguían sometidos a desaparición forzada se hallaban el abogado de derechos humanos Khalil Matouq y su amigo Mohamed Thatha, en paradero desconocido desde octubre de 2012. Ex presos afirmaron haber visto a Khalil Matouq recluido en un centro del gobierno, pero las autoridades negaron que los hombres estuvieran bajo su custodia. Miles de personas, en su mayoría islamistas, continuaban desaparecidas desde su detención por fuerzas gubernamentales sirias a finales de la década de 1970 y comienzos de la de 1980.

La tortura y otros malos tratos bajo custodia de los servicios de seguridad e inteligencia del gobierno y en las prisiones estatales continuaban siendo práctica sistemática y generalizada. Siguieron causando un elevado número de muertes de detenidos, que se sumaron a las miles de muertes bajo custodia producidas desde 2011.1

En agosto, el Grupo de Análisis de Datos de Derechos Humanos, ONG que utilizaba métodos científicos para analizar violaciones de derechos humanos, calculaba que entre marzo de 2011 y diciembre de 2015 se habían producido al menos 17.723 muertes bajo custodia del gobierno como consecuencia de tortura y otros malos tratos.

Las autoridades enjuiciaron a algunos supuestos opositores del gobierno ante el Tribunal Antiterrorista y el Tribunal Militar de Campaña, cuyas actuaciones eran manifiestamente injustas. Los jueces no ordenaron investigaciones sobre las denuncias de procesados que alegaron haber sido sometidos a tortura u otros malos tratos o haber sido coaccionados para que hicieran “confesiones” que se utilizaron como prueba contra ellos en el juicio.

El gobierno y sus fuerzas aliadas cometieron homicidios ilegítimos, incluidas ejecuciones extrajudiciales. El 13 de diciembre, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirmó que el gobierno y las fuerzas aliadas habían entrado en viviendas civiles y cometido ejecuciones sumarias a medida que avanzaban en Alepo oriental y que, según múltiples fuentes, el 12 de diciembre habían matado al menos a 82 civiles, 13 menores entre ellos.

El 15 de junio, la Comisión Independiente de Investigación determinó que las fuerzas del Estado Islámico habían trasladado forzosamente a Siria a miles de mujeres y niñas yazidíes desde Sinyar (Irak), las habían vendido en mercados y las habían sometido a esclavitud, incluida esclavitud sexual. Muchas mujeres y niñas sufrieron violencia sexual, violación y otras torturas. Las mujeres y niñas que eran sorprendidas cuando trataban de escapar eran objeto de violación en grupo o de otras torturas o castigadas con dureza; una mujer dijo que el combatiente que la había comprado había matado a varios de sus hijos y la había violado reiteradamente después de que intentara huir.

Continuaba vigente la pena de muerte para numerosos delitos. Las autoridades revelaron poca información sobre condenas a muerte y ninguna sobre ejecuciones.

  1. “It breaks the human”. Torture, disease and death in Syria’s prisons (MDE 24/4508/2016)
República Árabe Siria
Jefe del Estado: Bachar al Asad
Jefe del gobierno: Imad Jamis (sustituyó a Wael Nader al Halqi en junio)
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